Andres Carlos Maiz Iñigo
Expediente 650/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 33 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 12/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Andres Carlos Maiz Iñigo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por la Magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, a través del cual remite copia certificada del acta de audiencia de cinco de marzo de dos mil dieciocho, celebrada en el expediente 318/15, de su índice; en atención a lo anterior, se ordena agregar únicamente para que obre como corresponda, toda vez que mediante proveído de veintiséis de febrero del año en curso, se declaró el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Miguel Ángel Rojas Araos, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte tercera interesada el auto y/o resolución del veintiséis de febrero del dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el juicio en que se actúa, del cual se advierte que la autoridad responsable informó a este órgano jurisdiccional la manera en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con lo que se dio vista a la quejosa y tercero interesado por el plazo de tres días, sin que hayan realizado manifestaciones al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. Luego, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en las constancias que obran en autos respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación con el registro 192174, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En ese contexto, es pertinente precisar que en sentencia engrosada el nueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 241 a 252), la cual causó ejecutoria, al no haber sido recurrida por ninguna de las partes, mediante proveído de doce de diciembre de dos mil diecisiete (foja 325), el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, concedió la protección de la Justicia de la Unión a Andrés Carlos Maíz Iñigo, para efecto de que la autoridad responsable: "a) Deje insubsistente todo lo actuado en el Juicio Agrario 318/2015, promovido por Joel Castañeda Román contra Andrés Carlos Maíz Iñigo, a partir de la diligencia de emplazamiento de 4 (cuatro) de noviembre de 2015 (dos mil quince). b) Ordene al actuario de su adscripción practique nuevamente el emplazamiento del demandado Andrés Carlos Maíz Iñigo, para lo cual deberá observar las formalidades esenciales establecidas para esa clase de diligencias y que se precisaron en esta determinación." En atención a lo anterior, mediante oficio registrado con folio 503 (fojas 333 a 337), el delegado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 49, remitió copia certificada del proveído de quince de diciembre de dos mil diecisiete, del cual se advierte que dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente agrario 318/2015, y ordenó emplazar al demandado (aquí quejoso); asimismo, señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley y ordenó enviar oficio al Registro Agrario Nacional en el Estado de Morelos, a efecto de que cancelara los asientos registrales o certificados que se hubieren expedido a favor del actor. Posteriormente, mediante oficio recibido con folio 4417, la referida autoridad responsable remitió copia certificada del emplazamiento realizado a la aquí quejosa el nueve de enero de dos mil dieciocho (fojas 350 a 352). En ese orden de ideas, se estima que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio, debido a que en primer lugar, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49 en el Estado de Morelos, mediante proveído de quince de diciembre de dos mil diecisiete, dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente agrario 318/2015 y ordenó la cancelación de los certificados de derechos agrarios que expidió a favor del actor; además, emplazó al demandado aquí quejoso. Por lo expuesto, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida ya que, como se apuntó, se restituyó a Andrés Carlos Maíz Iñigo en el pleno goce de sus derechos violados, sin incurrir en exceso o defecto al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, visto lo acordado anteriormente, de donde se advierte que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, una vez que transcurra el plazo establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese de nueva cuenta a fin de proveer respecto de la devolución de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con su informe justificado. En consecuencia, toda vez que no existe trámite por realizar ni diligencia por desahogar, con fundamento en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo, fracciones VI, XV y XXI, décimo primero y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve; se ordena archivar, como asunto concluido, el expediente judicial en que se actúa, el cual por tratarse de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional, carecer de valor jurídico o histórico y no considerarse de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el último párrafo del punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto en cita, es susceptible de depuración. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado. Asimismo, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero del referido Acuerdo General Conjunto, se hace saber a las partes que quedan a su disposición por un plazo de noventa días, los documentos originales que, en su caso, hayan presentado ante este órgano jurisdiccional; lo anterior, con el apercibimiento que de no presentarse debidamente identificados a recogerlos, estos serán agregados al expediente y llegado el momento podrán ser destruidos. Asimismo, se les indica que la devolución se realizará en días hábiles y en el horario comprendido de diez a catorce horas. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula, así como en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente...
