Andres Felipe Islas Pimentel

Expediente 1241/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1241/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • Andres Felipe Islas Pimentel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. . Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; quince de noviembre de dos mil veintidós. Oficio. Se ordena agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta mediante el cual la autoridad responsable rinde su informe justificado y remite las constancias en apoyo a ello. Acto reclamado. La parte quejosa reclamó lo siguiente: "De la autoridad responsable en su doble carácter de ordenadora, le reclamo la dilación injustificada en el emplazamiento ordenado en el auto de fecha del año 2020, para la celebración de la audiencia Inicial. De la autoridad responsable en su doble carácter de ejecutora, le reclamo la dilación injustificada en realizar la diligencia del emplazamiento, ordenado en el auto de fecha del año 2021 por la autoridad responsable ordenadora para la celebración de la audiencia Inicial dentro del juicio ordinario laboral, bajo el número 965/2020, contenida en el auto de fecha (01) Uno de Junio de 2022, toda vez que el mismo proveído se ordena emitir exhorto a las Junta especial federal 17 y 18 de, la ciudad pe Guadalajara Jalisco, donde se les ordena emplazar a la empresa demandada, para la celebración de la audiencia inicial de fecha 30 de noviembre del 2022, ya que sin justificación legal, no sé a realizado dicha diligencia, por lo que con dicha actuación se infringe en perjuicio del quejoso la garantía contenida en el artículo 17 constitucional, en virtud de que no se esta sujetando al término previsto en el artículo 873 de la ley federal de trabajo, ." Causal de improcedencia. En este caso, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Al respecto, cabe mencionar que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo realiza deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación al presente asunto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 1002264, con rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la parte quejosa se duele de la omisión de la autoridad responsable de emplazar a juicio a la parte demandada. Por su parte, la Junta Especial número 17, con sede en Guadalajara, Jalisco, remitió dichas constancias de emplazamiento. En atención a lo anterior, se actualiza la hipótesis de improcedencia en comento, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si se hubiera concedido al promovente del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía, pues de las documentales exhibidas por la responsable se advierte que la omisión reclamada por el quejoso ceso en sus efectos al haberse emplazado a la parte demandada en el juicio de origen. Apoya lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197367, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que en su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE MPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En congruencia con lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan". Cancelación de audiencia constitucional. En función de lo anterior, se dejan sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, y se ordena la cancelación de la anotación de la audiencia programada en el presente juicio, en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, por las razones expuestas con antelación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal, y en su oportunidad archívese este expediente como totalmente concluido. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO:Oficio. Se ordena agregar a sus antecedentes el oficio de cuenta mediante el cual la autoridad responsable rinde su informe justificado y remite las constancias en apoyo a ello. Acto reclamado. La parte quejosa reclamó lo siguiente: "De la autoridad responsable en su doble carácter de ordenadora, le reclamo la dilación injustificada en el emplazamiento ordenado en el auto de fecha del año 2020, para la celebración de la audiencia Inicial. De la autoridad responsable en su doble carácter de ejecutora, le reclamo la dilación injustificada en realizar la diligencia del emplazamiento, ordenado en el auto de fecha del año 2021 por la autoridad responsable ordenadora para la celebración de la audiencia Inicial dentro del juicio ordinario laboral, bajo el número 965/2020, contenida en el auto de fecha (01) Uno de Junio de 2022, toda vez que el mismo proveído se ordena emitir exhorto a las Junta especial federal 17 y 18 de, la ciudad pe Guadalajara Jalisco, donde se les ordena emplazar a la empresa demandada, para la celebración de la audiencia inicial de fecha 30 de noviembre del 2022, ya que sin justificación legal, no sé a realizado dicha diligencia, por lo que con dicha actuación se infringe en perjuicio del quejoso la garantía contenida en el artículo 17 constitucional, en virtud de que no se esta sujetando al término previsto en el artículo 873 de la ley federal de trabajo, ." Causal de improcedencia. En este caso, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Al respecto, cabe mencionar que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo realiza deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación al presente asunto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 1002264, con rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la parte quejosa se duele de la omisión de la autoridad responsable de emplazar a juicio a la parte demandada. Por