Andreita Córdova Alamilla
Expediente 732/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 732/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Andreita Córdova Alamilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación y el escrito de cuenta, se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de diecisiete de septiembre pasado, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de treinta de julio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Andreita Córdova Alamilla, contra el acto reclamado al Director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. El dos de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. Mediante oficio recibido el trece de septiembre de dos mil veintiuno, el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, remitió copia certificada del diverso UAJ/RCC/6674/2021 de ocho de agosto del referido año, relacionado con el cumplimiento del fallo protector. Documento al que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, se otorgó la protección de la justicia federal a la impetrante para que la autoridad responsable: Diera contestación inmediata a la petición formulada por la aquí quejosa mediante el escrito de treinta de noviembre de dos mil veinte, presentado ante la responsable el cuatro de diciembre del mismo año, en el que solicitó se le informe cuál es la unidad de referencia económica en pesos, que ha utilizado el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para calcular el monto del pago de su pensión por Jubilación, y, en caso de que dicha dependencia utilice la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo del pago de su pensión por jubilación, le indique en qué fecha comenzó a calcular el pago de su pensión por jubilación con el UMA. Al respecto, de las constancias remitidas por la autoridad de mérito, se obtiene que, mediante oficio UAJ/RCC/6674/2021, de ocho de agosto de dos mil veintiuno, dio contestación al aludido escrito, mismo que notificó a la quejosa el nueve de septiembre del referido año, a través de su autorizada Ángela Rodríguez Olán. Oficio del que se obtiene que, en lo que interesa la autoridad en cuestión estableció lo siguiente: ". En atención a su petición se le informa que, previa búsqueda en los archivos físicos y consulta electrónica en el Sistema Integral de Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF), no se encontró a persona alguna que lleve por nombre ANDREITA CÓRDOVA ALAMILLA, que tenga el carácter de PENSIONADA POR JUBILACIÓN, por lo que existe la imposibilidad jurídica y material para brindar información respecto a la pensión señalada.". De lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, sin que realizara manifestación alguna al respecto. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
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mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO Vistos; agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia certificada del diverso UAJ/RCC/6674/2021 de ocho de agosto pasado, del que se advierte que dio contestación a la petición formulada por la aquí quejosa mediante escrito de treinta de noviembre de dos mil veinte, presentado ante dicha autoridad el cuatro de diciembre siguiente, notificado a través de su autorizada legal. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, este Juzgador efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
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MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el treinta de julio de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Andreita Córdova Alamilla; por lo que con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE En la sentencia de mérito se concedió el amparo y la protección a la parte quejosa, para los siguientes efectos: ".De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que el Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, autoridad responsable, realice lo siguiente: De contestación inmediata a la petición formulada por la aquí quejosa mediante el escrito de treinta de noviembre de dos mil veinte, presentado ante la responsable el cuatro de diciembre del mismo año, en el que solicitó se le informe cuál es la unidad de referencia económica en pesos, que ha utilizado el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para calcular el monto del pago de su pensión por Jubilación, y, en caso de que dicha dependencia utilice la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo del pago de su pensión por jubilación, le indique en qué fecha comenzó a calcular el pago de su pensión por jubilación con el UMA." En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y de conformidad con el numeral 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, al en que quede notificado del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, debiendo dentro del propio lapso informar a este órgano de control constitucional sobre las medidas decretadas en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, remitiendo las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, en términos del artículo 258 de la Ley de la Materia, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Penales Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 732/2021-2, promovido por Andreita Córdova Alamilla, contra actos del Director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, por estimarlos violatorios del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el uno de julio de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el cinco de julio siguiente, Andreita Córdova Alamilla solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO La omisión de dar contestación al escrito de treinta de noviembre de dos mil veinte. AUTORIDAD RESPONSABLE Director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 732/2021-2; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, la suscrita está facultada para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama de la autoridad responsable: La omisión de dar contestación al escrito de treinta de noviembre de dos mil veinte. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, por haberlo reconocido en el informe justificado el Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en representación de la autoridad responsable. Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, solicitó el sobreseimiento del presente juicio por considerar se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, aduce que la solicitud de aclaración de pensión por jubilación a que se refiere el escrito de mérito, se tramita dentro del procedimiento establecido en el CAPITULO TERCERO, relativo a las PENSIONES, previsto en los artículos 66 al 100 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, por lo que en su criterio la parte quejosa no puede reclamar de manera autónoma la omisión de respuesta a dicha solicitud. En apoyo de lo anterior, citó la jurisprudencia 7/2015, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, de rubro "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA". Así también, invoca como hecho notorio el criterio adoptado en la resolución dictada dentro del juicio de amparo número 1045/2019, de este juzgado, de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, el diverso de veinte de septiembre de dos mil veinte, en el juicio número 2120/2019-VIII-16, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio de amparo 952/2020, y diez de diciembre de dos mil veinte, en el juicio 985/2020, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. Resultan infundados los argumentos de la referida autoridad responsable. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 341/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, el Máximo Tribunal del país estimó que, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición. En el caso, del escrito en cuestión, se obtiene que la ahora quejosa formuló a la autoridad responsable la siguiente petición: ". 