Andrea Maricela Cid Cervantes

Expediente 163/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
163/2017
Año
2017
Actuaciones
23
Última actuación
06/06/2019

Partes del expediente

  • Andrea Maricela Cid Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de esta fecha y el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 163/2017-E, promovido por Andrea Maricela Cid Cervantes, de lo que se advierte, que a la fecha de este proveído, transcurrió el término de dos años, que se le otorgó a la quejosa, en proveído de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete [fojas 107 y 108, incidente original], para que compareciera ante esta potestad, a solicitar la entrega del billete de depósito N 791469, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, valioso por la suma de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional); exhibido en su oportunidad, para que surtiera efectos la suspensión provisional, que se le concedió a la peticionaria de amparo; sin que a la fecha de este proveído, se haya presentado en este Juzgado Federal, a realizar tal solicitud. Ante tal circunstancia, se hace efectivo el apercibimiento que se le realizó a la quejosa, en proveído de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete y, se decreta la prescripción del citado billete de depósito, a favor del Fisco Federal, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; por ende, mediante oficio que al efecto se envíe, remítase dicho documento bancario a la Tesorería de la Federación, a fin que lo haga efectivo a favor del Erario Federal. En ese orden, se requiere al Tesorero General de la Federación, para que en el término de diez días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio por el que se le comunique este proveído, acuse recibo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla; en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Se le tiene acusando recibo del oficio E-468-1, mediante el cual, se le notificó lo actuado el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete y se le devolvió el duplicado de la causa penal 319/2002 (anexo I). Cúmplase.

  3. Principal

    (CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 26 DE MAYO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otro lado, se hace la observación que debido a que se negó el amparo a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, no es de relevancia documental y es susceptible de depuración transcurridos cinco años a partir de esta fecha, de conformidad con la fracción IV del punto Vigésimo Primero fracción IV del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. En otro orden, devuélvase el duplicado de la causa penal 319/2002, exhibida por la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla (anexo I); requiriéndola para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no cumplir, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación. Finalmente, ya que en el presente asunto no existe razón para que continúe constituida la garantía exhibida por la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión concedida; en consecuencia, devuélvase el billete de depósito N 791469, debidamente endosado a su favor, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, en el entendido de que la devolución se realizará, por estrictas razones de seguridad y control, los días miércoles de cada semana de diez a trece horas, debiendo acompañar dos copias de una identificación oficial para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia que en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dicho billetes de depósito prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otro lado, se hace la observación que debido a que se negó el amparo a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, no es de relevancia documental y es susceptible de depuración transcurridos cinco años a partir de esta fecha, de conformidad con la fracción IV del punto Vigésimo Primero fracción IV del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. En otro orden, devuélvase el duplicado de la causa penal 319/2002, exhibida por la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla (anexo I); requiriéndola para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no cumplir, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación. Finalmente, ya que en el presente asunto no existe razón para que continúe constituida la garantía exhibida por la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión concedida; en consecuencia, devuélvase el billete de depósito N 791469, debidamente endosado a su favor, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, en el entendido de que la devolución se realizará, por estrictas razones de seguridad y control, los días miércoles de cada semana de diez a trece horas, debiendo acompañar dos copias de una identificación oficial para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia que en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dicho billetes de depósito prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.

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