Andres Alonzo Ortíz Cortes

Expediente 1485/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1485/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
12/11/2018

Partes del expediente

  • Andres Alonzo Ortíz Cortes

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo y comunica que acepta la competencia declinada por este juzgado. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno respectivos y captúrese en el Sistema Integral de seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, toda vez que no existe materia de ejecución, se ordena el archivo definitivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Lo anterior con apoyo en el segundo párrafo del punto undécimo del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en los puntos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el cual este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo y en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero a contrario sensu, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general en cometo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.

  2. Principal

    Téngase por recibió el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento que requirió al Tribunal Unitario Agrario Cincuenta remita a ese Tribunal el expediente 14/2018, para efectos de determinar si confirma o revoca la resolución de incompetencia legal que decretó este juzgado; tómese nota para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por los quejosos ***************, *********, ********, ******, ******* y *********, por medio del cual dan cumplimiento al proveído de diez de octubre del año en curso. Ahora, previo a cualquier determinación, procede analizar en su integridad la demanda de referencia junto con los documentos que la acompañan, en virtud de ser un todo, por lo que así debe interpretarse para armonizar los datos que contiene y fijar un sentido congruente con los elementos que la conforman; lo que se efectúa en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 183/2005, por las razones que la informan, la cual puede ser consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, enero de 2006, página 778, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; el desarrollo de este criterio permite considerar que el estudio integral de la demanda incluye el de los anexos de la misma, en virtud de que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda, cuando es obscura o imprecisa; así, los anexos pueden permitir al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por ende, en los casos en que del análisis integral de la demanda y sus anexos, el Juez advierta alguna irregularidad o imprecisión, debe prevenir a la parte quejosa en términos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que formule la aclaración correspondiente, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que podría trascender al resultado de la sentencia, por lo que con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, llevaría a ordenar la reposición del procedimiento. Entonces, cabe precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso, por lo cual procede establecer si este Juzgado, tiene competencia o no para conocer del presente asunto. Para establecer su competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior se apoya en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Mayo de 1992, Materia Común, visible en la página 94, que a la letra dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. De la lectura integral del libelo constitucional, se advierte que este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer del asunto planteado, ya que el acto reclamado es de aquellos a que se refiere el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, pues la resolución que se combate es de aquellas que dan por concluido el juicio, por lo que su conocimiento deberá estar a cargo de un Tribunal Colegiado de Circuito, por las razones que a continuación se exponen. Como antecedentes del acto reclamado el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que promovieron un juicio agrario en contra de la Asamblea General de Ejidatarios del núcleo Agrario denominado Calkini, Municipio de Calkini, Estado de Campeche, y que seguido el procedimiento en sus fases respectivas, el Tribunal Agrario, por acuerdo de trece de septiembre del año en curso (acuerdo que se combate), la decretó la caducidad de instancia en el juicio agrario 14/2018, de su índice, por lo tanto, como se advierte dicho acuerdo tiene el carácter de definitivo, toda vez que decreta la caducidad de instancia, lo que lleva a concluir que en contra de tal determinación procede el amparo directo y no el indirecto. Es aplicable al caso la tesis jurisprudencial 2./J.139/2002, que sostuvo la Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable a página 236, Libro tomo XVI, Diciembre de 2002, novena época, que a la letra dice: CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículo 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Asimismo, es importante tener presente que los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, 170, fracción I de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. De lo anterior se desprende que el acuerdo de trece de septiembre del año en curso, dictado por el Tribunal Unitario Agrario número cincuenta, con sede en esta ciudad, en el cual fue decretada la caducidad de instancia en el juicio agrario 14/2018, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, lo corresponde conocer a un Tribunal Colegiado de Circuito. Ahora bien, se considera que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios, así como de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa restricción de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia. La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué órgano jurisdiccional es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución. Bajo ese contexto, el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que corresponde a los Tribunales de la Federación resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De los artículos transcritos en líneas precedentes, se obtiene que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, es decir, aquellas que decidan el juicio en lo principal, o que sin entrar fondo de la cuestión a estudio lo den por concluido, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en esas determinaciones, o bien, que acontezca durante la tramitación del procedimiento y afecte las defensas del quejoso al trascender al resultado del fallo. Tipo de juicio que, por imperativo constitucional, deben conocer los Tribunales Colegiado de Circuito, si el acto reclamado constituye alguna de las resoluciones descritas en el párrafo anterior. Así las cosas, atenta la naturaleza del acto reclamado, se estima que la competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *************** Y OTROS, se surte a favor del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en razón de que contra el acuerdo de trece de septiembre del año en curso, dictado por el Tribunal Unitario Agrario número cincuenta, con sede en esta ciudad, en el cual fue decretada la caducidad de instancia en el juicio agrario 14/2018, que se tilda de inconstitucional, tiene el carácter de definitiva, lo que lleva a concluir que en contra de tal determinación procede el amparo directo y no el indirecto. Bajo ese contexto, en el presente caso y dada la naturaleza del acto que se impugna, de conformidad con lo que disponen los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 170, fracción I, de la Ley de Amparo, este Juzgado considera que carece de competencia legal por razón de la vía para conocer de la demanda de amparo de que se trata. Por las razones apuntadas, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para dar trámite y resolver la acción constitucional planteada por ANDRÉS ALONZO ORTIZ CORTES Y OTROS, contra actos que reclama del Tribunal Unitario Agrario número cincuenta, con sede en esta ciudad. Consecuentemente, y con apoyo además en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, que por razón de turno corresponda, la demanda original de que se trata, con sus copias y anexos respectivos, a efecto de que confirme o revoque la declinación de competencia planteada, dejando en autos previo cotejo y compulsa un tanto de éstos como antecedente solicitándose respetuosamente que de no tener inconveniente legal alguno, acuse el recibo correspondiente. Fórmese el expedientillo de rigor con copia de la demanda de amparo, al que se agregara la constancia de notificación personal que se le haga a la parte quejosa del presente proveído, y hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Finalmente, por lo que respecta a los promoventes ***********, *************y ***************, indíquese que se estén a lo acordado en proveído de diez de octubre del presente, en el que se les desecho su demanda de garantías, por carecer de firma autógrafa.

  4. Principal

    Audiencia constitucional ..... Ahora bien, toda vez que el artículo 122 de la Ley de Amparo, establece un término perentorio de diez días a efecto de llevar a cabo la audiencia en que se presentarán pruebas y antepruebas respecto a la autenticidad del documento objetado; dése vista a las partes para que si a sus intereses conviene, ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Finalmente, para la reanudación de la presente audiencia constitucional se fijan las doce horas con cuarenta minutos del cinco de noviembre de dos mil dieciocho.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche · 8,606 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano