Andres Cuautle Guevara

Expediente 1142/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1142/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
09/04/2019

Partes del expediente

  • Andres Cuautle Guevara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el acuerdo dictado el siete de marzo de dos mil diecinueve (fojas 120 a 126), mediante el cual, se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del quince de marzo, al ocho de abril de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar el duplicado de la causa penal 49/2017 que remitió la autoridad responsable Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, en apoyo a su informe justificado, con el que, se ordenó formar el anexo I (foja 32), devuélvasele el mismo a dicha autoridad judicial y requiérasele, para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar el recibo respectivo. Se apercibe a la autoridad citada que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA Salvador Salgado Román EL PROVEÍDO DE 07 DE marzo DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: " San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que feneció el término de tres días concedido a las partes, en proveído de quince de febrero de dos mil diecinueve (fojas 111 y 112), a efecto que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual no fue desahogada por alguna de las partes, dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el once de enero de dos mil diecinueve (fojas 33 a 64), se concedió el amparo a Andrés Cuautle Guevara, para que el Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente, y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, el Amparo y Protección de la Justicia Federal, se concede para el efecto que el Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, una vez que esta sentencia cause ejecutoria y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente el auto de formal prisión emitido el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en el proceso penal 49/2017 seguido en contra del quejoso Andrés Cuautle Guevara y, 2) Con libertad de jurisdicción, dicte otra resolución de término constitucional, debidamente fundada y motivada, la que podrá ser en el mismo sentido, o en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que la afectan, y que han quedado precisados en esta sentencia, esto es: a. Precisará correctamente los elementos que constituyen el cuerpo del delito de fraude específico en estudio, sin introducir elementos que la descripción típica no prevea, acorde a lo expuesto en esta resolución (primer vicio formal). b. Motivará en forma específica e individualizada, cada uno de los elementos integradores del delito de fraude específico que se le imputa al quejoso y precisará con qué medios de prueba se acredita cada uno de ellos, en virtud de lo expuesto en esta resolución (segundo vicio formal). c. Motivará las circunstancias de modo y lugar del delito en estudio -fraude específico-, en virtud de lo expuesto en esta resolución (tercer vicio formal). d. Al emitir el auto de formal prisión, deberá pronunciarse respecto de la totalidad de los medios de convicción aportados por las partes, incluyendo los que exhibió el indiciado Andrés Cuautle Guevara, para sostener su versión de los hechos (cuarto vicio formal). e. Motivará adecuadamente, las razones en las que sustente la eficacia demostrativa que le otorgue a las copias certificadas de las constancias relativas a la averiguación previa penal 175/2014 del índice de la Agencia del Ministerio Público Investigador adscrito a la Mesa de Trámite Vespertina de San Andrés Cholula, Puebla, que el querellante ofertó como prueba para sostener su versión de los hechos, en los términos precisados en el apartado relativo; sin dejar de ponderar que su alcance probatorio se limita a lo que en tal indagatoria se consigna (quinto vicio formal). f. Fundará y motivará el valor que le conceda a la declaración del procesado Andrés Cuautle Guevara, conforme a los lineamientos establecidos en el capítulo relativo al estudio de este vicio formal, esto es, el juez responsable realizará un análisis en el que determine si la declaración del aludido encausado cumple con los requisitos previstos en el artículo 195 del Código de Procedimiento de Defensa Social del Estado de Puebla, para ser valorada como una confesión y si además se reúnen los aspectos destacados en el capítulo relativo, para otorgarle la calidad de calificada y divisible (sexto vicio formal). g. Motivará la probable responsabilidad del aquí quejoso y fijará con precisión las pruebas en las que sustente tal aspecto, efectuando una correcta valoración de las mismas (séptimo vicio formal)." La resolución protectora emitida el once de enero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria el treinta y uno de enero siguiente (fojas 73 a 75), por lo que en esa fecha, se requirió su cumplimiento. Por oficio 376 de doce de febrero de dos mil diecinueve (foja 86), el Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, remitió copia certificada de la resolución emitida el doce de febrero del año que transcurre (fojas 87 a 110), en la causa penal 49/2017, de su índice, instruida contra Andrés Cuautle Guevara, como probable responsable de la comisión del delito de fraude específico; con la que informó cumplir con la sentencia de amparo. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia, que en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, el Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, realizó lo siguiente: 1. En determinación de doce de febrero de dos mil diecinueve, dejó insubsistente (1) la resolución dictada por esa potestad, el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del proceso penal número 49/2017, únicamente por cuanto hace al aquí quejoso Andrés Cuautle Guevara; en la que decretó auto de formal prisión o preventiva, en contra del aludido solicitante de amparo, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico. 2. Con libertad de jurisdicción que le fue concedida, la autoridad judicial responsable dictó una nueva resolución en el mismo sentido que la reclamada (2), ya que decretó auto de formal prisión contra el indiciado Andrés Cuautle Guevara -aquí quejoso-, al considerarlo probable responsable de la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado en los artículos 403, fracción IV y 404, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Salvador Salgado Román [fojas 88 a 110), pero en dicha resolución purgó los vicios formales destacados en la sentencia de amparo, como a continuación se explica: En efecto, la autoridad responsable precisó que los elementos que conforman el cuerpo del delito de fraude específico [primer vicio formal], son los siguientes: "a). una disposición onerosa de una cosa, cum animo domini (enajenación, arrendamiento, hipoteca, empeño o gravamen de cualquier modo). b). conocimiento por el autor, de que no tiene derecho a la disposición o la arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo. c).- la defraudación propiamente dicha consiste en la obtención de un lucro cualquiera (precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó, parte de ellos o un lucro equivalente) [foja 89 vuelta). Respecto de los cuales, la autoridad responsable realizó un estudio individual, debidamente motivado, en el que precisó con qué medios de prueba demuestra cada elemento conformante del ilícito de fraude específico, previa valoración que efectuó de tales probanzas, de las que destacó los aspectos que le fueron útiles para acreditar los citados elementos normativos (fojas 102 vuelta a 105) [segundo vicio formal]. En relación al primer elemento integrante del delito de fraude específico que nos ocupa, el juez responsable refirió que la disposición onerosa de una cosa, cum animo domi (enajenación, arrendamiento, hipoteca, empeño o gravamen de cualquier modo), se acredita con la querella formulada por Salvador Salgado Román, misma que concatenó con los documentos exhibidos por el propio agraviado, consistentes en el contrato privado de compraventa de veintisiete de enero de dos mil catorce, celebrado entre el ofendido de referencia y el aquí quejoso Andrés Cuautle Guevara, respecto de una fracción de terreno que se segrega del predio rústico denominado Colexcuatla, ubicado en San Andrés Cholula, Puebla; una fotocopia simple de dos cheques, en cuya parte inferior figura la leyenda: "recibí dos cheques", una firma y el nombre del aludido Cuautle Guevara; el estado de cuenta de veintiuno de febrero de dos mil catorce, a nombre de Salvador Salgado Román, expedido por la Institución de Crédito Banco Banamex, sucursal 7176 de San Andrés Cholula; así como las declaraciones de los testigos de cargo José Arturo Mendoza Moreno y Javier Salgado Román; el deposado de Juan Tello Cuatle y, el del propio inculpado [fojas 102 vuelta y 103]. Por cuanto se refiere a los elementos conformadores del cuerpo del delito en estudio, que la autoridad responsable definió como: "B). CONOCIMIENTO, POR EL AUTOR, DE QUE NO TIENE DERECHO A LA DISPOSICIÓN O LA ARRIENDE, HIPOTEQUE, EMPEÑE O GRAVE DE CUALQUIER OTRO MODO y, C).- LA DEFRAUDACIÓN PROPIAMENTE DICHA CONSISTE EN LA OBTENCIÓN DE UN LUCRO CUALQUIERA (PRECIO, EL ALQUILER, LA CANTIDAD EN QUE LA GRAVO, PARTE DE ELLOS O UN LUCRO EQUIVALENTE), la potestad responsable los tuvo por acreditados con las mismas probanzas que se citaron al hacer referencia al primero de los elementos del cuerpo del delito que se analiza, las cuales concatenó con los informes rendidos por el Registrador Público de la Propiedad de Cholula, Puebla, con la finalidad de demostrar que el inculpado Andrés Cuautle Guevara -aquí quejoso-, no tenía derecho para enajenar el inmueble que fue materia de la compra-venta celebrada entre éste último y la parte ofendida Salvador Salgado Román, pues afirmó que aquél nunca mostró la escritura respectiva, ya que le refirió que se encontraba en trámite la escrituración del terreno en cuestión, y aunque figuran datos registrales de cuatro inmuebles a nombre de Cuautle Guevara, sin embargo, ninguno de tales bienes corresponden a la fracción de terreno que se segregó del predio rústico denominado "Colexcuatla", ubicado en San Andrés Cholula, que enajenó al agraviado mencionado. Sobre el particular, la potestad responsable indicó que tales datos, adminiculados entre sí, denotaban que previo a la celebración de la operación mercantil respectiva (veintisiete de enero de dos mil catorce), no se localizó registro alguno, del bien inmueble que fue materia de la compraventa celebrada entre el tercero interesado Salvador Salgado Román y el aquí quejoso; aspecto que la autoridad judicial responsable sustentó con la declaración de los testigos José Arturo Mendoza Moreno y Javier Salgado Román, de quienes expuso que fueron coincidentes en señalar que el vendedor -Andrés Cuautle Guevara- firmó un recibo, afirmando que el terreno era de su propiedad, a la vez que repetía que todo era legal, que dicho terreno estaba a su nombre y que todavía no aparecía