Andrea Ramírez Maldonado
Expediente 608/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 608/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/09/2021
Partes del expediente
- Andrea Ramírez Maldonado
- Jesús Armando Mariñelarena Fernández
- Andrea Ramírez Maldonado y Otros.
- Dora Elena Maldonado García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México; diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Declaración de Estado. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticinco de junio del presente año, en la cual se determinó sobreseer en el juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis XIX. 1º. A.C.J/1(10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 2464, Tomo IV, septiembre de 2016, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita." Fundamento: Artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo indica su numeral 2°. Archivo del asunto En otro orden de ideas, y al no haber diligencias pendientes por realizar, archívese el asunto como totalmente concluido. Fundamento: Artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Valoración del expediente, anotación en el Libro Electrónico y colocación de los sellos en la carátula. Por tal motivo, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, es susceptible de destrucción. Fundamento: artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Valoración del expediente incidental. En lo que toca al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, es susceptible de destrucción en un plazo de tres años. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de seis meses que prevé el artículo 20 del citado Acuerdo. Fundamento: artículos 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de valoración depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En el entendido, que el original y duplicado de los cuadernos incidentales, deberán remitirse al archivo por cuerda separada. Colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula de cada uno de ellos. Invitación al juicio en línea Se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brinda el siguiente correo institucional: josue.espinosa.lee@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese; por medio de lista a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Acuerdo de promociones Vistos los oficios con folio 3743, 3775, 3856, 4012 y 4194, signados en representación de las Legislaturas de los Estados de Oaxaca, Quintana Roo, Guanajuato e Hidalgo, por medio de los cuales rinden su respectivo informe justificado; dese vista a las partes con ellos. Relaciónense en la audiencia constitucional. Asimismo, se tiene como delegados de su parte, a las personas que mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican, con excepción de las legislaturas de los Estados de Quintana Roo e Hidalgo, la primera no señala delegados ni domicilio y la segunda no señala domicilio. De igual forma, ténganse por ofrecidas las documentales que anexan, las Legislaturas del Estado de Oaxaca e Hidalgo, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional. Fundamento: Artículos 9 y 28, fracción I, 117 y 119 de la Ley de Amparo. En ese orden se tiene por señalado el correo electrónico institucional que indica la Legislatura del Estado de Guanajuato, únicamente, para efecto de comunicaciones no procesales. En otro contexto, vistos los oficios signados en representación de las Legislaturas de los Estados de Coahuila, Morelos, Puebla y Baja California Sur, a través de los cuales pretenden rendir su informe justificado, agréguense a los autos, sin mayor pronunciamiento, en virtud de que mediante proveído de siete de mayo del año en curso, se tuvieron por recibidos los informes de dichas autoridades. Fundamento: Articulo 221 del Código Federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su numeral 2. Invitación al trámite del Juicio en Línea. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan los siguientes correos institucionales: armando.gonzalez@correo.cjf.gob.mx y/o mario.perez.islas@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *************", así como **************, respecto de las autoridades y actos precisados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia, por los motivos expuestos en los diversos cuarto y séptimo de este fallo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Incidental
Ciudad de México, siendo las ocho horas con siete minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Diego Alejandro Ramírez Velázquez Titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, asistido de Christian Alexander Solís Guzmán, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo se procede a celebrar la relativa al incidente de suspensión emanado del juicio de amparo 608/2020 de nuestro índice. Inicio de la audiencia. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes, asimismo, se hace constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el módulo "Agenda visita a OJ", "Reporte de Agenda" opción "Consulta General" no se desprende que de alguna de las partes haya solicitado cita para comparecer a esta audiencia y, hecho lo anterior, el Secretario hace una relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: Copia del escrito de demanda, aclaratorio y anexos. Copia autorizada del proveído dictado en el cuaderno principal por el que se admitió a trámite la demanda de amparo. Proveído en el cual se decretó la suspensión provisional de los actos reclamados y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental. Informes previos rendidos por las responsables (excepto por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión). Descarga de la dirección http://sise.cjf.gob//sise/ExpedienteElectronico/PanelCentral.aspx, relativa al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Certificaciones de cuenta. El Secretario hace constar que las anteriores actuaciones, representan la totalidad de constancias que obran en este cuaderno incidental. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos que en su integridad serán tomados en consideración al resolver sobre la suspensión solicitada. Abierto el periodo probatorio. El Secretario hace constar que la parte quejosa NO ofreció pruebas. Por otro lado, certifica que las demás partes no ofrecieron prueba alguna en el presente incidente. El Juez acuerda. Se tienen por precluído el derecho de las partes en el juicio para ofrecerlas, con lo que se da por concluido el presente período probatorio. Fundamento: Artículos 143, segundo párrafo y 146, fracción II de la Ley de Amparo. Abierto el periodo de alegatos. El Secretario hace constar: que las partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Téngase por precluído el derecho de las partes para formular alegatos, con lo cual se da por concluida esta etapa. Fundamento: Artículo 144 de la Ley de Amparo. Cierre de Audiencia. Al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta y se procede a dictar la resolución correspondiente; y. Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 608/2020 promovido por Ricardo Gerardo Mariñelarena Fernández y otros, por propio derecho, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. La parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se mencionan en la demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaren. SEGUNDO. Se tramitó por duplicado el incidente de suspensión, se solicitó a las autoridades responsables su informe previo; negó la suspensión provisional de los actos reclamados y, finalmente se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa solicitó la medida cautelar en el juicio de amparo del que deriva este incidente. Lo anterior encuentra fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo; así como, el Acuerdo 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Acto reclamado y medida suspensional solicitada. Ahora, con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, esencialmente, los que se indican a continuación: "(.) "IV ACTOS RECLAMADOS 1) Se reclama de todas las Autoridades Ordenadoras (Cámara de Diputados; Cámara de Senadores), el proceso legislativo que culminó con la publicación y entrada en vigencia del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 08 de noviembre del 2019, y que entró en vigor el 1ro de enero de 2020. 