Andrés Emilio Torres Rodríguez
Expediente 395/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 395/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 06/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Andrés Emilio Torres Rodríguez
- Andrés Emilio Torres Rodríguez y Otros.
- Pablo Javier Rocha Chávez (Mandatario judicial)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia dictada en el presente asunto, que sobreseyó el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado desconozca si ya trascurrió el término a la totalidad de las partes para la interposición del recurso de revisión; en atención a que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; de ahí que la resolución no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Valoración del expediente y archivo Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a los artículos 21, incisos a) y c) de la disposición administrativa en cita, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el principal se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo y se negó a la parte quejosa la medida cautelar provisional y definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Remítase a la responsable los tres tomos de prueba que anexó a su informe y el DVD respectivo.
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 395/2021, promovido por *, por conducto de su mandatario judicial; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno (foja 5 del juicio de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, que por razón de turno conoció el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, *, por conducto de su mandatario judicial, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del Juzgado de Partido Especializado en Materia Familiar en Guanajuato, Guanajuato y otras autoridades, que estimó violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. En auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, registró la demanda con el número *, y previno al promovente para que, entre otras cosas, acreditara su personalidad y para que manifestara si para ejecutar la disminución de la pensión alimenticia provisional, el juez responsable giró algún exhorto u oficio a la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (fojas 17 a 21 del juicio de amparo). Por proveído de tres de junio de dos mil veintiuno, se tuvo al promovente acreditando su personalidad y los puntos requeridos, siendo que, entre otras cosas, refirió que el juez del conocimiento giró exhorto a su homólogo en esta ciudad, para que notificara mediante oficio a la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sobre el descuento de la pensión alimenticia; con base a ello, por auto de tres de junio de dos mil veintiuno, el juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, determinó carecer de competencia legal y remitió los autos al juez de distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, en turno (32 a 35 del juicio de amparo). TERCERO. Por cuestión de turno, toco conocer del juicio de amparo, a este órgano jurisdiccional, por lo que en auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio, y requirió al quejoso, entre otros, para que señalara si era su deseo señalar como responsable al juez familiar que haya conocido del exhorto (fojas 53 a 55, ídem). Así, cumplida que fue la prevención, por auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda. En ese mismo proveído se mandó pedir informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención legal a la fiscal de la adscripción, y se verificó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. TERCERO. Convenio celebrado en el juicio de origen. Mediante promoción registrada con el número 9503, suscrito por el juez de Partido Especializado en Materia Familiar, remitió copia certificada del acta de audiencias celebrada el seis de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la reanudación de la audiencia de juicio, donde consta que la partes celebraron un convenio, el cual se elevó a la categoría de cosa juzgada, lo cual se tuvo por recibido en auto de diez de noviembre de la presente anualidad, para ser tomado en cuenta al resolver el presente asunto; y, C O N S I D E R A N D O???????? PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/20131 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues la determinación reclamada se ejecutó a través de una autoridad que reside en esta ciudad. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: La resolución de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, emitida en el juicio oral ordinario *, en la audiencia preliminar, en la cual se disminuyó la pensión alimenticia provisional que se había decretado a favor del quejoso. La ejecución de la citada resolución. Acto reclamado a las siguientes autoridades: 1. Juez de Partido Especializado en Materia Familiar en Guanajuato, Guanajuato. 2. Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato. 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. 3. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación Estatal ISSSTE en Celaya. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Celaya (foja 79) y la juez de Partido Especializado en Materia Familiar de Guanajuato (fojas 124 y 125), al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les reclama; en consecuencia, deben tenerse por cierto tales actos, pues las manifestaciones de las autoridades responsables constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con las constancias que acompañaron las responsables a su informe justificado, relativa a la copia encriptada del audio y video de la audiencia donde se dictó la determinación reclamada, copia certificada de las constancias que integran el procedimiento oral civil *; así como del exhorto * deducido del referido expediente; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de??????????????? documentales y de un disco óptico en formato de videograbación (DVD), considerado como una prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, cuyo rubro es el siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Por otra parte, es cierto el acto reclamado al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues no obstante que al rendir su informe justificado (fojas 70 a 73), expresamente negó los actos reclamados; sin embargo, inmediatamente después de dicha afirmación sostiene: De lo anterior en fecha 25 de mayo del año en curso, se remitió a la unidad jurídica del ISSSTE en Guanajuato el oficio * de fecha 21 de mayo del año referido, suscrito por la Lic.*, Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar en Celaya, Guanajuato, mediante el cual ordenaba reducir el monto de la medida provisional de alimentos decretada dentro de los autos del juicio oral ordinario bajo el número de expediente * radicado en el Juzgado de Oralidad Familiar con sede en Guanajuato, Capital. Una vez notificado el oficio * en la unidad jurídica, se remitió mediante oficio * de fecha 26 de mayo del 2021, suscrito por el Licenciado *, Titular de la unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación Estatal del ISSSTE Guanajuato, 3 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703. al Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Referida unidad administrativa, para el tratamiento del oficio mencionado en el inicio del párrafo Manifestación, la transcrita, que entraña un reconocimiento del acto de ejecución reclamado; de ahí que la negativa expresa por la nombrada responsable quede desvirtuada con su propia manifestación; por ende, que se tenga por cierto el acto reclamado a dicha autoridad. Es aplicable, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito4, que expresa: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Por escrito recibido el nueve de septiembre de dos mil veinte, el aquí quejoso *, por su propio derecho, promovió demanda en la vía ordinaria oral, en ejercicio de la acción de alimentos, ante el Juzgado Especializado en Materia Familiar de Guanajuato, capital, en contra de *, de quien reclamó el aumento de la pensión alimenticia, el pago y aseguramiento de una pensión alimenticia, entre otras; de igual forma, solicitó, como medida precautoria, una pensión alimenticia provisional hasta del sesenta por ciento de los ingresos de la demandada (fojas 2 a 25 del tomo I de pruebas). 2. Por auto de diez de septiembre de dos mil veinte (fojas 88 y 89, ídem), la juez de Partido Especializado en Materia Familiar de Guanajuato, Guanajuato, lo registró con el número *, y requirió al promovente para que exhibiera unas copias del expediente *, del que deriva la obligación alimentaria que se pretende modificar. 3. Cumplido que fue el requerimiento, por auto de seis de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, en el que, entre otras cosas, se ordenó el emplazamiento de la parte reo y se fijó como pensión provisional a favor de la parte actora 1.5 uno punto cinco salarios mínimos del monto de la jubilación que percibe la parte demandada * que resultan ser $* moneda nacional) de manera mensual, cantidad que debía ser depositada en una cuenta bancaria (fojas 129 a 136 del juicio de amparo). 4. Mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veinte, ante el juez del conocimiento del juicio de origen, compareció la demandada *, a emitir su contestación; de igual forma, en dicho escrito interpuso reconvención en contra del actor y del señor **, de quienes reclamó diversas prestaciones (fojas 194 a 242, ídem). 5. El cinco de febrero de dos mil veintiuno (fojas 332 a 334 del tomo II de pruebas), se señaló fecha y hora para el verificativo del desahogo de la audiencia preliminar; la cual dio inicio el uno de marzo de dos mil veintiuno, en la que se realizó la anunciación de la litis, depuración del procedimiento y la admisión de pruebas, la cual se suspendió, para después continuar con las pruebas ofrecidas por la demandada (fojas 358 y 359, ídem, así como del disco versátil digital que obra a foja 126 del juicio principal). 6. El doce de marzo de dos mil veintiuno, se reanudó la audiencia preliminar en la que, entre otras cosas, se pronuncio respecto a las pruebas ofrecidas por la demandada y las pruebas ofrecidas por las partes reconvenidas; de igual forma, en dicha audiencia se procedió a la quinta etapa de revisión de medidas, en la que la parte demandada solicitó se reduzca la medida decretada en relación a la pensión provisional de alimentos, por considerar que es excesiva la pensión fijada, y el reintegro de unos depósitos efectuados, a lo que la juez no emitió resolución favorable en relación a la reducción de pensión, y sí en cuento al reintegro de dos depósitos (foja 360 a 367 del tomo II de pruebas y videograbación). 7. En auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, el juez del conocimiento señaló fecha y hora para que tenga desahogo la reanudación de la audiencia preliminar (foja 910 del tomo III de pruebas). 