Andres Frías Sánchez

Expediente 2097/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2097/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Andres Frías Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    VI.-HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO... ARCHÍVESE EL PRESENTE JUICIO.

  2. Principal

    VI.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS; ASÍ COMO, POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN DE DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Villahermosa, Tabasco; diez de diciembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Andrés Frías Sánchez, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco; por tanto, se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto 2097/2019-VI. DESECHAMIENTO. Cabe precisar que, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en la página 1318 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, con número de registro 180663, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se desprende que el quejoso reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco: ? El acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 5892/2017, en el cual la responsable señaló las nueve horas del veinticinco de marzo de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. En el caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 77, éste interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. La causal, alude al supuesto en el que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, estima ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, atento a que no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se restituiría a el quejoso en el pleno goce de sus derechos fundamentales vulnerados, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no pudiera obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando los derechos fundamentales quebrantados en perjuicio de la promovente. En efecto, conforme al artículo 77 de la ley de la materia, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En el presente caso, se reitera que el quejoso Andrés Frías Sánchez, reclama, esencialmente, la fecha señalada para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, siendo que se señaló el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el juicio laboral 5892/2017, para su celebración. Ahora, como se dijo, se actualiza la citada causal de improcedencia, en atención a las consideraciones siguientes. Es menester establecer que de la interpretación de los artículos 22, 115 y 117 de la ley de la materia, establecen, en la parte que interesa, que recibida la demanda de amparo, de no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la misma; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días hábiles siguientes; pedirá informe con justificación a la autoridad responsable, que deberá rendir dentro del plazo de quince días; hecho lo anterior, se dará vista a las partes, para que en un lapso de ocho días se impongan del contenido del informe. De lo anterior, se desprende que, de admitirse a trámite la demanda de amparo en esta data, deberá fijarse dentro de los treinta días hábiles siguientes, una fecha para la celebración de la audiencia constitucional; esto, atendiendo a la agenda de audiencias y a la carga de trabajo que se lleva en este órgano jurisdiccional, tomando como base para su cómputo el día de la fecha en que se actúa, se fijaría entonces el seis de febrero de dos mil veinte; además, a ello debe considerarse los plazos para que la autoridad rinda su informe justificado y, a su vez, se la vista de las partes con el referido informe; considerando de que la autoridad responsable gozará de su segundo período vacacional a partir de la segunda quincena de diciembre, además que no se toma en consideración los días uno de enero y cinco de febrero de dos mil veinte, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Celebrada la audiencia constitucional y dictada la sentencia definitiva en esa fecha (seis de febrero de dos mil veinte), dicho fallo podría notificarse a la parte quejosa el siete de febrero de dos mil veinte, notificación que surtiría sus efectos el diez siguiente; posteriormente, debe transcurrir el término de diez días hábiles, previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo a fin de que la sentencia cause ejecutoria, que sería del once al veinticuatro de febrero de dos mil veinte, por lo que la sentencia causaría ejecutoria el veinticinco de febrero de dos mil veinte (en caso de no ser recurrida por cualquiera de las partes, de conformidad con el artículo 86 de la Ley de Amparo), notificándose a la Junta responsable el veintiséis de dos mil veinte, en términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 24 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, estando obligada dicha autoridad a emitir un acuerdo acatando la ejecutoria de amparo entre el veintisiete de febrero al dos de marzo de dos mil veinte, esto es, dentro de los tres días siguientes, con base en lo establecido en el segundo párrafo del numeral 192 de la ley de la materia; además que no se toma en consideración el día cinco de febrero de dos mil veinte, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, en términos del artículo 878, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes; sin embargo, el proveído en el que se señale día y hora para la celebración de la audiencia de mérito, debe notificarse a las partes a fin de que puedan acudir al aludido desahogo, lo que, conforme al artículo 750 del ordenamiento laboral en cita, debe realizarse dentro de los cinco días siguientes a la emisión del acuerdo correspondiente; esto se traduce en un término de quince días hábiles, que correría del tres al veintitrés de marzo de dos mil veinte. Lo que resulta claro que, al conceder el amparo para que la Junta responsable señale nueva fecha dentro del término a que aluden los citados ordinales, ésta podría ser aproximadamente el veinticuatro de marzo de dos mil veinte. En este sentido, si, en el caso, la concesión del amparo sería para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la fecha para llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, esto es, en el juicio laboral 5892/2017, en términos de lo previsto en los referidos artículos 878, fracción VIII y 750, ambos de la Ley Federal del Trabajo; ello evidencia que, de concederse el amparo, no tendría finalidad práctica alguna, ya que no podría restituirse a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, en la medida en que sería física y jurídicamente imposible para la responsable señalar una fecha más próxima para la celebración de la referida audiencia, además de que también sería imposible retrotraer el tiempo transcurrido entre el dictado del acuerdo reclamado y la fecha señalada por la responsable para la celebración de la referida audiencia. Por tanto, debe concluirse que resulta improcedente la demanda de amparo, pues de darse trámite a la misma, y aunque pudieran resultar fundados los conceptos de violación, se estaría en imposibilidad de concretar a favor del peticionario de amparo los efectos de la concesión del amparo; pues no sería factible restituirlo en el goce del derecho fundamental violado (impartición de justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 constitucional), dado que jamás podrán retrotraerse los efectos del transcurso del tiempo; además, la probable infracción no podrá ser subsanada con el pronunciamiento del fallo respectivo, y ningún fin práctico tendría dar trámite a la demanda y conceder la protección constitucional solicitada, pues sólo se retardaría aún más el litigio, cuestión de la cual precisamente se resiente el inconforme. En apoyo de lo anterior se cita la tesis visible en la página 2868, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, que dice: "SENTENCIA DE AMPARO, EFECTOS DE LA. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven, y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." De igual forma, brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal, visible en la página nueve, Tomo VI, diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE." En las condiciones indicadas, al quedar de manifiesto que en la especie, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Andrés Frías Sánchez, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Apoyo la conclusión de mérito, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el artículo 108, fracción I, con relación en la fracción I, del diverso 27, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír citas y notificaciones, el que señala en el libelo de garantías; y como sus autorizados a las personas señaladas en el proemio de la misma, en los términos solicitados. FACULTAD DEL ACTUARIO. Conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta al Actuario Judicial adscrito para que en caso de ser necesario se constituya en el domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de que pueda notificar personalmente alguna actuación derivada del presente juicio que así lo amerite, lo anterior con fundamento en el último párrafo del ordinal 21 de la Ley de Amparo. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, en cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto, ésta se regirá de acuerdo a lo previsto en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de nueve de mayo de dos mil dieciséis."

  3. Principal

    VI.-DESECHAMIENTO.

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