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintiséis de febrero del dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el juicio en que se actúa, del cual se advierte que la autoridad responsable informó a este órgano jurisdiccional la manera en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con lo que se dio vista a la quejosa y tercero interesado por el plazo de tres días, sin que hayan realizado manifestaciones al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. Luego, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en las constancias que obran en autos respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación con el registro 192174, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En ese contexto, es pertinente precisar que en sentencia engrosada el nueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 241 a 252), la cual causó ejecutoria, al no haber sido recurrida por ninguna de las partes, mediante proveído de doce de diciembre de dos mil diecisiete (foja 325), el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, concedió la protección de la Justicia de la Unión a Andrés Carlos Maíz Iñigo, para efecto de que la autoridad responsable: "a) Deje insubsistente todo lo actuado en el Juicio Agrario 318/2015, promovido por Joel Castañeda Román contra Andrés Carlos Maíz Iñigo, a partir de la diligencia de emplazamiento de 4 (cuatro) de noviembre de 2015 (dos mil quince). b) Ordene al actuario de su adscripción practique nuevamente el emplazamiento del demandado Andrés Carlos Maíz Iñigo, para lo cual deberá observar las formalidades esenciales establecidas para esa clase de diligencias y que se precisaron en esta determinación." En atención a lo anterior, mediante oficio registrado con folio 503 (fojas 333 a 337), el delegado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 49, remitió copia certificada del proveído de quince de diciembre de dos mil diecisiete, del cual se advierte que dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente agrario 318/2015, y ordenó emplazar al demandado (aquí quejoso); asimismo, señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley y ordenó enviar oficio al Registro Agrario Nacional en el Estado de Morelos, a efecto de que cancelara los asientos registrales o certificados que se hubieren expedido a favor del actor. Posteriormente, mediante oficio recibido con folio 4417, la referida autoridad responsable remitió copia certificada del emplazamiento realizado a la aquí quejosa el nueve de enero de dos mil dieciocho (fojas 350 a 352). En ese orden de ideas, se estima que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio, debido a que en primer lugar, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49 en el Estado de Morelos, mediante proveído de quince de diciembre de dos mil diecisiete, dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente agrario 318/2015 y ordenó la cancelación de los certificados de derechos agrarios que expidió a favor del actor; además, emplazó al demandado aquí quejoso. Por lo expuesto, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida ya que, como se apuntó, se restituyó a Andrés Carlos Maíz Iñigo en el pleno goce de sus derechos violados, sin incurrir en exceso o defecto al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, visto lo acordado anteriormente, de donde se advierte que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, una vez que transcurra el plazo establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese de nueva cuenta a fin de proveer respecto de la devolución de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con su informe justificado. En consecuencia, toda vez que no existe trámite por realizar ni diligencia por desahogar, con fundamento en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo, fracciones VI, XV y XXI, décimo primero y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve; se ordena archivar, como asunto concluido, el expediente judicial en que se actúa, el cual por tratarse de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional, carecer de valor jurídico o histórico y no considerarse de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el último párrafo del punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto en cita, es susceptible de depuración. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado. Asimismo, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero del referido Acuerdo General Conjunto, se hace saber a las partes que quedan a su disposición por un plazo de noventa días, los documentos originales que, en su caso, hayan presentado ante este órgano jurisdiccional; lo anterior, con el apercibimiento que de no presentarse debidamente identificados a recogerlos, estos serán agregados al expediente y llegado el momento podrán ser destruidos. Asimismo, se les indica que la devolución se realizará en días hábiles y en el horario comprendido de diez a catorce horas. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula, así como en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente...
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el juicio en que se actúa, del cual se advierte que la autoridad responsable informó a este órgano jurisdiccional la manera en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con lo que se dio vista a la quejosa y tercero interesado por el plazo de tres días, sin que hayan realizado manifestaciones al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. Luego, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en las constancias que obran en autos respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación con el registro 192174, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En ese contexto, es pertinente precisar que en sentencia engrosada el nueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 241 a 252), la cual causó ejecutoria, al no haber sido recurrida por ninguna de las partes, mediante proveído de doce de diciembre de dos mil diecisiete (foja 325), el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, concedió la protección de la Justicia de la Unión a Andrés Carlos Maíz Iñigo, para efecto de que la autoridad responsable: "a) Deje insubsistente todo lo actuado en el Juicio Agrario 318/2015, promovido por Joel Castañeda Román contra Andrés Carlos Maíz Iñigo, a partir de la diligencia de emplazamiento de 4 (cuatro) de noviembre de 2015 (dos mil quince). b) Ordene al actuario de su adscripción practique nuevamente el emplazamiento del demandado Andrés Carlos Maíz Iñigo, para lo cual deberá observar las formalidades esenciales establecidas para esa clase de diligencias y que se precisaron en esta determinación." En atención a lo anterior, mediante oficio registrado con folio 503 (fojas 333 a 337), el delegado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 49, remitió copia certificada del proveído de quince de diciembre de dos mil diecisiete, del cual se advierte que dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente agrario 318/2015, y ordenó emplazar al demandado (aquí quejoso); asimismo, señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley y ordenó enviar oficio al Registro Agrario Nacional en el Estado de Morelos, a efecto de que cancelara los asientos registrales o certificados que se hubieren expedido a favor del actor. Posteriormente, mediante oficio recibido con folio 4417, la referida autoridad responsable remitió copia certificada del emplazamiento realizado a la aquí quejosa el nueve de enero de dos mil dieciocho (fojas 350 a 352). En ese orden de ideas, se estima que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio, debido a que en primer lugar, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49 en el Estado de Morelos, mediante proveído de quince de diciembre de dos mil diecisiete, dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente agrario 318/2015 y ordenó la cancelación de los certificados de derechos agrarios que expidió a favor del actor; además, emplazó al demandado aquí quejoso. Por lo expuesto, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida ya que, como se apuntó, se restituyó a Andrés Carlos Maíz Iñigo en el pleno goce de sus derechos violados, sin incurrir en exceso o defecto al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, visto lo acordado anteriormente, de donde se advierte que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, una vez que transcurra el plazo establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese de nueva cuenta a fin de proveer respecto de la devolución de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con su informe justificado. En consecuencia, toda vez que no existe trámite por realizar ni diligencia por desahogar, con fundamento en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo, fracciones VI, XV y XXI, décimo primero y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve; se ordena archivar, como asunto concluido, el expediente judicial en que se actúa, el cual por tratarse de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional, carecer de valor jurídico o histórico y no considerarse de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el último párrafo del punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto en cita, es susceptible de depuración. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado. Asimismo, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero del referido Acuerdo General Conjunto, se hace saber a las partes que quedan a su disposición por un plazo de noventa días, los documentos originales que, en su caso, hayan presentado ante este órgano jurisdiccional; lo anterior, con el apercibimiento que de no presentarse debidamente identificados a recogerlos, estos serán agregados al expediente y llegado el momento podrán ser destruidos. Asimismo, se les indica que la devolución se realizará en días hábiles y en el horario comprendido de diez a catorce horas. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula, así como en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Miguel Ángel Rojas Araos, secretario que autoriza y da fe.
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