Andrea Zaret de la Garza López

Expediente 1252/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1252/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Andrea Zaret de la Garza López

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria virtual de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, la cual en su punto resolutivo establece: "PRIMERO. Se tiene por desistida a +*** del presente recurso de queja. SEGUNDO. Se declara firme el auto impugnado de seis de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de amparo indirecto 1252/2021-6, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo". Confírmese la llegada del oficio. Hágase del conocimiento del promovente la circunstancia anterior para los efectos y fines legales procedentes y glósese el cuaderno de antecedentes. En tal virtud, queda firme el auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, por tanto, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; en atención a su contenido, se tiene a la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, acusando recibo del oficio con el que se remitieron copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa para la substanciación del recurso de queja interpuesto en autos, mismo que admitió y registró como queja 237/21. Notifíquese

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el ***, autorizado de la parte quejosa; a través del cual interpone recurso de queja contra el proveído de seis de octubre del año en curso. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a) 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto de referencia. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en Turno, que es cierto el acto reclamado; remítase el escrito de agravios y copia del mismo, así como copias certificadas del acto reclamado, su notificación y de las constancias que lo motivaron. En aras de una pronta impartición de justicia, remítase de inmediato a la superioridad para los fines legales conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el escrito inicial de demanda que promueve ***, por propio derecho, contra el acto que reclama de la Jueza de Distrito del Sistema Penal Federal Acusatorio del Centro Federal de Justicia Penal Federal (Gabriela Capetillo Piña); y, REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1252/2021-6, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: La determinación de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta preliminar 43/2021 derivado de la carpeta judicial 417/2010, la cual revocó el no ejercicio de la acción penal y ordena continuar con las indagatorias de la carpeta de investigación 417/2020. En la especie, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual prevé literalmente lo que sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Como puede apreciarse de la lectura de la porción normativa antes transcrita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 6° de la Ley de Amparo, el interés jurídico constituye un presupuesto procesal del juicio de amparo. Dichos preceptos legales precisan que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Debe entenderse por "perjuicio", para efectos del juicio de amparo, la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. Así, la noción de "perjuicio", presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Dicho perjuicio debe ser actual, por referirse a una situación que está causando afectación en el momento de interponerse la demanda de amparo, o que, por estar pronta a suceder, o que inminentemente se le causará, pues cuando dicha afectación sólo es probable e incierta, no es susceptible de considerarse para efectos del juicio de amparo. En ese contexto, el interés jurídico surge en el juicio de amparo cuando el acto reclamado causa un perjuicio a la esfera jurídica del gobernado, entendiendo por esta última el cúmulo de derechos y obligaciones de los que es titular. Así, para que los intereses de una persona merezcan el calificativo de "jurídicos", es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas. Al margen de lo anterior debe tenerse presente que conforme al numeral 21 constitucional, el Ministerio Público tiene la encomienda de investigar y perseguir los hechos con apariencia de delito, por lo que se encuentra facultado para llevar a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los mismos, integrando en la carpeta de investigación respectiva. También resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una investigación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, el cual presentará ante el juez de control con el fin que éste decida si vincula a proceso o no al imputado. Es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Por tal razón, tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a dicho procedimiento es el de "sigilo". De ahí que el desahogo de diligencias tendentes a su integración no causen daño o perjuicio a los indiciados por ser de orden público, como lo establece nuestra Constitución y como consecuencia de ello, el amparo contra dicha investigación es improcedente. Por esos motivos, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio reiterado de que, por regla general, los actos tendentes a la integración, así como los actos relacionados con la investigación no son susceptibles de control constitucional. En ese sentido, cabe señalar que en el procedimiento penal de corte acusatorio, la etapa de investigación inicial tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. Sin embargo, el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal, cuando en el caso se actualice alguna causal de sobreseimiento prevista en el artículo 327 de ese ordenamiento. Esto es, el no ejercicio de la acción penal puede configurarse cuando dicha potestad agotada las investigaciones preliminares; es decir, cuando la fiscalía estime que no cuenta con los elementos suficientes para solicitar el auto de vinculación a proceso, o bien porque se ha