Andrés Cárdenas Guerrero
Expediente 966/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Andrés Cárdenas Guerrero
Actuaciones
- Incidental
De conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, ténganse recibidos los oficios sin número firmados autógrafamente por la Jefa del Departamento Contencioso en sustitución de la Secretaria de Educación Pública y Cultura y Directora General, así también, por el Coordinador y Subdirectora de Sistemas e Informática, todos de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través de los cuales rinden su respectivo informe previo; memoriales que se ordenan agregar al cuaderno auxiliar formado a efecto de agregar las constancias que continúen presentándose de manera física y con los que se da vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que respecta a los delegados señalados por las autoridades responsables, se deberán estar a lo acordado en auto de diez de noviembre de dos mil veintitrés.
- Incidental
Téngase recibido el oficio 715.2023.CTCIyAR.2/0815, remitido vía correo electrónico por la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (DGSANEF), con sede en Ciudad de México, mediante el cual pretende rendir informe previo; memorial y anexo que únicamente se ordena agregar a los autos para que obre como constancia. Lo anterior, toda vez que el comunicado de cuenta fue remitido por la vía indicada sin firma electrónica; por tanto, requiérase a la autoridad oficiante a fin de que dentro del lapso concedido rinda nuevamente su informe, en el entendido de que si decide remitirlo por medios electrónicos, éste deberá contener la respectiva firma electrónica, ya sea firma electrónica avanzada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la cual podrá promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o la e.firma emitida por el Servicio de Administración Tributaria, o bien, con firma autógrafa si lo presenta directamente en Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis VII.1o.T. J/1 K (11a.) de los Tribunales Colegiado de Circuito, de rubro "RECURSO DE QUEJA ENVIADO AL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DEL JUZGADO DE DISTRITO. AL NO ESTAR PREVISTA ESA FORMA DE PRESENTACIÓN EN LA LEY DE AMPARO NI EN EL ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, DEBE DESECHARSE POR CARECER DE LOS REQUISITOS PARA SU INTERPOSICIÓN". Por otra parte, del estado de los autos, se advierte que no obran las constancias de notificación de los oficios 21549/2023, 21550/2023 y 21551/2023, a través de los cuales se requirió a las autoridades responsables foráneas su informe previo; en consecuencia, para dar margen a que se impongan del contenido de dichos memoriales y den cumplimiento a lo ahí peticionado, la audiencia incidental señalada para el día de hoy, SE DIFIERE a fin de que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Sin que se soslaye la circunstancia de que el arábigo 138, en su fracción II, de la Ley de Amparo, establece el plazo de cinco días para la fijación de la audiencia de mérito; sin embargo, se estimó el anterior señalamiento de fecha y hora, para otorgar un término prudente y lograr la recepción por parte de las autoridades destinatarias de los comunicados de mérito, en tanto que, es del conocimiento para quien esto provee, que la devolución del acuse correspondiente tarda por lo menos treinta días; por tanto, tomando en consideración la fecha de la emisión de los oficios que nos ocupan, el señalar una más próxima a la indicada, podría traer como consecuencia que no se logren los extremos que se acaban de precisar y por tanto, se difiera de nueva cuenta la audiencia incidental.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la boleta de turno de incompetencia de amparo con número de registro 20230872034001026, a la que se adjuntó el oficio 29384/2023, firmado autógrafamente por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, así como, con la demanda firmada autógrafamente por Andrés Cárdenas Guerrero, y sus anexos, que dio origen al juicio de amparo indirecto 1259/2023, contra actos de la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (DGSANEF), de la Secretaría de Educación Pública, con sede en Ciudad de México, y otras autoridades, dentro del cual se dictó proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, en el que el titular del preindicado juzgado federal, se declaró legalmente incompetente para resolver el citado asunto por razón de territorio, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. SE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA. En atención a las consideraciones vertidas por la autoridad oficiante en el comunicado que se atiende, este juzgado dentro del término que establece el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de amparo, acepta la competencia declinada y asume el conocimiento del juicio de amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento del titular del juzgado declinante vía interconexión. Por tanto, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que acuse recibo al Juzgado remitente vía interconexión, a través del módulo "Expediente- Envío de documentos a órganos" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 966/2023. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden y ejecución de las retenciones o descuentos a su salario, como trabajador activo, que aparecen plasmados en su recibo de nómina 16978, correspondiente a la primera quincena de octubre de dos mil veintitrés, bajo los conceptos: "HIVN, TOTAL CREDIT, SAPI DE CV, VIVALIA, SA DE CV, SOFOM, FISOFO SA DE CV, SOFOM ENR, FAMSA, DIRECTODO S DE RL DE CV, CONSUPAGO y AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS DE LIQUIDEZ". ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y demás relativos de la ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo. SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por separado fórmese y tramítese el incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que, por regla general, con fundamento en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en el juicio de amparo indirecto no será necesaria la formación del duplicado físico del incidente de suspensión. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que llegaran a derivar del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a las autoridades responsables, el cual deben rendir dentro del término de quince días siguientes a aquel en que se notifiquen, donde expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 en consulta. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, las constancias en la forma indicada, se les impondrán una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio, lo anterior, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los artículos 9, párrafo primero, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para el cuaderno incidental derivado de este juicio. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Infórmese a las autoridades responsables que tienen la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan, toda vez que este juzgado en lo subsecuente notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, verbigracia, la sentencia que se llegue a dictar, más no acuerdos de mero trámite y diferimientos de la audiencia constitucional. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para el cuaderno incidental derivado de este juicio. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Así como el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.20o.A.2 K (10a.), de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO." CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. Con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten ya que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medida de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Se reserva su emplazamiento hasta en tanto se cuente con el informe justificado de las autoridades responsables, toda vez que la parte quejosa no proporciona su domicilio. PRUEBAS. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene ofrecida la prueba documental que se anexa al escrito de demanda, y que consiste en el recibo de nómina con número de comprobante 16978, correspondiente a la primera quincena de octubre de dos mil veintitrés, de cuyo análisis, se desprende el apartado correspondiente a las deducciones dentro de las cuales destacan las que son materia del reclamo en el presente juicio biinstancial, a saber, las señaladas bajo los conceptos: "HIVN, TOTAL CREDIT, SAPI DE CV, VIVALIA, SA DE CV, SOFOM, FISOFO SA DE CV, SOFOM ENR, FAMSA, DIRECTODO S DE RL DE CV, CONSUPAGO y AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS DE LIQUIDEZ". Sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional respectiva en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Téngase como autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Hugo Quintero Ortega, quien tiene su cédula profesional 9862265 autorizada en el Registro Único de Profesionales de Derecho y a Juan Luis Astengo Urtusuastegui, Valeria Guadalupe Lizárraga Aguilar, Francisco Javier Álvaro Rodríguez, Miguel Eduardo Cervantes Rocha y Gabriela López Placencia, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, por no contar con dicho registro. Asimismo, se le tiene proporcionando el correo electrónico juan_au72@hotmail.com y el teléfono 6671-05-85-56, como medios no procesales. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso pudiera derivar del mismo. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO. Con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 al 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, de acuerdo con el numeral 2°de la Ley de la Materia, así como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, envíese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito de en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva notificar el presente proveído al quejoso Andrés Cárdenas Guerrero, en el domicilio ubicado en la calle Mariano Escobedo, número 361 Oriente, planta alta, colonia Centro, de Culiacán, Sinaloa, y requerirlo para que en el acto de la diligencia o en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa; apercibiéndole que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo; una vez realizado lo anterior, remitan por la misma vía electrónica a este órgano jurisdiccional, a la brevedad posible, las constancias de notificaciones ordenadas en el presente auto, así como los acuerdos en los que hayan determinado devolver las comunicaciones de mérito. En ese sentido, se autoriza al órgano jurisdiccional exhortado a llevar a cabo todas las diligencias necesarias a fin de realizar la actuación que se le encomienda, incluyendo la habilitación de días y horas inhábiles para la realización de la notificación en comento, de conformidad con lo establecido por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo. Sin que resulte necesario que el órgano jurisdiccional a quien se le encomienda la diligencia en cita ACUSE RECIBO, toda vez que al realizarse el envío electrónico de la comunicación oficial de referencia, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes generará la papeleta de turno y este juzgado tendrá conocimiento de a quién corresponderá conocer del presente exhorto. Lo anterior, encuentra apoyo en el Capítulo Noveno del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos físicos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Notifíquese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con copia autorizada de la demanda con que se formó el presente expediente, para la intervención que legalmente le corresponde.
