Andrei Basaura Rosas
Expediente 1343/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1343/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/08/2023
Partes del expediente
- Andrei Basaura Rosas
Actuaciones
- Principal
L. 5 San Andrés Cholula, Puebla, once de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal. Del estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto que desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 20 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3 8 9, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
L. 5 San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil veintitrés. Oficio. La Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, realizan lo siguiente: a. Informa que se avoca al estudio de la separación de juicios ordenada mediante proveído de veintisiete de julio de dos mil veintitrés. b. Solicita que de manera económica le sean entregadas las copias exhibidas por la parte quejosa a fin de correr traslado a las autoridades responsables con las mismas. Fundamentación. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda del cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, a fin de evitar dilaciones procesales y, toda vez que quien conoce del juicio de amparo ********************, corresponde al índice de este mismo órgano jurisdiccional, entréguese de manera económica, los traslados que solicita. Notifíquese.
- Principal
5.- ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ****EL ACUERDO DE 27 DE JULIO DE 2023 QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo, .. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 21, 61, 107 y 113 de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1343/2023-V-B. En consecuencia, fórmese el expediente electrónico e intégrese físicamente únicamente con las constancias presentadas de manera impresa, mismas que deberán ser digitalizadas para su vinculación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese entendido, se precisa que toda aquella documentación recibida vía electrónica, generada o firmada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico y no en el expediente físico (impreso). Por tanto, se informa que los expedientes integrados de manera impresa, servirán solo como referencia de los documentos físicos recibidos en este Juzgado de Distrito; por lo que, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para: a) consulta de las partes; b) efectos estadísticos, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. SEPARACIÓN DE JUICIOS En este punto, el quejoso acude al juicio constitucional reclamando diferentes actos reclamados, por lo que se estima procedente la separación de juicios, ya que se logrará una tramitación más ágil en el presente juicio constitucional, y se evita el pronunciamiento de fallos, complicados y confusos en su comprensión. Así, la figura de separación de juicios tiene por objeto evitar que en un solo expediente se resuelva sobre actos reclamados cuya fuente generadora provenga de procedimientos distintos y desvinculados entre sí; todo ello en razón de una mejor administración de justicia. No obstante, esta figura jurídica de la separación no se encuentra expresamente regulada por la Ley de Amparo. Sin embargo, la misma se deduce de lo dispuesto por el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia que señala: ARTÍCULO 72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero. En efecto, el artículo transcrito prevé la figura de la acumulación, en donde se establece la forma en que dos o más juicios pueden acumularse, esto es, el objeto de la acumulación es acatar el principio de economía procesal traducido en que una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios en donde se reclama el mismo acto y evitar que en dichos juicios se dicten sentencias contradictorias, tal y como lo señaló el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: ACUMULACIÓN DE AUTOS. De ahí que tal norma, aplicada a contrario sentido, autorice la figura de la separación de juicios que se realiza, pues con la misma se trata de resolver en forma efectiva la cuestión planteada y avocarse al estudio de los actos en forma individual, de ahí que en el presente caso se considere procedente la separación de juicios que se plantea. .. Por consiguiente, al considerarse que los efectos de los actos reclamados están desvinculados entre sí, deben tratarse en juicios separados. En ese sentido, este órgano jurisdiccional conocerá del acto reclamado consistente en el cambio de actividad laboral y como consecuencia la reducción al salario, percepciones, compensación que venía percibiendo como trabajador del Gobierno del Estado de Puebla; sin tomar en cuenta la incapacidad permanente que sufre en el ojo izquierdo. Por lo que hace al diverso acto, consistente en la omisión dar trámite y otorgar la pensión por incapacidad permanente que sufre en el ojo izquierdo, se provee: Envíense 1 una copia certificada de la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto, sea turnada como nueva demanda al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, la cual versará respecto del siguiente acto reclamado consistente en la omisión dar trámite y otorgar la pensión por incapacidad permanente que sufre en el ojo izquierdo... DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso se advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo... Causa de improcedencia. Se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite.. I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De la interpretación de dichos preceptos, se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos transcritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De los numerales transcritos se pone de manifiesto que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por leyes, actos u omisiones de la autoridad que transgredan derechos humanos, y que se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de otros particulares en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por lo tanto, es necesario precisar el concepto de autoridad responsable, entendiendo por tal, aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que les confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o tratándose de un particular, para ser considerado como sujeto de control constitucional, deberá realizar actos equivalentes a los actos antes señalados, y sus funciones deberán estar determinadas por una norma general, lo que no acontece en el presente asunto. Por ello, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto, tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame, esto es, examinar si la norma legal lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Sobre este tópico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad en relación con los gobernados, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado... En esa virtud, estas características no restringen el concepto de autoridad a aquellos organismos que forman parte de la administración pública en sus distintos órdenes (federal, estatal o municipal); se trata de cualquier ente público, en donde se incluyen organismos centralizados, paraestatales, autónomos, cualquiera que sea su denominación. También puede observarse que no siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán autoridad para los efectos del amparo ya que para determinar la calidad de autoridad responsable es indispensable analizar: 1.