Andres Alvarado Leon

Expediente 182/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
182/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
09/03/2018

Partes del expediente

  • Andres Alvarado Leon

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida ****, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 182/2018. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Del análisis integral del libelo, el suscrito considera que se actualiza un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, por el cual procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo En efecto, la parte quejosa, promueve demanda de amparo contra la resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro de los autos de la causa penal 77/2014 del índice del Juzgado Municipal de lo Civil y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla, a través del cual se confirmó y, por tanto, no revocó el acuerdo pronunciado el uno de septiembre del mismo año, a través del cual declaró desierta la prueba pericial en genética molecular ofrecida por el quejoso, cerró la instrucción y ordenó pasar los autos al Ministerio Público adscrito al juzgado responsable para que formule conclusiones; así como la notificación de dicha resolución. Como se ve, el segundo de los numerales transcritos limita la procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dentro de un juicio, pues para la ejercibilidad de la acción de amparo resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en la fracción V del artículo 107 transcrito, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De esta manera, es inconcuso que el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que la sentencia interlocutoria de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete a través del cual se confirmó el acuerdo de uno de septiembre del mismo año, en el que se declaró desierta la prueba pericial en genética molecular ofrecida por el quejoso, se cerró la instrucción y se ordenó pasar los autos al Ministerio Público adscrito al juzgado responsable para que formule conclusiones; así como la notificación de dicha resolución; no transgrede materialmente derechos sustantivos previstos en la constitución y tratados internacionales, al no afectar al ocursante en la vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio, etcétera, puesto que únicamente confirma el proveído pronunciado por el juez de la causa que declaró desierta una probanza aportada dentro del proceso de donde derivan los actos reclamados por el impetrante de amparo, lo cual en modo alguno trasciende en los derechos sustantivos del provente de esta instancia constitucional. Ante ello, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los 113 de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su ocurso de cuenta, así como autorizado conforme al artículo 12 de la Ley de la Materia a *** y de manera restringida, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que refiere, hasta en tanto acrediten estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, es decir, acrediten estar inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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