Andres Flores Santos

Expediente 606/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
606/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
24/03/2021

Partes del expediente

  • Andres Flores Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución de uno de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió el Presidente de la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, las cuales obran en un tomo de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo correspondiente

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución de uno de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió el Presidente de la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, las cuales obran en un tomo de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo correspondiente

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, uno de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia en relación con el acto reclamado, lo que da lugar a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. Se explica. El acto reclamado consiste en la resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y cuatro, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, en el juicio laboral 1021/2008, en la que declaró "procedente" el recurso de revisión interpuesto por el demandado, Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX), en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo llevada a cabo el once de abril de dos mil diecinueve. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.)". El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. La citada fracción contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restitución de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto combatido. Ciertamente, en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquél se concediera bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aun invalidarla; pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieran un fundamento y una motivación que, al no formar parte de la litis constitucional, no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que posiblemente fueran justificados. A lo que debe agregarse que el cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un procedimiento judicial o seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, el cambio de situación jurídica se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. Así pues, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula el precepto y fracción invocados son los siguientes: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda por sus propios fundamentos y motivos. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el asunto que nos ocupa, como se señaló, el peticionario de amparo reclama la resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio natural, que declaró "procedente" el recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado, en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo llevada a cabo el once de abril de dos mil diecinueve; actuación en la que, en lo que trasciende, ante la falta de pago de lo condenado en el laudo, se decretó el embargo de un bien inmueble propiedad del demandado. Sin embargo, las copias certificadas deducidas del juicio laboral 1021/2008, remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que por acuerdo de cinco de enero de dos mil veintiuno, los integrantes de la Junta Especial Número Cincuenta y cuatro, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, tuvieron al demandado en dicho procedimiento (aquí tercero interesado), Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX), dando cumplimiento en su totalidad al laudo emitido en el contencioso de origen (foja 291 del tomo de pruebas). Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido autentificados por un servidor público en ejercicio de sus funciones. En estas condiciones, resulta inconcuso que en la especie cambió la situación jurídica en la que se encontraba el procedimiento de origen al momento de emitirse el acto reclamado, que hace que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones atribuidas a la resolución que declaró "procedente" el recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado, en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo llevada a cabo el once de abril de dos mil diecinueve, cuyos efectos se traducen en el levantamiento del embargo del bien inmueble propiedad del demandado, que se decretó en dicha actuación. Es así, pues no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica emanada del acuerdo de cinco de enero de dos mil veintiuno, dictado por la Junta Especial Número Cincuenta y cuatro, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, en el que se declaró totalmente cumplido el laudo cuyo acatamiento era precisamente lo que se prentendía garantizar con el embargo que fue dejado sin efectos en la resolución reclamada. Así es, emprender un análisis de fondo del acto que se combate y decretar su inconstitucionalidad concediendo el amparo para el efecto de dejarlo insubsistente y que prevalezca el embargo decretado, implicaría soslayar la nueva situación jurídica que impera en el procedimiento de origen, según la cual, el laudo ya fue cumplido en su totalidad y, por ende, es innecesario garantizar su cumplimiento a través de aseguramiento alguno. En las relatadas condiciones, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. En el entendido de que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia actualizada, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse. Ante ello, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la parte tercera interesada. fue debidamente emplazada el siete de enero del año en curso; por tanto, a la fecha ha fenecido el término concedido mediante auto de dos de diciembre de dos mil veinte, para que señalara domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes citado y se ordena notificar a la aludida parte tercera interesada, el presente auto por lista de acuerdos de este juzgado, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto en el invocado artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones.

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