Andrea Ramos Ramírez

Expediente 736/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
736/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
25/07/2023

Partes del expediente

  • Andrea Ramos Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), del mismo ordenamiento contra el auto de veintinueve de junio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Ahora bien, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por tanto, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en cita, y toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, el presente expediente es susceptible de destrucción. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente, y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto no obran documentos aportados por la parte quejosa. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA:... Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se tuvo al 1. Coordinador de Actuarios y 2. Presidente, ambos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, rindiendo su informe justificado, adjuntando para tal efecto copia certificada íntegra del acto reclamado y de las necesarias para resolver el presente asunto, es por lo que, se provee: ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Del contenido de las diversas actuaciones que obran en el expediente laboral de origen C.D.T.337/2018-9, se advierte que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, al actualizarse una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse. Antecedentes. En fecha cinco de junio de dos mil veintitrés, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Distrito en el Estado de Tlaxcala, ********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, y Actuario adscrito, mismos que hizo consistir en: La omisión de acordar el escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintitrés, por el cual solicitó se declare cerrada la instrucción y se turnen los autos del expediente C.D.T. 337/2018-9, para el dictado de la resolución en forma de laudo; así como la omisión de notificar el acuerdo recaído a su petición. Al respecto, la suscrita juzgadora estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: ....Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado El citado numeral establece que el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto es, cuando el acto reclamado haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional; de tal suerte que haya quedado restablecida la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello, el acto no agravie al quejoso. Es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, por lo que el juicio constitucional carece de materia sobre la que pueda hacerse un pronunciamiento de fondo...... En el caso, como se precisó, la quejosa reclama la omisión de la responsable en dictar acuerdo correspondiente al escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes de la Junta responsable, mediante el cual solicitó, que dentro de los autos del expediente C.D.T. 337/2018-9: Se declare cerrada la instrucción; y, Se turnen los autos para que se formule la resolución en forma de laudo. Al respecto, de las constancias que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, adjuntó a su informe justificado, se advierte que en proveído de doce de junio de dos mil veintitrés, dictado en el cuaderno de trabajo C.D.T. 337/2018-9, la citada autoridad acordó lo conducente al escrito de doce de mayo de dos mil veintitrés, en el que: Declaró cerrada la instrucción en el cuaderno de trabajo C.D.T. 337/2018-9; y, Ordenó turnar los autos al auxiliar proyectista de la junta, para que formule el proyecto de resolución en forma de laudo (foja 22 de autos). Acuerdo que le fue notificado a la parte quejosa por estrados el trece de junio de dos mil veintitrés, según constancia de notificación, cuya copia certificada obra agregada en autos a foja 23. En ese orden de ideas, puede estimarse que se restituyó la situación en que se encontraba la parte quejosa, ya que como se vio, en acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés dentro de los autos del cuaderno de trabajo C.D.T. 337/2018-9, se acordó favorable la solicitud que la quejosa realizó mediante escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintitrés, por lo que es dable concluir que cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de acordar lo conducente al citado escrito, por lo que no existe materia para realizar un pronunciamiento de fondo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia, respecto del acto reclamado por la quejosa, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, cuyo rubro y texto es el siguiente: ..... CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Consecuentemente, dado el sentido del presente auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para DIEZ HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda la diligencia de aceptación y protesta de cargo de perito oficial, signada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, de la que se advierte que la licenciada *******aceptó y protestó el cargo conferido; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Por tanto, hágase del conocimiento de la perito oficial que cuenta con el término de cinco días hábiles para que se imponga del presente juicio de amparo y del expediente ******** del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc (el cual ya obra en este órgano jurisdiccional); y así estar en aptitud de contar con los elementos necesarios para poder rendir su dictamen pericial. Se apercibe a la perito que de no cumplir con el requerimiento formulado en el término indicado, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se integra; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, Apartado B, de la Constitución Federal de este país, con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y por vídeo llamada a la perito oficial ******

