Andreina Isabel Santaella Beramendi
Expediente 1627/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1627/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/10/2022
Partes del expediente
- Andreina Isabel Santaella Beramendi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de doce de septiembre de dos mil veintidós que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y archívese el presente asunto por estar concluido. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no se considera de relevancia documental ni conservable, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 17 del mencionado acuerdo general. b) En el expediente en que se actúa se emitió una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; consecuentemente, es susceptible de destrucción, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. c) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, indíquese en la carátula del expediente la anotación de destruible. En esas condiciones, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de doce de septiembre en curso que dice: Visto el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable rinde informe justificado y ofrece prueba documental; con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para los efectos legales conducentes. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que sobrevino la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado. La disposición en cita, a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". Del contenido literal del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Se estima actualizada dicha causa de inejercitabilidad, cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada; de modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causal de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando, como en el caso, sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja treinta y ocho, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Esto es, conforme al criterio citado se tiene que la improcedencia del juicio de amparo por cesación de efectos opera cuando durante la tramitación del juicio se hubiese colmado la violación alegada, volviéndose las cosas al estado en que se encontraban antes de la emisión del mismo, como si se hubiere otorgado el amparo y protección constitucional. Cabe destacar que dicha causa de improcedencia, necesariamente tiene el carácter de superveniente, pues cuando el juicio de amparo se promueve en contra de un acto existente; hasta este momento, evidentemente todavía no se ha dejado insubsistente, sino que, ello en todo caso, ocurrirá durante la tramitación del juicio de amparo. En el caso, es pertinente precisar que del estudio integral de la demanda y demás constancias de autos, se desprende que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de dar seguimiento a la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado recibida el veintiuno de junio de dos mil veintidós. Por su parte, la autoridad responsable en el oficio de cuenta, anexó copias de los acuerdos de dieciséis de mayo y siete de septiembre de dos mil veintidós, que merecen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones, con los que se pone de manifiesto que la autoridad responsable dio respuesta a la solicitud de la quejosa y la resolvió en el sentido de que tenía imposibilidad material para continuar con el trámite relativo, por lo que lo declaró concluido, ade ás de que lo resuelto se informó al quejoso a través del correo electrónico remitido a sus autorizados; por lo que, con dichas actuaciones cesaron los efectos del acto reclamado. En esas condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado, no puede decidirse sobre la constitucionalidad de éste, sin afectar la nueva situación jurídica, actualizándose al efecto la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. No se soslaya el contenido de la jurisprudencias 1a./J. 136/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página ochocientos uno, del Tomo I, correspondiente al mes de mayo de dos mil doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a su rubro dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA"; así como la diversa 2a./J. 28/2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos noventa y nueve, del Tomo II, correspondiente al mes de mayo de dos mil quince, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a su rubro dice: "PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA", pero no debe perderse de vista que aun cuando el quejoso encuadre su reclamo en relación al derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo peticionado, como se evidenció, se trata de un procedimiento de reconocimiento de situación de refugiado, por lo que la dilación en su consecución obedece al diverso derecho contenido en el artículo 17 de la Ley Suprema. Así pues, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, toda vez que como ya se dijo, con las constancias remitidas por la autoridad cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclama, lo que a nada práctico conduciría esperar a que se celebre la audiencia constitucional, toda vez que el resultado sería en el mismo sentido. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas en el presente juicio de amparo, para la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el auto de veintinueve de agosto en curso, que dice: Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión. En cumplimiento a lo previsto en los artículos 20, 21 y 24 del ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación y tomando en cuenta que se concedió la medida cautelar, se considera susceptible de depuración el cuaderno original, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la mencionada medida, así como el presente proveído. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, por lo que, una vez concluido el plazo de seis meses, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los cuadernos original y duplicado. En esas condiciones, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido
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