1. Informe, ¿Cuál es la unidad de referencia económica en pesos, que ha utilizado el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco para calcular el monto del pago de mi pensión por Jubilación? 2. En caso de que este Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, utilice la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de mi pago de pensión por jubilación, le pido informe, ¿En qué fecha comenzó a calcular el pago de mi pensión por jubilación con el UMA?". De ello no se obtiene que se cuestione el derecho a obtener la pensión relativa, por lo que se estima procedente la demanda de amparo, ya que se alega la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la falta de respuesta de una autoridad administrativa respecto a la petición realizada en relación con el trámite administrativo vinculado con su jubilación. De igual manera, la citada autoridad invocó como hecho notorio, que en el diverso juicio de amparo 1045/2019 del índice de este juzgado, se adoptó el mismo criterio a que hace alusión en el presente caso, al sobreseerse dicho juicio de amparo por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción III, inciso b) del artículo 107, de la Ley de Amparo. Sin embargo, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, al resolver el recurso de queja 264/2019, en sesión de cinco de agosto de dos mil veinte, señaló que aun cuando la autoridad responsable haya considerado que el ejercicio del derecho de petición derive de un procedimiento, no se visualiza la existencia de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, sino, solo de los términos en que debe agotarse la pensión por jubilación, sin que se advierta la existencia de un desahogo de pruebas y alegatos; por tanto, ese criterio adoptado por este órgano jurisdiccional en el diverso juicio de amparo invocado, no es aplicable en el presente asunto. Por las anteriores consideraciones, tampoco resulta aplicable al caso la tesis en que se apoya la autoridad de mérito. Al no advertirse que la autoridad en cuestión haya hecho valer una diversa causal de improcedencia, ni el suscrito advierte de oficio que se pueda actualizar alguna otra, lo procedente es abordar el estudio de fondo del asunto. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL. La impetrante de amparo reclama de la autoridad responsable, la omisión de dar contestación al escrito de treinta de noviembre de dos mil veinte. Al respecto, considera que la responsable infringe lo dispuesto en el artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el particular, formula los conceptos de violación correspondiente, mismos que se omite transcribir en términos de lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; criterio que fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, de mayo de 2010, página 830, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En ese contexto, esta juzgadora considera que es fundado lo aducido por la impetrante de amparo. En efecto, el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". El citado precepto constitucional tutela el derecho de petición, señalando que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, siempre y cuando éste se haya formulado por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Asimismo, impone a la autoridad la obligación de darle una respuesta congruente y en breve término, además de hacer del conocimiento de la promovente el resultado de su petición. Por respuesta congruente, debe entenderse en el sentido de que toda respuesta que recaiga a una solicitud de los gobernados, debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado, sin omisión de alguna cuestión o suma de puntos hechos valer, además de que no existan consideraciones contrarias entre sí. Por breve término, se entenderá el intervalo de tiempo en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. A lo expuesto, es aplicable la tesis I.4o.A.68 K, consultable en la página 390, Tomo XIII, Febrero de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses".. Asimismo, sirve apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 2167, Tomo XXXIII, Materia Constitucional, Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa". Aunado a lo anterior, el artículo 7°, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, a la letra dispone: "Artículo 7. Son derechos de los ciudadanos Tabasqueños: . IV. Ejercer el de petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa; a toda petición la autoridad ante quien se ejercite, dictará su proveído dentro de quince días hábiles cuando las leyes no señalen otros términos.". En el caso concreto, del escrito que se adjunta a la demanda de amparo, se obtiene que el cuatro de diciembre de dos mil veinte, la quejosa solicitó a la autoridad responsable le informe cuál es la unidad de referencia económica en pesos, que ha utilizado el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para calcular el monto del pago de su pensión por Jubilación, y, en caso de que dicha dependencia utilice la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo del pago de su pensión por jubilación, le indique en qué fecha comenzó a calcular el pago de su pensión por jubilación con el UMA. Escrito en el que se advierte el sello de recepción, lo cual fue reconocido en el informe justificado, en donde, además, la autoridad refirió que se encontraba pendiente la atención y respuesta. Lo cual evidencia que no se han satisfecho las obligaciones derivadas del artículo 8 Constitucional, pues las prerrogativas fundamentales que consagra se integran con la respuesta por escrito a la petición formulada y la notificación de ésta en breve término, no obstante que desde la fecha de recepción del escrito relativo -cuatro de diciembre de dos mil veinte-, a la presentación de la demanda de amparo -uno de julio de dos mil veintiuno-, transcurrieron más de siete meses, término que expresamente prevé la Constitución Política del Estado de Tabasco, para que la autoridad responsable dé respuesta a la petición formulada por la inconforme. En esas circunstancias, es evidente que no se cumple con los presupuestos consignados por el artículo 8 Constitucional, puesto que en los presentes autos no existe elemento de prueba alguno que demuestre que las autoridades responsables hayan emitido pronunciamiento alguno a la petición elevada y que la hubieran notificado personalmente a la quejosa. Por las anteriores consideraciones, se concede a la impetrante el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción II, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que el Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, autoridad responsable, realice lo siguiente: De contestación inmediata a la petición formulada por la aquí quejosa mediante el escrito de treinta de noviembre de dos mil veinte, presentado ante la responsable el cuatro de diciembre del mismo año, en el que solicitó se le informe cuál es la unidad de referencia económica en pesos, que ha utilizado el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para calcular el monto del pago de su pensión por Jubilación, y, en caso de que dicha dependencia utilice la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo del pago de su pensión por jubilación, le indique en qué fecha comenzó a calcular el pago de su pensión por jubilación con el UMA. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de seis de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Andreita Córdova Alamilla, respecto del acto reclamado y la autoridad responsable precisada en el resultando PRIMERO, por las razones y para los efectos establecidos en los considerandos QUINTO y SEXTO de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.
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