Andrea Salazar Aguirre

Expediente 283/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 26 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
283/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Andrea Salazar Aguirre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el apoderado legal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, por el que exhibe diversas constancias con las que afirma dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexos, dese vista a la quejosa y requiérasele, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga respecto a lo exhibido por la autoridad, para que este juzgado de Distrito se encuentre en aptitud de pronunciarse respecto del cumplimiento de la ejecutoria. Notifíquese y personalmente a la quejosa con copia del oficio de cuenta y anexos.

  2. Principal

    Ciudad de México, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la apoderada legal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), quien actúa en representación del director General, secretario Administrativo y subdirectora de Recursos Humanos, todos del citado centro, por el que solicitan prórroga para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se les concede una prórroga de diez días, para que remitan las constancias con las cuales se acredite el cumplimiento al fallo protector. Consulta del expediente electrónico Asimismo, en atención a lo solicitado y a la certificación de cuenta, de la que se desprende que de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en específico en el campo "Autorizados Expediente Electrónico" la clave de usuario ********************, está registrada, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia, en relación con el numeral 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía electrónica de las constancias que integran este expediente. En atención a ello, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice los movimientos informáticos correspondientes. Finalmente, se hace del conocimiento de las autoridades que subsiste el apercibimiento decretado en auto de treinta de agosto de este año. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, con el que remite copia certificada del testimonio de la resolución del amparo en revisión 479/2022, de su estadística y el expediente del juicio de amparo citado al rubro, acúsese recibo. Comuníquese a las partes que el tribunal colegiado resolvió: "[.] PRIMERO. Se DESECHA el recurso de revisión interpuesto por el Presidente de la República, por los motivos expuestos en el inciso A) del considerando segundo de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. TERCERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 283/2021, promovido por *****, en términos de lo expuesto en los considerandos cuarto y sexto, puntos 1 y 2 del inciso A), y 3 del inciso B) de la sentencia recurrida. CUARTO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a la parte quejosa, en términos de lo expuesto en el considerando octavo de la sentencia impugnada y décimo de esta ejecutoria. QUINTO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a *****, respecto de la aplicación del artículo 18 del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el referido medio de comunicación oficial federal el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, conforme a las consideraciones y efectos expuestos en los considerandos noveno y décimo de la sentencia recurrida. SEXTO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el Presidente de la República, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente ejecutoria. [.]." De lo anterior se toma conocimiento, realícense las anotaciones en el libro electrónico. Glósense solamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora, del estado procesal de autos, se advierte que los efectos por los que fue concedida la protección constitucional a la quejosa en la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, consisten en: "[.] DÉCIMO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el efecto de que, en el ámbito de su respectiva competencia, el Director General, Secretario Administrativo y Subdirectora de Recurso Humanos, todos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), en el ámbito de su competencia, realicen lo siguiente: ( Deberán dejar insubsistente la aplicación del artículo 18 Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, por lo que, en su caso, deberá devolverle las cantidades retenidas y enteradas al fisco federal por la indebida observancia de dicho precepto; reintegrándole como parte de sus prestaciones, percepciones extraordinarias u otros conceptos, el pago de las contribuciones causadas, según sea el caso, en razón de los siguientes conceptos: P11) Prima Vacacional, P13) Recompensa Anual por Antigüedad, P17) Anteojos y Pupilentes, P18) Aparatos Ortopédicos, P19) Ayuda de Alimentos, P20) Ayuda para compra de libros y uniformes escolares, P23) Bienestar Social, P24) Despensa, P27) Material Didáctico, P34) Prótesis Dental, P38) Ayuda de Transporte, P39) Ayuda para Gastos de Defunción, P44) Ayuda para encuadernación de tesis, P57) Compensación Especial de Fin de Año y P58) Estímulo al Trabajador de Fin de Año, sin los descuentos fundados en la norma referida a partir del momento en que fue aplicada y por lo que corresponde al ejercicio fiscal dos mil veintiuno. La concesión de amparo no implica ni constituye derecho alguno a favor de la parte quejosa para que se le hagan pagos de conceptos o prestaciones que no venía percibiendo antes de la presentación de la demanda, ni comprende actos diversos a los expresamente señalados en esta sentencia. [.]" En ese orden, de la sentencia dictada por este juzgado Federal se advierte que se concedió el amparo a la quejosa, para los efectos que se trascribieron en párrafos precedentes. Se requiere cumplimiento de sentencia En tales condiciones, con fundamento en lo que se establece en los artículos 192, párrafo segundo, en el 193 y en el 194 de la Ley de Amparo, se requiere al director general, al secretario administrativo y a la subdirectora de Recursos Humanos, todos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumplan con dichos efectos de la sentencia y remitan copia certificada y legible de las constancias que lo acrediten. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar su imposibilidad para hacerlo: 1) Se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida de actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo. 2) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. 3) Se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito y, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación inmediata de su puesto y su consignación ante el juez de Distrito competente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a la responsable que aun cuando deje de ostentar el cargo que desempeña seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de lo establecido en la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. En el entendido que: 1. La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos de lo que se establece en el artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo; lo anterior tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." Notifíquese, vía electrónica al quejoso y en su caso, a las autoridades responsables una vez que reanuden sus labores." Notifíquese y personalmente a la quejosa.

  4. Incidental

    Ciudad de México, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio remitido por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable, el cual quedó registrado bajo el número 1463/2021 de su índice, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes, asimismo, que dadas las cargas de trabajo solicita se notifique el proveído en comento a las autoridades responsables y una vez practicadas las mismas le sean enviadas las constancias respectivas. Atento a lo solicitado, se ordena girar los oficios correspondientes a las autoridades responsables dicho acuerdo y una vez que se cuente con las constancias de notificación respectivas, sin ulterior proveído, remítanse las mismas de inmediato al Tribunal Auxiliar oficiante. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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