Andrés Azuara Peña

Expediente 47/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
47/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
22/02/2019

Partes del expediente

  • Andrés Azuara Peña

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III-B "...Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de siete de febrero de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. En ese tenor, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido..."

  2. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "...Visto el escrito de demanda de amparo presentado... se actualiza de manera notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, con los ordinales 20, apartado C, fracción VII y 16, párrafo décimo cuarto, constitucionales, 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales que disponen: LEY DE AMPARO Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior... de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado. En esas condiciones, aun suponiendo sin conceder, que la omisión atribuible al fiscal responsable que pudiera irrogarle algún perjuicio, dicha cuestión debe ser planteada ante el juez de control, pues es a este a quien, a través del medio de control judicial establecido en la codificación aplicable, le corresponde verificar lo acertado o no de la omisión de la fiscalía, atendiendo a las particularidades del caso. Es por esto que, si conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que el juez de control puede llevar a cabo una revisión judicial, que pueda tener como efecto resolver la pretensión de la quejosa; resulta claro que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia en comento, ya que previo a instar el presente juicio de amparo, la accionante debería acudir ante el juez de control competente a impugnar la omisión reclamada ante el Juez de Control. Pues de considerar que es innecesario u optativo acudir ante el juez de control antes que promover la demanda de amparo, propiciaría el abuso del juicio constitucional, soslayando la intención del legislador permanente al crear el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues bastaría aducir que hubo una omisión o abstención del fiscal investigador, durante la etapa de investigación, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito a conocer de violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis por parte del juez de control. Con motivo de las razones expuestas en la presente determinación, con fundamento en los diversos 112 y 113 de la ley de la materia, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa. Similares criterios sostuvieron el Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, ambos con sede en Boca del Río, Veracruz, al resolver los amparos en revisión 427/2018 y 24/2018, respectivamente ..."

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