Andreina Isabel Molina Reyes
Expediente 1320/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1320/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Andreina Isabel Molina Reyes
- Ruth Cecilia Reyes Laguna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mexicali, Baja California, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo en relación con los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 del mismo ordenamiento legal. En virtud de lo anterior, bajo la supervisión del Secretario encargado del trámite, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar ni trámite alguno que realizar, archívese este asunto como totalmente concluido; asimismo, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el presente expediente no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el numeral 15 del citado acuerdo y es susceptible depuración, conforme a lo dispuesto en el inciso a), de la fracción I, del artículo 18 del mismo ordenamiento. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor acuerdo el oficio el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; lo anterior, en virtud de que por auto de veintiséis de septiembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado autos, en el que consta que mediante auto de seis de septiembre de agosto de dos mil veintidós, se recibió el oficio firmado por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, en el que informó que el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós se otorgó un documento provisional con permiso para realizar actividades económicas remuneradas a las quejosas Andreina Isabel Molina Reyes y Ruth Cecilia Reyes Laguna, con el cual abandonaron definitivamente las instalaciones donde se encontraban alojadas. En efecto, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la deportación, expulsión, proscripción o destierro e incomunicación. Atento a lo anterior, de lo informado por la responsable se colige que, durante la tramitación del presente juicio de amparo, ha sobrevenido causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La lectura de la disposición legal antes transcrita, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Luego, del oficio y del anexo que remitió la autoridad responsable, consistente en documento provisional con permiso para realizar actividades económicas remuneradas a las quejosas Andreina Isabel Molina Reyes y Ruth Cecilia Reyes Laguna, se advierte que abandonaron definitivamente las instalaciones donde se encontraban alojadas. Constancias a las que les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia invocada, pues si bien, a la presentación de la demanda de amparo -veintinueve de agosto de dos mil veintidós, el reclamo de la parte quejosa era la deportación, expulsión, proscripción o destierro e incomunicación, tal afectación cesó una vez que la responsable otorgó un documento provisional con permiso para realizar actividades económicas remuneradas a las quejosas Andreina Isabel Molina Reyes y Ruth Cecilia Reyes Laguna, con el cual abandonaron definitivamente las instalaciones donde se encontraban alojadas. De ahí que, sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse que la autoridad responsable otorgó el permiso correspondiente a las quejosas. En tales condiciones, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos del acto impugnado en esta vía, debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la jurisprudencia 2ª./J59/99 establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo IX, junio de 1999, visible en la página 38, registro 193758, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la Jurisprudencia establecida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página mil quinientos setenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, Novena Época, registro 176051, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, ya que si en el caso es patente la cesación del mandamiento judicial reclamado, entonces esperar hasta la fecha de la audiencia constitucional para sobreseer sólo traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las nueve horas con quince minutos del diez de octubre de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Mexicali, Baja California, seis de septiembre de dos mil veintidós. Con vista a las partes, agréguese el oficio de cuenta firmado por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que en treinta de agosto y uno de septiembre del año en curso, le dio un documento provisional con permiso para realizar actividades económicas remuneradas a los quejosos Andreina Isabel Molina Reyes y Ruth Cecilia Reyes Laguna, por lo cual ya no se encuentran en las instalaciones de dicha estación migratoria, anexando copia certificada de los referidos documentos, para constancia; por lo anterior, dese vista a la parte promovente para su conocimiento y a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, se le tiene a la autoridad en mención designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas señalados para tal efecto, así como señalando domicilio para oír y recibir notificaciones.
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