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de siete de junio de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. En ese sentido, mediante sentencia terminada de engrosar el treinta de junio de dos mil veintidós, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa. Inconforme con tal determinación Alejandro Bernal Torres, defensor particular del quejoso José Luis Cortes López, interpuso recurso de revisión, el cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien mediante sesión remota ordinaria celebrada el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, emitió la ejecutoria dentro del recurso de revisión penal 279/2022, en la que revocó la sentencia y concedió el amparo al quejoso. Ello, a fin de que la autoridad responsable Jueza de Control que emitió la resolución derivada de la revisión de la medida cautelar o excepcionalmente, otro juez diverso, realizara lo siguiente: "1. Dejar sin efectos la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa del imputado José Luis Cortés López, celebrada el quince de diciembre de dos mil veintiuno, única y exclusivamente donde resolvió sobre la subsistencia de la prisión preventiva oficiosa. 2. Dejar intocado el debate en donde las partes realizaron sus manifestaciones. 3. Cite hora y fecha para que se lleve a cabo la audiencia de revisión de las medidas cautelares dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a partir de que se les notifique a las partes de la presente resolución, conforme a lo establecido en el diverso 162 del citado Código y precise que la citada audiencia se llevará única y exclusivamente para resolver sobre la revisión de la medida cautelar impuesta, no para abrir nuevamente el debate sobre las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad de mantenerla. 4. Previa imposición de los registros de audio y video donde consten las intervenciones de las partes abrirá la audiencia y procederá a resolver siguiendo los lineamientos dados por los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al escrutinio elevado con justificación, en el sentido de que los elementos que justifican la necesidad de prolongar la medida cautelar no se encuentran debidamente acreditados por el Ministerio Público y, decrete la inmediata liberación del quejoso por haber vencido el plazo de dos años, como lo dispone el artículo 20 constitucional, fracción IX, segundo párrafo. 5. Con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, procederá abrir debate entre las partes a fin de que esté en aptitud de emitir una decisión en relación con la imposición de cualquier otra medida cautelar o diversas medidas, de las establecidas en el precepto 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que garanticen la comparecencia a juicio del imputado e impida que se sustraiga a la acción de la justicia, distintas a la prisión preventiva oficiosa. En el entendido de que el amparo concedido solamente es para resolver lo que corresponde en audiencia de revisión de medida cautelar, quedando firmes las demás determinaciones y continuando el desarrollo de la fase de juicio oral. (.)" En ese sentido, por auto de treinta y uno de mayo del año en curso, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector de la ejecutoria de amparo. Conforme a lo anterior, mediante proveídos de seis y siete de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibidos los oficios signados por el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en el que refirió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y, en consecuencia, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado, por lo que en auto de catorce de junio del presente año, se tuvo por desahogada la vista concedida a la parte quejosa. En ese sentido, se procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, se advierte que en primer término, dejó insubsistente la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa del imputado José Luis Cortés López, celebrada el quince de diciembre de dos mil veintiuno, única y exclusivamente donde resolvió sobre la subsistencia de la prisión preventiva oficiosa; además, dejó intocado el debate en donde las partes realizaron sus manifestaciones. Asimismo, señaló las diez horas con treinta minutos del día tres de junio de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia de revisión de las medidas cautelares, la cual se desahogó en dicha fecha, en la que el Juez responsable dejó sin efectos la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso, ordenando su inmediata libertad. Además, de manera inmediata y en tal audiencia abrió debate y a petición del Agente del Ministerio Público, y al haber establecido los motivos del porque era necesario la prisión preventiva justificada, se determinó imponer al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada, a efecto de garantizar su comparecencia a juicio e impedir que se sustraiga a la acción de la justicia. Una vez expuesto lo anterior, debe decirse si bien la autoridad responsable dio cumplimiento a los puntos 1 al 4 establecidos por la Superioridad, lo cierto es que no se cumplió con el punto 5. Ello es así, ya que dejó sin efectos la audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada el quince de diciembre de dos mil veintiuno, única y exclusivamente donde resolvió sobre la subsistencia de la prisión preventiva oficiosa; además, dejó intocado el debate en donde las partes realizaron sus manifestaciones, señaló hora y fecha para que se lleve a cabo la audiencia de revisión de las medidas cautelares, se impuso de los registros de audio y video y decretó la inmediata liberación del quejoso, desahogando la audiencia de manera inmediata. Sin embargo, al proceder abrir el debate entre las partes a fin de que impusiera diversa medida cautelar de las que se encuentran establecidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que al decretar la medida cautelar de prisión preventiva justificada no se encuentra debidamente fundada y motivada; ello, en términos de los lineamientos que estableció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el recurso de revisión penal 279/2022. Se afirma lo anterior, pues el citado Tribunal estableció que a fin de justificar la prolongación de la prisión corresponde al Fiscal la carga de probar ante el Juez de Control la complejidad del asunto para poder efectuar la extensión de investigaciones o la dificultad probatoria, circunstancia que no se advierte en el cumplimiento aducido. Esto es así, en virtud de que la prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad del imputado, al ser aplicables a las condiciones de la citada medida cautelar los artículos 20, apartado b, fracción IX, segundo párrafo constitucional y 165, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede su revisión para determinar si cesa o se prolonga su aplicación, en donde se deberán acreditar los elementos aludidos, pero en todo cado el débito procesal justificativo corresponde a la fiscalía. Siendo que para decretar la prisión preventiva justificada el Juez responsable, únicamente se basó en los datos de pruebas relativos a la acreditación del hecho que la ley señala como delito; sin embargo, no estableció razonamiento alguno del por qué debe prolongarse la prisión, si existen alguna cuestión de investigación pendiente, o alguna dificultad probatoria, tal y como lo refirió el Tribunal Colegiado. En otras palabras, el órgano técnico acusador debía demostrar el por qué el asunto era complejo a través de evidencia real, ofreciendo los datos de prueba necesarios para justificarlo para poder solicitar la prolongación de la prisión; es decir, evidenciar la extensión de las investigaciones y la dificultad probatoria, que es lo que realmente refleja la complejidad del asunto, tales como un peritaje especial, la presentación de un testigo, entre otros. Por tanto, con el acto reclamado no se logró evidenciar los elementos necesarios para justificar la extensión de la medida cautelar; de ahí que no se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con lo expuesto queda en evidencia que la autoridad responsable no ha cumplido con el fallo protector, por lo que con fundamento en los artículos 192 y 193, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, a fin de que deje insubsistente la audiencia de tres de junio e dos mil veintitrés y cumpla con la ejecutoria de amparo, así como con lo ordenado dentro del presente auto. Ello, para que dentro del improrrogable plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, cumpla con la sentencia de amparo, debiendo informar a este Juzgado las acciones realizadas para tal efecto, para lo cual deberá anexar copias certificadas de las constancias que acrediten su dicho, o en su caso la imposibilidad que tenga para ello; lo anterior, de conformidad en lo establecido por el artículo 192, tercer párrafo de la Ley de Amparo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Asimismo, hágasele saber a dicha autoridad que el incumplimiento a una sentencia de amparo de manera dolosa, puede llegar a ser sancionado en términos del artículo 267 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jordy Santos Ávila, que autoriza y da fe.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano