Andrés Benjamín Sarillano Niño
Expediente 1513/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1513/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 04/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Andrés Benjamín Sarillano Niño
- Andrés Benjamín Sarillano Niño y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, cuatro de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, de la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós se dio vista a las partes con el oficio 1107/2022, a través del cual la autoridad responsable Juez Segundo Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con sede en El Mante, Tamaulipas, informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que las partes hayan realizado manifestación alguna al respecto, no obstante de haber quedado legalmente notificadas del aludido acuerdo, tal como se advierte en autos del juicio en que se actúa. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 243, del Tomo XI, relativo a marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el citado artículo 214 de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En ese contexto, se procede hacer una relación de los antecedentes correspondientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional dictó sentencia constitucional en el presente juicio, la cual quedó firme mediante proveído de cinco de abril de dos mil veintidós; teniendo la sentencia concesora de amparo como trascendencia jurídica que la autoridad responsable, realice lo siguiente: ".deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario 1359/2018, de su índice, a partir del auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en el cual se admitió la demanda y en su lugar dicte otro en el que, además, ordene citar como probable heredero a Andrés Benjamín Sarillano Niño, sin perjuicio de las diversas personas que tengan derecho de incorporarse a dicha sucesión intestamentaria. La protección constitucional otorgada, también se hace extensiva a los actos del Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Ciudad Mante, al no haberse reclamado por vicios propios." Sobre los lineamientos de la ejecutoria mencionada, se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con sede en El Mante, Tamaulipas, diera cabal cumplimiento a la misma; por lo que, mediante el oficio 1107/2022, la autoridad responsable informó a este Juzgado Federal el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y al efecto remitió copia certificada del auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, por el cual, dejó sin efectos todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Andrés Sarillano García a partir del auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en el que se admitió la demanda, y repone el procedimiento, por lo que en su lugar dicta nuevo acuerdo en el que ordenó citar como presunto heredero a Andrés Benjamín Sarillano Niño, entre otros. Documentales las anteriores, a las que se otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, es claro que la autoridad responsable ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ya que se obligó a la responsable a respetar el derecho de que se trata, y a cumplir con lo que el mismo exige. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo. Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 301, del Tomo XXX, relativo a diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se concedió el amparo; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. Por otra parte, el original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, dado que se concedió la suspensión del acto reclamado. Una vez concluido plazo de tres años posteriores de esta fecha, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente incidental, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores a los seis meses, de conformidad con el artículo 20 del citado acuerdo general. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Erika Berenice Chaverri Avalos, Secretaria quien autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1107/2022, por duplicado enviado por la autoridad responsable Juez Segundo Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con sede en El Mante, Tamaulipas, a través de los cuales remite copia certificada del proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del extinto Andrés Sarillano García 1359/2018, con lo que se le tiene informando lo relativo al cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo. Por tanto, tomando en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes los oficios de mérito y anexos, por el plazo de tres días, computado a partir del siguiente al en que surta efectos legales la notificación del presente auto, a fin de que manifiesten lo que a sus interés convenga; con el apercibimiento que de no desahogar la vista otorgada, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el particular. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante Erika Berenice Chaverri Avalos, Secretaria quien autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, cinco de abril de dos mil veintidós. ... Sobre ese contexto y vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el plazo de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la sentencia haya sido recurrida por las partes legitimadas para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. ... Ahora, tomando en consideración que la sentencia dictada en el presente concedió el amparo y protección a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del que quede legalmente notificada del presente acuerdo, informe a este órgano de control constitucional la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a la sentencia de mérito, acompañando las constancias con las cuales lo acredite.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, de los que se deprende que no obran los acuses de recibo de los oficios 5540/2021 y 5541/2021, enviados para notificar la sentencia constitucional a las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Séptimo Distrito Judicial en el Estado y actuario de su adscripción, ambos con sede en Ciudad Mante, Tamaulipas, los que resultan necesarios para estar en aptitud de acordar lo procedente respecto a la firmeza de dicha resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, REQUIÉRASE a las autoridades responsables antes mencionadas, para que a la brevedad posible, haciendo uso de los medios de comunicación interconexión, expidan el acuse correspondiente e indiquen la fecha exacta en que tuvieron conocimiento de la sentencia constitucional emitida en el presente asunto; o bien, informe el impedimento legal que tengan para ello; en la inteligencia de que para tal efecto se pone también a su disposición el correo electrónico siguiente: julio.cruz.garcia@correo.cjf.gob.mx. ... Notifíquese. ...
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