Andrés Arnulfo Parra Parra
Expediente 546/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 546/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Andrés Arnulfo Parra Parra
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio y anexo de cuenta. Téngase a la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, remitiendo la ejecutoria dictada en la queja 273/2021 de su índice. Se advierte la Superioridad declaró infundado el medio defensivo correspondiente, promovido por la parte quejosa en contra del auto de nueve de julio de dos mil veintiuno. Acúsese recibo. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archívese como asunto concluido. DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta. Téngase a la Superioridad acusando recibo del diverso 1465/2021-VI -se remitió escrito de agravios y testimonio certificado de estos autos-. Asimismo, informando que mediante proveído de veinticinco de agosto pasado, admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa a través de su autorizada en contra del acuerdo de nueve de julio anterior. Radicado con el Toca 273/2021 de su estadística. Notifíquese.
- Principal
"Boca del Río, Veracruz, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos impresión del escrito signado electrónicamente por **********, autorizada de la parte quejosa en el presente asunto. Interpone recurso de queja en contra del proveído de nueve de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda que dio origen al presente asunto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe y dígase a la Superioridad que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Remítase -vía electrónica- al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con residencia esta Ciudad, el escrito original de expresión de agravios, así como los autos del expediente en que se actúa. Habilítense las herramientas "Vincular con otro Órgano", para que tenga acceso a la totalidad del expediente. Notifíquese..."
- Principal
"Boca del Río, Veracruz, nueve de julio de dos mil veintiuno. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos del 1. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz y otra autoridad. Regístrese con el número 546/2021-VI que le correspondió. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de causa de improcedencia del presente juicio constitucional, la cual se analizará a continuación. De la lectura integral de la demanda se aprecia los actos reclamados consisten en: 1. La obstrucción al libre tránsito con motivo del cierre de la avenida ********** en el cruce entre la Carretera Federal ********** Ramal a ********** y **********, y avenida ********** entre Boulevard ********** y Carretera Federal ********** Ramal a **********. Lo que a decir del quejoso provoca violación a sus derechos de libre circulación y movilidad para desplazarse. 2. La omisión de adoptar medidas para garantizar la libre circulación de las personas con discapacidad con el cierre de las vialidades citadas en el párrafo anterior, así como la omisión de realizar ajustes razonables para que el solicitante del amparo pueda cruzar sin necesidad de ser quien deba movilizar las barreras u obstáculos instalados para el cierre, dada su imposibilidad física (enfermedad degenerativa). Como antecedentes narra: -Es de nacionalidad colombiana con residencia permanente en México expedida por el Instituto Nacional de Migración. -Tiene una deficiencia para caminar debido al padecimiento que sufre llamado **********. Debido a esa enfermedad, manifiesta ha perdido la fuerza en extremidades **********, adicional a las secuelas de ********** que padeció. Para poder desplazarse debe utilizar silla de ruedas eléctrica por la falta de fuerza suficiente en extremidades superiores. Cuenta con credencial de persona con discapacidad expedida por el DIF de Medellín de Bravo, Veracruz (exhibida como anexo). -Con motivo de ese padecimiento se dedica a la venta de artículos religiosos en la vía pública, principalmente en calles aledañas al Palacio Municipal del H. Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz. -El medio de transporte que utiliza es una motocicleta en la que ha adoptado un triciclo donde coloca su silla de ruedas. -En el trayecto al lugar donde lleva a cabo su venta debe cruzar las vialidades que indica se encuentran cerradas. Lo que le impide tomar la vía necesaria (Boulevard ********** en dirección a **********) para llegar a su destino. -Manifiesta que dada la negativa de ayudarle por parte de los oficiales de tránsito que se localizan en el lugar del cierre vial, debe circular por otra ruta por una distancia aproximada de quinientos cincuenta metros y recorre más de un kilómetro para llegar a la misma dirección en sentido contrario. Indica le ha sido permitido por las autoridades que mueva las barreras u obstáculos de la vialidad para poder cruzar por ellas, exigiéndole volver a colocarlas. Lo que señala le es imposible debido a su incapacidad física e involucraría un múltiple esfuerzo con motivo de su padecimiento, además, aduce representa una negativa a realizar los ajustes razonables para que pueda desplazarse libremente por las calles y avenidas del municipio de Boca del Río, Veracruz. Así, el quejoso considera dichos actos transgreden sus derechos humanos de libre tránsito, libre circulación, movilidad, no discriminación, dignidad humana y legalidad. Pretende instar la acción de amparo para solicitar la apertura de la vialidad o en su caso, se obligue a las autoridades municipales que garanticen la libre circulación del solicitante del amparo. Expuesto lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de interpretar el numeral 107, fracción I, de la Constitución General de la República con la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5 y 6 de este último ordenamiento. Como es de advertirse, de los preceptos antes trascritos deriva el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama. Así sólo se encuentran procesalmente legitimados para promover el juicio de amparo quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido. Es menester destacar que no se desconoce que el estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que, de ordinario se identifica con la pretensión misma, y por ende, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. No obstante, el Máximo Tribunal del País, ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución, del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." En ese orden de ideas, se precisa que uno de los principios que rigen al juicio de amparo, es la existencia de un agravio personal y directo. Este principio implica que la acción de amparo sólo podrá promoverse por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad (agravio personal), y que exista una inmediatez entre la emisión o