Andres Fuentes López
Expediente 932/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 932/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Andres Fuentes López
- Andres Fuentes López y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que han transcurrido los quince días para interponer el recurso a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado Federal; y, toda vez que a la fecha no se ha recibido promoción alguna, con relación a dicha determinación; por tanto, con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA FIRME DICHA DETERMINACIÓN. En razón a lo expuesto en párrafos precedentes, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso b), se considera que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que en el presente juicio concedió la protección constitucional; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, de conformidad con los preceptos 6, fracción I, y 18 del citado Acuerdo General, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, procédase a la depuración de este juicio de amparo, para posteriormente solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, de conformidad con los puntos 8.1.2. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal y artículos 20 fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del citado acuerdo general, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal y original del incidente de suspensión, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, en términos del penúltimo párrafo del referido precepto 21, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Agréguese copia autorizada de la presente determinación al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías para que obre como corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza a la Secretaria Judicial a que firme los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintidós. o Estado de los autos. Visto el estado de autos que guarda este sumario constitucional, así como la certificación secretarial que antecede, se desprende que dentro del plazo de tres días concedido al quejoso en auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, éste realizó manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; las cuales se tomará en cuenta al momento de emitir su calificación. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida, sin exceso, ni defecto. o Efectos de fallo concesorio. Por sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veinte, en lo que interesa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto siguiente [fojas 73 a 78]: "[.] Deje insubsistente la resolución interlocutoria de diez de julio de dos mil diecinueve, emitida por el Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, en el Estado, dentro del expediente *** de su índice; y a) Con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución en la que de forma fundada y motivada, congruente y exhaustiva, se pronuncie en relación con todos los planteamientos realizados por las partes. Esto es, con la anterior determinación no se prejuzga sobre la decisión que tome la autoridad responsable al momento de emitir una nueva determinación, sino que solamente ésta deberá encontrarse debidamente fundada y motivada, atendiendo en su caso de forma exhaustiva y congruente los planteamientos ante ella formulados, pues al respecto se itera, cuenta con plenitud de jurisdicción. Lo anterior, incluso en el entendido que la sentencia se tendrá por cumplida una vez que la responsable realice lo anterior en términos de esta sentencia, sin que sea objeto de tutela el sentido que adopte. [.]". Mediante proveído de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada dicha determinación y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento [foja 89]. o En cuanto a la primera calificación de cumplimiento. Así, con las constancias remitidas por las autoridades responsables -oficio ****- respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, en proveído de once de febrero de dos mil veintiuno [foja 111], se le dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera; lo cual así hizo tal como consta en autos [foja 119]. En proveído de dieciocho de octubre del citado año, este órgano jurisdiccional consideró que la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, no se encontraba cumplida [fojas 129 a 131], por las siguientes razones: "De las constancias anexas al comunicado del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se advierte que: Mediante resolución de cinco de febrero de dos mil veintiuno, se resolvió el incidente de prescripción de ejecución de sentencia, dentro del expediente ****, de su índice relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, en la que declaró procedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia promovido por **** En principio, cabe destacar que la autoridad responsable fue omisa en dejar sin efectos el acto reclamado en el presente juicio, esto es: "La resolución interlocutoria de diez de julio de dos mil veinte (sic), emitida por el Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, en el Estado, dentro del expediente **** de su índice, en la cual, en esencia, se determinó declarar procedente el incidente". Asimismo, si bien la autoridad responsable con plenitud de jurisdicción, emitió una nueva resolución, y se pronunció respecto del escrito fechado el siete de marzo de dos mil diecinueve, signado por *****, endosatario en procuración en el juicio de origen - materia de la concesión del amparo en el presente asunto-, se considera, que dicho pronunciamiento carece de motivación, ello es así, toda vez que, si bien, atendió de manera general lo argumentado por la parte quejosa en el escrito de mérito, en el sentido que el criterio que le dio soporte legal a lo argumentado por la ahora parte quejosa en nada le favorecía, pues dicho razonamiento, fue superado por contradicción de tesis actualmente imperante jurisprudencia 1a./J. 67/2019 (10a.), sustentado por la Primera Sala del más alto Tribunal, visible en la página 1071, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, de rubro: "PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A EJECUTAR UNA SENTENCIA CON CONDENA MIXTA. NO OPERA DE MANERA DIFERENCIADA PARA LA PARTE LIQUIDA Y PARA LA ILÍQUIDA". Sin embargo, coma (sic) ya se dijo, la autoridad responsable no expresó una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. De