8. El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la reanudación de la audiencia preliminar, en la que, entre otras cosas, declaró cerrada la cuarta etapa y señaló continuar con la quinta etapa de revisión de las medidas decretadas, en la que una vez escuchadas las partes, la juez responsable explicó cómo se fija la medida provisional, con base a las constancias que se exhiben a la petición, sin embargo, al haberse integrado al progenitor del actor a la litis y que tiene obligación de proporcionar???????? alimentos, además de que existe un documento que acredita la posibilidad económica del progenitor, por lo que decretó una reducción de pensión provisional a un salario mínimo a cargo de la madre del demandante, equivalente a la cantidad de $** moneda nacional); girando exhorto al juez de Oralidad Familiar en turno en esta ciudad, para efecto entregue el oficio respectivo a la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado, con sede en esta ciudad; quedando a disposición de la parte demandada para que lo hiciera llegar a su destino, dado por concluida la audiencia a las catorce horas con veintidós minutos de la referida fecha (fojas 915 a 917 del tomo III de pruebas y disco versátil digital).(Lo antes señalado, constituyen los actos reclamados). 9. Del citado exhorto tocó conocer a la Jueza de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato, quien lo devolvió diligenciado el veintisiete de mayo del presente año (fojas 930 a 946 del tomo III de pruebas) 10. Posteriormente, mediante oficio registrado con número 3487, suscrito por el juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, se remitió copia del audio y video de la audiencia de juicio de seis de octubre de dos mil veintiuno, así como del acta levantada para tal efecto, donde consta que las partes celebraron un convenio y su ratificación, el cual se elevó a la categoría de sentencia ejecutoria. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 1585, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En ese sentido, este juzgado federal estima que en el presente juicio de garantías se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, numeral que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente De conformidad con el precepto legal reproducido, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, cuando se promueva contra actos derivados de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio, si se dicta una resolución que cambie la situación jurídica que operaba 5 Quinta Época, del Apéndice de 1985, Parte VIII, página 262.??????? anteriormente, de modo que sea imposible analizar y resolver, respecto del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que las violaciones combatidas, deben considerarse consumadas de manera irreparable. Cabe precisar que para que se actualice la causal de improcedencia aludida, generalmente, es necesario que concurran los siguientes supuestos: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa, por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Exista autonomía e independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 516 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren 6 Novena Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, tomo VI, página 39. los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De manera que, al concurrir los supuestos enunciados, debe considerarse que se actualiza la causal de improcedencia destacada, pues en asuntos como el de la especie no es jurídicamente correcto permitir la destrucción de actos posteriores al acto reclamado que escapan a la litis planteada en este juicio, actos que son autónomos o independientes de los impugnados, pues constituiría una extralimitación de la sentencia, al invalidar actos cuya legalidad o constitucionalidad no se ha controvertido, de modo que las violaciones alegadas en vía de amparo han de considerarse irreparables, por no poder resolverse el juicio sin afectar la nueva situación. Se sostiene lo anterior, pues cuando se reclamen violaciones dentro del proceso, pero con posterioridad se emite la resolución definitiva es evidente que se produce un cambio de situación jurídica, ya que las violaciones alegadas se consuman irreparablemente por no poder decidirse respecto de ellas, sin afectar la nueva situación creada por la resolución que puso fin al juicio, la cual goza de autonomía propia. En esa tesitura, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que nos ocupa, si se toma en consideración que el acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye la resolución de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, emitida en el juicio oral ordinario * (ahora *), en la audiencia preliminar, en la cual se disminuyó la pensión alimenticia provisional que se había decretado a favor del quejoso, así como su ejecución. Sin embargo, de las constancias que adjuntó el juez responsable correspondiente al citado juicio oral ordinario *(antes*), promovido por el quejoso en contra de *, se advierte que el seis de octubre de dos mil veintiuno, se ratificó un convenio celebrado entre las partes, el cual se elevó a categoría de cosa juzgada (nueve minutos con treinta y tres segundos del inicio de la audiencia); por lo que se ordenó dar salida al expediente y la devolución de documentos a las partes, en la cual se entregaron algunos, reservándose la entrega de otros, previa cita (como se advierte de la audiencia respectiva y del acta correspondiente). En dicho convenio se estipuló, entre otras cosas, que se fijaba una pensión alimenticia definitiva a favor del actor y a cargo de la demandada *, por la cantidad de cinco mil pesos mensuales; de igual forma se solicitó la cancelación del descuento que se le hacía a la citada demandada, vía nómina, por la pensión provisional de alimentos decretada, lo cual se acordó favorable. Así, atendiendo a los elementos señalados respecto al cambio de situación jurídica, se tiene que en el caso se actualiza el supuesto hipotético contenido en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque como se mencionó, con posterioridad a la resolución reclamada, el Juzgado responsable, resolvió en definitiva el juicio oral ordinario de origen, elevando un convenio celebrado por las partes a categoría de cosa juzgada; determinación que ahora es la