Andres Bahena Montero
Expediente 843/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Andres Bahena Montero
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio y anexos de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual remite copias certificadas del testimonio pronunciado en el recurso de queja laboral **********. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, apareciendo que la Superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Recurso de queja infundado. SEGUNDO. Se confirma la resolución recurrida. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, como el presente juicio quedó total y definitivamente concluido y como de las constancias de autos se advierte que el mismo carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes; por tanto, al encontrarse en el supuesto del capítulo tercero, punto décimo primero, capitulo quinto, punto vigésimo y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre del mismo año, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; ES SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, téngase al Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, informando que admitió el recurso de queja, interpuesto por Andrés Bahena Montero, por su propio derecho, en contra del proveído de catorce de julio de dos mil dieciséis, al que le fuera asignado al que le fuera asignado el número queja laboral 156/2016.
- Principal
Visto el escrito y anexos de cuenta presentado por el quejoso ********************; en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, téngase interponiendo recurso de queja en contra del proveído de catorce de julio de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio (fojas 12 a 15). En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito original de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, y ríndase informe justificado manifestando que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de catorce de julio de dos mil dieciséis, dictado en autos del juicio de amparo ********************, se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Para justificar lo anterior, se remiten copias certificadas de las constancias relativas.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número de folio 843/2016 y fórmese expediente. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia. En tal sentido, se tiene que el peticionario de amparo Andrés Bahena Montero, reclama en esencia la resolución interlocutoria de seis de junio de dos mil dieciséis, dictada en el juicio laboral 607/2015, en la que se reconoció la personalidad jurídica en el incidente de personalidad interpuesto por el peticionario de amparo contra quien compareció en representación de la demandada al juicio de origen. Respecto de lo cual, esta Juzgadora advierte que el juicio de amparo intentado deviene improcedente respecto del acto reclamado expresamente, precisado en el capítulo respectivo, al actualizarse la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Los numerales y ordenamiento legal antes invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". En el caso, conforme a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, página 39, con registro 2006589, la determinación que desestima lo concerniente a la personalidad, no es de imposible reparación, cuyo contenido dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En el caso, para establecer la improcedencia en el presente juicio, procede hacer una reseña de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad argumentó la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Dentro del juicio laboral 607/2015 demandó mediante acción ordinaria individual en contra de la persona moral demandada Partido Acción Nacional, el pago de diversas prestaciones en materia laboral. Al llevarse a cabo la audiencia de demanda y excepciones, la parte demandada compareció a juicio representada por el Licenciado en Derecho Rigoberto Ramos Romero, en contra de quien se inició un incidente de personalidad, por las razones y motivos que se expresan en el incidente respectivo y que se retoman en el capítulo de agravios del presente juicio de garantías. El incidente de personalidad comenzó su trámite el día diecinueve de abril de dos mil dieciséis y se resolvió hasta el día seis de junio del mismo año. El día veintiuno de junio de dos mil dieciséis, la parte actora fue notificada personalmente del contenido del acto impugnado, en el sentido de tener por reconocida la personalidad del representante de la parte demandada, no obstante haber acreditado su personalidad con base en una carta poder que habría sido expedida por una persona que no tenía facultades para delegar, otorgar ni revocar poderes. Ahora bien, el acto que ahora se reclama consistente en la resolución interlocutoria de seis de junio de dos mil dieciséis, dictada en el juicio laboral 607/2015, en la que se reconoció la personalidad jurídica en el incidente de personalidad interpuesto por el peticionario de amparo contra quien compareció en representación de la demandada al juicio de origen, si bien constituye un acto que afecta derechos procesales, dado que en ella se reconoció la personalidad jurídica de quien compareció en representación de la parte demandada, lo cierto es que solo constituye una afectación formal. Esto es, no constituye una afectación a derechos sustantivos del ahora peticionario de amparo, dado que tiene como consecuencia que se continúe con la tramitación del juicio en sus diversas etapas, pero esos efectos son meramente formales y pueden desaparecer si en la resolución definitiva el quejoso obtiene sentencia favorable, de modo que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal, ya que no existe la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, entre otros. Por tanto, el que se hubiere reconocido la personalidad jurídica en el incidente de personalidad interpuesto en contra de quien compareció en representación de la parte demandada al juicio laboral 607/2015, en este momento no constituye un acto que genere una imposible reparación al aquí inconforme, pues dicha determinación, en su caso, lleva implícita infracción a derechos adjetivos, con efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene un laudo favorable, en virtud de que los Tribunales laborales tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. En esas condiciones, la resolución reclamada, no satisface las condiciones para que sea considerada como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, dado que constituye una violación de índole procedimental, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. En tales condiciones, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar la demanda en estudio por su notoria improcedencia, con fundamento en el precitado artículo 113 de la propia ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo constitucional, en virtud de que conforme a los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es obligación de las partes señalar casa ubicada en la población donde tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. En el presente caso el promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, lugar que se encuentra fuera de la sede de este Juzgado. Por tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágaseles por medio de lista que se publiquen en los estrados de este Órgano de Control Constitucional, y como sus autorizados para tales efectos a las personas que menciona.
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