Andrés Ávalos Arano
Expediente 290/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 290/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Andrés Ávalos Arano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de trece de septiembre del año en curso, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia de veintidós de julio de dos mil veintidós, por una parte, se sobreseyó y se negó el amparo solicitado, y por otra, se concedió a ***************** la protección constitucional contra el acto reclamado a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, Base Cortázar, por los motivos y para los efectos precisado en el tercer considerativo de ese fallo. La protección constitucional se otorgó para el efecto de que la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, Base Cortázar dejara insubsistente lo relativo a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y en consecuencia, señalara hora y fecha para la celebración de la audiencia correspondiente, en la que, previo debate de las partes, con libertad de jurisdicción, siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, resolviera como en derecho procediera lo relativo a la imposición de una nueva medida cautelar. En proveído de dos de septiembre del año en curso causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que en esa fecha se requirió a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, Base Cortázar, para que, dentro del plazo legal de tres días, diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito Por acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, Base Cortázar, informando que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dentro de la causa penal *********** dejó insubsistente la medida cautelar personal de prisión preventiva oficiosa impuesta el dos de marzo de dos mil veintidós, y que en audiencia celebrada el nueve de septiembre del año en curso, abrió debate entre las partes respecto a la imposición de diversa medida cautelar, en donde, una vez cerrado el mismo, se determinó imponer al imputado la prisión preventiva justificada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello por el término de un mes (del nueve de septiembre al siete de octubre del año en curso), anexando copia certificada en formato DVD que contiene la audiencia citada. Con motivo de lo anterior, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que, de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: La autoridad responsable, por una parte, dejó insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al aquí quejoso en fecha dos de marzo de dos mil veintidós, y por otra, mediante audiencia celebrada el nueve de septiembre del año en curso, dentro de la causa penal ******************, previo debate entre las partes, con libertad de jurisdicción y siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, le impuso a *********** la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en términos de lo dispuesto por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello por el término de un mes a partir del nueve de septiembre del año en curso. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que con la determinación emitida en audiencia de nueve de septiembre de dos mil veintidós, la Juez responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo lo establecido por el artículo 20, la fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de trece de septiembre del año en curso, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia de veintidós de julio de dos mil veintidós, por una parte, se sobreseyó y se negó el amparo solicitado, y por otra, se concedió a ***************** la protección constitucional contra el acto reclamado a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, Base Cortázar, por los motivos y para los efectos precisado en el tercer considerativo de ese fallo. La protección constitucional se otorgó para el efecto de que la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, Base Cortázar dejara insubsistente lo relativo a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y en consecuencia, señalara hora y fecha para la celebración de la audiencia correspondiente, en la que, previo debate de las partes, con libertad de jurisdicción, siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, resolviera como en derecho procediera lo relativo a la imposición de una nueva medida cautelar. En proveído de dos de septiembre del año en curso causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que en esa fecha se requirió a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, Base Cortázar, para que, dentro del plazo legal de tres días, diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito Por acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, Base Cortázar, informando que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dentro de la causa penal *********** dejó insubsistente la medida cautelar personal de prisión preventiva oficiosa impuesta el dos de marzo de dos mil veintidós, y que en audiencia celebrada el nueve de septiembre del año en curso, abrió debate entre las partes respecto a la imposición de diversa medida cautelar, en donde, una vez cerrado el mismo, se determinó imponer al imputado la prisión preventiva justificada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello por el término de un mes (del nueve de septiembre al siete de octubre del año en curso), anexando copia certificada en formato DVD que contiene la audiencia citada. Con motivo de lo anterior, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que, de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: La autoridad responsable, por una parte, dejó insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al aquí quejoso en fecha dos de marzo de dos mil veintidós, y por otra, mediante audiencia celebrada el nueve de septiembre del año en curso, dentro de la causa penal ******************, previo debate entre las partes, con libertad de jurisdicción y siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, le impuso a *********** la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en términos de lo dispuesto por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello por el término de un mes a partir del nueve de septiembre del año en curso. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que con la determinación emitida en audiencia de nueve de septiembre de dos mil veintidós, la Juez responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo lo establecido por el artículo 20, la fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe de manera electrónica, la encargada de Sala del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Salvatierra y base en Cortázar, mediante el cual en cumplimiento de lo que le fue solicitado en el diverso 16485, remite un disco DVD, en la que se contiene la audiencia llevada a cabo el nueve de septiembre del año en curso, en la causa penal *********, con la que aduce dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en el presente juicio; con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la sentencia de veintidós de julio del año en curso, en la que, por una parte se sobreseyó y se negó el amparo solicitado, y por otra se concedió a ********* la protección constitucional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Jueza de Control del juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, Base de Cortázar, para que dentro del término de tres días legalmente computado, de cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remita las constancias que así lo acrediten, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de la misma Ley, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, asimismo, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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