que rige la situación jurídica de las partes en el procedimiento de origen. De lo que se sigue que al celebrarse un convenio entre las partes el cual se elevó a categoría de cosa juzgada, es evidente que operó un cambio de situación jurídica. De ahí que el hecho de que se haya reducido la pensión, tal determinación se encuentra ya superada por la circunstancia de que se dictó resolución en la que se elevó a categoría de cosas juzgada el convenio celebrado entre las partes involucradas, en el que se fijó una pensión alimenticia definitiva y se ordenó la cancelación del descuesto que se hacia vía nómina a la aquí tercera interesada, por concepto de pensión alimenticia provisional. Por tanto, con el dictado de la sentencia definitiva en el juicio de origen, se generó una situación en la cual no es posible decidir ya sobre la constitucionalidad del acto reclamado en el presente juicio de amparo, ya que de hacerlo afectaría forzosamente la nueva situación jurídica creada con motivo de aquella y, por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones reclamadas en este juicio, debido a que la situación jurídica de las partes en el juicio de origen quedó sometida al fallo definitivo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia analizada. Es de invocarse, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto señalan: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente 'contra actos emanados de un procedimiento?????? judicial, cuando, por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente, las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse, en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica'. Esta causal de improcedencia debe estimarse aplicable cuando en el mismo procedimiento generador del acto reclamado, (producido durante la tramitación del juicio), se ha pronunciado ya sentencia definitiva y con ello ha venido a cambiar la situación jurídica, de suerte que las violaciones procesales reclamadas en el amparo, debe tenerse por consumadas irreparablemente, porque no podría decidirse respecto de ellas, sin afectar la nueva situación creada por la sentencia de fondo". 7 SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. Si en el juicio en que se dictó la diligencia previa de lanzamiento y la orden de embargo que se reclaman en la vía constitucional, se pronunció sentencia que causó ejecutoria, declarando la rescisión del contrato de arrendamiento y condenando a los quejosos a la desocupación, así como al pago de las prestaciones que les fueron reclamadas, de ello resulta que ha ocurrido un cambio de situación jurídica en el procedimiento que dio origen al juicio de garantías, que determina que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, en caso de haber existido, por no poder decidirse ya sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación jurídica, creada con la sentencia definitiva ejecutoriada; por lo cual debe sobreseerse en el amparo, por causa de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción X, y 74, fracción III, de la ley reglamentaria respectiva."8 Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. Cabe señalar que las anteriores constancias, aun cuando se allegaron con posteridad a la celebración de la audiencia constitucional, sí son susceptibles de ser 7 Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XCI, página 3032. 8Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXVIII, página 4460. valoradas por este juzgado, al relacionarse con la actualización de una causa de improcedencia. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, mayo de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 1279, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional de estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis?? de jurisprudencia 5099, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y con fundamento en los artículos en mención y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por *, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso quinto.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el juez de Partido Especializado en Materia Familiar de Guanajuato capital, el cual será tomado en consideración al momento de resolver el presente asunto. Asimismo, se ordena que la audiencia de seis de octubre del año en curso celebrada en el Juzgado de Oralidad Familiar recibida en el correo electrónico institucional 8jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, se grabe en un disco para que obre en el expediente como legalmente corresponde. Finalmente, en atención a que en el presente juicio de amparo el dieciséis de agosto pasado, tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando pendiente solamente el dictado de la sentencia condigna, anéxese al cuadernillo provisional ya existente para glosar el presente acuerdo junto con la promoción de cuenta, para que, en el momento procesal oportuno, sin ulterior acuerdo, sean agregados al juicio de amparo en comento.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio que remite la jueza de Partido Especializada en Materia Familiar de Guanajuato capital, el cual será tomado en consideración al resolver el presente asunto. En atención a que en el presente juicio de amparo el dieciséis de agosto pasado, tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando pendiente solamente el dictado de la sentencia condigna, fórmese cuadernillo provisional para glosar el presente acuerdo junto con la promoción de cuenta, para que, en el momento procesal oportuno, sin ulterior acuerdo, sean agregados al juicio de amparo en comento.
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- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
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