Andrea Tamayo Vleeschower
Expediente 1760/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1760/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 13/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Andrea Tamayo Vleeschower
- Yurisa Fidelia Vleeschower Magdaleno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Mérida, Yucatán, a trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio 4940/2022, de veintidós de los corrientes, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y anexo que adjunta, con el que cumple con el requerimiento realizado en auto de catorce de noviembre del año que transcurre, y adjunta copia certificada de la audiencia incidental de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, emitida en autos del juicio laboral ********************mismo que fue acumulado al diverso********************del índice de la propia Junta. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la denegación de justicia de la responsable, al omitir regularizar el juicio laboral ********************, ya que señaló en fecha seis de julio de dos mil veintidós una audiencia distinta a la que se debió llevar a cabo, esto es, señaló la audiencia de conciliación demanda y excepciones, cuando lo correcto era la de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la denegación de justicia de la responsable, al omitir regularizar el juicio laboral ********************, ya que señaló en fecha seis de julio de dos mil veintidós una audiencia distinta a la que se debió llevar a cabo, esto es, señaló la audiencia de conciliación demanda y excepciones, cuando lo correcta era la de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. Ahora bien, del informe justificado rendido por la Presidenta responsable manifestó que era cierto el acto reclamado por la parte quejosa, esto es, la omisión de regularizar el expediente laboral ********************, pero esto debido a que faltaba por desahogar un incidente de competencia y acumulación respecto del diverso juicio ********************por lo que se suspendió la audiencia de ley, determinando que una vez resueltas dichas incidencias -señaladas para tener verificativo el veinticinco de agosto de dos mil veintidós-, se acordaría lo conducente respecto del acto reclamado por la parte quejosa. Por otra parte, de la lectura del oficio 4940/2022 de cuenta, fechado el veintidós de los corrientes y signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que en fecha veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se llevó a cabo la celebración de la audiencia incidental de competencia, en la que la responsable se declaró competente para continuar con la secuela del juicio laboral ********************; luego, respecto del incidente de acumulación, determinó acordó acumular el expediente ******************** al diverso ********************(de donde deriva el acto reclamado en este asunto). De igual forma, de pronunció respecto de la prosecución del juicio laboral ********************continuando con el expediente laboral como********************y ACUMULADO; y finalmente la responsable, se pronunció respecto de la regularización reclamada, señalando que se tenía por celebrada la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución y por cerrado el período probatorio, exponiendo los argumentos por los cuales no resultaba procedente la regularización solicitada por la parte quejosa, y fijando fecha y hora para la audiencia en la que provería lo conducente a las pruebas ofrecidas por las partes. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable emitió una determinación en la que se pronunció respecto de la regularización en el procedimiento de origen, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la negativa de la autoridad responsable de dictar el proveído en el que se pronunció respecto de la regularización, en el expediente laboral de origen, lo que en el caso se subsana con la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la responsable se pronunció respecto de la petición de la parte quejosa en el aludido juicio, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y la cuenta secretarial que antecede, se advierte que ya obra agregado en autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mismo que fue agregado el veinticuatro de agosto del año en curso, de cuyo contenido se advierte que la Presidenta responsable manifestó que era cierto el acto reclamado por la parte quejosa, esto es, la omisión de regularizar el expediente laboral 548/2021, pero esto debido a que faltaba por desahogar un incidente de acumulación respecto del diverso juicio 729/2021, por lo que se suspendió la audiencia de ley, determinando que una vez resuelto el incidente de acumulación -señalada para tener verificativo el veinticinco de agosto de dos mil veintidós-, se acordaría lo conducente respecto del acto reclamado por la parte quejosa; sin embargo, la responsable fue omisa en informar a este Juzgado el resultado de dicha diligencia. En tal virtud, y siendo necesario para la resolución del presente asunto, contar con las constancias que integran el juicio laboral 548/2021, específicamente lo actuado después de la audiencia incidental de acumulación-señalada para tener verificativo el veinticinco de agosto de dos mil veintidósante la posible actualización de una causal de sobreseimiento; por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, requiérase a la autoridad responsable, esto es la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, informe si ya resolvió lo conducente al incidente de acumulación planteado en el procedimiento laboral de origen y remita las copias certificadas de las actuaciones conducentes, señalando si realizó algún pronunciamiento respecto de la regularización reclamada, o en su caso, informe su imposibilidad para hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 515 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en la página 454, Octava Época, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000, con número de registro 918,049, en el IUS Intranet, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SI HAY EVIDENCIA SOBRE SU EXISTENCIA DEBE INDAGARSE Y, EN SU CASO, RECABARSE OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ACREDITARLA.- De conformidad con el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia, por lo general, deben ser examinadas de oficio. Por ende, si de autos se advierte alguna evidencia sobre su existencia como la indagación y, en su caso, recabación de pruebas necesarias para acreditar dichas causales también debe hacerse de oficio y en cualquiera de las instancias en que se encuentre el procedimiento en el juicio de garantías. Desatender tal obligación transgrede las reglas fundamentales que rigen dicho procedimiento y hace necesaria su reposición en términos del artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia". Apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."-1 De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, y la autoridad responsable estén en aptitud de remitir las constancias conducentes, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nueva fecha y hora para su desahogo las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, a cuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que la tercero interesada "AXA SEGUROS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE fue emplazada al presente juicio de amparo, el treinta de septiembre de dos mil veintidós, por lo que no ha transcurrido el plazo a que hace alusión el numeral 117 de la Ley de Amparo. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas fecha y hora para su desahogo las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC*
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