en el Registro Público de la Propiedad, porque las escrituras se encontraban en trámite; además, que a principios de marzo de dos mil catorce, los citados atestes en compañía de Salvador Salgado Román, pasaron por el terreno materia de la compra-venta, en el que observaron que se encontraban dos personas construyendo, por lo que Salgado Román le llamó en ese instante a Andrés Cuautle Guevara, quien le informó que no tenía conocimiento de esos hechos y que él era el propietario. Dichos atestes destacaron que tres días posteriores, acompañaron a Salvador Salgado Román y a Andrés Cuautle Guevara, al inmueble que fue materia de la venta, lugar al que además llegó un señor grande de edad, de canas y una patrulla, quienes observaron que discutieron con Cuautle Guevara ya que la diversa persona decía que él era el dueño del lugar, motivo por el cual, el ofendido Salgado Román pidió al indiciado que le devolviera su dinero, al darse cuenta que no era el dueño del inmueble que le había vendido y que sólo lo había robado, que les consta que el inculpado se ha negado a devolverle el anticipo que le entregó, equivalente a un millón de pesos, la cual, cubrió el comprador, mediante la expedición de dos cheques, el veintisiete de enero de dos mil catorce, de lo cuales firmó un recibo, el vendedor Andrés Cuautle Guevara. A los anteriores datos de prueba, la autoridad responsable adminiculó la declaración de Juan Tello Cuautle, quien dijo constarle que el querellante entregó como pago inicial, la cantidad de un millón de pesos, al inculpado Cuautle Guevara, respecto de la operación de compra-venta del terreno señalado en el contrato celebrado el veintisiete de enero de dos mil catorce; con los medios de prueba destacados por el juez responsable, concatenados entre sí y previa valoración que realizó de cada uno de ellos, determinó que el sujeto activo del delito, con el firme propósito de obtener del agraviado una suma de dinero, enajenó la fracción de terreno que se segrega del predio rústico denominado "Colexcuatla", ubicado en San Andrés Cholula, Puebla, recibió parte de su precio, obteniendo un lucro indebido, demostrando con ello, el tercero de los elementos integradores del delito de fraude especifico [fojas 103 y 104]. Ahora, por cuanto se refiere a las condiciones de modo [tercer vicio formal], que rodearon la conducta delictiva, quedaron debidamente colmadas por la autoridad responsable, al señalar que en la cláusula primera del contrato de compra-venta, el vendedor manifestó que vendía libre de todo gravamen, que la vigencia de dicho contrato iniciaría a la firma del mismo, la vendedora daría posesión formal a la compradora, a partir del último pago que se realizara el treinta de junio de dos mil catorce; la forma en que se llevó a cabo el primer pago del precio total fijado por concepto de la venta, fue cubierto a la firma del contrato, otorgándole al querellante, específicamente en la cláusula segunda, el recibo más amplio, valedero y eficaz que en derecho procediera, fungiendo como testigos de la referida transacción, Guillermo Cuautle Guevara y Juan Tello Cuautle, quienes firmaron al calce del citado contrato. La cantidad de un millón de pesos, por concepto de anticipo o primer pago del precio total estipulado, se cubrió por el comprador Salvador Salgado Román, mediante la expedición de dos cheques números 63 y 64, de veintisiete de enero de dos mil catorce, a nombre de Andrés Cuautle Guevara y Leticia Linares Paisano, como se corrobora de la hoja tamaño carta en que figura la fotocopia de los dos cheques señalados y al calce, la leyenda "recibí dos cheques", una firma y el nombre de Cuautle Guevara; además, el estado de cuenta de veintiuno de febrero de dos mil catorce, a nombre de Salvador Salgado Román, expedido por la Institución de Crédito Banco Banamex, Sucursal 7176 de San Andrés Cholula, Puebla, del que se desprende que los cheques citados, fueron cobrados el veintiocho de enero del mismo año [foja 92]. En relación a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en el que el sujeto tuvo conocimiento que no podía disponer del bien inmueble objeto de la venta, en que se perpetró el delito de fraude específico -tercer vicio formal-, el juez responsable precisó que se actualizaron al momento de celebrar el contrato de compra-venta, el veintisiete de enero de dos mil catorce [tiempo], en el poblado de Huejotzingo, Puebla [lugar], cuando el inculpado Andrés Cuautle Guevara, manifestó en el primer punto de antecedentes "mediante instrumento número 21655 (veintiún mil seiscientos cincuenta y cinco), volumen 160 (ciento sesenta), de quince de enero de dos mil catorce, otorgado ante la fe del doctor en derecho JOSÉ ALEJANDRO ROMERO CARRETO, Titular de la Notaría Pública Número Cinco, de este Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla.acto jurídico que se encuentra pendiente de inscripción por lo reciente de su otorgamiento". En ese orden, el juez responsable, destacó las probanzas de las que estimó se inferían las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que al activo del delito tuvo conocimiento que no contaba con el derecho de disponer del inmueble enajenado, y destacó: ".ante la omisión del inculpado de acreditar la titularidad del bien enajenado, ante las manifestaciones del quejoso, en el sentido que el predio en comento tenía problemas, que quería su dinero en efectivo, sin embargo, el imputado lejos de otorgar al quejoso el documento (instrumento número 21655 (VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO) del