Andres Aurelio Uc Poot
Expediente 291/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 291/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 22/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Andres Aurelio Uc Poot
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Agréguese a estos autos al escrito de ANDRES AURELIO UC POOT, quejoso en los presentes autos, por medio del cual solicita a este órgano de control constitucional la devolución de los documentos presentados con su demanda de amparo; en atención a lo anterior, dígasele que mediante proveído de diez de marzo del presente año, se pusieron a su disposición los documentos solicitados, por lo que se encuentra en aptitud para recoger los mismos, previa copia certificada en autos y por los conductos que indica. Ahora bien, en cuanto a solicitud para que se le programe fecha y hora para recogerlos, dígasele que con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, deberá solicitar una cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado de Servicios Jurisdiccionales para poder así acceder a este Juzgado Federal.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberá digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Ahora bien, toda vez que se advierte que obran en autos los documentos exhibidos por la parte quejosa con su demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este juzgado, a recogerlos previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que obra el oficio suscrito por la Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, con el que informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; así como que mediante proveído de veinticuatro de noviembre de del año en curso, se dio vista a las partes con el oficio de la autoridad responsable, para que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este juzgador determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los actos de la autoridad responsable. Asimismo, Andrés Aurelio Uc Poot interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en los presentes autos y el dieciséis de octubre de dos mil veinte, en el Amparo en Revisión 6/2020, el tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, por lo que se requirió a la autoridad responsable su debido cumplimiento. De manera que la autoridad responsable, Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, estaba obligado a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. En ese orden de ideas, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la resolución de diez de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos de la causa penal 27/2018, para el efecto de que dicha responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, en restitución de los derechos fundamentales violados, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución reclamada. b) En su lugar emita una nueva donde deberá reiterar el estudio atinente a los delitos de abuso sexual, violación equiparada y violación, así como la probable responsabilidad penal del quejoso en su comisión. c) Y en relación al diverso de corrupción de menores e incapaces, en el caso de estimar acreditados los elementos configurativos del delito, deberá fundar y motivar la actualización de las hipótesis previstas en el artículo 208 del Código Penal del Estado, vigente al momento de los hechos analizados, justificando la manera en que las pruebas acreditan las conductas a través de las cuales se dio la acción corruptora de la pasivo. Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la autoridad responsable mediante oficio 1546 de diecisiete de noviembre del año en curso, en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado el diez de febrero de dos mil diecinueve, en contra del aquí quejoso y decretó un nuevo auto de formal prisión en su contra, el diecisiete de noviembre del año en curso. En dicha determinación, acatando los lineamientos dados, reiteró el estudio atinente a los delitos de abuso sexual, violación equiparada y violación, así como la probable responsabilidad penal del quejoso en su comisión; y en relación al diverso de corrupción de menores e incapaces, consideró acreditados los elementos configurativos del delito, pero fundando y motivando, con base en las pruebas aportadas, la forma en que quedó acreditado que la conducta del pasivo actualizó los verbos rectores de instigar y obligar a que hace alusión el tipo penal previsto en el artículo 208 del Código Penal del Estado, vigente al momento de los hechos analizados. En efecto, en la nueva resolución, en lo que interesa, determinó que de lo narrado por la menor agraviada, así como de la denuncia interpuesta por Sonia Guadalupe Montalvo Almeida, y los testimonios de Astrid Silvana Contreras y María Elena Jiménez, se desprendía: ".estos además, indujeron a la menor a tener prácticas sexuales con él, generando en la víctima una estimulación prematura que son inapropiadas para su edad, por carecer de la madurez sexual para el inicio de una vida sexual activa, actos idóneos para desviar el normal y sado desarrollo físico-psíquico o su natural instinto sexual de la menor, tal actuar causó en ella una confusión afectiva y psicológica hacia su padrastro e incluso cuando la menor de edad comenzó a llorar dicho sujeto le dijo que se calmara porque solamente estaban jugando, es decir, le hacía creer que se trataba de un juego únicamente, influyendo de esta manera para que la menor se comporte a la manera deseada por el sujeto activo, especialmente para que realizara actos sexuales con él, haciéndole creer que son de lo más natural entre un padrastro y una hijastra, por tratarse de un juego." Por otra parte, en relación a la conducta consistente en obligar como medio para la realización del delito de corrupción de menores, precisó con los mismos elementos convictivos lo siguiente: ".generando en la víctima una estimulación prematura en la práctica de relaciones sexuales que son inapropiadas para su edad, por carecer de la madurez sexual para el inicio de una vida sexual activa, actos idóneos para desviar el normal desarrollo físico-psíquico o su natural instinto sexual de la menor, como de hecho aconteció, pues incluso ejercía sobre ella violencia moral, en virtud de que la intimidó consiguiendo doblegar su débil voluntad por medio de palabras, que por las circunstancias del momento, produjeron en ella una sensación de miedo con sólo pensar la pasivo, en la posibilidad de que a su progenitora y hermanos podría pasarle algo al enterarse de los actos sexuales que el activo realizaba en su cuerpo ." De igual forma, la responsable argumentó que estimó materializado un concurso real, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 del Código Penal del Estado, porque con diversas conductas del activo, perpetradas en distintos momentos, se consumaron varios ilícitos, siendo éstos los señalados en el auto de formal prisión dictado. En tales condiciones, se estiman colmados, a cabalidad, los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo. Sin que obste a lo anterior, lo aducido por el quejoso en el escrito con que se da cuenta, en el sentido de que la responsable no cumplió con la sentencia de amparo, toda vez que no debe soslayarse que los efectos para los que se otorgó la Protección Federal, constriñeron al juez a dictar una nueva determinación, en la que debía reiterar lo atinente a los delitos de abuso sexual, violación equiparada y violación, así como la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de esos delitos; y únicamente en relación al diverso de corrupción de menores, es que se le otorgó libertad para determinar si consideraba acreditados o no, los elementos integradores del delito, pero para ello, tomando en consideración los argumentos del fallo constitucional, que en lo medular consistieron, en que debía fundar y motivarse la forma en que se actualizaron los verbos rectores de indagar y obligar para consumar la conducta tipificada, lo que al efecto realizó, tal como se precisó en párrafos previos. A su vez, se delimitó, que en caso de considerar que se acreditaban tales elementos del delito, debía preciar si se materializaba un concurso, en virtud de la diversidad de conductas que se analizaron, lo que también satisfizo la responsable, como se destacó. Debiendo precisarse que se dejó libertad de jurisdicción al juez del proceso, para determinar lo que en derecho correspondiere en cuanto al fondo del asunto, pues la ejecutoria de amparo, únicamente le conminó a expresar los razonamientos con base en los cuales sustentó su determinación, en los tópicos abordados en la sentencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. Finalmente, tal como señala el quejoso en su escrito de cuenta, téngase como nuevos autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mario Martín de los Reyes Salas Navarrete y Josué Ismael Pisté May, así como domicilio para oír y recibir notificaciones, proporcionando además el número de celular 9992388006 para tales efectos.
- Principal
Agréguese a estos autos al oficio 1546, signado por la Jueza Primero Penal del Primer Departamento Judicial del estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, anexando las constancias con las que acredita su dicho; al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, esta Juzgadora resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo.
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