Andrés Araujo Castro
Expediente 254/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 254/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Andrés Araujo Castro
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, diez de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, donde aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio, en el que se desechó la demanda de garantías por notoriamente improcedente. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de abril de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito aclaratorio de demanda promovida por el quejoso Andrés Araujo Castro, mediante el cual aclara su escrito inicial de demanda. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" Este precepto autoriza al suscrito juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. El promovente hace consistir el acto reclamado en: La notificación efectuada el ocho de mayo de dos mil trece, respecto del proveído de treinta de abril del año en cita, donde se adjudicó el bien inmueble ubicado en Avenida Los Delfines, número 1015, fraccionamiento Jardines del Bosque, en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, dictado en autos del Juicio Civil número 463/2010 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, promovido por Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en contra de Andrés Araujo Castro, aquí quejoso. En virtud de lo antes transcrito, es evidente que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.." El artículo 61, fracción XVIII, acoge lo que doctrinalmente se conoce como el principio de definitividad del juicio de amparo, el cual se traduce en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, en el entendido que de no hacerlo así, el juicio será improcedente. Este principio, encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción. En ese sentido, la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, se actualiza cuando: a) El acto reclamado proviene de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Contra ese acto, la ley concede algún recurso dentro del procedimiento del que proviene, es decir, un recurso ordinario o medio de defensa por virtud del cual, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, c) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad. Establecido lo anterior, se precisa que en el presente caso la demanda de amparo se presentó sin antes agotar el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional. Ello es así, toda vez que el quejoso reclama la notificación efectuada el ocho de mayo de dos mil trece, respecto del proveído de treinta de abril del año en cita, donde se adjudicó el bien inmueble ubicado en Avenida Los Delfines, número 1015, fraccionamiento Jardines del Bosque, en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, dictado en autos del Juicio Civil número 463/2010; por tanto, previamente al juicio de amparo, el quejoso debió tramitar el medio de defensa legal que establece la ley ordinaria; ello, en la medida que es parte demandada en el mencionado juicio civil, esto es, debió promover el incidente de nulidad de actuaciones, en términos de los artículos 76 y 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, como premisa fundamental del principio de definitividad, que rige en el juicio de amparo, pues jurídicamente a través de dicho medio ordinario de defensa, estaba en aptitud de combatir el acto que por esta vía reclama, y al no hacerlo así, antes de acudir a la presente instancia constitucional, es claro que el juicio biinstancial resulta improcedente. De tal suerte, resulta inconcuso que al no haberse interpuesto el supracitado medio ordinario de referencia, el quejoso no cumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Para apoyar las anteriores aseveraciones, se invoca la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el número 447, localizable en las páginas 297 y 298, del Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Antepenúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los Tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Así mismo, cobra aplicación al caso en concreto, la diversa tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 307, Tomo XIII, correspondiente al mes de febrero, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo." En consecuencia, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XXIII, de la ley de la materia, con apoyo en el artículo 113 de la misma ley, lo que procede es desechar la demanda de garantías por notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL PROMOVENTE.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de abril de dos mil dieciséis. Se tienen por recibidos el escrito de demanda y el diverso signados por Andrés Araujo Castro. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 254/2016 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, antes de acordar sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que quede legalmente notificado de este proveído, bajo protesta de decir verdad, aclaren su demanda respecto de lo siguiente: Deberá precisar el acto reclamado, dado que en el capítulo correspondiente manifiesta "RECLAMANDO ESTE ACTO ILEGAL POR VICIO PROPIO POR SU ILEGAL EJECUCIÓN DE PARTE DEL PROPIO ACTUARIO ASIGNADO sin haberme notificado PERSONALMENTE el día 08 de mayo de 2013, por parte de la actuaria LIC. ANGELICA LÓPEZ ZUÑIGA actuaria adscrita"; asimismo, como concepto de violación, señala "LA ILEGALIDAD AL NO NOTIFICARME PERSONALMENTE LA ORDEN DE ADJUDICACIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2013 EL DÍA 08 DE MAYO DE 2013". Deberá expresar quiénes son las partes en el juicio 463/2010, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, de esta ciudad. De igual forma, informe si es su deseo que se tramite por separado y por duplicado incidente de suspensión, dado que su escrito de demanda carece del capítulo respectivo, no obstante en el punto petitorio "QUINTO", pide la suspensión provisional y definitiva, sin precisar los efectos para los cuáles la solicita. El promovente presentará las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para que sean agregadas con las de su escrito inicial de demanda, conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Tienen aplicación al respecto, las Jurisprudencias 35/2001 y 36/2001, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA." "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Apercibido que en caso de no cumplir íntegramente con la presente prevención dentro del lapso indicado, la demanda se tendrá por no presentada o bien se postergará la apertura del incidente de suspensión, conforme a lo dispuesto por el artículo 114, de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda y como autorizados para tal efecto en términos de la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Leticia Isabel Arenas Rentería y Ramón Lorenzo Santiago Payan, en virtud de no tener cédula profesional ni permiso temporal para ejercer la abogacía registrado en este Juzgado, como tampoco en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. NOTIFÍQUESE; personalmente a la promovente.
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