Andrea Marisa Gabriela De Vizcaya Ruiz

Expediente 1065/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1065/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • Andrea Marisa Gabriela De Vizcaya Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos los oficios remitidos por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, que contiene la resolución emitida en sesión ordinaria virtual de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, terminada de engrosar el veintiocho de septiembre del mismo año, respecto del recurso de revisión radicado con el número 170/2020 de su índice, así como el expediente principal. Atento a su contenido, hágase del conocimiento de las partes que el referido tribunal determinó: C O N S I D E R A N D O CUARTO.En las relatadas circunstancias, lo procedente es REVOCAR la sentencia recurrida y ordenar la REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO en el juicio constitucional 1065/2019, a efecto de que el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, quien ahora conoce del asunto, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la audiencia constitucional celebrada el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, así como la sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. b) Hecho lo anterior provea los actos que sean necesarios para integrar debidamente la litis constitucional, debiendo enterar personalmente a la quejosa del contenido de los informes justificados rendidos por el Secretario Administrativo y el Subdirector de Recursos Humanos, ambos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, indicándoles la existencia de una nueva autoridad responsable, por virtud de su participación en la materialización de la eliminación del seguro de gastos médicos mayores; así como la existencia de nuevos actos vinculados a los inicialmente reclamados en la demanda de amparo consistentes en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve (2019), además deberá de requerirlos de manera expresa para que manifiesten si es su deseo señalar o no a la Cámara de Diputados como autoridad responsable de so aprobación, al ser su facultad exclusiva de conformidad con el artículo 74, fracción IV de la Constitución y al Presidente de la República la promulgación y publicación.También, deberá requerirlos de manera expresa para que manifiesten si es su deseo señalar o no a la empresa privada La Latinoamericana Seguros, sociedad anónima, como particular que realizó actos equivalentes a los de autoridad, al participar en la aplicación de la disposición general tildada de inconstitucionalidad; así como, si es su voluntad aclarar o ampliar su demanda de amparo respecto de esa autoridad y la disposición general aplicada, y en torno a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículo 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve (2019). Igualmente, deberá prevenirlos para que indiquen si es su deseo formular nuevos conceptos de violación en cuanto a los actos señalados y respecto de los que atañen a su inconstitucionalidad; debiendo concederles el plazo que legalmente corresponda; apercibiéndoles de las consecuencias que en su caso se derivan de la falta de cumplimiento de los requerimientos de que se trata, consistentes en que se resolverá la problemática del juicio de amparo conforme a los actos, autoridades y argumentos planteados en su demanda de amparo. c) Hecho lo anterior, transcurrido el plazo señalado, con ampliación o sin ella, deberá reanudar el trámite del procedimiento hasta su conclusión, emitiendo la sentencia que en derecho proceda Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento del juicio de amparo indirecto 1065/2019 del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por las razones, fundamentos, motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de esta ejecutoria. TERCERO. Se declara SIN MATERIA la revisión adhesiva interpuesta por el Secretario de Hacienda y Crédito Público." De lo anterior se toma conocimiento. Háganse las anotaciones respectivas en el expediente electrónico, para los efectos legales conducentes. En ese contexto, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes, para los efectos legales conducentes y en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad en la ejecutoria en cita, se provee lo siguiente: I. Se deja sin efectos la audiencia constitucional celebrada el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, así como la sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. II. Se hace del conocimiento a la parte quejosa que el Secretario Administrativo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico, al rendir el informe justificado requerido por este Juzgado Federal, señaló lo siguiente:De lo señalado por el Administrativo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico, en el informe justificado se obtiene que la responsable, en acatamiento al Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, a partir del uno de enero de dos mil diecinueve, dio por terminado -de manera anticipada-, el CONTRATO CINVESTAV-SA-201874, celebrado entre ese Centro y la empresa aseguradora LA LATINOAMERICANA SEGUROS, SOCIEDAD ANÍNIMA, el cual tenía por objeto otorgar la prestación del servicio de seguro de gastos mayores (eliminación del seguro de gastos mayores), mediante el CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO CINVESTAV-SA-2018-74, celebrado entre ese Centro y la empresa aseguradora LA LATINOAMERICANA SEGURO, SOCIEDAD ANÍNIMA. III. También se hace del conocimiento de la parte quejosa que, mediante oficio SRH/725/2019, de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, el Subdirector de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional´, señaló en su informe justificado lo siguiente: De igual forma, de lo que manifestó el Subdirector de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en el informe justificado, se obtiene que en acatamiento al Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, a partir del uno de enero de dos mil diecinueve, dio por terminado -de manera anticipada-, el