- Las características particulares de aquél a quien se le imputa el acto reclamado; y, 2.- La naturaleza del acto. Bajo tal contexto, no todo acto, aun emitido formalmente por una autoridad, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. ... En esa medida, este Juzgador siguiendo los lineamientos de los criterios invocados, APRECIANDO EL CASO EN PARTICULAR, estima que las autoridades responsables siguientes: ... A quienes se les reclama el cambio de actividad laboral y como consecuencia la reducción al salario, percepciones, compensación que venía percibiendo como trabajador del Gobierno del Estado de Puebla; sin tomar en cuenta la incapacidad permanente que sufre en el ojo izquierdo; carecen de la calidad de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que de la lectura integral de la demanda se advierte que el acto reclamado por el quejoso se circunscribe a un conflicto de naturaleza laboral, con motivo de la relación de trabajo que mantiene con el Gobierno del Estado de Puebla, la cual actúa como patrón o empleador de aquélla. Lo anterior se advierte con claridad de los siguientes antecedentes que bajo protesta de decir verdad, narra la quejosa en su demanda de amparo del modo siguiente... A lo largo de la demanda de amparo es posible advertir que el hecho del que se duele la justiciable es del cambio de actividad laboral y como consecuencia la reducción al salario, percepciones, compensación que venía percibiendo como trabajador del Gobierno del Estado de Puebla; sin tomar en cuenta la incapacidad permanente que sufre en el ojo izquierdo. Así, las aludidas autoridades, no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, en tanto que no actúan de manera unilateral y con imperio en un plano de supra a subordinación con respecto a la parte aquí quejosa, SINO EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN COMO UN ORGANISMO ESTATAL QUE PUEDE GENERAR CONTRATOS CON SU PERSONAL, BAJO LAS REGLAS DE LA LEGISLACIÓN LABORAL BUROCRÁTICA... Por consiguiente, no es dable tener como autoridades responsables en el juicio de amparo a las relacionadas por la justiciable en la demanda de amparo, porque la relación que tienen con la impetrante del amparo deriva de su calidad como trabajadora y de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla y otras, como patrón. Por tanto, se concluye que las autoridades responsables, señaladas como responsables en este juicio, carecen de los atributos establecidos en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, motivo por el cual no es dable tenerlas como responsables. En todo caso, si la quejosa lo desea, puede promover ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla lo que a su interés convenga, ya que éste tiene facultad para resolver sobre los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores, dado que el acto del que se duele es del cambio de actividad laboral y como consecuencia la reducción al salario, percepciones, compensación que venía percibiendo como trabajador del Gobierno del Estado de Puebla; sin tomar en cuenta la incapacidad permanente que sufre en el ojo izquierdo. .. De la citada disposición se advierte que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla es competente para conocer de los conflictos de naturaleza laboral que se susciten con motivo de la relación de trabajo que mantienen la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla y otras y sus operarios, dado que aquéllas actúan como patrones o empleadores de éstos, en términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Por tanto, los actos reclamados pertenecen a la esfera del derecho laboral, en una relación de patrón-trabajador, y no al ejercicio de la función sustantiva como organismo público de las citadas dependencias. Por tanto, se concluye que las autoridades señaladas como responsables en este juicio, carecen de los atributos establecidos en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. CONCLUSIÓN En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. EXHORTO A LAS PARTES En términos del artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Asimismo, con fundamento en el artículo 257 del referido Acuerdo, se les solicita que señalen números telefónicos, servicios de mensajería instantánea y correos electrónicos, tanto suyos como de las diversas partes en el procedimiento, a fin de entablar comunicaciones no procesales entre las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa y como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 ibídem a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, previa razón que, por su entrega, se asiente en autos de la persona autorizada para recibirlas, la cual deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. No obstante lo anterior hágase del conocimiento de las partes que, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, las cuales, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, la actuaria y actuarios judiciales de la adscripción, deberán de asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. INSTRUCCIÓN A LA ACTUARIA Y ACTUARIOS JUDICIALES.. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, ..se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, por lo que al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
- Principal
Oficios. El Director de Procedimiento Constitucionales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla, informa que se encuentra impedido legalmente para atender el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por los motivos que expone. Oficio El Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública, informa las gestiones que realizó a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, al caso, justifica el requerimiento efectuado al Encargado de Despacho de la Dirección de Operaciones Policiales. Fundamentación. Artículo 192 de la Ley de Amparo Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo Consecuentemente, se tienen por recibidos los oficios de cuenta y se toma conocimiento de lo informado, para ser considerado en el momento procesal oportuno. Quedando en espera, este órgano jurisdiccional, del informe de gestiones por parte de las demás autoridades responsables; o en su caso, que transcurra el término otorgado en acuerdo de veinte de julio de dos mil veintitrés.
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