Andres Castillo Puertos

Expediente 591/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
591/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Andres Castillo Puertos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución de cinco de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Finalmente, vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitiera la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Orizaba, Veracruz, en atención a su contenido, mediante el cual acusa recibo del oficio 27243/2022 de cinco de octubre del actual, por medio del cual se le notificó la determinación emitida en esa data. Cúmplase.

  3. Principal

    Notifíquese, personalmente al quejoso y a la tercero interesada.

  4. Principal

    NO ATENDIÓ CITATORIO LA PARTE TERCERO INTERESADA. Córdoba, Veracruz, a cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia en relación con el acto reclamado, lo que da lugar a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. En el caso, el acto reclamado consiste en la interlocutoria de veintisiete de junio de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 812/2019, promovido por el aquí quejoso, ... contra ..., en la que el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, aprobó la planilla de liquidación de honorarios exhibida por esta última, y despachó ejecución. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos de la resolución reclamada. Se explica. La mencionada porción normativa establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De acuerdo con dicha disposición legal el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Resulta pertinente mencionar que existen dos tipos de cesación de efectos, a saber: 1. Por revocación; y 2. Por sustitución. El primer supuesto surge cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que, para efectos del juicio constitucional respecto de este último acto el amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 1491, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". Supuesto este último que, en la especie, se actualiza, como a continuación se expondrá. Como se señaló, el quejoso, Andrés Castillo Puertos, promovió el presente juicio de amparo indirecto para reclamar la interlocutoria de veintisiete de junio de dos mil veintidós, dictada en el contencioso natural, en la que se aprobó la planilla de liquidación de honorarios exhibida por la tercero interesada. Sin embargo, del contenido de las copias certificadas deducidas del controvertido de origen, se advierte que mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintidós, ante el juez responsable, el quejoso interpuso el recurso de apelación previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado (fojas 192 a 195 del tomo de pruebas). Asimismo, por acuerdo de cinco de julio de este año, el juez local desechó de plano dicho medio de impugnación, bajo el argumento de que, contra dicha determinación no procede recurso ordinario de conformidad con el artículo 361 del citado ordenamiento adjetivo. Ahora, en relación con la impugnabilidad de la interlocutoria que resuelve la planilla de liquidación de costas (concepto que incluye los honorarios de abogados patronos), es pertinente invocar las siguientes jurisprudencias emitidas por los tribunales colegiados de este circuito y, por ende, de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, a saber: Jurisprudencia VII.2o.C. J/14, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 1157, Tomo XV, Marzo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "COSTAS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS APRUEBA, PROCEDE RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). En tratándose de la regulación de gastos y costas, el procedimiento para su liquidación es el establecido por el artículo 106 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, y no el que refiere el diverso artículo 361 de ese código adjetivo, respecto del cual no cabe recurso alguno en contra de ese procedimiento, de ahí que siendo aquélla una regla específica en cuanto a la liquidación de gastos y costas, debe estarse a ella; por lo que si sobre la resolución que a dicho incidente de liquidación de costas recae no existe disposición expresa que prohíba, como en el 361, la procedencia de recurso alguno, luego entonces, debe estarse a lo establecido por el artículo 509 de dicho ordenamiento legal, relativo a que en tratándose de un auto que resuelve un incidente, como es el de liquidación de gastos y costas, es procedente el recurso de apelación; por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente en contra del referido auto si no se agota el principio de definitividad, actualizándose la causa de improcedencia establecida por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo". Jurisprudencia VII.1o.C. J/22, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 723, Tomo XXII, Noviembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "COSTAS. LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN RELATIVO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Sobre la base de que el concepto de costas es de carácter procesal y que es consecuencia de la sentencia que las constituye, su liquidación no debe considerarse como parte integrante de la ejecución de un fallo, sino que tiene regulación especial, en la vía incidental, conforme al título primero, capítulo VII (artículos del 100 al 108) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Bajo esa tesitura, acorde con los preceptos 56, fracción II, y 509, ambos del mismo ordenamiento, el auto dictado por el Juez responsable que resuelve la planilla de costas formulada por la parte vencedora en el litigio, admite el recurso de apelación. De los criterios obligatorios transcritos se obtiene, en síntesis, que contra la resolución que decide el incidente de liquidación de costas en los juicios civiles del fueron común que se tramitan en esta entidad federativa, procede el recurso de apelación previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y que no resulta aplicable a ese tipo de interlocutorias la restricción impugnativa que establece el diverso 361 de ese ordenamiento. De ello deriva que en el presente contencioso constitucional se actualiza la hipótesis de improcedencia de mérito, pues la resolución de veintisiete de junio del año en curso que se reclama, debe considerarse sustituida procesalmente por el auto cinco de julio de este mismo año, en el que el juez responsable desechó de plano el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso contra aquella interlocutoria. Así es, pues la vigencia y ejecutividad de la resolución que aprobó la planilla de liquidación de honorarios (que forma parte de las costas), deriva ahora de lo resuelto por el juez natural en relación con el recurso de apelación que el peticionario interpuso contra dicha determinación. En el entendido de que, de la lectura integral de la demanda de amparo claramente se advierte que lo único que combate el quejoso es la interlocutoria que aprobó la planilla de liquidación de honorarios; en otras palabras, en forma alguna se inconforma contra el proveído que desechó el recurso de apelación de mérito. Sin que pueda considerarse que con el sentido de esta resolución se deja en estado de indefensión al peticionario del amparo, pues de la revisión de las copias certificadas del juicio natural, se observa que mediante escrito presentado el siete de julio de esta anualidad (fojas 197 a 200 del tomo de pruebas), la autorizada del aquí quejoso interpuso contra el auto de cinco de los citados mes y año (que desechó la apelación), el recurso de queja previsto en el artículo 525 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual, de conformidad con su fracción III, procede contra los autos que deniegan la apelación; medio de impugnación que se ordenó tramitar en proveído de tres de agosto de este año (foja 196 ídem). Esto es, jurídicamente existe la posibilidad de que el quejoso, en sede ordinaria, obtenga la revocación del proveído de siete de julio del año en curso, que desechó la apelación interpuesta contra la interlocutoria que aprobó la liquidación de honorarios exhibida por su contraparte en el juicio natural, para el efecto de que aquélla sea admitida; lo que implica, en consecuencia, que aún es factible que consiga la revocación o modificación de dicha interlocutoria mediante el análisis de su inconformidad elevada a través de la apelación. Apoya las consideraciones antes expuestas, la tesis 1747 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 2000, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte-TCC Segunda Sección-Improcedencia y sobreseimiento, que a continuación se transcribe: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". Asimismo, es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 77/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 841, del Libro XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil doce, tomo1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva". Se precisa que las copias certificadas del juicio de origen, a las que se hizo alusión a lo largo de esta resolución, constituyen documentos públicos que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de las atribuciones que la ley le otorga. En las relatadas condiciones, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. En el entendido de que se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia actualizada, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse. Ante ello, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Notifíquese, personalmente al quejoso y a la tercero interesada.

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