Andrea Rico Dorantes
Expediente 450/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 450/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 11/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Andrea Rico Dorantes
- Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Acapulco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
Acapulco de Juárez, Guerrero; once de junio de dos mil veintiuno. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal y como esta ordenado en dicho auto. Ahora bien, en relación al original del cuaderno incidental que deriva del presente, en términos del artículo 21, inciso c) del invocado cuerpo normativo, es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años descrito en líneas precedentes, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión respectivo; con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, se declara que es susceptible de destrucción. Atento a lo ordenado en el artículo 35 del referido acuerdo, hágase las anotaciones respectivas en las carátulas del incidente de suspensión en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; once de junio de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya feneció el plazo de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de dieciocho de mayo del año en curso, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2º de la ley en aplicación, se declara que dicho auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia HA CAUSADO ESTADO, para BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 todos los efectos legales correspondientes; hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los artículos 21, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, tanto el expediente principal, como el duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, son susceptibles de destrucción; por tanto, el duplicado una vez que transcurra el término de seis meses y el expediente principal, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. En relación al original del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, en términos del artículo 21, inciso c) del invocado cuerpo normativo, es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años descrito en líneas precedentes, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente. ?? Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Notifíquese.
- Principal
.Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de mayo dos mil veintiuno. Visto; el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte el informe rendido por la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual remitió diversas constancias emitidas en el juicio laboral 443/2020, e informó que en cumplimiento al acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero el uno de marzo de dos mil veintiuno, a partir del ocho de marzo del actual se reanudaron los términos y plazos en los procedimientos laborales ordinarios, por lo que en auto de once de marzo de dos mil veintiuno, previno a la ahora quejosa a efecto de que subsane su demanda laboral. Ahora bien, del contenido de dichas copias certificadas, a las que se les concede valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter?????? negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho establezca. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,1 que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera 1 Jurisprudencia localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,2 cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Conforme a lo antes transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que en el presente juicio de amparo, la parte quejosa reclama el acuerdo general de tres de agosto de dos mil veinte, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, que limita el acceso a la impartición de justicia en los juicios laborales, al existir un trato diferenciado a limitar las actividades que se realizan en los juicios laborales, y como consecuencia no proveer lo conducente respecto de su demanda laboral presentada. Ahora, del contenido de las constancias remitidas por la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se desprende que en cumplimiento al acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero el uno de marzo de dos mil veintiuno, a partir del ocho de marzo del actual reanudó sus labores, así como los términos y plazos en los procedimientos laborales ordinarios, lo que se hizo del conocimiento de las partes mediante aviso general. Por lo que en auto de once de marzo de dos mil veintiuno, acordó lo conducente respecto de la demanda laboral de ahora quejosa, previniéndola para que subsane las deficiencias que ahí se precisan. 2 Jurisprudencia localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. De lo anterior, se advierte que dejó de existir el agravio que le fue causado a dicha parte procesal, toda vez que la inactividad reclamada dejó de causarle perjuicio, en virtud de que la suspensión de los términos y plazos en los procedimientos laborales fueron levantados y se encuentra en condiciones de substanciar el procedimiento del juicio laboral de origen, y la junta responsable acordó lo conducente respecto de su demanda laboral, restituyéndola en el goce del derecho fundamental violado. Tiene aplicación la tesis 2a./J. 9/98, visible en la Página: 210, de la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese contexto, tenemos que la cesación de efectos en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, en virtud que los plazos y términos del procedimiento de origen fueron levantados, lo que imposibilita el examen constitucional del acuerdo reclamado, precisamente porque ya no invade la esfera jurídica del impetrante; de ahí que en tal evento se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas. También sirve de sustento a esta determinación la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida a propósito de la contradicción de tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le imparta justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Sobreseimiento que se hace extensivo a la responsable Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en virtud que como se desprende de su informe rendido, por razón de turno no le tocó conocer de la demanda laboral presentada por la ahora quejosa; además de que constituye un hecho notorio que????????????dicho tribunal laboral, de igual manera reanudó sus laborales, levantando los plazos y términos de los juicios laborales de su índice, en consecuencia, también cesó en sus efectos el acuerdo reclamado. Consecuentemente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y personalmente a la parte quejosa
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto; se tiene por recibido el escrito firmado vía electrónica por Olga Espinoza Ocampo, en su carácter de apoderada legal de Andrea Rico Dorantes, mismo que cuenta con evidencia criptográfica, mediante el cual desahoga la vista que se dio en proveído de veintidós de abril del año en curso, con el informe justificado rendido por la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, y por hechas las manifestaciones que vierte en calidad de alegatos, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlos al celebrarse la audiencia constitucional, y de que sean tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, en relación a lo solicitado por la ocursante, en el sentido de que este órgano jurisdiccional requiera a la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, para que remita copia certificada de las documentales que refiere, mismas que obran en el juicio laboral 443/2020 de su índice; indíquese a la ocursante que no ha lugar a proveer de conformidad tal petición, toda vez que el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, faculta al juzgador de amparo para que de oficio recabe discrecionalmente las pruebas que fueron rendidas ante las autoridades responsables que no obren en autos y que estime necesarias para la resolución del asunto; sin embargo, de este precepto no se puede desprender la facultad de obligar a la responsable omisa a rendir su informe o remitir, en su caso, las constancias que lo apoyen, cuando expresamente hay una sanción por esa omisión, conforme a la fracción II del diverso numeral 260 de la citada ley en aplicación. De lo anterior se concluye que este órgano jurisdiccional no está facultado para gestionar pruebas que a la parte quejosa interesa exhibir y aportar en el presente juicio, y de pretender ofrecerlas en esta instancia, deberá primero acreditar haberlas solicitado a los funcionarios o autoridades correspondientes, y que a su vez exista negativa expresa por parte de éstos en expedir lo solicitado, ello en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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