extinto la pretensión punitiva, porque una ley posterior suprima un tipo penal, porque el hecho haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiere dictado sentencia ejecutoria respecto del imputado, o por desistimiento de la querella. Cuando el Ministerio Público determina el no ejercicio de la acción penal, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que la víctima u ofendido la podrá impugnar ante el juez de control, quien en una audiencia decidirá definitivamente, para lo cual se citará a la víctima u ofendido y, en su caso, al imputado y su defensor. Si el juez de control rechaza la impugnación planteada, el acuerdo de la fiscalía continuará surtiendo efectos, sin perjuicio que la víctima u ofendido puedan promover el juicio de amparo contra la resolución judicial en la cual se haga dicho pronunciamiento; en cambio, si declara fundado el recurso, se dejará sin efecto el acuerdo ministerial y se ordenará que la investigación preliminar continúe, o bien, que se ejerza acción penal. En el caso concreto, este órgano de control constitucional aprecia que la resolución de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en la carpeta preliminar 43/2021 derivado de la carpeta judicial 417/2010, mediante la cual, la Jueza de Distrito del Sistema Penal Federal Acusatorio del Centro Federal de Justicia Penal Federal (Gabriela Capetillo Piña), revocó la aprobación del no ejercicio de la acción penal y ordenó continuar con las indagatorias de la carpeta de investigación de referencia, para en su momento, determinar lo que estimara conveniente respecto al ejercicio o no ejercicio de la acción penal correspondiente. En ese sentido, la suscrita juzgadora aprecia que dicha determinación tiene como único efecto que la representación social continúe su función de investigación de posibles hechos delictuosos. Función que como se dijo párrafos arriba, le es conferida por mandato constitucional a la representación social, ya que el numeral 21 de la Carta Magna prevé que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. Al margen de ello, debe decirse que no existe legislación o mandato constitucional que otorgue el derecho de los gobernados en oponerse a la continuación de una investigación, pues de lo contrario se afectaría una cuestión de orden público. Asimismo, debe decirse que en opinión de este órgano de control constitucional, la referida determinación no priva a la imputada hoy quejosa, del derecho a demostrar que los hechos que se le atribuyen no sean constitutivos de delito alguno. Ya que será precisamente durante la investigación correspondiente, una vez recabadas las constancias respectivas, que el Ministerio Público concluya que no solicitará la audiencia de formulación de imputación o bien, peticionará que se libre una posible orden de aprehensión en su contra a fin de formular la imputación correspondiente, por no existir datos de prueba suficientes para ello. De ahí que hasta esta etapa procesal no se acredite una afectación a sus derechos fundamentales, ya que será en diverso momento procedimental en el cual, en todo caso se actualice el presupuesto indispensable para instar a la justicia federal. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia XVII.2o.P.A. J/2 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Penal, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, página 886, de rubro: "RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, LA DEJA SIN EFECTOS Y ORDENA LA CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL IMPUTADO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO." Asimismo, por las razones que informa se cita la jurisprudencia 1a./J. 87/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Penal, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 71, de contenido: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA." De igual forma, sirve de sustento para lo expuesto en la presente sentencia la tesis I.6o.P.94 P (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Penal, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, página 2287, de rubro: "REVOCACIÓN DEL ACUERDO QUE DETERMINA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y REAPERTURA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ORDENADAS POR EL JUEZ DE CONTROL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON LAS FRACCIONES III, INCISO B) Y V, AMBAS DEL DIVERSO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA." En mérito de lo anterior, con fundamento en los numerales 61, fracción XII en relación con el 5° fracción II y 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por improcedente, la presente demanda de derechos Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que expresamente está señalado para ese fin, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, por si contar con registro en el sistema computarizado para tal efecto, el cual se lleva en los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos restringidos, esto es, para oír y recibir notificaciones, a las demás personas que alude en el mismo, al no tener registrada su cédula en el citado sistema; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlos como autorizados en términos amplios. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento de los promoventes que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" En otro orden, con fundamento en los artículos 22, fracción I y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, se invita a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, conforme a los requisitos contemplados en el diverso numeral 29 del citado Acuerdo, a fin de se encuentren en posibilidad promover y consultar el expediente electrónico, así como para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de practicar notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año en curso, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.

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