Andrés Eduardo Pereyra Torres

Expediente 442/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 23 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
442/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
01/08/2022

Partes del expediente

  • Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua
  • Andrés Eduardo Pereyra Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, primero de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo tanto, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, aplicado por analogía, pues en el presente asunto se concedió la suspensión de plano. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años a que alude el numeral 9 del Acuerdo General en cita, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Finalmente, conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio que signa Autoridad Penitenciaria del Estado de Chihuahua, por ausencia de su Titular Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua, mediante el cual rinde su informe justificado; agréguese sin mayor acuerdo, en virtud de que, mediante proveído de veinticuatro de abril del año en curso, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Cúmplase. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 442/2021-I, promovido por Andrés Eduardo Pereyra Torres, contra actos que reclamó del Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el cual por razón de distribución de correspondencia fue asignado a este Juzgado y, se recibió en esa misma data en oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional, ANDRES EDUARDO PEREYRA TORRES solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos que reclamaron del Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, consistentes en la orden de traslado a un diverso centro de reclusión e incomunicación en el centro carcelario donde se encuentran internos y actos de tortura equiparables a situación de tormento derivados de las condiciones de internamiento como consecuencia directa de la orden de traslado. La parte quejosa considera trastocados en su perjuicio los artículos 16, 18, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional registró la demanda con el número de expediente 442/2021-I; desechó parcialmente la demanda, respecto a la orden de traslado reclamada, decretó la suspensión de plano en relación al acto de tortura que refirió el promovente y se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento alguno; señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y fallar el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"; al tratarse, según se desprende de autos, de un juicio de amparo promovido contra actos reclamados a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que los impetrantes expongan en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por el quejoso consiste en los actos de tortura equiparables a situación de tormento derivados de las condiciones de internamiento como consecuencia directa de la orden de traslado. TERCERO. Las autoridades responsables, Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, Fiscal General del Estado de Chihuahua, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Subsecretario de Sistema Penitenciario, Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Coordinador de Centros de Reinserción Social Estatal, Comisionado Estatal de la Comisión Estatal de Seguridad, Coordinador Regional de la Comisión Estatal de Seguridad, Coordinador de Centros de Reinserción Social Estatal, Comisionado Estatal de la Comisión Estatal de Seguridad, Coordinador Regional de la Comisión Estatal de Seguridad con sede en Chihuahua, capital, Fiscal de Distrito, Zona Norte, Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Chihuahua, Secretario de Seguridad Pública Municipal, Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial del Estado de Chihuahua, Coordinador Regional de la Agencia Estatal De Investigación, Zona Norte, Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, Comandante y/o Encargado y/o Jefe de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, Comandante de la Guardia Nacional Destacamentada en Ciudad Juárez, con sede en esta ciudad, Secretario de Seguridad Pública Federal, Coordinador General de Centros Federales de Readaptación Social, Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención, Director Operativo Dependiente de la Coordinación General de Centros Federales, con sede en la Ciudad de México, al rendir sus correspondientes informes con justificación, negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Al respecto, ante la negativa especifica externada por las autoridades penitenciarias responsables al rendir su informe justificado en torno a tal acto reclamado, a la parte impetrante correspondía demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Entonces, toda vez que en el caso, la parte quejosa no ofreció alguna prueba idónea para desvirtuar la negativa expuesta por la autoridad responsable en su informe justificado, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;.". Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo antes expuesto, que no obren los informes justificados de las autoridades responsables, Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con domicilio en Aquiles Serdán, Chihuahua, Unidad de Traslados, Amparos y Derechos Humanos de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con domicilio en la Ciudad de Chihuahua, Supervisor Regional de la Dirección de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales, con sede en Chihuahua, capital, no hayan rendido su respectivo informe con justificación, pues la autoridad responsable, Fiscal General del Estado, en su carácter de superior jerárquico negó la existencia de los actos reclamados, de ahí que no sea jurídicamente factible que ejecuten los actos reclamados por la parte quejosa; lo mismo debe decirse respecto del Subcomandante de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en esta ciudad, quien no rindió su informe con justificación, en virtud de que la autoridad responsable, Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en esta ciudad, negó la existencia de los actos que se le reclaman, de ahí que se deba sobreseer respecto de este juicio de amparo, en relación a las autoridades responsables indicadas, pues no es jurídicamente factible que ejecutan los actos reclamados, ya que su superior jerárquico, negó la existencia de los actos reclamados, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ANDRES EDUARDO PEREYRA TORRES, de conformidad con el considerando tercero de esta sentencia y respecto de las autoridades señaladas en dicho considerando, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quién autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que no obran los informes justificados de las autoridades responsables, FISCAL ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES, y SUPERVISOR REGIONAL DE LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y MEDIDAS JUDICIALES, ni tampoco obran las piezas postales que amparan los oficios en los que se les remitió copia de la demanda de amparo. En tal sentido, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para verificarse el día de hoy, y en su lugar, se fijan las diez horas con veinte minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós, la que podrá llevarse a cabo en términos de lo dispuesto por el artículo 26, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Finalmente, de conformidad con lo previsto por el acuerdo precisado en el párrafo precedente y en cumplimiento a los oficios SEPLE./GEN./001/125/2022 y SEPLE./158/2022, se hace de su conocimiento que a partir del dieciséis de febrero del año en curso, el horario designado a este órgano jurisdiccional, será de las ocho horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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