- Incidental
APERTURA DEL INCIDENTE. Como fue ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con el escrito de solicitud de suspensión, con fundamento en los artículos 138, 140 y 143 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 966/2023, promovido por ********************, contra actos de la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (DGSANEF), de la Secretaría de Educación Pública, con sede en Ciudad de México, y otras autoridades. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente. INFORME PREVIO. En acatamiento a lo previsto en la fracción III del numeral 138 del ordenamiento invocado, pídase a las autoridades responsables su respectivo informe previo, el que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir del momento de su notificación, enviándoles para tal efecto copia autorizada de la demanda que se provee; en el entendido de que deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los hechos que se les atribuyen, a fin de determinar la existencia de los actos reclamados, pudiéndose agregar las razones que se estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe previo, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Asimismo, de expresar las responsables un hecho falso o de negar la verdad, al rendir el informe de que se trata, incurrirán en el delito contemplado en el arábigo 262 de la legislación reglamentaria de referencia, sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas unidades de medida y actualización, y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. PRUEBAS. De acuerdo a lo previsto en el diverso ordinal 143 de la Ley de Amparo, se tiene ofrecida la documental exhibida con el escrito inicial de demanda, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella al celebrarse la audiencia incidental respectiva, donde se acordará sobre su admisión y desahogo. ESTUDIO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Los aspectos que el Juzgador debe considerar para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados y los requisitos que los quejosos deben reunir para su procedencia, se encuentran contemplados tanto en la norma constitucional citada, como en los artículos 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales han sido interpretados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), a saber: 1. SOLICITUD EXPRESA DEL QUEJOSO. Este requisito contenido en la fracción I, del numeral 128 de la Ley de Amparo, se tiene por satisfecho con el escrito de demanda en el que solicita la medida cautelar, para el efecto de que las autoridades responsables dejen de realizar los descuentos correspondiente a los conceptos de deducciones señalados como: ********************y********************. 2. EXISTENCIA DEL ACTO CUYA SUSPENSIÓN SE SOLICITA. El acto reclamado se hace consistir esencialmente en la orden y ejecución de la retención o descuentos a su salario, como trabajador activo, que aparecen plasmados en su recibo de nómina ********************, correspondiente a la primera quincena de octubre de dos mil veintitrés, bajo los conceptos: ********************y********************. Así, el requisito relativo a la existencia de los actos reclamados se acredita con las manifestaciones que formuló el promovente bajo protesta de decir verdad, cuando menos, de manera presuntiva, y únicamente para resolver la suspensión provisional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 5/93, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 12, agosto de 1993, registro 206395, de rubro: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO." 3. QUE EL ACTO RECLAMADO SEA SUSCEPTIBLE DE SUSPENSIÓN. En el caso, de acuerdo a las manifestaciones formuladas por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, se obtiene que las autoridades responsables han realizado descuentos sobre sus percepciones que recibe por concepto de salario como trabajador activo, sin que medie mandamiento escrito debidamente fundado y motivado que justifique dicho actuar. Lo expuesto hace patente que el descuento del pago del peticionario del amparo, constituye un acto positivo y de tracto sucesivo, pues se trata de una sucesión de hechos entre cuya realización media un intervalo, ya que el acto se materializa en la retención de pago de cada quincena; de ahí que, si la retención del numerario se materializa de momento a momento en cada quincena, se está en presencia de un acto que por su naturaleza de tracto sucesivo que puede ser suspendido. 4. INTERÉS SUSPENSIONAL. De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que la parte promovente además de solicitar la medida cautelar, demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se pretenda salvaguardar y que en virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión directa, o bien, por su especial situación en que se encuentra el gobernado. En el caso, dicho requisito se acredita con la prueba documental que allegó la parte quejosa junto con su escrito de demanda, consistente en el comprobante de pago de nómina ********************, correspondiente a la primera quincena de septiembre de dos mil veintitrés, del cual se desprenden las deducciones, dentro de las cuales destacan los conceptos: "HIVN, TOTAL CREDIT, SAPI DE CV, VIVALIA, SA DE CV, SOFOM, FISOFO, SA DE CV SOFOM ENR, DIRECTODO, S DE RL DE CV, CONSUPAGO,********************. 5. NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, CONFORME AL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece el diverso requisito para el otorgamiento de la medida cautelar, consistente en que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. A su vez, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Al respecto, el numeral en cita no define los conceptos de orden público e interés social, sino que únicamente contiene (en forma enunciativa, más no limitativa) un catálogo de supuestos, en los cuales se considera que se contravienen tales conceptos, como se aprecia de aquel texto normativo al incluir el legislador la frase "se considera", entre otros casos. No obstante ello, el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en ese matiz, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando, con la suspensión, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En ese contexto, corresponde al Juzgador examinar la presencia de tales factores en cada caso, atendiendo desde luego, al contenido de los actos que se reclaman; ello teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución. Entonces, no se tendrá colmado el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, cuando en caso de concederse la suspensión de los actos o las leyes reclamadas, implique que dejen de producirse actos o hechos tendentes a satisfacer necesidades colectivas, que reporten un beneficio a la sociedad, o bien, que eviten un trastorno o perjuicio público, esto es, que no procederá otorgar la referida medida precautoria cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, se estima que la suspensión de los actos reclamados no generan una afectación al orden público e interés social toda vez que se trata de deducciones realizadas por parte de las autoridades responsables al aquí quejoso, relacionadas con su salario y que no son de carácter legal. 6. ANÁLISIS PONDERADO EN EL CASO CONCRETO ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA NO AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. Para decidir sobre el otorgamiento de la suspensión provisional solicitada, se debe ponderar la apariencia del buen derecho, con el perjuicio al interés social o al orden público que se ocasionaría con su concesión, ello en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 204/2009. Esto es, a fin de conceder la suspensión de los actos reclamados, una vez satisfechos el resto de los requisitos legales, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia IV.1o.A. J/16 (10a.), de rubro: "SALARIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO CONTRA SU DESPOSESIÓN O RETENCIÓN, EL JUZGADOR DEBE PARTIR DE LAS MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL QUEJOSO EN RELACIÓN CON EL ACTO RECLAMADO Y REALIZAR UN ANÁLISIS PONDERADO DE SU CONSTITUCIONALIDAD." En ese contexto, de la constancia que allegó la parte quejosa a su demanda, consistente en el recibo de nómina ********************, se aprecia que sus percepciones son de $******************** (********************quincenales, cuyas deducciones ascienden a $******************** (********************relativas a diversos impuestos y descuentos, de entre los que destacan, los aquí reclamados de rubros ********************y********************, por lo que su ingreso neto quincenal queda en $********************); de ahí que el peticionario considera que con los descuentos efectuados se afecta de manera directa el goce a su derecho fundamental del mínimo vital. Sobre el tema en cuestión, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, ha sostenido que el derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar que la persona - centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean. El criterio de referencia, se encuentra contenido en la tesis 1a. XCVII/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 793, de rubro: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO." En ese contexto, si la parte quejosa percibe alrededor de $********************), quincenales, ello le impide sufragar los gastos mínimos que le permitan subsistir, lo que per se, resulta contrario a su derecho al mínimo vital. De ahí que, resulte factible establecer como medida cautelar provisional, la restitución de las cantidades que por concepto ********************y********************, le son descontadas al impetrante y que según refiere desconocer el origen de dichos descuentos. Así, al encontrarse reunidos los requisitos exigidos por los artículos 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo, pues no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, SE CONCEDE A LA PARTE QUEJOSA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL que solicita, para el único efecto de que las autoridades responsables dejen de realizar los descuentos correspondientes a los conceptos de pago ********************y********************. En el entendido de que esta medida cautelar no surtirá efectos si los descuentos de que se tratan son realizados en observancia a un mandamiento de carácter judicial. GARANTÍA. En el caso, no es factible fijar garantía en favor de terceros interesados, en virtud de que los descuentos reclamados presumiblemente no derivan de un pronunciamiento judicial líquido y exigible que pudiera generar daños y perjuicios a algún acreedor. Considerando que, de ser el caso, los terceros interesados acreedores y el propio quejoso, está en condiciones de exigirse mutuamente y a través de la vía que corresponda el cumplimiento de las obligaciones contraídas sin afectar el salario del impetrante mientras no exista un mandamiento judicial que así lo establezca.
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