volumen número 160 (CIENTO SESENTA), de fecha quince del mes de enero del año dos mil catorce, otorgado ante la fe del doctor en derecho JOSE ALEJANDRO ROMERO CARRETO, titular de la Notaría Pública Número Cinco, de este Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla), citado en el primer punto de antecedentes, el que refirió "se encontraba pendiente de inscripción por lo reciente de su otorgamiento", el mismo indiciado propuso al querellante, que le regresaría el pago recibido, a través de un lote de terreno, identificado como subfracción de la fracción que se segrega de los predios fusionados denominados "Memehuatla", pero ante la negativa de este último, el activo promocionaría para su venta el predio indicado y una vez que se vendiera, le entregaría la cantidad adecuada, sin intereses de ningún tipo." [circunstancia de modo] (fojas 92 vuelta y 93). Cumpliendo así la autoridad responsable, con el tercer vicio formal destacado en la ejecutoria de amparo, cuyo cumplimiento se analiza. Luego, del contenido del auto de término constitucional de doce de febrero de dos mil diecinueve, se advierte que el juez responsable se pronunció respecto a las pruebas documentales exhibidas por el indiciado Andrés Cuautle Guevara [cuarto vicio formal], en el sentido que resultaron insuficientes para desvirtuar los elementos de prueba que sirvieron para acreditar el cuerpo del delito, por las consideraciones vertidas en el apartado respectivo [foja 102]; y, precisó las circunstancias por las cuales no era viable tomar en consideración el instrumento notarial veintiún mil setecientos diecisiete, volumen ciento sesenta, pasado ante la fe del Notario Público Número Cinco, del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, que contiene el primer testimonio de ratificación de firmas realizadas a solicitud de Andrés Cuautle Guevara y Salvador Salgado Román, respecto del contrato de compra-venta exhibido por el indiciado -aquí quejoso-; con lo que quedó satisfecho el cuarto vicio formal. En otro orden, por lo que ve al quinto vicio formal destacado en la ejecutoria de amparo dictada en este asunto, la autoridad judicial responsable precisó que la prueba documental pública exhibida por el querellante Salvador Salgado Román, mediante escrito de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, para sostener la versión de los hechos denunciados, consistente en copia certificada de las constancias relativas a la averiguación previa 175/2014, del índice de la Agencia del Ministerio Público Investigador adscrito a la Mesa de Trámite Vespertina de San Andrés Cholula, Puebla, con independencia del valor probatorio que le confirió en términos del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, únicamente demuestra lo que en ella se consigna, a saber la denuncia por delito de despojo contra el inculpado Andrés Cuautle Guevara, en agravio de Carlos Arturo Carreto Ferrer, sin que tal documental por sí sola, sea suficiente para acreditar el delito de fraude específico, pues los hechos investigados en la pesquisa 175/2014, no pueden determinar los elementos del cuerpo del delito por el que se instruye al aquí quejoso Andrés Cuautle Guevara, la causa penal 49/2017 del control del Juzgado de lo Penal de Huejotzingo, Puebla [foja 98 vuelta y 99]. Por cuanto se refiere al sexto vicio formal indicado por esta potestad, relativo a que el juez responsable funde y motive el valor que le concediera a la declaración del procesado Andrés Cuautle Guevara, al respecto dicho juzgador subsanó tal deficiencia, al establecer que la misma se traduce en una negación de su participación en la ejecución del delito patrimonial que se le atribuye, sin que se encuentre apoyada en otros medios de prueba que desvirtúen los elementos que sirvieron de base para demostrar la materialidad del delito, así como la identidad del declarante en su ejecución; razón por la cual, otorgó al dicho del inculpado, valor probatorio en términos de lo dispuesto en el artículo 193 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, exponiendo los argumentos que estimó pertinentes para sostener tal valoración [foja 101 vuelta]. Finalmente, el juez responsable motivó debidamente, la probable responsabilidad del quejoso, bajo el grado de autoría criminal, en términos de lo previsto en el artículo 21, fracción I, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, para el Estado de Puebla, pues estableció que existe como elemento central de incriminación, la querella formulada por Salvador Salgado Román, en contra del aquí quejoso Andrés Cuautle Guevara, asimismo, fijó los medios de convicción con los cuales a su consideración, sustentó la probable responsabilidad del inculpado de referencia [fojas 105 a 108], ya que al concatenarlos entre sí, la autoridad responsable arribó a la conclusión que el sujeto activo probablemente dispuso del bien inmueble (enajenó), consistente en la fracción de terreno que se segrega del predio rústico denominado "Colexcuatla", ubicado en San Andrés Cholula, Puebla, con conocimiento que no tenía derecho a disponer del mismo, en virtud que al tiempo de celebrarse el contrato de compra-venta -veintisiete de enero de dos mil catorce-, no existía registro alguno que acreditara la titularidad o propiedad del bien enajenado, sin embargo, recibió parte de su precio, obteniendo un lucro indebido; con lo que quedó reparado el séptimo vicio formal destacado en la resolución de amparo emitida en este asunto, el once de enero de dos mil diecinueve. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, el once de enero de dos mil diecinueve..."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que feneció el término de tres días concedido a las partes, en proveído de quince de febrero de dos mil diecinueve (fojas 111 y 112), a efecto que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual no fue desahogada por alguna de las partes, dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el once de enero de dos mil diecinueve (fojas 33 a 64), se concedió el amparo a Andrés Cuautle Guevara, para que el Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente, y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, el Amparo y Protección de la Justicia Federal, se concede para el efecto que el Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, una vez que esta sentencia cause ejecutoria y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente el auto de formal prisión emitido el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en el proceso penal 49/2017 seguido en contra del quejoso Andrés Cuautle Guevara y, 2) Con libertad de jurisdicción, dicte otra resolución de término constitucional, debidamente fundada y motivada, la que podrá ser en el mismo sentido, o en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que la afectan, y que han quedado precisados en esta sentencia, esto es: a. Precisará correctamente los elementos que constituyen el cuerpo del delito de fraude específico en estudio, sin introducir elementos que la descripción típica no prevea, acorde a lo expuesto en esta resolución (primer vicio formal). b. Motivará en forma específica e individualizada, cada uno de los elementos integradores del delito de fraude específico que se le imputa al quejoso y precisará con qué medios de prueba se acredita cada uno de ellos, en virtud de lo expuesto en esta resolución (segundo vicio formal). c. Motivará las circunstancias de modo y lugar del delito en estudio -fraude específico-, en virtud de lo expuesto en esta resolución (tercer vicio formal). d. Al emitir el auto de formal prisión, deberá pronunciarse respecto de la totalidad de los medios de convicción aportados por las partes, incluyendo los que exhibió el indiciado Andrés Cuautle Guevara, para sostener su versión de los hechos (cuarto vicio formal). e. Motivará adecuadamente, las razones en las que sustente la eficacia demostrativa que le otorgue a las copias certificadas de las constancias relativas a la averiguación previa penal 175/2014 del índice de la Agencia del Ministerio Público Investigador adscrito a la Mesa de Trámite Vespertina de San Andrés Cholula, Puebla, que el querellante ofertó como prueba para sostener su versión de los hechos, en los términos precisados en el apartado relativo; sin dejar de ponderar que su alcance probatorio se limita a lo que en tal indagatoria se consigna (quinto vicio formal). f. Fundará y motivará el valor que le conceda a la declaración del procesado Andrés Cuautle Guevara, conforme a los lineamientos establecidos en el capítulo relativo al estudio de este vicio formal, esto es, el juez responsable realizará un análisis en el que determine si la declaración del aludido encausado cumple con los requisitos previstos en el artículo 195 del Código de Procedimiento de Defensa Social del Estado de Puebla, para ser valorada como una confesión y si además se reúnen los aspectos destacados en el capítulo relativo, para otorgarle la calidad de calificada y divisible (sexto vicio formal). g. Motivará la probable responsabilidad del aquí quejoso y fijará con precisión las pruebas en las que sustente tal aspecto, efectuando una correcta valoración de las mismas (séptimo vicio formal)." La resolución protectora emitida el once de enero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria el treinta y uno de enero siguiente (fojas 73 a 75), por lo que en esa fecha, se requirió su cumplimiento. Por oficio 376 de doce de febrero de dos mil diecinueve (foja 86), el Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, remitió copia certificada de la resolución emitida el doce de febrero del año que transcurre (fojas 87 a 110), en la causa penal 49/2017, de su índice, instruida contra Andrés Cuautle Guevara, como probable responsable de la comisión del delito de fraude específico; con la que informó cumplir con la sentencia de amparo. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia, que en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, el Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, realizó lo siguiente: 1. En determinación de doce de febrero de dos mil diecinueve, dejó insubsistente (1) la resolución dictada por esa potestad, el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del proceso penal número 49/2017, únicamente por cuanto hace al aquí quejoso Andrés Cuautle Guevara; en la que decretó auto de formal prisión o preventiva, en contra del aludido solicitante de amparo, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico. 2. Con libertad de jurisdicción que le fue concedida, la autoridad judicial responsable dictó una nueva resolución en el mismo sentido que la reclamada (2), ya que decretó auto de formal prisión contra el indiciado Andrés Cuautle Guevara -aquí quejoso-, al considerarlo probable responsable de la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado en los artículos 403, fracción IV y 404, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Salvador Salgado Román [fojas 88 a 110), pero en dicha resolución purgó los vicios formales destacados en la sentencia de amparo, como a continuación se explica: En efecto, la autoridad responsable precisó que los elementos que conforman el cuerpo del delito de fraude específico [primer vicio formal], son los siguientes: "a). una disposición onerosa de una cosa, cum animo domini (enajenación, arrendamiento, hipoteca, empeño o gravamen de cualquier modo). b). conocimiento por el autor, de que no tiene derecho a la disposición o la arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo. c).