Andrés Fernández Álvarez
Expediente 346/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 46 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 346/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 17/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Andrés Fernández Álvarez
- Juez Trigésimo Sexto Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
- Principal
MESA I. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes no se inconformaron contra el auto de siete de abril de la presente anualidad, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, dentro del plazo legal de quince días, previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. Se ordena devolver a la responsable, los tomos de pruebas que remitió como apoyo a su informe justificado. En consecuencia, como se encuentra ordenado en auto de siete del mes pasado, se ordena remitir al archivo el presente expediente.
- Principal
MESA I. Visto, del estado de autos se advierte que el plazo concedido a la parte quejosa y terceros interesados en proveído de veintisiete de marzo del año que transcurre, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, ha fenecido; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver si la sentencia concesora se encuentra cumplida. En tales condiciones, se tiene que en sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (fojas 295 a 304), se concedió al quejoso *** el amparo y protección de la Justicia Federal. Causando ejecutoria el veintisiete de marzo del presente año (foja 325), por lo que se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El amparo y protección constitucional fue para que el Juez Trigésimo Sexto Penal de la Ciudad de México, realizara lo siguiente: Deje insubsistente la orden de reaprehensión reclamada. En vista de ello, por oficio recibido en este juzgado el seis de marzo del actual, el Juez Trigésimo Sexto Penal de la Ciudad de México, remitió copia certificada del auto de tres de marzo de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 163/2013. Así, del examen de las referidas documentales, las cuales de conformidad con los normativos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se advierte que el juez responsable, en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio constitucional: Dejó insubsistente la orden de reaprehensión, ordenada en auto de once de abril de dos mil dieciséis, decretada en contra de ***, por el delito de robo calificado. Giró oficio al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, para que proceda a cancelar la orden de reaprehensión reclamada, Quedando notificada esa autoridad el tres de marzo del presente año, remitiendo para tal efecto copia simple del acuse de esa autoridad. En esas condiciones, la autoridad responsable al haber dejado sin efectos el acto tildado de inconstitucional y subsanar los vicios formales destacados, es incuestionable que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento, dado que el Juez responsable ciñe su actuar a lo indicado en la sentencia de amparo. Por lo expuesto, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse contra esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales.
- Incidental
MESA I. Visto el estado de autos, tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración. Se llega a esa conclusión, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que en proveído de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, se otorgó la suspensión provisional a la parte quejosa y en resolución interlocutoria de veintiocho del mes y año citados, se concedió la suspensión definitiva peticionada por el impetrante; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción II y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA I. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE SIETE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Visto, del estado de autos se advierte que el plazo concedido a la parte quejosa y terceros interesados en proveído de veintisiete de marzo del año que transcurre, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, ha fenecido; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver si la sentencia concesora se encuentra cumplida. En tales condiciones, se tiene que en sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (fojas 295 a 304), se concedió al quejoso *** el amparo y protección de la Justicia Federal. Causando ejecutoria el veintisiete de marzo del presente año (foja 325), por lo que se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El amparo y protección constitucional fue para que el Juez Trigésimo Sexto Penal de la Ciudad de México, realizara lo siguiente: Deje insubsistente la orden de reaprehensión reclamada. En vista de ello, por oficio recibido en este juzgado el seis de marzo del actual, el Juez Trigésimo Sexto Penal de la Ciudad de México, remitió copia certificada del auto de tres de marzo de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 163/2013. Así, del examen de las referidas documentales, las cuales de conformidad con los normativos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se advierte que el juez responsable, en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio constitucional: Dejó insubsistente la orden de reaprehensión, ordenada en auto de once de abril de dos mil dieciséis, decretada en contra de ***, por el delito de robo calificado. Giró oficio al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, para que proceda a cancelar la orden de reaprehensión reclamada, Quedando notificada esa autoridad el tres de marzo del presente año, remitiendo para tal efecto copia simple del acuse de esa autoridad. En esas condiciones, la autoridad responsable al haber dejado sin efectos el acto tildado de inconstitucional y subsanar los vicios formales destacados, es incuestionable que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento, dado que el Juez responsable ciñe su actuar a lo indicado en la sentencia de amparo. Por lo expuesto, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse contra esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. "
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