ejecución del acto y el surtimiento de sus consecuencias (agravio directo), es decir, la afectación debe ser resentida directamente por el impetrante de amparo, debiendo derivar tal afectación precisamente del acto reclamado. Luego, debe entenderse por la expresión "agravio" al perjuicio sufrido en la persona del quejoso, es decir, el agravio es la afectación o la alteración que se desprende del acto de autoridad y que recae en la esfera de derechos del quejoso. Es pertinente decir que el interés jurídico o legítimo no sólo presupone la titularidad de un derecho. Esto es, que la parte quejosa no sea el destinatario del acto de autoridad. Razón por la cual, no puede afectarle su interés jurídicamente protegido, sino cuando tal acto le genere perjuicio en su particular derecho subjetivo. De ahí que el interés jurídico o legítimo para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad deviene del perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados. Lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional, demandando el cese de esa violación. Aunado a lo anterior, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo, requiere, por una parte, de la existencia de un derecho legítimamente tutelado y, por la otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a éste. Lo que significa que a falta de uno u otro, no se acredita el interés jurídico o legítimo en el juicio de amparo. Es decir, si no existe un derecho protegido por el ordenamiento legal o de existir no resiente perjuicio alguno por el acto de autoridad que se reclama, es indefectible que no se da causa de proceder de la instancia constitucional. En el caso, se afirma que la parte quejosa no parte de una situación actual idónea a través de la cual pudiera acreditar el interés jurídico o legítimo necesario para la promoción del juicio de amparo. Como se vio, el argumento toral del impetrante se basa en que con motivo del cierre de la vialidad por medio de barreras que de forma permanente impiden el paso por ese cruce, el quejoso se ve obligado a tomar otra ruta para poder trasladarse a realizar las actividades diarias que desempeña como vendedor ambulante. De igual forma, señala por una parte que existe negativa verbal por parte de las autoridades de tránsito. En ocasiones le es permitido el paso pero bajo ciertas condiciones (descritas en líneas precedentes) que el solicitante de amparo manifiesta implican un elevado esfuerzo físico con motivo de su padecimiento. Como se ve, su petición de amparo no se basa en acreditar que haya hecho alguna solicitud al respecto ante las autoridades que señala como responsables y estas a su vez, le hubieran dado alguna respuesta (negativa). De ahí que no se advierte hayan provocado la generación de un acto u omisión en lo individual susceptible de control constitucional. Como sería en el caso demostrar haber acudido ante el 1. Presidente Municipal y 2. Director de Tránsito y Vialidad del H. Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz a efecto de que le sea permitido el acceso por el cruce que se encuentra obstruido y que éstas se lo hayan negado. Por ello, se insiste, de la premisa de la que parte el peticionario de amparo no se advierte la existencia de la afectación en su esfera jurídica. Resulta inconcuso que la litis propuesta, no es susceptible de ser analizada en esta instancia constitucional, al no advertir vulneración a sus derechos humanos. Pues la narrativa que hizo el quejoso en su demanda de amparo, en el sentido que lo que realmente le afecta es que no puede transitar libremente por esa vialidad y por ser una persona con padecimientos se le dificulta tomar la ruta alterna ya que requiere un elevado esfuerzo en su persona por obligarlo a recorrer mayor distancia, es insuficiente para ello. Incluso señala que en ocasiones se le ha permitido pasar, en algunas se le ha negado y en otras se le exige ciertos requisitos para hacerlo, lo que hace evidente que no existe un acto en concreto, real y actual por parte de las autoridades y ello hace que no sea susceptible de calificar como un acto u omisión reclamable en vía de amparo. Suponerlo así implicaría permitir a cualquier persona combatir una serie de eventos antes de generar los actos de autoridad, es decir, a priori. De ahí que los hechos narrados no pueden ser considerados como una vulneración a los derechos humanos del impetrante. Es decir, de ninguna forma está probado su interés jurídico o legítimo. Ya que si bien es cierto, de manera indiciaria demuestra que se encuentra discapacitado, ello no quiere decir que no pueda realizar su actividad de vender en la vía pública en algún otro lado diverso de donde lo viene haciendo. Máxime si se toma en consideración que no aportó en la demanda elemento alguno que permita concluir que solamente puede llevar a cabo sus actividades de venta en el centro de Boca del Río Veracruz o Palacio Municipal. Pues al respecto narró que es ahí donde ha venido desempeñando su trabajo pero no se advierte algún impedimento para que lo realice en lugar diverso si así lo considera. Incluso, no se pierde de vista que no aportó en sus anexos alguno que acredite aún de manera indiciaria que tiene permiso vigente para realizar sus actividades de venta en la vía pública, menos aún que ello sea únicamente en el lugar donde indica lo ha venido haciendo. Lo que cobra relevancia dados los motivos por los que se actualiza la causa de improcedencia a que se hizo referencia. Por ello, se itera, no se advierte exista algún acto que produzca un agravio personal y directo al hoy impetrante, y sobre todo actual. Esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en su esfera jurídica, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza de que se vaya a realizar. Ello se afirma pues como ya se vio, el mismo quejoso refiere puede transitar por otra vía para llegar al destino donde aduce realiza su actividad. De ahí que no demuestre un derecho diferenciado al resto de la sociedad, que se vea afectado y deba ser protegido a través de la vía extraordinaria de amparo. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del precepto 61, en relación con los numerales 5°y 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I constitucional, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia, debe desecharse de plano la demanda de amparo con que se dio cuenta, por ser notoria e indudable su improcedencia. La anterior determinación no veda el derecho del impetrante de acudir si así conviene a sus intereses ante las autoridades a realizar su solicitud a fin de obtener un beneficio en relación con transitar por una calle específica al parecer cerrada por alguna cuestión de orden público y en beneficio de la comunidad. Notifíquese electrónicamente..."
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