Andrés Constantino Caloch Matlalcuatzi
Expediente 712/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 712/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Andrés Constantino Caloch Matlalcuatzi
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.
- Principal
Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del veintiocho de junio de dos mil dieciséis,q ue en la parte que interesa dice: "Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Asimismo, téngasele remitiendo copia certificada de diversas constancias del expediente laboral 5/2016 de su índice, documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Del citado informe se desprende que la autoridad responsable, manifestó que es cierto el acto reclamado; sin embargo, precisó que con fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se cerró la instrucción en el expediente laboral 5/2016 de su índice, circunstancia que acreditó con la copia certificada de algunas constancias del referido juicio, que adjuntó a su informe justificado. Lo anterior pone de manifiesto que al momento de la presentación de la demanda de amparo -diecisiete de junio de dos mil dieciséis- no habían transcurrido los plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo para dictar el laudo, pues si se declaró cerrada la instrucción el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, es evidente que aún no habían transcurrido los diez días con que cuenta el auxiliar para formular el proyecto de laudo, así como, los cinco días con que cuentan los miembros de la citada junta para examinarlo, hacer las observaciones que estimen pertinentes o soliciten el desahogo de diligencias pendientes y así tampoco había empezado a correr el diverso de diez días para que el presidente convoque a los miembros de la junta para la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto, hasta el momento de la presentación de la demanda de amparo; de ahí que no se puede considerar que la responsable ha sido omisa en su emisión. Resulta pertinente destacar que la interpretación sistemática de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV, y 75 de la Ley de Amparo, revela que el juicio de garantías es procedente contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que antes de estudiar otras cuestiones, el juzgador de amparo debe analizar el acervo probatorio y determinar oficiosamente si con él se acredita o no la existencia de los actos reclamados, pues sólo en caso de que así sea, podrá proceder al estudio de las causas de improcedencia respecto del caso concreto y, eventualmente, del fondo del asunto, tal como lo corrobora la tesis aislada CXLVII/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 439 del tomo XXVI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2007 de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla -aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido- y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo." Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación por analogía al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Expuesto lo anterior, a fin de contar con mayores elementos que permitan comprender el sentido de esta resolución, conviene precisar que no deben confundirse las nociones de "no hacer" y omisión. La diferencia entre ellas es que los estados de inacción no están conectados con ninguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacen las autoridades pertenecen simplemente a la dimensión del no hacer, la cual no tiene ninguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquéllas cuestiones que no hacen, pero que por alguna razón tenían el deber de haberlas hecho, constituyen las llamadas omisiones. Tales consideraciones derivan del criterio sustentado en la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "INTERPRETACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIÓN DE REALIZARLA DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS. Cuando se alega que el Tribunal Colegiado del conocimiento no realizó la interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal en un juicio de amparo directo, debe distinguirse si se trata de actos negativos u omisivos. La diferencia entre ellos radica en que los estados de inacción no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de un deber, mientras que las omisiones sí. Esto es, las cosas que simplemente no hacemos no tienen repercusiones en términos normativos; en cambio, otras cosas que no hacemos, pero que teníamos el deber de hacer, constituyen omisiones. De este modo, se concluye que el hecho de que un Tribunal Colegiado no haya llevado a cabo la interpretación a que alude el quejoso en sus agravios, no implica que haya incurrido en el incumplimiento de algún deber, pues para que exista la obligación de realizar dicha interpretación -en el sentido de establecer los alcances de una norma constitucional-, se requiere que: 1) el quejoso lo hubiese solicitado; 2) quede demostrado que algún precepto constitucional (o parte de él) es impreciso, vago o genera dudas; y 3) dicho precepto se hubiera aplicado al quejoso sin haber despejado racionalmente esas dudas, en menoscabo de sus garantías." (Novena Época. Registro: 171435. Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de 2007. Materia(s): Común. Tesis: 1a. CXC/2007. Página: 386). Luego, para determinar si existe o no omisión por parte de la autoridad responsable, se debe atender a lo dispuesto en los artículos 884, 885, 886, 887, 888, 889 y 890, de la Ley Federal del Trabajo, que establecen: "Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio; III. Si las pruebas por desahogar son únicamente copias o documentos que deban remitir autoridades o terceros, la Junta los requerirá en los siguientes términos: a) Si se tratare de autoridades, la Junta las requerirá para que envíen dichos documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte, la Junta lo comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y b) Si se trata de terceros, la Junta dictará las medidas de apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o documentos respectivos; IV. La Junta deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial; y, si no lo hiciere en el momento de la audiencia, se le concederán tres días para ello, apercibiéndola de que, en caso contrario, se dejará sin efectos la declaración correspondiente; y V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito. Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890.- Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." De las disposiciones legales transcritas se desprende que en el procedimiento laboral, una vez desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes y expresados los alegatos, el secretario certificará que no existen pruebas pendientes por desahogar, por lo que el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y formulará el proyecto de laudo dentro de los diez días siguientes, mismo que deberá ser examinado por los miembros de la junta, quienes podrán solicitar dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción, se practiquen las diligencias pendientes, para lo cual la Junta señalará día y hora dentro del plazo de ocho días y una vez fenecido el término concedido o desahogadas las diligencias respectivas, el presidente de la junta deberá convocar a los miembros que la integran para la discusión y votación del proyecto, lo que harán dentro de los diez días siguientes al en que haya concluido el término fijado o desahogadas las diligencias; si el proyecto de resolución fuere aprobado sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo, firmado de inmediato por los miembros de la Junta, si hubieren modificaciones o adiciones se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo; engrosado el laudo, el secretario recabará las firmas de los miembros de la Junta que votaron y hecho lo anterior turnará el expediente al actuario para la notificación personal a las partes en el juicio laboral. En el caso, el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, la Junta responsable dictó el siguiente proveído: "(.) TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA, A VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉS.- Visto que las partes en el presente expediente laboral renunciaron a su derecho a formular alegatos, y visto el estado que guardan los autos en que se actúa proceda el Secretario de Acuerdos a certificar si existen pruebas pendientes por desahogar. NOTIFÍQUESE POR ESTRADOS A LAS PARTES. ASÍ LO ACORDARON Y FIRMARON LOS CIUDADANOS INTEGRANTES DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUARENTA Y SEIS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DOY FE. El C. Secretario de la Junta, CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el en el expediente en el que se actúa, no existen pruebas pendientes por desahogar.- Doy fe. LIC. SERGIO HUMBERTO PALOMEQUE DOMÍNGUEZ. El C. Auxiliar de la Junta, con fundamento en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, y vista la certificación que antecede se declara cerrada la instrucción y se ordena turnar los autos a proyecto de resolución en forma de ludo. NOTIFÍQUESE POR ESTRADOS. ASÍ LO ACORDARON Y FIRMARON LOS CIUDADANOS INTEGRANTES DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUARENTA Y SEIS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DOY FE. LIC. MA. LOURDES MELLADO CHAMORRO." Del citado proveído, al que dada su naturaleza pública se le concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral 5/2016, de donde emana el acto reclamado, y ordenó turnar los autos para realizar el proyecto en forma de laudo. Lo anterior pone de manifiesto que al momento de la presentación de la demanda de amparo -diecisiete de junio de dos mil dieciséis- no habían transcurrido los plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo para dictar el laudo, pues si se declaró cerrada la instrucción el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, es evidente que aún no habían transcurrido los diez días con que cuenta el auxiliar para formular el proyecto de laudo, así como, los cinco días con que cuentan los miembros de la citada junta para examinarlo, hacer las observaciones que estimen pertinentes o soliciten el desahogo de diligencias pendientes y así tampoco había empezado a correr el diverso de diez días para que el presidente convoque a los miembros de la junta para la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto, hasta el momento de la presentación de la demanda de amparo; de ahí que no se puede considerar que la responsable ha sido omisa en su emisión. En conclusión, la existencia del acto reclamado se debe acreditar respecto a la fecha de presentación de la demanda, tal como lo refiere la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." Se decide así sin desdoro de que en el supuesto que la responsable no realice las gestiones necesarias tendentes a cumplimentar el procedimiento establecido en los artículos 884 al 890, en relación con el diverso 685 de la Ley Federal del Trabajo, el quejoso esté en aptitud de promover un nuevo juicio de amparo. En tal virtud, ante la inexistencia del acto reclamado, procede sobreseer en el presente juicio, en términos de lo establecido en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno y de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido."
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Andrés Constantino Caloch Matlalcuatzi, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, quien reclama la omisión de emitir el laudo dentro del juicio laboral 5/2016 de su índice. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 712/2016-VI. Una vez precisado lo anterior y en atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo que promueve Andrés Constantino Caloch Matlalcuatzi, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala. Con base en lo anterior, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, en el que deberá expresar la declaración precisa respecto de si es cierto o no el acto que se le reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual deberá remitírsele copia de la demanda de amparo, en el entendido de que la autoridad responsable deberá acompañar copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias que apoyen su informe, apercibida de que en caso de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y para tal efecto, expídase oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), de la ley de la materia. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS para el desahogo de la audiencia constitucional. Ahora, conforme a lo establecido por el artículo 5° fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, se tiene como tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se ordena emplazarlo mediante oficio, con copia simple de la demanda de amparo y del presente proveído, haciéndole saber la fecha de la audiencia constitucional y el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene.
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