- la defraudación propiamente dicha consiste en la obtención de un lucro cualquiera (precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó, parte de ellos o un lucro equivalente) [foja 89 vuelta). Respecto de los cuales, la autoridad responsable realizó un estudio individual, debidamente motivado, en el que precisó con qué medios de prueba demuestra cada elemento conformante del ilícito de fraude específico, previa valoración que efectuó de tales probanzas, de las que destacó los aspectos que le fueron útiles para acreditar los citados elementos normativos (fojas 102 vuelta a 105) [segundo vicio formal]. En relación al primer elemento integrante del delito de fraude específico que nos ocupa, el juez responsable refirió que la disposición onerosa de una cosa, cum animo domi (enajenación, arrendamiento, hipoteca, empeño o gravamen de cualquier modo), se acredita con la querella formulada por Salvador Salgado Román, misma que concatenó con los documentos exhibidos por el propio agraviado, consistentes en el contrato privado de compraventa de veintisiete de enero de dos mil catorce, celebrado entre el ofendido de referencia y el aquí quejoso Andrés Cuautle Guevara, respecto de una fracción de terreno que se segrega del predio rústico denominado Colexcuatla, ubicado en San Andrés Cholula, Puebla; una fotocopia simple de dos cheques, en cuya parte inferior figura la leyenda: "recibí dos cheques", una firma y el nombre del aludido Cuautle Guevara; el estado de cuenta de veintiuno de febrero de dos mil catorce, a nombre de Salvador Salgado Román, expedido por la Institución de Crédito Banco Banamex, sucursal 7176 de San Andrés Cholula; así como las declaraciones de los testigos de cargo José Arturo Mendoza Moreno y Javier Salgado Román; el deposado de Juan Tello Cuatle y, el del propio inculpado [fojas 102 vuelta y 103]. Por cuanto se refiere a los elementos conformadores del cuerpo del delito en estudio, que la autoridad responsable definió como: "B). CONOCIMIENTO, POR EL AUTOR, DE QUE NO TIENE DERECHO A LA DISPOSICIÓN O LA ARRIENDE, HIPOTEQUE, EMPEÑE O GRAVE DE CUALQUIER OTRO MODO y, C).- LA DEFRAUDACIÓN PROPIAMENTE DICHA CONSISTE EN LA OBTENCIÓN DE UN LUCRO CUALQUIERA (PRECIO, EL ALQUILER, LA CANTIDAD EN QUE LA GRAVO, PARTE DE ELLOS O UN LUCRO EQUIVALENTE), la potestad responsable los tuvo por acreditados con las mismas probanzas que se citaron al hacer referencia al primero de los elementos del cuerpo del delito que se analiza, las cuales concatenó con los informes rendidos por el Registrador Público de la Propiedad de Cholula, Puebla, con la finalidad de demostrar que el inculpado Andrés Cuautle Guevara -aquí quejoso-, no tenía derecho para enajenar el inmueble que fue materia de la compra-venta celebrada entre éste último y la parte ofendida Salvador Salgado Román, pues afirmó que aquél nunca mostró la escritura respectiva, ya que le refirió que se encontraba en trámite la escrituración del terreno en cuestión, y aunque figuran datos registrales de cuatro inmuebles a nombre de Cuautle Guevara, sin embargo, ninguno de tales bienes corresponden a la fracción de terreno que se segregó del predio rústico denominado "Colexcuatla", ubicado en San Andrés Cholula, que enajenó al agraviado mencionado. Sobre el particular, la potestad responsable indicó que tales datos, adminiculados entre sí, denotaban que previo a la celebración de la operación mercantil respectiva (veintisiete de enero de dos mil catorce), no se localizó registro alguno, del bien inmueble que fue materia de la compraventa celebrada entre el tercero interesado Salvador Salgado Román y el aquí quejoso; aspecto que la autoridad judicial responsable sustentó con la declaración de los testigos José Arturo Mendoza Moreno y Javier Salgado Román, de quienes expuso que fueron coincidentes en señalar que el vendedor -Andrés Cuautle Guevara- firmó un recibo, afirmando que el terreno era de su propiedad, a la vez que repetía que todo era legal, que dicho terreno estaba a su nombre y que todavía no aparecía en el Registro Público de la Propiedad, porque las escrituras se encontraban en trámite; además, que a principios de marzo de dos mil catorce, los citados atestes en compañía de Salvador Salgado Román, pasaron por el terreno materia de la compra-venta, en el que observaron que se encontraban dos personas construyendo, por lo que Salgado Román le llamó en ese instante a Andrés Cuautle Guevara, quien le informó que no tenía conocimiento de esos hechos y que él era el propietario. Dichos atestes destacaron que tres días posteriores, acompañaron a Salvador Salgado Román y a Andrés Cuautle Guevara, al inmueble que fue materia de la venta, lugar al que además llegó un señor grande de edad, de canas y una patrulla, quienes observaron que discutieron con Cuautle Guevara ya que la diversa persona decía que él era el dueño del lugar, motivo por el cual, el ofendido Salgado Román pidió al indiciado que le devolviera su dinero, al darse cuenta que no era el dueño del inmueble