su parte, la Junta Especial número 17, con sede en Guadalajara, Jalisco, remitió dichas constancias de emplazamiento. En atención a lo anterior, se actualiza la hipótesis de improcedencia en comento, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si se hubiera concedido al promovente del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía, pues de las documentales exhibidas por la responsable se advierte que la omisión reclamada por el quejoso ceso en sus efectos al haberse emplazado a la parte demandada en el juicio de origen. Apoya lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197367, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que en su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE MPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En congruencia con lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan". Cancelación de audiencia constitucional. En función de lo anterior, se dejan sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, y se ordena la cancelación de la anotación de la audiencia programada en el presente juicio, en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, por las razones expuestas con antelación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal, y en su oportunidad archívese este expediente como totalmente concluido. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y AL TERCERO INTERESADO PEDRO AVILA RIVAS ALBACEA DE LA SUCESION A BIENES DE MARTHA ALCIA RIVAS LOPEZ. cuatro de octubre de dos mil veintidós. Radicación. Como está ordenado en el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia, intégrese a sus antecedentes el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual desahoga el requerimiento realizado por este juzgado federal en proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, en torno a su escrito de ampliación de demanda. Informe previo. Con apoyo en los artículo 122, 124, 131 y 132, todos de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables, su informe previo que deberán rendir por duplicado, en el que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuye, podrán expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permita a este órgano jurisdiccional establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes; informen que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual, en la notificación correspondiente, se les acompaña copia de la demanda. Multa. Se apercibe a las autoridades responsable que de no rendir el informe previo respectivo dentro del término conferido, se presumirán ciertos los actos reclamados para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, acorde a lo establecido en el artículo 142 de la Ley de la materia, salvo prueba en contrario; y con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Audiencia incidental. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que se señalaron las nueve horas con treinta y cinco minutos del once de octubre de dos mil veintidós, para la audiencia de este incidente. Solicita el quejoso, le sea concedida la suspensión provisional del acto que reclama consistente en la integración del expediente R-373, relativo a la expedición de la licencia de funcionamiento y los efectos de la misma, para la actividad del establecimiento funerario "Funerales Ávila" ubicada en de Calle Morelos número 23 Bis Oriente, Zona Centro de Ciudad Lerdo, Durango, así como el refrendo de dicha licencia mercantil. Ahora bien, de concederse la suspensión traería efectos restitutorios, lo cual es propio de la sentencia que en su caso se dicte en el juicio principal; en tales condiciones, se niega la suspensión definitiva del acto reclamado por el quejoso. Tiene aplicación al respecto, la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 653, Tomo XIV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN EFECTOS DE LA. La suspensión no debe tener efectos restitutorios, que sólo pueden ser materia de la resolución que se dicte en el juicio de amparo, en lo principal." Aunado a que para la concesión de la suspensión mencionada, debe de atenderse a las hipótesis que los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, prevé y de manera simultánea, al estudio de la procedencia de la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora que se alega. Es aplicable al caso, por identidad de razón, dado que no se contrapone con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, la tesis jurisprudencial 204/2009, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, diciembre de 2009, página 315, registro electrónico 165694, que expresa: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Ahora bien, en el caso no puede considerarse que el peticionario del amparo acredite presuntivamente su interés suspensional para otorgar la medida cautelar solicitada, de acuerdo a las siguientes consideraciones: En primer lugar, debe decirse que no se encuentra totalmente satisfecha la primer exigencia de que habla el referido numeral, toda vez que no basta que se solicite para que su concesión sea obligatoria, sino que es necesario que la parte quejosa pruebe, aun cuando sea de manera presuntiva, el interés suspensional que refiere tener para que se suspendan los actos reclamados, lo cual de ninguna manera se justifica dentro del presente incidente de suspensión con las siguientes probanzas: a). Copia cotejada por la Secretaría del Juzgado del acta de nacimiento a nombre del quejoso Claudio Guillermo Morales Álvarez, inscrita en el Libro número 3, foja 86 frente y vuelta, suscrita por el Juez del Registro Civil del Estado Civil de ciudad Lerdo, Durango. b). Copia del ocurso de trece de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por Pedro Ávila Rivas, dirigido al diverso juicio de amparo 980/2014, del índice de este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, en el cual refiere la aceptación del cargo de albacea de la sucesión a bienes de Martha Alicia Rivas López, lo que refiere acreditar con la diligencia de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, esta última celebrada en los autos del juicio sucesorio testamentario a bienes de la mencionada Rivas López y de la actuación de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, donde le fue otorgado el carácter de albacea a Pedro Ávila Rivas en las actuaciones del señalado juicio de amparo 980/2014-IB. c) Disco compacto en formato DVD, que exhibió a su escrito de ampliación de demanda, de cuya reproducción realizada en la Secretaria de este órgano Jurisdiccional se advierten dos video grabaciones, la primera en la que se observan personas jóvenes que conforman una banda con tambores y trompetas y la diversa relativa a la confluencia de personas en ambas aceras que el quejoso refiere se ubicaron en ese momento en la confluencia ubicada en la avenida Francisco Sarabia y calle Morelos de Ciudad Lerdo, Durango, que corresponde a su domicilio y en las afueras del domicilio donde se ubica "Funerales Ávila". Como ya se mencionó, dichas documentales son insuficientes para acreditar el interés suspensional del quejoso, pues en las señaladas con el inciso a), consistente en copia cotejada por la Secretaría del Juzgado del acta de nacimiento a nombre del quejoso Claudio Guillermo Morales Álvarez, inscrita en el Libro número 3, foja 86 frente y vuelta, suscrita por el Juez del Registro Civil del Estado Civil de ciudad Lerdo, Durango, la cual goza de valor probatorio pleno, al tenor lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, solo se acredita que registro del nacimiento del aquí quejoso, así como el domicilio proporcionado para tales efectos el ubicado en Francisco Sarabia número 295 norte, de ciudad Lerdo, Durango. Asimismo, por lo que hace al diverso medio de prueba marcado con el inciso b), consistente en copia cotenada del ocurso de trece de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por Pedro Ávila Rivas, dirigido al diverso juicio de amparo 980/2014, del índice de este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, en el cual refiere la aceptación del cargo de albacea de la sucesión a bienes de Martha Alicia Rivas López, diligencia de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, esta última celebrada en los autos del juicio sucesorio testamentario a bienes de la mencionada Rivas López y de la actuación de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, únicamente acredita que le fue otorgado el carácter de albacea a Pedro Ávila Rivas en las actuaciones del señalado juicio de amparo 980/2014-IB. Mientras que las relativas al disco compacto en formato DVD, que exhibió a su escrito de ampliación de demanda, de cuya reproducción realizada en la Secretaria de este órgano Jurisdiccional se advierten dos video grabaciones, la primera en la que se observan personas jóvenes que conforman una banda con tambores y trompetas y la diversa relativa a la confluencia de personas en ambas aceras que el quejoso refiere su ubicaron en ese momento en la confluencia ubicada en la avenida Francisco Sarabia y calle Morelos de Ciudad Lerdo, Durango, que corresponde a las afueras de su domicilio, así como del relativo a la ubicación de "Funerales Ávila", cabe decir que no es procedente otorgarle valor probatorio alguno, dado que el mismo carece de las certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena, de conformidad con lo que establece el artículo 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Ley de Amparo. Sin haber tomar a lugar a tomar en cuenta la credencial para votar anunciada como prueba por el quejoso, ya que hasta el momento no ha hecho llegar el documento original para efectos de la compulsa correspondiente. Medios de convicción los reseñados con antelación, con los cuales no se acredita de manera alguna que con el funcionamiento del establecimiento de servicios funerarios denominado "Funerales Ávila", ubicado en la Calle Morelos número 23 Bis Oriente, de la Zona Centro de Lerdo, Durango, existe un alto riesgo sanitario y fuente de propagación de enfermedades infecciosas y que en su caso con el funcionamiento de dicha negociación sea fuente de contagio para el virus Covid-19. De igual forma, el quejoso tampoco acredita su interés legítimo, este último, en que debió acreditar en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo, el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se negara y el interés social que justificara el otorgamiento de la suspensión; situación que no demostró el aquí impetrante; es decir, que con el funcionamiento de los servicios funerarios que refiere, se genere un alto riesgo sanitario y fuente de propagación de enfermedades infecciosas, esto es, no justifica daño alguno presente o inminente a la salud pública. De ahí que si no se encuentra demostrado que se genere afectación alguna a la salud de las personas con el funcionamiento de la funeraria referida, y que en términos del numeral 131 de la Ley de Amparo haya demostrado el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se negara y el interés social que justificara el otorgamiento de la suspensión, entonces no se acredita que el acto que reclama efectivamente le afecta en su esfera jurídica, atendiendo la situación que dice guardar respecto del orden jurídico, por ende, se concluye que carece de interés legítimo, ya que no se encuentra acreditada una afectación al interés personal colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante del que refiere el quejoso ser titular, y que resiente en su esfera jurídica, particularmente un daño presente o inminente a la salud pública. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía el criterio jurisprudencial de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa". Por lo que es inconcuso que no se encuentra demostrada afectación al derecho humano a la salud, así como a un entorno y medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar individual y colectivo, consagrado en favor de las personas por nuestra Constitución Federal en su artículo 4°, como así se refleja en la tesis I.4°.A.447, titulada: "MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR. CONCEPTO, REGULACIÓN Y CONCRECIÓN DE ESA GARANTÍA." En tales condiciones, por los motivos anteriormente expuestos, al no reunir los requisitos previstos en los artículos 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional niega la suspensión provisional, solicitada por el quejoso. Anuncio de prueba de inspección Judicial. De Conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene el quejoso por anunciando la prueba de inspección judicial al tenor de los puntos a que se contrae el ocurso de cuenta, con excepción de los puntos señalados con los incisos señalados con los números 4 y 5, ello atendiendo a que el objeto del anuncio de una prueba de inspección judicial es la de verificar hechos susceptibles de ser percibidos por los sentidos, y no extraer conclusiones o deducciones que mediante razonamientos lógicos puedan formularse con base en los hechos observados, pues en el acta de inspección se debe hacer constar lo que ha sido materia de percepción por el funcionario que practique la inspección por medio de sus sentidos y no sus inferencias; por tales motivos, procede desestimarla parcialmente únicamente en cuanto a los puntos 4 y 5 en mención, ya que en los mismos el quejoso pretende que el fedatario realice las conclusiones y pronunciamientos a que se refieren los mismos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial clave P./J. 41/2001, visible en la página 157, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez.". De igual forma, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicado en la página 399, tomo VI, julio de 1997, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena época, con rubro y texto siguiente: "INSPECCIÓN, PRUEBA DE. SU FINALIDAD ES VERIFICAR HECHOS SUSCEPTIBLES DE SER PERCIBIDOS POR LOS SENTIDOS Y NO EXTRAER CONCLUSIONES DE ÉSTOS. El objeto de la prueba de inspección son los hechos que puedan examinarse y reconocerse, sea que hayan ocurrido antes, pero todavía subsistan total o parcialmente, o que se produzcan en el momento de la diligencia; pero no son objeto de esta prueba las deducciones que mediante razonamientos lógicos puedan formularse, con base en los hechos observados; es decir, en el acta de la diligencia se debe hacer constar lo que ha sido materia de percepción por el funcionario que la practique y no sus inferencias, que deben dejarse para el momento y la providencia en que se califique el mérito probatorio de la inspección. En este sentido, cuando los artículos 827 y 829 de la Ley Federal del Trabajo prescriben que la parte que ofrezca la inspección deberá precisar el objeto materia de la misma, el lugar donde debe practicarse, los periodos que abarcará y los objetos y documentos que deban ser examinados, y que el actuario requerirá le sean puestos a la vista los objetos y documentos que deben inspeccionarse, indudablemente se refiere a los hechos que pueda aquel funcionario percibir, para identificarlos, detallarlos y dar una idea completa de lo observado, pero no al concepto acerca de si de tales hechos se deduce o no la existencia de otro hecho o situación, pues el fin de esta prueba es verificar hechos, y no extraer conclusiones de éstos, lo cual corresponde al órgano facultado para la calificación de la prueba. Por tanto, si en la diligencia de inspección únicamente se asientan conclusiones, pero no se da fe de los hechos que podrían servir para fundarlas, debe estimarse que la prueba es ineficaz". En tales condiciones, este Juzgado tiene a bien ordenar al Actuario Judicial de la adscripción, para que se constituya en las instalaciones de "Funeraria Ávila", para el efecto de desahogar la prueba en comento, y como para la realización del mencionado medio de convicción, resulta necesario que se fije día y hora para la práctica y desahogo de la misma, se señalan las QUINCE HORAS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Para lo cual se ordena hacer del conocimiento de la parte tercera interesada, para el efecto de que den todas las facilidades al Actuario Judicial de la adscripción a fin de que desahogue la inspección de referencia, apercibidos que en caso de no hacerlo el día y hora señalado para el desahogo de la diligencia de mérito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se les aplicará una multa de cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Notifíquese personalmente a las partes.

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