Andrés Alonso Echeverría Cachón y Otros.
Expediente 1097/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1097/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Andrés Alonso Echeverría Cachón y Otros.
- Andrés Alonso Echeverría Cachón
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la cuenta que antecede, toda vez que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de desechamiento de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en autos del presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que el auto de desechamiento de la demanda de amparo constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado encargada del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
aviso....Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Andrés Alonso Echeverría Cachón, contra actos del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, presentada con tres copias. Ahora bien, en atención al contenido del escrito inicial de demanda se desecha de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual debe ser examinado de oficio en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En efecto, respecto del acto que se impugna por esta vía constitucional por la parte quejosa consistente en el acuerdo de seis de septiembre de dos mil dieciocho dentro del expediente 1185/2017, ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, mismo que fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el día diez de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual no se accedió a la petición del quejoso en su carácter de perito, en cuanto a que se suspendiera el término para presentar su dictamen, por no tener los elementos necesarios para rendirlo, en virtud de que no es parte en el proceso, sino únicamente es perito de la parte demandada; se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6º, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en virtud que el acto reclamado no le causa un agravio personal y directo. En efecto, los artículos 6º y 61, fracción XXIII, de la ley de la Materia establecen: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Artículo 61. El juicio de amparo, es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Por su parte el diverso numeral 15 de la Ley de la Materia dispone: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De la interpretación literal del artículo 6° de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo sólo puede promoverlo la persona directamente agraviada por la ley o acto que estime violatorio de derechos humanos; no obstante cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, cualquier persona en los casos en que la propia ley de amparo lo permita. Asimismo, del citado numeral 15 se puede advertir que existe la posibilidad de que el juicio de amparo sea promovido por una persona diversa a la que resiente directamente el acto reclamado, siempre y cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y cuando no se encuentra en estos supuestos sólo podrá instar la protección quien directamente pudiera resentir algún perjuicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.2o.9 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 1996, página 412, que reza: "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquél a quien la ley le otorga ese derecho." Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3490, del Tomo LXXXII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo a la persona física o moral, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, según se aprecia de la demanda de amparo, ésta fue promovida por Andrés Alonso Echeverría Cachón, quien se ostenta en el juicio de origen como perito de la parte demandada en relación a que reclama el acuerdo de seis de septiembre de dos mil dieciocho dentro del expediente 1185/2017, ante el Juzgado Tercero Mercantil, mismo que fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el día diez de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual no se accedió a su petición en su carácter de perito en cuanto a que se suspendiera el término para presentar su dictamen, por no tener los elementos necesarios para rendirlo, en ese sentido, es improcedente el juicio de amparo, ya que se surte de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6º, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no le causa un agravio personal y directo al nombrado promovente del mismo. Se afirma lo anterior, ya que habida cuenta el acto reclamado no le causa un agravio personal y directo al promovente del juicio de amparo, dado que quien podría n su caso sufrir en forma directa e inmediata dicha afectación lo es la parte demandada ya que es quien lo designó por lo que al no afectar los intereses de la parte quejosa en forma inmediata y directa, no le depara perjuicio alguno, y consecuentemente no le da base para la interposición de la vía que pretende, habida cuenta que el amparo sólo puede ser promovido por el directamente afectado, quien no resulta ser el hoy promovente, ya que el auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho, que impugna en esta vía, no se traduce en alguna afectación a los derechos humanos en el juicio ejecutivo mercantil 1536/2012, ya que únicamente figura en el juicio de origen como perito en el desahogo de una prueba ofrecida por la parte demandada, pues el auto impugnado de ningún modo lo vincula en una relación entre las partes contendientes en el juicio de origen o lo obliga a hacer o dejar de hacer, ni le afecta en su esfera de derechos, esto es, no le depara perjuicio alguno. Es aplicable a la anterior consideración la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es consultable en la página 17 del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, del rubro y tenor literal siguiente: "AGRAVIO INDIRECTO. No da ningún derecho al que lo sufre para recurrir al juicio de amparo". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por similitud de razón, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 123 del Volumen 97-102, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es el siguiente: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." Los razonamientos expuestos evidencian la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable toda vez de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como autorizados para oír, recibir notificaciones e imponerse de autos a Georgina Yosefin Tepal Díaz, con fundamento en la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de La Ley de Amparo, tal y como expresamente lo solicita la parte quejosa. Finalmente, por lo que respecta a la solicitud de uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por la Secretario en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 387/2018-P-1 de veintiuno de septiembre del presente año, del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida, al que adjunta el testimonio de resolución emitido en el toca 262/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia firmada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por este Juzgado Federal, en los autos del juicio de amparo 986/2017-II; asimismo, devuelve el original del expediente constante de cincuenta y tres fojas útiles; ejecutoria de la que aparece que la citada Superioridad en el primer punto resolutivo confirmó la sentencia recurrida, que negó a la quejosa Crusalva Ríos Carrillo, el amparo y protección de la Justicia Federal. Acúsese recibo. Hágase dicha ejecutoria del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, de conformidad con los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, se ordena glosar a este sumario únicamente las constancias que en original obren en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión en cita; asimismo, se ordena archivar, este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que por sentencia firmada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, se negó el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, la cual fue confirmada por el Tribunal Colegiado, al resolver al amparo en revisión 262/2017, al carecer de relevancia documental y no obrar agregados documentos originales, es inconcuso que este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Asimismo, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia. Finalmente, se ordena devolver a la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las copias certificadas del expediente 1684/15-16-01-7, que en su oportunidad remitió como justificación de sus actos, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Alfonso Verduzco Hernández, secretario que autoriza y da fe.
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