Andrés Estrada Reyes.

Expediente 388/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
388/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
22/05/2019

Partes del expediente

  • Andrés Estrada Reyes.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado que guardan los presentes autos y en atención a la certificación de cuenta, se advierte transcurrió el término concedido a las partes sin que se hubieran inconformado con el proveído de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 201, fracción I, y 202 primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por consentida la mencionada resolución. Mediante oficio que al efecto se gire, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la presente determinación, para los efectos legales a que hubiere lugar. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, de conformidad con lo ordenado en la fracción III, del punto Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, que estableció como susceptibles de depuración los expedientes relativos a juicios de amparo directo, en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, por tal motivo, y en virtud de que carece de relevancia documental, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; por lo que únicamente deberá conservarse el escrito de demanda de amparo, así como la resolución dictada en el presente asunto, pues este expediente no contiene resolución que tenga especial trascendencia jurídica, política, social o económica a nivel nacional, estatal o municipal; lo anterior una vez que transcurra el plazo de más de cinco años de haberse ordenado su archivo.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, mediante el cual el Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, remite diversas actuaciones dictadas en la causa penal 145/2012, del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mixquiahuala, Hidalgo, en relación al cumplimiento de ejecutoria a que este toca se refiere. De lo anterior este órgano colegiado toma conocimiento.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado que guardan los autos; de los que se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes mediante proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve, para manifestar lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, a la ejecutoria dictada en el juicio de garantías en que se actúa; sin que las partes hayan hecho manifestación al respecto. En esas condiciones, en cumplimiento al auto referido en el párrafo que antecede, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito Presidente de este Tribunal Colegiado procede al estudio respectivo, a fin de concluir sobre si se encuentra, o no, cumplida la ejecutoria que concedió el amparo. Por lo anterior, cabe mencionar que el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, este órgano pluripersonal de control constitucional, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable realice lo siguiente: (.) 1. Deje insubsistente la resolución reclamada, emitida el tres de abril de dos mil catorce, en el toca penal 1565-2013 de su índice administrativo.b 2. Revoque la sentencia definitiva dictada por el Juez del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, de quince de agosto de dos mil trece y ordene la reposición del procedimiento a efecto de que se deje sin efectos el acuerdo de cierre de instrucción, dictado el diez de junio de dos mil trece -foja 187 del proceso penal- y se lleve a cabo: La ratificación de los dictámenes periciales en lesiones, ginecología y psicología precisados en la presente consideración. nEn la inteligencia de que si el juez de la causa estima procedente emitir nuevamente sentencia condenatoria en contra de Andrés Estrada Reyes, no podrá agravar, pero si reiterar o mejorar, -de ser procedente-, la situación jurídica del quejoso, atento al principio de non reformatio in peius. 3. Continúe el proceso penal por todas sus etapas. (.) Las consideraciones que debía acatar la autoridad responsable son: (.) Hechas las anteriores precisiones, como se indicó desde el inicio de este considerando, este cuerpo Pluripersonal considera que al no ordenarse la ratificación de los dictámenes respectivos, se trastocan los derechos fundamentales del quejoso, a saber, legalidad e igualdad procesal que debe existir entre las partes, conforme a lo previsto en el artículo 173, apartado A, fracción VII en relación con la diversa XIV, de la Ley de Amparo en vigor. Numeral del que se obtiene, que en los juicios del orden penal, se consideran transgredidas las leyes del procedimiento en perjuicio del quejoso, cuando los medios de convicción existentes no se desahoguen conforme a la ley. Por ello, este cuerpo Colegiado considera que a fin de garantizar el mencionado principio, el tribunal del conocimiento debió ordenar la ratificación de los dictámenes siguientes: 1. Dictamen ginecológico y de lesiones de siete de agosto de dos mil doce, suscrito por la perito médico forense, Mary Carmen Ramírez Ríos, adscrita a la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo, practicado a la víctima Micaela Estrada Olguín. 2. Dictamen en materia de psicología de nueve de agosto de dos mil doce, practicado a la mencionada víctima, por la perito, Nayelhi Chávez Rodríguez, adscrita a la Coordinación de Atención a la Familia y a la Víctima de Tula de Allende, Hidalgo de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo. Cabe precisar que en relación al principio de igualdad procesal, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha puntualizado que en el proceso penal, el equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues debe concedérseles iguales condiciones, de manera que ninguno quede en estado de indefensión, siendo inadmisible que medios de prueba de la misma índole -en el caso, dictámenes periciales-, tengan un estándar de valoración distinto, según se trate del activo o del pasivo, o se rindan por peritos oficiales o particulares, pues ello atentaría contra los derechos de justicia imparcial, equidad procesal y correcta fundamentación y motivación. Lo anterior, se plasmó en la Jurisprudencia 141/2011, susntada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL PROCESO PENAL. SU ALCANCE. (Se transcribió datos de localización y texto). Antes de seguir, conviene puntualizar que el dictamen es, en suma, un auxiliar eficaz para el juzgador o autoridad que lo solicita, que no puede alcanzar todos los campos del conocimiento técnico o científico y quien debe resolver conflictos que presenten aspectos complejos que exigen una preparación especializada, de la cual carece. (.) En efecto, la ratificación de los dictámenes periciales hace digna de crédito la prueba y consecuentemente, susceptible de ser analizada y valorada, pues cabe admitir que el juicio pericial puede ser emitido por una persona distinta a la designada o que puede ser sustituido o alterado, sin que tenga conocimiento el perito nombrado; también es admisible la modificación parcial o total en el momento de ser ratificada. Además, si la finalidad de las formalidades es dotar de certeza y seguridad jurídica a las actuaciones judiciales, es una exigencia válida para cualquier perito, que avale su dictamen, sin que se advierta una razonabilidad lógico-jurídica de establecer innecesaria la ratificación del dictamen del perito oficial, pues esta excepción origina un desequilibrio procesal, ya que las partes no se encuentran en igualdad de condiciones procesales, en cuanto a la exigencia de ratificación de los peritajes exhibidos por el inculpado. Es aplicable a los razonamientos anteriores, la tesis 1. LXIV/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL EXIMIR A LOS PERITOS OFICIALES DE RATIFICARLOS, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD PROCESAL. (Se transcribió datos de localización y texto). En consecuencia, la opinión pericial que no sea ratificada habrá de considerarse imperfecta, en virtud de que para otorgarle certeza y seguridad jurídica al acto contenido en el mismo, es indispensable que sea ratificada, pues sin ese requisito, no es dable otorgar valor alguno a los dictámenes emitidos, tanto por los peritos oficiales, como por los particulares. En esa línea de pensamiento, es necesario tener en cuenta el contenido de los párrafos primero y segundo del artículo 189, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo. ARTÍCULO 189.- Los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que su ciencia, técnica o arte les sugieran; emitirán por escrito su dictamen y lo ratificarán en diligencia especial. Los peritos oficiales sólo ratificarán su dictamen cuando el funcionario que practique la diligencia lo estime necesario (.). De la lectura del precepto antes señalado, se advierte que mientras que los dictámenes emitidos por los peritos oficiales, solamente deben ser ratificados cuando el funcionario que practique la diligencia lo estime necesario, los de los particulares, en todo caso, habrán de confirmarlo en diligencia especial. Sin embargo, como ya se adelantó, ello afecta el principio de igualdad procesal entre las partes, tal y como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también al resolver el amparo directo en revisión 2759/2015, donde analizó el artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales, que al igual que el precepto Estatal previamente mencionado, excluye a los peritos oficiales de ratificar sus dictámenes, pues ello procederá únicamente cuando el funcionario que practique las diligencias lo estime pertinente, en tanto determinó que la exclusión mencionada, vulnera el derecho fundamental de igualdad procesal entre las partes, originándose un desequilibrio procesal que conduce a considerar que la no ratificación del dictamen ofrecido por el perito oficial, constituye un vicio formal susceptible de ser subsanado mediante la ratificación correspondiente, ya que la formalidad en cuestión no trasciende de manera sustantiva al contenido de la prueba pericial ofrecida en el proceso penal, esto es, a la metodología y conclusión del dictamen, sino exclusivamente está vinculado a la imposibilidad de conferirle valor probatorio, hasta en tanto, el mismo no sea ratificado por el perito oficial que lo haya rendido. De este modo, dice la Primera Sala, la desigualdad procesal de eximir a los peritos oficiales de ratificar sus dictámenes no da lugar a considerar que éstos que no son ratificados constituyan prueba ilícita y que por ello deban ser excluidos del análisis probatorio correspondiente, sino más bien conlleva a que dichos dictámenes, en tanto prueba imperfecta carente de una formalidad necesaria para conferirles valor probatorio (ratificación), ameritan ser subsanados para restaurar la igualdad procesal entre las partes del juicio, esto es, basta que se ordene la ratificación del dictamen para que el vicio formal desaparezca y pueda ser valorado por el juzgador. De ahí que en el particular, resulte aplicable al caso la tesis 1ª. XXXIV/2016, -que se creó con motivo del amparo directo en revisión previamente citado-, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DICTÁMENES PERICIALES. LA NO RATIFICACIÓN DEL RENDIDO POR EL PERITO OFICIAL CONSTITUYE UN VICIO FORMAL SUBSANABLE, POR LO QUE EN NINGÚN CASO DEBE DAR LUGAR A CONSIDERAR QUE CONSTITUYE PRUEBA ILÍCITA QUE DEBA SER EXCLUIDA DEL ANÁLISIS PROBATORIO CORRESPONDIENTE. (Se transcribió datos de localización y texto). Mientras que, por las razones que la conforman, relativo a que u dictamen rendido por perito oficial, necesariamente debe siempre ser ratificado, para no vulnerar el principio de igualdad procesal entre las partes, se cita la Jurisprudencia 1ª./J. 62/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "DICTAMEN PERICIAL OFICIAL. EL EMITIDO PERO NO RATIFICADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN PREVIA, CONSTITUYE PRUEBA IMPERFECTA, NO ILÍCITA, PARA EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. (Se transcribió datos de localización y texto). De ahí que, insiste este cuerpo Colegiado, la no ratificación de los dictámenes periciales destacados, constituye un vicio formal susceptible de ser subsanado, mediante la ratificación correspondiente, en vía de reposición del procedimiento; lo cual se justifica, en virtud de que, como ya se dijo, tales experticias fueron tomadas en consideración al dictar sentencia definitiva condenatoria, y su valoración trasciende en aspectos que afectan las defensas del quejoso. Conviene precisar, que las ratificaciones de los dictámenes deben, en principio, realizarse por los expertos que los rindieron, empero, no se soslaya que pudieren concurrir eventualidades que hagan imposible el desahogo de dicha ratificación; ante ello, por tratarse de dictámenes periciales emitidos por expertos oficiales, pueden excepcionalmente ser ratificados por un perito diverso al que los emitió, una vez agotados todos los medios necesarios para su localización en caso de que ya no trabajen para la dependencia respectiva y su efectiva presentación. Además, proceder en tal forma, bajo el caso excepcional indicado, hace prevalecer los principios de economía y celeridad en el proceso penal y, por ende, tiende a que la impartición de la justicia sea pronta y expedita. De ahí que, lo procedente en el caso es reparar la violación procesal recién destacada." (.) Luego, en respuesta al oficio mediante el cual se requirió a la responsable, para que diera cumplimiento al fallo protector, remitió copia certificada de la resolución de doce de febrero del año en curso. Sin embargo, por auto de presidencia de quince de febrero de dos mil diecinueve, se determinó que del estudio de dicha resolución se advirtió que en la misma no obraban al calce las firmas de quienes la dictaron por lo que no se podía corroborar que la hubieran realizado todos, por ello, se requirió a la responsable a efecto de que remitiera copia debidamente certificada que contara con las firmas aludidas. Atento a lo anterior, mediante auto de veinte de febrero de dos mil diecinueve se recibió el oficio 701/2019-AP, mediante el cual se tuvo por cumplido el requerimiento mencionado y la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución con la que dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, de la cual se advirtió que obraban las firmas de los integrantes de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Así pues, de la copia certificada de dicha sentencia, se aprecia que la autoridad responsable dejó insubsistente el acto reclamado, y en su lugar emitió otra resolución, en la que revocó la sentencia definitiva condenatoria de quince de agosto de dos mil trece dictada por el Juez del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, dentro de la causa penal 145/2012, instruida en y ordenó la reposición de procedimiento dentro de la causa penal señalada anteriormente, dejando sin efectos el auto que declaró cerrada la instrucción de diez de junio de dos mil trece, a efecto de que el juez natural llevara a cabo la ratificación de los dictámenes ginecológico y de lesiones de siete de agosto de dos mil doce, suscrito por la perito médico forense, adscrita a la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo, practicado a la víctima y del dictamen en materia de psicología de nueve de agosto de dos mil doce, practicado a la víctima mencionada, por la perito, adscrita a la Coordinación de Atención a la Familia y a la Víctima de Tula de Allende, Hidalgo de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo y hecho lo anterior continuara con la secuela del procedimiento respetando las formalidades que versan la esencia del mismo para así dictar la sentencia que corresponda, la cual no podrá agravar, pero sí reiterar o mejorar la situación jurídica del aquí quejoso, atento al principio de non reformatio in peius. En esa condición, el Presidente de este tribunal colegiado considera cumplido, de forma total, sin excesos ni defectos, el fallo protector, toda vez que la autoridad responsable se sujetó, en estricto cumplimiento a la sentencia concesoria, a lo ordenado en la misma. Finalmente, una vez que cause estado esta determinación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, cuarto párrafo, y 214 de la vigente Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido.

  4. Juicio de Amparo Directo

    De la cuenta que antecede, se advierte que el plazo de tres días que al efecto se concedió a la tercera interesada, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este tribunal, ha transcurrido; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de veinte de febrero de la presente anualidad, y se ordena que ésta, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le realice por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio en la residencia de este órgano colegiado.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · 3,804 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano