Andres Faustino Romero Guadarrama
Expediente 909/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 909/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/12/2020
Partes del expediente
- Andres Faustino Romero Guadarrama
Actuaciones
- Principal
VI.- agréguese a los autos el oficio de cuenta, por el cual se remite un legajo de copias certificadas relativas al expediente en que se actúa, derivadas de la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en sesión de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en el recurso de queja 31/2020, de su índice. En ese sentido, acúsese el recibo correspondiente a la Superioridad, y procédase a estar a lo ordenado en auto de diez de diciembre pasado, de conformidad con los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquélla coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita.
- Principal
Por lo anteriormente considerado y fundado, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 6° de la Ley de Amparo; y atento a lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida supuestamente por Andrés Faustino Romero Guadarrama, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaria de Seguridad del Estado de México, y otras autoridades. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que el acto reclamado en el presente sumario constitucional consista en la orden de traslado del quejoso del centro penitenciario en que se encuentra, a saber, Centro Preventivo y de Reinserción Social de El Oro, Estado de México; a uno diverso en el Estado de México; lo anterior, ya que conforme al planteamiento establecido en el libelo constitucional, se aprecia claramente que señaló como autoridad responsable al Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Tradicional, con residencia en Ixtlahuaca, Estado de México. Expresión que resulta reveladora y sustancial para concluir que el acto que se reclama no constituye un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento; ya que el propio peticionario de la Justicia Federal atribuyó el carácter de responsable a una autoridad jurisdiccional, lo que le da una dimensión específica al presente asunto, pues no se atribuye el traslado de referencia de manera exclusiva a autoridades administrativas. Máxime que el carácter de ordenadoras o ejecutoras con que se señale a las responsables en la demanda de amparo, no preestablece a priori su participación en los actos reclamados, ni resulta obligatoria para los Juzgadores de amparo, ya que el carácter respectivo depende siempre del carácter real que tengan en cuanto a sus atribuciones legales y a su modo de intervención en los actos reclamados con base en ello, y desde luego, de las constancias que se alleguen al juicio, por lo que la clasificación propuesta por los quejosos no es definitiva, sino indiciaria de que todas las autoridades referidas pudieron haber participado en la orden y/o ejecución de los actos reclamados. De ahí que, si en el libelo constitucional se señaló como responsable supuestamente ejecutora al Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Tradicional, con residencia en Ixtlahuaca, Estado de México, ello es suficiente para establecer que el traslado impugnado no se atribuyó de forma exclusiva a autoridades administrativas, sino también a una autoridad jurisdiccional que ciertamente pudo intervenir en la orden de aquél conforme a sus atribuciones legales. En ese tenor, se concluye que el acto materia del presente sumario constitucional no se planteó como si se tratase de un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, pues como se ha abundado, se atribuyó también a una autoridad jurisdiccional que pudo haber ordenado el multicitado traslado dentro del procedimiento correspondiente. En síntesis, el planteamiento constitucional vertido en la demanda de amparo que se atiende, no materializa alguna hipótesis de excepción de exigibilidad de la firma autógrafa y/o electrónica para dar tramite a la pretensión constitucional, lo que pone en evidencia la manifiesta e indudable improcedencia del juicio de amparo, como se explicitó en acápites anteriores. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en el este órgano jurisdiccional por así solicitarlo expresamente el quejoso en el escrito de demanda. Luego, de conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Ahora bien, por cuanto hace al correo electrónico y número celular que proporciona; no ha lugar a tenerlos como medios para realizar las notificaciones oficiales, puesto que éstos no se encuentran previstos como medios legales para tal efecto en términos de lo que establece el artículo 26 de la Ley de Amparo; sin embargo, ténganse en consideración como medios de contacto idóneos para comunicaciones no procesales en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Atento a la certificación de cuenta, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Flavio González Maruri y Magdalena Alanuza Hernández; por encontrarse registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por así solicitarse expresamente en el libelo constitucional. Ahora, dado que el supuesto quejoso cuenta con autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la materia; las notificaciones derivadas del presente asunto que deban efectuársele, realícense únicamente por conducto de estos, no obstante que aquél este privado de su libertad, sin que con ello se deje en estado de indefensión al impetrante, al estar debidamente representado en este juicio constitucional. Luego, desde este momento se autoriza a las partes la utilización de medios electrónicos para imponerse del contenido del presente expediente; siempre y cuando su actuar se ajuste a lo establecido en la circular 12/2009 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, derivada de la sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve; en el entendido que en todo caso, para imponerse físicamente del expediente, deberán agendar la cita correspondiente en términos de lo previsto en el artículo 6º, fracción II del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 29 de la Ley de Amparo; se comisiona los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquella coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita.
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