CONTRATO CINVESTAV-SA-2018-74, celebrado entre ese Centro y la empresa aseguradora **********, el cual tenía por objeto otorgar la prestación del servicio de seguro de gastos mayores (eliminación del seguro de gastos mayores), mediante el CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO CINVESTAV-SA-2018-74, celebrado entre ese Centro y la empresa aseguradora LA LATINOAMERICANA SEGURO, SOCIEDAD ANÍNIMA. En el caso, como ya se dijo, del contenido de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que aceptaron la existencia de los actos que les atribuyó la parte quejosa, y para justificar su actuación, exhibieron copia certificada del CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO CINVESTAV-SA-2018-74, celebrado entre ese Centro y la empresa aseguradora LA LATINOAMERICANA SEGURO, SOCIEDAD ANÍNIMA. Convenio de terminación celebrado entre el Secretario Administrativo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y la empresa aseguradora *********, del que se advierte que se eliminó todo lo relativo al seguro de gastos médicos mayores que se otorgaba a los servidores públicos de mando medio y enlace. En ese contexto, y en términos de lo resuelto por el Tribunal Colegiado, a la empresa aseguradora **********, le reviste el carácter de autoridad responsable como particular, por ser parte del CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO CINVESTAV-SA-2018-74, celebrado entre esa Aseguradora y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. IV. También se hace del conocimiento de la parte quejosa que de las manifestaciones vertidas por el Secretario Administrativo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en su informe justificado, se advierten nuevos actos vinculados al inicialmente en la demanda de amparo. En efecto, pues la referida autoridad precisó que la expedición del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, así como el Acuerdo mediante el cual se expidió el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de la Dependencias y Entidades de la Administración Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, son el sustento para la eliminación del seguro de gastos médicos mayores. En el entendido que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve es el fundamento legal del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de la Dependencias y Entidades de la Administración Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Aunado a que el referido Presupuesto es uno de los instrumentos mediante los cuales se concreta el mandato de reducción salarial previsto en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Entonces, para el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados en la demanda de amparo no es posible desvincularlos de la subsistencia de la Ley referida y del Presupuesto en cita. PREVENCIÓN De conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, fracciones III, IV y V, en relación con lo dispuesto en los diversos 111 y 110 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, realice lo siguiente: 1. Indique si es de su interés legal ampliar la demanda de amparo señalando como nueva autoridad a la empresa aseguradora ******** Lo anterior porque dicha empresa, y el Secretario Administrativo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional celebraron el CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO CINVESTAV-SA-2018-74, por el que se eliminó todo lo relativo al seguro de gastos médicos mayores que se otorgaba a los servidores públicos de mando medio y enlace. 2. También deberá señalar si es su voluntad ampliar su demanda de amparo respecto de la discusión, aprobación, promulgación y orden de publicación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. En caso de que así sea, deberá señalar a las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo, indicando el acto que le controvierte a cada una de ésta. De igual forma, deberá indicar si es su deseo señalar como acto reclamado destacado la promulgación del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, atribuido al Presidente de la República, puesto que tal circunstancia, incide en la integración de este juicio de amparo. Cuestión que debe ser precisada por la parte promovente en su demanda y no dejarla a la interpretación de este órgano jurisdiccional, con la finalidad de crear certidumbre en este Juzgado Federal sobre la totalidad de los actos que se tildan de inconstitucionales y las autoridades responsables, como consecuencia de ello, se eviten violaciones procesales en el asunto que nos ocupa, habida cuenta que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se atribuyen el acto reclamado, estarán en aptitud de rendir con mayor certeza los informes que les sean solicitados y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para proveer lo que en derecho corresponda. Resulta necesario hacer del conocimiento de la parte quejosa, que la omisión de atribuir al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación del Decreto que reclama, ello daría lugar a la actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXlll, en relación con los artículos 5, fracción ll y 108 fracciones lll y IV de la Ley de Amparo, los últimos aplicados en sentido contrario. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 54, del tomo III segunda parte1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." Son aplicables también los criterios contenidos en las tesis con números de registro 206049 y 2020126, de rubros: "LEYES, AMPARO CONTRA. SU ESTUDIO NO PUEDE HACERSE SI NO SE EMPLAZA AL JUICIO DE GARANTÍAS A LA AUTORIDAD QUE LAS EXPIDE. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL ÓRGANO DE ESTADO QUE PROMULGÓ EL DECRETO LEGISLATIVO RECLAMADO, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 108, FRACCIÓN III, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. De igual forma cobra aplicación, la Jurisprudencia 2ª./J. 11/2020 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el 28 de febrero de 2020, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE IMPUGNE, DEBE SEÑALARSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Dicho plazo se otorga dado que se tiene como hecho notorio, la decisión adoptada en el amparo en revisión 3051/2019 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, deducido del diverso juicio de amparo 1293/2019 del índice de este juzgado de Distrito, en el cual se advierte que el tribunal revisor emitió criterio en el sentido de que el plazo que se debe de otorgar a la parte quejosa para que aclare su pretensión una vez que ha sido admitida la demanda, es el de quince días previsto en el artículo 111 de la Ley de Amparo. Lo anterior, con fundamento en el numeral 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, misma resolución que se ha reiterado sistemáticamente en otros precedentes posteriores, puede orientar el criterio de este juzgado, ello a fin de evitar futuras reposiciones del procedimiento de amparo; siendo que, en términos del Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sólo corresponde al Primer y al Cuarto Tribunal Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar, con residencia en la Ciudad de México, resolver la temática que se desprende de dicho acuerdo.Así, al ser solamente dos tribunales los que revisan las decisiones de este órgano jurisdiccional en vía de alzada, se estima adecuado seguir las directrices establecidas a fin de contribuir a la generación de certeza y seguridad jurídica en beneficio del justiciable; máxime que, en el caso, la ampliación del plazo, en sí misma, no se estima atentatoria contra las reglas del procedimiento sino que, por el contrario, posibilita la creación de un estado de cosas que favorece la debida defensa de la parte gobernada sin alterar la equidad en la contienda constitucional en desequilibrio de las demás partes, puesto que, como es de explorado derecho, la extensión de los plazos judiciales en el juicio de amparo en favor del justiciable no es un aspecto que incida indebidamente en la integración de los expedientes, pero sí que lo es su restricción o acortamiento. Es aplicable, por el criterio que la informa, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada con el número P./J. 22/2018 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 273, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO RINDA NO PUEDE REDUCIRSE." El precepto citado prevé el plazo de 15 días para que la autoridad responsable rinda su informe justificado, el cual no puede ser reducido por el juzgador de amparo ni siquiera en aras de satisfacer una impartición de justicia expedita. Lo anterior es así, porque la ampliación de plazos en la Ley de Amparo permite otorgar el tiempo necesario para que las partes preparen con mayor cuidado y calidad la exposición de los argumentos en que basan sus pretensiones y, con ello se eleva la calidad del juicio constitucional. Por tanto, no es posible que el juzgador de amparo, bajo su arbitrio, reduzca el plazo en el que la autoridad responsable debe rendir su informe justificado, porque en lugar de favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva, atenta contra la impartición de justicia completa, pronta e imparcial y también contra los principios de legalidad y certeza jurídica de las partes del juicio de amparo al conceder un plazo menor al establecido en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que mediante su regulación resguarda las bases constitucionales con las que ha de tramitarse el juicio de amparo." También, es aplicable, por similitud de razón, la tesis I.9o.P.19 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 3022, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dispone: "PLAZO DE OCHO DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SI AÚN NO TRANSCURRE EN SU INTEGRIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE SOBRESEER EN EL JUICIO, NI SIQUIERA CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE CELERIDAD Y DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA." El juzgador de amparo al celebrar la audiencia constitucional determinó sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, aun cuando no había transcurrido en su integridad el plazo señalado en el artículo 117, párrafo segundo, de la propia ley, bajo el argumento de que la sentencia se emitía acorde con los principios fundamentales establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de resolver el asunto de manera pronta y expedita, con el objeto de evitar dilaciones innecesarias; además de que no se dejaba en estado de indefensión al quejoso, toda vez que contaba con los medios de defensa respectivos; sobreseimiento que fue recurrido mediante el recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si aún no transcurre en su integridad el plazo de ocho días que como mínimo debe mediar entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito no tiene facultad para sobreseer en el juicio, ni siquiera con base en los principios de celeridad y de justicia pronta y expedita. Justificación: Lo anterior, en virtud de que el artículo 117, párrafo segundo, mencionado establece que entre la notificación de la vista de los informes justificados y la celebración de la audiencia constitucional debe mediar un plazo no menor al de ocho días, a fin de que las partes tengan oportunidad de conocer con la anticipación necesaria el informe y la documentación proporcionados por la responsable para, en su caso, debatir su contenido. De ahí que el Juez de amparo no esté facultado para disminuirlo, ni aun bajo la justificación de los principios de celeridad y de justicia pronta y expedita, previstos en el artículo 17 de la Constitución General, ni el argumento de que el quejoso cuenta con el recurso correspondiente, en virtud de que tratándose de plazos, debe sujetarse a ellos, por encontrarse establecido en la ley de la materia y no existir facultad para que los juzgadores lo reduzcan, pues éstos se relacionan con la funcionalidad y el alcance que el legislador imprimió a la norma, y fijar términos diversos contraviene los derechos a una defensa adecuada y a un recurso efectivo que, si bien ninguno está por encima del otro, deben armonizarse. " 3. También deberá señalar si es su voluntad ampliar su demanda de amparo respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve Lo anterior es así porque la eliminación del seguro de gastos médicos mayores, establecido en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de la Dependencias y Entidades de la Administración Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho (que controvierte la parte quejosa), tiene sustento legal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, que es uno de los instrumentos mediante los cuales se concreta el mandato de reducción salarial previsto en Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. 4. De igual forma, deberán manifestar de manera expresa si es su deseo ampliar la demanda de amparo contra la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como autoridad responsable de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, al ser facultad exclusiva de dicha autoridad de conformidad con el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5. Deberá manifestar de manera expresa si es su voluntad ampliar la demanda de amparo contra el Presidente de la República, dado que esta autoridad promulgó y ordenó la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, en términos del artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que así sea, en términos de lo resuelto por el Tribunal Colegiado, deberán verter conceptos de violación en torno a la inconstitucionalidad de los actos antes relacionados. Se les apercibe de las consecuencias que en su caso deriven de la falta de cumplimiento a los requerimientos de que se trata, en el sentido de que este Juzgado Federal no tendrá como acto reclamado dichos ordenamientos y resolverá la problemática del juicio de amparo conforme a los actos, autoridades y argumentos planteados en su demanda de amparo. También se le hace de su conocimiento a la parte quejosa que con ampliación o sin ella, se reanudará el trámite del procedimiento hasta su conclusión, emitiendo la sentencia que resuelva la litis planteada en el juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de diecinueve de diciembre del año en curso, y para el efecto remite las copias que le fueron solicitadas del escrito de agravios, en consecuencia, provéase al respecto. Visto el recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la parte quejosa, en contra de la sentencia de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve y terminada de engrosar el veintinueve de noviembre siguiente, atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes, incluido al Ministerio Público Federal, ahora Fiscal Ejecutivo Titular, copias del escrito de agravios y dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original del escrito de agravios y el cuaderno principal a los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación y resolución del recurso citado. También se informa a la superioridad que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, ya que se han incorporado a éste todas la promociones, documentos, autos y resoluciones, el cual está a su disposición en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE); por tanto, se instruye al personal adscrito a este juzgado, encargado de ese sistema, para que realice las gestiones necesarias para ese efecto. Finalmente, con copia del recurso de revisión y de esta determinación fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, sin que sea necesario agregar alguna otra constancia, dado que el expediente se encuentra debidamente digitalizado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0). Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el ocurso de cuenta signado por Diego Orlando Carrasco Hinojosa, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo, mediante el cual pretende interponer RECURSO DE REVISIÓN, sin que al efecto hubiere acompañado las copias necesarias a que se refiere el artículo 88 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: Artículo 88. El recurso de revisión se interpondrá por escrito en el que se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada. Si el recurso se interpone en contra de una resolución dictada en amparo directo, el recurrente deberá transcribir textualmente la parte de la sentencia que contenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la parte del concepto de violación respectivo cuyo análisis se hubiese omitido en la sentencia. En caso de que el escrito de expresión de agravios se presente en forma impresa, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes. Esta exigencia no será necesaria en los casos que el recurso se presente en forma electrónica. Cuando no se haga la transcripción a que se refiere el párrafo primero o no se exhiban las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al recurrente para que en el plazo de tres días lo haga; si no lo hiciere se tendrá por no interpuesto el recurso, salvo que se afecte al recurrente por actos restrictivos de la libertad, se trate de menores o de incapaces, o se afecten derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal o de ejidatarios o comuneros en lo individual, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, en los que el órgano jurisdiccional expedirá las copias correspondientes. Con fundamento en el precepto antes citado, requiérase al promovente para que, dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, exhiba cinco copias de sus agravios, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesto el recurso de revisión. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya tuvo verificativo la audiencia constitucional, encontrándose pendiente de dictar la sentencia correspondiente. En ese contexto, agréguese únicamente para que obre como corresponda al cuaderno de antecedentes formado con motivo de la audiencia celebrada, el escrito signado por el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, por medio del cual ofrece diversas documentales y vierte diversas manifestaciones. Notifíquese.

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