Andrés Daza Pimentel
Expediente 726/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Andrés Daza Pimentel
Actuaciones
- Principal
M-I.Vista la certificación secretarial que antecede y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya hecho valer contra el proveído de uno de octubre del año en cita, que desechó la demanda de amparo promovida por ***. En tales condiciones, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo , con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
M-I. V I S T A la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, con residencia en La Paz, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 726/2020-I, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. En tales condiciones, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda respecto de la admisión o desechamiento de la demanda de amparo promovida por Andrés Daza Pimentel, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de la Materia, dispone lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano". De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; en otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 448, Materia Común, Novena Época, con registro 186605, que dispone: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". En ese contexto, a efecto de proveer sobre la demanda de amparo de cuenta, es necesario precisar que de la lectura integral de la misma, se aprecia que el quejoso Andrés Daza Pimentel, señala medularmente como acto reclamado la sentencia interlocutoria de veintiséis de agosto del año en curso, dictada en el incidente de liquidación de sociedad conyugal, derivado del procedimiento especial divorcio incausado, relativo al expediente 1197/2018, del índice administrativo del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia en La Paz (sic), de esta entidad federativa. Hechas tales precisiones, este Órgano de Control Constitucional considera que en el caso que nos ocupa se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; En efecto, en primer término resulta necesario señalar que dentro de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, existe el denominado principio de definitividad, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de definitividad del juicio de amparo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para nuestra noble institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Asimismo, el citado principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de modo tal que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el juicio de amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del juicio de amparo, dado que este es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si para impugnar un acto de autoridad, existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo, se desnaturalizaría el origen jurídico del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que el juicio de amparo es el arma jurídica suprema de que dispone el gobernado para proteger sus derechos humanos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, y su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, por lo que es lógico que antes de intentarlo se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen y en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio. Al respecto se invoca la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, página 7, Materia Común, Quinta Época, con registro 338185, que dispone: "AMPARO. Siendo el amparo un remedio constitucional extraordinario, es conforme a su esencia y naturaleza, que sólo procede contra actos respecto de los cuales la ley no concede remedio alguno, por virtud del cual puedan repararse, en la vía común, los perjuicios que dichos actos causen, y que, por tanto, se hallen agotados todos los remedios ordinarios, llámense juicio o recurso, que la ley del acto establezca para esa posible reparación, de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario, con notoria violación del espíritu jurídico y fin político que informó su creación, pues no se tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución política de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional, y por lo mismo, dentro de un sistema jurídico racional y lógico, no puede acudirse a él, cuando en el orden común exista todavía un remedio legal, que haga posible la reparación del perjuicio que cause el acto que lo motiva, por otra parte, sólo habiendo perjuicio, puede haber motivo para que pida amparo la persona que resienta aquél, por causa de una ley o de un acto; y cesando al perjuicio, cesa también el derecho de promover amparo y surge la improcedencia de éste. Mientras el perjuicio pueda ser reparado en la vía común, a ella debe acudirse, de modo que cuando la ley del acto envía a dilucidar previamente la cuestión del perjuicio a un juicio, (y este es el caso del artículo 10 de la Ley Agraria), o establece expresamente algún medio legal para repararlo, mientras ese juicio no se siga, o el recurso no se agote, no puede saberse si el perjuicio existe, y por tanto, si el amparo procede; y si el perjuicio se consiente por no usar de los medios legales que establece el estatuto del acto, tampoco se está ya capacitado para pedir el amparo, puesto que el consentimiento del perjuicio purga el acto del vicio legal, y al que lo consintió no se le priva de derecho alguno; no obsta a lo dicho, que la Constitución General y la Ley de Amparo, hayan adoptado ese criterio expresamente para asuntos judiciales, porque de ello no se deduce que prohíba adoptarlo para asuntos administrativos, pues donde existe la misma razón legal, debe existir la misma disposición de derecho, tanto más, cuanto que en ningún texto de la Constitución, consta que se haya establecido esa excepción". Hechas tales precisiones, para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé en el procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Es aplicable a la anterior consideración, la jurisprudencia I. 4o. C. J/25 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Materia Civil y Común, página 361, Octava Época, con registro 224800, que dispone: IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución". Hipótesis que se encuentran actualizadas en el presente juicio de amparo, dado que en contra de la sentencia interlocutoria de veintiséis de agosto del año en curso, dictada en el incidente de liquidación de sociedad conyugal, derivado del procedimiento especial divorcio encausado, relativo al expediente 1197/2018, del índice administrativo del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia en La Paz (sic), de esta entidad federativa, procede el recurso de apelación de conformidad con los artículos 1.360, 1.361, 1.366, 1.367, 1.378, 1.379, 2.163 y 2.164 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establecen: Del análisis de los preceptos transcritos este Órgano de Control Constitucional llega a la conclusión de que en el caso concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue emitido por un tribunal judicial, como lo es el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia en La Paz, Estado de México, con lo cual se cumple con la primer exigencia relacionada. El segundo de los requisitos consistente en que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, también se presenta si se toma en consideración el contenido de los artículos 1.360, 1.361, 1.366, 1.367, 1.378, 1.379, 2.163 y 2.164 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que disponen la procedencia de un medio ordinario de defensa que puede hacer valer, como lo es el recurso de apelación. Lo anterior, en razón de que el Código Adjetivo de la Materia señala expresamente que las resoluciones que deciden incidentes sobre la liquidación de sentencia son apelables sin efecto suspensivo; por tanto, resulta inconcuso la procedencia de un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificado o revocado el acto reclamado en la demanda de amparo de cuenta, esto es, el recurso de apelación previsto en los artículos 1.366 y 1.378 del ordenamiento legal invocado. La tercera hipótesis en estudio también se actualiza en la especie, pues el recurso de apelación es procedente contra las resoluciones que deciden incidentes sobre la liquidación de la sentencia dictada en el procedimiento en que se emitió la actuación reclamada en este caso, de conformidad con los artículos 2.163 y 2.164 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. La última de las hipótesis de igual forma se actualiza, en virtud de que el auto que constituye el acto reclamado en este juicio puede ser modificado, revocado o nulificado, a través del recurso de apelación, pues dada su naturaleza tiene como finalidad, en el caso que nos ocupa, que se revoque o modifique la resolución recurrida. Por tanto, como el acto reclamado se traduce en una actuación contra la cual no se agotó el recurso de apelación previsto en los artículos 1.366 y 1.378 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, con relación a los diversos 2.163 y 2.164 del citado ordenamiento legal (aplicable al juicio de origen), se está en el supuesto de inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo; por lo que resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia analizada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, página 902, Novena Época, con registro 187016, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Así como la diversa tesis VII.3o.C.25 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 1182, Novena Época, con registro 174750, que dispone: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO EXISTE EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, EN TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. La Ley de Amparo no prevé excepción respecto a la obligación de agotar el recurso o medio de defensa que proceda antes de intentar la acción constitucional en tratándose de procedimientos judiciales, aun cuando no suspendan el acto reclamado, pues ello sólo es dable cuando se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". De ahí que resulte inconcuso que el quejoso Andrés daza Pimentel, previamente al ejercicio de la acción de amparo indirecto, en observancia al principio de definitividad que rige el procedimiento del juicio biinstancial, debió interponer el recurso de apelación aludido contra el acto reclamado. Por tanto, es claro que si no promovió en tiempo y forma el recurso de apelación procedente contra la sentencia interlocutoria de veintiséis de agosto del año en curso, dictada en el incidente de liquidación de sociedad conyugal, derivado del procedimiento especial divorcio encausado, del expediente 1197/2018, del índice administrativo del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia en La Paz, de esta entidad federativa; en consecuencia, el amparo será improcedente contra el acto reclamado, en razón de que como quedó precisado los medios ordinarios de defensa están instituidos para que los afectados los hagan valer (en tiempo y forma) conforme al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, de modo tal que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades de aquélla. En ese orden de ideas, se reitera que se actualiza la hipótesis de improcedencia señalada, en atención a que: a) El acto reclamado proviene de un tribunal judicial. b) El Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, de conformidad con sus numerales 1.360, 1.361, 1.366, 1.367, 1.378, 1.379, 2.163 y 2.164, concede la posibilidad de que dicha resolución sea combatida mediante el recurso de apelación. c) Tal recurso es susceptible de hacerse valer en tiempo y forma dentro del procedimiento en que se emitió el acto que se refuta de inconstitucional; y, d) Por virtud de dicho medio de defensa, el acto reclamado podría ser modificado, revocado o nulificado. En tales circunstancias, es evidente que previamente a la tramitación del presente juicio, el peticionario de la instancia constitucional debió agotar en tiempo y forma el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, en atención a que contra el acto que reclamó subsiste un medio ordinario de defensa, que tiene el mismo objeto que el juicio biinstancial en que se actúa. En esa tesitura, el acto reclamado carece de definitividad para los efectos de este proceso de control constitucional, lo que actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Debe decirse que en el caso no se está en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto; asimismo, el peticionario del amparo no es persona extraña al procedimiento y la procedencia del recurso de apelación, no está sujeta a una interpretación adicional ni el fundamento legal en que se sustenta resulta insuficiente para determinarlo. En tales condiciones, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Andrés Daza Pimentel. Máxime, que cabe destacar que la la liquidación de la sociedad conyugal consiste en la división de los bienes comunes que en su caso se adquirieron por los cónyuges durante el matrimonio habido entre éstos, por lo que en dicho procedimiento únicamente se encuentran controvertidos derechos de los cónyuges que tiene que ver con los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal, es decir, sólo involucra el interés jurídico de éstos, sin que se advierta que con su dictado se afecten a manera de ejemplo, derechos de menores o algunos otros actos que pudieran tener como excepción agotar el principio de definitividad. Por ello, la interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de sociedad conyugal, al afectar solamente derechos patrimoniales de la ahora inconforme, el aquí quejoso estaba obligado a agotar los recursos ordinarios previstos en la norma, en contra del acto reclamado previo instar la acción constitucional; de ahí que se patentiza la causal de improcedencia analizada en líneas que anteceden. No obsta a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Julio de 2001, página 13, del rubro: "APELACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).", pues esta jurisprudencia interpreta diversas normas de la codificación adjetiva civil de esta entidad federativa, en cuya liquidación de la sociedad conyugal dependía del juicio principal, quedando a la vía incidental la liquidación correspondiente; cuestión diversa a la naturaleza en los divorcios incausados en donde en términos de los artículos 2.373 a 2.379 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, la liquidación conyugal se hace a propuesta de convenio entre los cónyuges y en la parte que no se llegue a conceso se apertura incidente por cuerda separada, que tiene características autónomas al juicio principal. Toda vez que la parte quejosa, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la ley en la materia, hágase ésta y las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista. Encuentra apoyo a lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, contenida a página 1067, Tomo VIII, Diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: «NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL» Y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona, por así manifestarlo expresamente la parte quejosa. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión.
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