ahí que, en el caso, se estima que en la determinación de mérito no se contienen argumentos que revelen o expliquen dicha actuación que resuelve el incidente de prescripción de ejecución de sentencia, dentro del expediente *****, de su índice. Por lo anterior, este juzgado declara que LA SENTENCIA DE AMPARO NO HA QUEDADO CUMPLIDA." En atención a lo anterior, en el propio acuerdo de dieciocho de octubre del año anterior, se requirió nuevamente el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable [fojas 129 a 131]. Estudio de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio 977/2021, la Jueza Quinto de lo Civil, con sede en Oaxaca de Juárez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de la resolución de diez de noviembre del año anterior [fojas 137 a 154], dictada en el incidente de prescripción relativo al juicio ejecutivo mercantil ****, de su índice, de la que se advierte: - Ordenó dejar insubsistente la resolución de diez de julio de dos mil diecinueve, así como la diversa de cinco de febrero de dos mil veintiuno, y con plenitud de jurisdicción emitió una nueva resolución, en la que se pronunció respecto del escrito de siete de marzo de dos mil diecinueve -materia de la concesión del amparo en el presente asunto-, en el que, el aquí quejoso *****, endosatario en procuración en el juicio de origen, en esencia manifestó: que no es procedente el incidente que promueve su contraria, por tratarse de una sentencia de condena mixta, que contiene una cantidad liquida, integrada por la suerte principal y una cantidad ilíquida integrada por los intereses moratorios, por lo que el derecho a ejecutarla se individualiza respecto a cada una de dichas cantidades, aplicando a sus manifestaciones la tesis jurisprudencial número PC.XXVII. J/4 C (10a), de Plenos de Circuito, del Vigésimo Séptimo Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo II, página 2156, registro digital: 2017699, Décima Época, de rubro: "PRESCRIPCIÓN DE SENTENCIA DE CONDENA MIXTA DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL PLAZO PARA QUE OPERE COMIENZA DE MANERA DIFERENCIADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y PARA EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA."; además, ofreció al respecto, la prueba instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana. Así, en esencia le contestó que: - En cuanto a la prueba instrumental de actuaciones: no favorecían al demandado incidentista para demostrar que no ha operado la prescripción de la ejecución de la sentencia dictada en autos, pues la última actuación tendente a impulsar el procedimiento de ejecución se emitió el nueve de marzo de dos mil uno; de ahí que, de la fecha de la notificación de dicho acuerdo, al día en que el actor promovió el incidente de inejecución de sentencia, refiere transcurrieron más de dieciocho años de inacción, que se traduce en exceso del plazo de diez años que prevé el artículo 1047 del Código de Comercio -el que refiere es el fundamento legal aplicable- [foja 141 frente]. - Respecto a la prueba presuncional legal, consistente en la consecuencia que la ley establece expresamente: la valoró en términos del artículo 1305 del Código, y adujó que igualmente no favorecían al demandado incidentista -aquí quejoso- pues consideró demostrado que desde el siete de marzo de dos mil uno, no se ha presentado promoción alguna, tendente a impulsar la etapa de ejecución de sentencia, no obstante el artículo 1047 del Código de Comercio aplicable, establece el termino de diez años para ese efecto [foja 141 vuelta]. - En lo relativo a que el derecho de la ejecución de la sentencia se individualiza en una cantidad liquida -integrada por la suerte principal- y una cantidad ilíquida -integrada por los intereses moratorios-, por ser condena mixta, aplicando como sustento la jurisprudencia número PC.XXVII. J/4 C (10a), de Plenos de Circuito, del Vigésimo Séptimo Circuito: se le dijo que la prescripción no opera de forma independiente respecto de algunas de las prestaciones, pues ello implicaría transgredir la cosa juzgada al tener que dejar sin efectos una parte de la resolución firme, incluso no existe un precepto que establezca la prescripción parcial del fallo; por lo que, al tratarse de la restricción de un derecho, la prescripción debe operar de manera estricta en los diez años que prevé el artículo 1047 del Código de Comercio. - Además, explicó que las prestaciones liquidas y las ilíquidas no constituyen un derecho divisible o distinto, sino que tienen un mismo origen y fin, de modo que, aunque su ejecución requiera un proceso distinto integrado con una serie de actos interdependientes y coordinados que varían de acuerdo a lo condenado, buscan la satisfacción de la obligación consignada íntegramente en la sentencia en favor del ejecutante. - Asimismo, que el razonamiento que esgrime el demandado incidentista ****, ha sido superado por contradicción de criterios, y actualmente impera la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 67/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 71, octubre de 2019, tomo I, página 1071, Décima Época, materia civil, registro digital: 2020811, de rubro: "PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A EJECUTAR UNA SENTENCIA CON CONDENA MIXTA. NO OPERA DE MANERA DIFERENCIADA PARA LA PARTE LÍQUIDA Y PARA LA ILÍQUIDA." Finalmente, por lo que hace a la prueba presuncional humana: indicó que no favorece a su oferente para el fin pretendido, dado que quedó demostrado que han transcurrido dieciocho años de inacción del demandado incidentista para ejecutar la sentencia [foja 143 vuelta y 144]. Constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su diverso numeral 2. Valoración del cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, a fin de establecer si la sentencia de amparo se encuentra debidamente cumplida, o bien si existe imposibilidad para cumplirla, debe realizarse el estudio integral bajo los principios de congruencia y exactitud, los cuales obligan a dirimir todo tipo de cuestiones, tomando en consideración las que fueron materia del juicio de amparo, así como las que quedaron intocadas por la propia sentencia ejecutoriada. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia número 2ª./J. 9/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 832, Febrero 2016, Tomo I, registro 2010987, Décima Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." En el caso, se estima que al realizar una confrontación entre los efectos de la sentencia amparadora con las constancias remitidas por la responsable -antes detalladas-, se arriba a la conclusión de que ésta se encuentra debidamente cumplida, pues la autoridad responsable, con plenitud de jurisdicción que se le otorgó en la ejecutoria de amparo, emitió una nueva resolución en la que expuso los motivos y fundamentos de su determinación, las cuales guardan congruencia con los planteamientos de las partes; por lo que es evidente que fue satisfecho el objeto de la concesión del amparo a la parte quejosa; a saber porque: - Mediante resolución de diez de noviembre del año anterior [fojas 137 a 154], emitido en el incidente de prescripción relativo al juicio ejecutivo mercantil *****, de su índice, ordenó dejar insubsistente la determinación de diez de julio de dos mil diecinueve, así como la diversa de cinco de febrero de dos mil veintiuno, y con plenitud de jurisdicción emitió un nuevo pronunciamiento, en el que de forma fundada, motivada, congruente y exhaustiva, atendió a los planteamientos expuestos en el escrito de siete de marzo de dos mil diecinueve, del demandado incidentista ****, -materia de la concesión del amparo en el presente asunto-. Es así, pues expuso razonamientos lógico-jurídicos de porque no le favorecía a dicha parte la prueba instrumental de actuaciones; presuncional legal; presuncional humana; así como el argumento de porque el derecho de la ejecución de la sentencia no es individualiza en una cantidad liquida -integrada por la suerte principal- y una cantidad ilíquida -integrada por los intereses moratorios-; asimismo, fundó su determinación en disposiciones del Código de Comercio que consideró aplicable, para la valoración de la prueba y el computo del plazo de diez años previsto para la procedencia de la prescripción de la ejecución de la sentencia (artículos 1305 y 1047 respectivamente); así como el criterio jurisprudencial número 1a./J. 67/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para sustentar que la prescripción no opera de manera diferenciada para la parte liquida y para la ilíquida de una sentencia con condena mixta, contestando de ese modo al criterio en el que el quejoso dio soporte legal a sus argumentos defensivos. En tales condiciones, resulta patente para este órgano de control constitucional, que se ha dado debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo en estudio, sin exceso, ni defecto, conforme lo establecido en el párrafo tercero del normativo 196 de la ley de la materia. En tal virtud, gírese oficio a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Asimismo, con fundamento en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, manifieste lo que a su interés corresponda, en la inteligencia de que en caso de no hacerlo, esta resolución se tendrá por consentida y se ordenará el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Manifestaciones del quejoso. Ahora, visto el escrito del quejoso, recibido en auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno [foja 159], mediante el cual aduce que la sentencia ejecutoriada no se encuentra cumplida, toda vez que la resolución de diez de noviembre de ese año, emitida por la responsable en el expediente de origen, se encuentra sustentada en una jurisprudencia que resulta obligatoria a partir del catorce de octubre de dos mil diecinueve, es decir, se está aplicando en forma retroactiva al haberse emitido posteriormente a la fecha en fue dictada la resolución que constituye el acto reclamado; y que la resolución fue emitida sin fundamentación y motivación. Al respecto, como se dejó establecido en párrafos precedentes este órgano jurisdiccional considera cumplido el fallo protector, ya que la resolución de diez de noviembre del año anterior [fojas 137 a 154], emitida en el incidente de prescripción relativo al juicio ejecutivo mercantil ****, se estima fundada, motivada, congruente y exhaustiva, pues atendió a cada uno de los extremos expuestos en el escrito de siete de marzo de dos mil diecinueve, del demandado incidentista; ello, sin prejuzgar lo ahí determinado ya que contaba con plenitud de jurisdicción para ese efecto; de ahí que, no es objeto de tutela el sentido adoptado en dicha determinación. Por tanto, se dejan a salvo los derechos del quejoso para que, en su caso, los haga valer en la vía y forma que estime pertinente. Efectúense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Adscripción de titular del órgano jurisdiccional. Por otra parte, en atención a lo determinado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/1118/2021, se hace saber a las partes de este juicio de amparo, que fue adscrita como titular de este órgano jurisdiccional la Jueza Laura Esther Cruz Cruz, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Se autoriza a la Secretaria de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el escrito de la parte quejosa *****, promoviendo con el carácter de endosatario en procuración de ****, mediante el cual hace diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; al respecto, se tienen por hechas sus manifestaciones las cuales se tomaran en consideración al momento de calificar el cumplimiento del fallo protector; lo que ocurrirá una vez transcurra el plazo otorgado para tal efecto, en auto de doce de noviembre actual. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tienen recibidos los oficios 977/2021, correspondientes a la Juez Quinto de lo Civil, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y anexo que acompaña, en relación al cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido de los oficios de cuenta y anexo, dése vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, procederá al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que existen en autos. Sirve de apoyo, la tesis, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página 832, Tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA.". Finalmente, en atención a lo determinado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/1118/2021, se hace saber a las partes de este juicio de amparo, que fue adscrita como titular de este órgano jurisdiccional la Jueza Laura Esther Cruz Cruz, a partir del dieciséis de noviembre de este año, lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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