Andrés Fernando Jiménez Reynoso

Expediente 698/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
698/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
18/04/2023

Partes del expediente

  • Andrés Fernando Jiménez Reynoso
  • Representante Local Mexicali I Punto de Internación del INM, Mexicali, B.C.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de ********************, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano, con independencia de haberse sobreseído fuera de audiencia, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General y en atención a lo señalado en el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, indíquese la ******************** que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/EBO/OGN

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la constancia actuarial de cuenta de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria de la adscripción para notificar personalmente a la parte quejosa, el acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en virtud que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. En consecuencia, se ordena notificarle por lista en los estrados de este juzgado el auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés y las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto, señale domicilio para ese efecto, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/EBO/Akms

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA EN TÉRMINOS DE ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DICTADO EN VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "..Tijuana, Baja California, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual, remite el diverso oficio proveniente del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, con sede en Mexicali, a través del cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, dese vista a las partes con su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, se le tiene designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9º del ordenamiento legal en cita, a quienes menciona y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos se obtiene que Juan Luis Alberto Entebi Hernández, promovió juicio de amparo a favor de Andrés Fernando Jiménez Reynoso, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, de la que se desprende que se reclama -esencialmente- la detención fuera de procedimiento y como consecuencia de lo anterior, su incomunicación y la posible deportación, intimidación, malos tratos, tortura física y psicológica . Luego, de las constancias recibidas el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, remitidas por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en esta ciudad, consistentes en copias certificadas de las actuaciones emitidas dentro del procedimiento administrativo migratorio EM/BC/TIJ/9070/03-09-2022 de su índice, instruido al aquí quejoso Andrés Fernando Jiménez Reynoso, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202, 207 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que en dicho procedimiento, el seis de septiembre de dos mil veintidós, esto es, posterior a la presentación de la demanda (cinco de septiembre de dos mil veintidós), se emitió resolución definitiva y se giró el oficio de salida definitiva del aquí quejoso, concluyendo en esa fecha el alojamiento en la estancia migratoria y se ordenó el archivo de dicho expediente. Por lo expuesto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado sus efectos, por las consideraciones siguientes. En principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada- de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 771 de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil 1 "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en el caso concreto, como se anticipó, el quejoso reclama su detención fuera de procedimiento y, como consecuencia de lo anterior, su incomunicación y la posible deportación, intimidación, malos tratos, tortura física y psicológica en la estación correspondiente. No obstante, de las constancias que obran en autos y que fueron previamente valoradas, se desprende que el seis de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió resolución en el expediente administrativo migratorio EM/BC/TIJ/9070/03-09-2022 de su índice, instruido al quejoso Andrés Fernando Jiménez Reynoso, a través de la cual y, en atención a la solicitud del agraviado, se le otorgó el documento provisional de visitante por razones humanitarias, documento por el que se autorizó su salida de la estación migratoria. De tales documentales, es dable advertir que, en atención a que el aquí quejoso solicitó su orden de salida del país, en términos del artículo 137, fracción III2 , de la Ley de Migración, se determinó emitir el oficio correspondiente de salida definitiva del País y, por ende, la salida de dichas instalaciones. 2 "Artículo 137. El Instituto podrá expedir permisos de salida y regreso por un periodo determinado a los extranjeros que tengan un trámite pendiente de resolución que no haya causado estado. El Instituto expedirá una orden de salida del país a los extranjeros, cuando: [.] III. Así lo solicite el extranjero. En estos casos, el extranjero deberá abandonar el territorio nacional en el plazo concedido por el Instituto y podrá reingresar de forma inmediata, previo cumplimiento de los requisitos que establece esta Ley". Por tanto, si -como se anticipó- el reclamo del promovente consiste en la detención en la estación migratoria y como consecuencia de ello la incomunicación así como la posible orden de deportación, intimidación, malos tratos, tortura física y psicológica y, a la fecha, se determinó su salida de la estación migratoria y del País, en atención su solicitud dentro del procedimiento migratorio, del cual emanaban los actos reclamados y, como consecuencia se permitió al quejoso abandonar las instalaciones de la autoridad responsable, debe concluirse que han cesado los efectos de los actos reclamados y sus consecuencias pues se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las partes y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.."

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