2) Se reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por el Decreto y por vicios propios en la falta de formalidades que culminó con la publicación y entrada de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 08 de noviembre del 2019, y que entró en vigor el 1ro de enero de 2020; así como al Diario Oficial de la Federación por la publicación del mismo en la página oficial https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=55782269&fecha=08/11/2019." En el escrito aclaratorio, señala la parte quejosa como actos reclamados destacados, los siguientes: Los artículos 2, fracciones VIII, VIII Bis y VIII Ter de la Ley Contra la Delincuencia Organizada; 5 fracciones XI, XII y XIII de la Ley de Seguridad Nacional; 187, párrafo segundo, 256, párrafo tercero, 167, párrafo séptimo, fracciones I, II y III, así como 192, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales; 113 Bis del Código Fiscal de la Federación; y, 11 Bis, fracción VIII Bis del Código Penal Federal, del citado decreto. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de las siguientes autoridades responsables Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Presidente de la República y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe previo. Además, tales actos se acreditan con el propio ordenamiento normativo y con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, según los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, identificada con el número de registro 191452, de la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Ahora, se advierte que se cuenta con la totalidad de las constancias de notificación de los oficios del proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, mediante los cuales se hizo del conocimiento de las partes la fecha para la celebración de la audiencia incidental y se les requirió el informe previo, entre ellas, a la Cámara de Diputados. Sin embargo, dicha autoridad -señalada en el presente asunto como responsable- continúa con la suspensión de labores; no obstante que el dos de septiembre de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento para la Contingencia Sanitaria que aplicará la autoridad de referencia; pero, hasta la fecha queda pendiente la emisión del acuerdo que determine la reanudación de los plazos suspendidos a causa de la contingencia por la citada cámara, como se advierte de su Segundo Transitorio. En ese sentido, ante la importancia de salvaguardar el derecho fundamental de la parte quejosa consagrado en el artículo 17 constitucional, relativo a la impartición de una justicia pronta y expedita, así como la relevancia de este derecho para los órganos de control constitucional, no es válido aplazar el dictado de la suspensión definitiva, con motivo de la falta de reanudación de plazos de la Cámara de Diputados autoridad responsable y como resultado de esto la omisión de la presentación de su informe previo, pues atendiendo la naturaleza del acto reclamado, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, como es el caso que acontece, al ser publicados en el Diario Oficial de la Federación obliga a los órganos jurisdiccionales a que no puedan argüir desconocer la existencia de ellos. CUARTO. Análisis de la solicitud de Suspensión. La parte quejosa manifestó que solicita la suspensión del acto reclamado para los efectos siguientes: Que no se ejecute la disposición reclamada y se suspenda su entrada en vigor de manera provisional, hasta tener la certeza de que se respeten en todo momento los Derechos Humanos. Al respecto, el Juzgado de Distrito está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, esto conforme a la jurisprudencia 4/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. 4.1. Negativa de la suspensión definitiva Con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA por la parte quejosa, respecto de los efectos para los cuales se solicita la medida. Véase lo que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." De la anterior trascripción se desprende que para conceder la suspensión a petición de parte, deben satisfacerse previamente ciertos requisitos como son: La solicitud formulada por el quejoso en ese sentido. Que los actos no contravengan disposiciones de orden público ni afecten el interés social. Ahora, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva (interés suspensional). Asimismo, el juzgador de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; entendiendo lo primero, como el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social, cabe señalar que la apreciación de su existencia depende del caso concreto, el cual debe ser analizado por el juzgador al otorgar o no la suspensión de los actos reclamados. De la lectura de los requisitos a que se ha hecho referencia, se concluye que la parte quejosa no cumple con lo establecido en la fracción I, del artículo 128 de la ley de la materia; pues si bien, solicita expresamente la medida cautelar, no acredita con documento idóneo el interés suspensional que tiene para acceder a la suspensión que pide, esto es no demostró ni indiciariamente, la vinculación existente entre ella y el derecho que se pretende preservar. Es decir, de la revisión del escrito de demanda y de su escrito aclaratorio no se advierte que la parte agraviada haya exhibido original o copias de los documentos respectivos como pruebas, a fin de que se hiciera la compulsa respectiva y fueran agregados al incidente que ahora se resuelve. En ese contexto, dado que la quejosa no demostró ni indiciariamente la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, se niega la suspensión definitiva solicitada. Sin que pase inadvertido que en el caso se solicita la paralización de los efectos de normas generales y que la quejosa aduce un interés legítimo. Sin embargo, ello no la releva de la obligación de acreditar la afectación que las leyes impugnadas le ocasiona o que se ubica en una especial situación frente al orden jurídico, por lo que atendiendo a la naturaleza de la legislaciones cuyas consecuencias pretende sean suspendidas -debió acreditar al menos-, que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, lo cual en la especie no acontece. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 61/2016 (10a.), con número de registro 2011840 de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." Así como la jurisprudencia XXVII.3o. J/9 (10a.), con registro 2008231 y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMAN NORMAS GENERALES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará "para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso", lo cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión." En ese contexto, por lo antes expuesto, se niega la suspensión definitiva solicitada. RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA a Ricardo Gerardo Mariñelarena Fernández y otros, la suspensión definitiva, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
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