que le había vendido y que sólo lo había robado, que les consta que el inculpado se ha negado a devolverle el anticipo que le entregó, equivalente a un millón de pesos, la cual, cubrió el comprador, mediante la expedición de dos cheques, el veintisiete de enero de dos mil catorce, de lo cuales firmó un recibo, el vendedor Andrés Cuautle Guevara. A los anteriores datos de prueba, la autoridad responsable adminiculó la declaración de Juan Tello Cuautle, quien dijo constarle que el querellante entregó como pago inicial, la cantidad de un millón de pesos, al inculpado Cuautle Guevara, respecto de la operación de compra-venta del terreno señalado en el contrato celebrado el veintisiete de enero de dos mil catorce; con los medios de prueba destacados por el juez responsable, concatenados entre sí y previa valoración que realizó de cada uno de ellos, determinó que el sujeto activo del delito, con el firme propósito de obtener del agraviado una suma de dinero, enajenó la fracción de terreno que se segrega del predio rústico denominado "Colexcuatla", ubicado en San Andrés Cholula, Puebla, recibió parte de su precio, obteniendo un lucro indebido, demostrando con ello, el tercero de los elementos integradores del delito de fraude especifico [fojas 103 y 104]. Ahora, por cuanto se refiere a las condiciones de modo [tercer vicio formal], que rodearon la conducta delictiva, quedaron debidamente colmadas por la autoridad responsable, al señalar que en la cláusula primera del contrato de compra-venta, el vendedor manifestó que vendía libre de todo gravamen, que la vigencia de dicho contrato iniciaría a la firma del mismo, la vendedora daría posesión formal a la compradora, a partir del último pago que se realizara el treinta de junio de dos mil catorce; la forma en que se llevó a cabo el primer pago del precio total fijado por concepto de la venta, fue cubierto a la firma del contrato, otorgándole al querellante, específicamente en la cláusula segunda, el recibo más amplio, valedero y eficaz que en derecho procediera, fungiendo como testigos de la referida transacción, Guillermo Cuautle Guevara y Juan Tello Cuautle, quienes firmaron al calce del citado contrato. La cantidad de un millón de pesos, por concepto de anticipo o primer pago del precio total estipulado, se cubrió por el comprador Salvador Salgado Román, mediante la expedición de dos cheques números 63 y 64, de veintisiete de enero de dos mil catorce, a nombre de Andrés Cuautle Guevara y Leticia Linares Paisano, como se corrobora de la hoja tamaño carta en que figura la fotocopia de los dos cheques señalados y al calce, la leyenda "recibí dos cheques", una firma y el nombre de Cuautle Guevara; además, el estado de cuenta de veintiuno de febrero de dos mil catorce, a nombre de Salvador Salgado Román, expedido por la Institución de Crédito Banco Banamex, Sucursal 7176 de San Andrés Cholula, Puebla, del que se desprende que los cheques citados, fueron cobrados el veintiocho de enero del mismo año [foja 92]. En relación a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en el que el sujeto tuvo conocimiento que no podía disponer del bien inmueble objeto de la venta, en que se perpetró el delito de fraude específico -tercer vicio formal-, el juez responsable precisó que se actualizaron al momento de celebrar el contrato de compra-venta, el veintisiete de enero de dos mil catorce [tiempo], en el poblado de Huejotzingo, Puebla [lugar], cuando el inculpado Andrés Cuautle Guevara, manifestó en el primer punto de antecedentes "mediante instrumento número 21655 (veintiún mil seiscientos cincuenta y cinco), volumen 160 (ciento sesenta), de quince de enero de dos mil catorce, otorgado ante la fe del doctor en derecho JOSÉ ALEJANDRO ROMERO CARRETO, Titular de la Notaría Pública Número Cinco, de este Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla.acto jurídico que se encuentra pendiente de inscripción por lo reciente de su otorgamiento". En ese orden, el juez responsable, destacó las probanzas de las que estimó se inferían las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que al activo del delito tuvo conocimiento que no contaba con el derecho de disponer del inmueble enajenado, y destacó: ".ante la omisión del inculpado de acreditar la titularidad del bien enajenado, ante las manifestaciones del quejoso, en el sentido que el predio en comento tenía problemas, que quería su dinero en efectivo, sin embargo, el imputado lejos de otorgar al quejoso el documento (instrumento número 21655 (VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO) del volumen número 160 (CIENTO SESENTA), de fecha quince del mes de enero del año dos mil catorce, otorgado ante la fe del doctor en derecho JOSE ALEJANDRO ROMERO CARRETO, titular de la Notaría Pública Número Cinco, de este Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla), citado en el primer punto de antecedentes, el que refirió "se encontraba pendiente de inscripción por lo reciente de su otorgamiento", el mismo indiciado propuso al querellante, que le regresaría el pago recibido, a través de un lote de terreno, identificado como subfracción de la fracción que se segrega de los predios fusionados denominados "Memehuatla", pero ante la negativa de este último, el activo promocionaría para su venta el predio indicado y una vez que se vendiera, le entregaría la cantidad adecuada, sin intereses de ningún tipo." [circunstancia de modo] (fojas 92 vuelta y 93). Cumpliendo así la autoridad responsable, con el tercer vicio formal destacado en la ejecutoria de amparo, cuyo cumplimiento se analiza. Luego, del contenido del auto de término constitucional de doce de febrero de dos mil diecinueve, se advierte que el juez responsable se pronunció respecto a las pruebas documentales exhibidas por el indiciado Andrés Cuautle Guevara [cuarto vicio formal], en el sentido que resultaron insuficientes para desvirtuar los elementos de prueba que sirvieron para acreditar el cuerpo del delito, por las consideraciones vertidas en el apartado respectivo [foja 102]; y, precisó las circunstancias por las cuales no era viable tomar en consideración el instrumento notarial veintiún mil setecientos diecisiete, volumen ciento sesenta, pasado ante la fe del Notario Público Número Cinco, del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, que contiene el primer testimonio de ratificación de firmas realizadas a solicitud de Andrés Cuautle Guevara y Salvador Salgado Román, respecto del contrato de compra-venta exhibido por el indiciado -aquí quejoso-; con lo que quedó satisfecho el cuarto vicio formal. En otro orden, por lo que ve al quinto vicio formal destacado en la ejecutoria de amparo dictada en este asunto, la autoridad judicial responsable precisó que la prueba documental pública exhibida por el querellante Salvador Salgado Román, mediante escrito de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, para sostener la versión de los hechos denunciados, consistente en copia certificada de las constancias relativas a la averiguación previa 175/2014, del índice de la Agencia del Ministerio Público Investigador adscrito a la Mesa de Trámite Vespertina de San Andrés Cholula, Puebla, con independencia del valor probatorio que le confirió en términos del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, únicamente demuestra lo que en ella se consigna, a saber la denuncia por delito de despojo contra el inculpado Andrés Cuautle Guevara, en agravio de Carlos Arturo Carreto Ferrer, sin que tal documental por sí sola, sea suficiente para acreditar el delito de fraude específico, pues los hechos investigados en la pesquisa 175/2014, no pueden determinar los elementos del cuerpo del delito por el que se instruye al aquí quejoso Andrés Cuautle Guevara, la causa penal 49/2017 del control del Juzgado de lo Penal de Huejotzingo, Puebla [foja 98 vuelta y 99]. Por cuanto se refiere al sexto vicio formal indicado por esta potestad, relativo a que el juez responsable funde y motive el valor que le concediera a la declaración del procesado Andrés Cuautle Guevara, al respecto dicho juzgador subsanó tal deficiencia, al establecer que la misma se traduce en una negación de su participación en la ejecución del delito patrimonial que se le atribuye, sin que se encuentre apoyada en otros medios de prueba que desvirtúen los elementos que sirvieron de base para demostrar la materialidad del delito, así como la identidad del declarante en su ejecución; razón por la cual, otorgó al dicho del inculpado, valor probatorio en términos de lo dispuesto en el artículo 193 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, exponiendo los argumentos que estimó pertinentes para sostener tal valoración [foja 101 vuelta]. Finalmente, el juez responsable motivó debidamente, la probable responsabilidad del quejoso, bajo el grado de autoría criminal, en términos de lo previsto en el artículo 21, fracción I, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, para el Estado de Puebla, pues estableció que existe como elemento central de incriminación, la querella formulada por Salvador Salgado Román, en contra del aquí quejoso Andrés Cuautle Guevara, asimismo, fijó los medios de convicción con los cuales a su consideración, sustentó la probable responsabilidad del inculpado de referencia [fojas 105 a 108], ya que al concatenarlos entre sí, la autoridad responsable arribó a la conclusión que el sujeto activo probablemente dispuso del bien inmueble (enajenó), consistente en la fracción de terreno que se segrega del predio rústico denominado "Colexcuatla", ubicado en San Andrés Cholula, Puebla, con conocimiento que no tenía derecho a disponer del mismo, en virtud que al tiempo de celebrarse el contrato de compra-venta -veintisiete de enero de dos mil catorce-, no existía registro alguno que acreditara la titularidad o propiedad del bien enajenado, sin embargo, recibió parte de su precio, obteniendo un lucro indebido; con lo que quedó reparado el séptimo vicio formal destacado en la resolución de amparo emitida en este asunto, el once de enero de dos mil diecinueve. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, el once de enero de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE quejosa EL PROVEÍDO DE 15 DE febrero DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, quince de febrero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 376 signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, mediante el cual, en atención a la solicitud planteada en el comunicado 56 derivado de proveído de treinta y uno del mes pasado, remite copia certificada de la resolución dictada el doce de febrero del año en curso, en cumplimiento a la sentencia pronunciada en este juicio de garantías. En tal sentido, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa, al tercero interesado Salvador Salgado Román y autoridad tercero interesada por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga; apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación..."

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