Andrea Marcela Montes Herrera

Expediente 52/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
52/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
12/04/2023

Partes del expediente

  • Andrea Marcela Montes Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días para interponer recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés donde se desechó de plano la demanda de amparo. Causa estado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado el citado acuerdo de veintitrés de febrero de la presente anualidad. Archivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la ley de Amparo y 21 del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente por tratarse de un asunto concluido.

  2. Principal

    El Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, remite el oficio del que se desprende la ejecutoria emitida el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, dictada dentro del conflicto competencial 13/2023. En dicha ejecutoria el tribunal de colegiado resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, es legalmente competente para continuar con el conocimiento del juicio de amparo 52/2023 de su índice, promovido por Michael Javier Garzón Cano en representación de Andrea Marcela Montes Herrera, contra actos del Jefe del Departamento de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León y otras autoridades." Con fundamento en los artículos 2 de la Ley de Amparo, 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se toma conocimiento de lo antes informado. Acúsese el recibo correspondiente. Se ordena comunicar la presente determinación al Tribunal Colegiado oficiante para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a la ejecutoria de cuenta. Este Juzgado Federal con fundamento en el artículo 57 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 48 de la Ley de Amparo, asume la competencia para conocer de la demanda de amparo de referencia, lo anterior, en acatamiento a la jurisprudencia... Con fundamento en el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se reconoce la legalidad de todo lo actuado. Desechamiento de la demanda de amparo. A juicio de este órgano jurisdiccional, se advierte de manera manifiesta e indudable, la existencia de una causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que conduce a desechar de plano la demanda de garantías. El artículo 113 de la ley de la materia establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Análisis de la causa de improcedencia. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que merite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Caso concreto. En el presente caso Michel Javier Garzón Cano, en favor de Andrea Marcela Montes Herrera, acudió a promover juicio de amparo indirecto contra diversos actos atribuidos a autoridades del Instituto Nacional de Migración. Empero, de las constancias que integran el expediente electrónico del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, revelan que la quejosa Andrea Marcela Montes Herrera no estaba privada de la libertad fuera de procedimiento, sino que al circular por el territorio mexicano, y no acreditar su legal estancia, el Instituto Nacional de Migración determinó iniciarle un procedimiento migratorio, trasladándola a la estación migratoria en Guadalupe, Nuevo León. Posteriormente, la autoridad responsable en cumplimiento a la suspensión de plano el día diecinueve de enero de dos mil veintitrés, permitió el egreso de la quejosa Andrea Marcela Montes Herrera de la estación migratoria, sujetándola a un control de firmas hasta en tanto concluyera el procedimiento administrativo migratorio [tal y como se aprecia del oficio INM/OR/NL/DAJ/0448/2023, remitido por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León]. Sin embargo, desde dicha fecha no cumplió con lo establecido, evadiendo el control migratorio y abandonando su procedimiento administrativo migratorio... De ahí que han dejado de surtir efectos los actos reclamados en la quejosa actualizándose la causal de improcedencia antes indicada. Expuesto lo anterior, es pertinente mencionar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En el caso, como se advierte de la narrativa de los antecedentes, la demanda de amparo fue presentada el trece de enero de dos mil veintitrés, fecha en la que la quejosa se encontraba alojada en la estación migratoria; sin embargo, la impetrante egresó de dicho lugar el día diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Ante ello, resultaría ocioso proseguir con la secuela procesal del juicio constitucional, pues de concederse el mismo, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que las responsables obraran justamente en la situación que prevalece en la actualidad. Conclusión. Bajo esa tesitura, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda por notoriamente improcedente, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo. La Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, comunica el auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en el que remite el juicio de amparo 52/2023 de su índice, a conflicto competencial, por los motivos expuestos. De conformidad con los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tómese conocimiento de lo informado para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    La parte quejosa por conducto de quien la representa, solicita se autorice en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que describe en su ocurso; se autorice el acceso al expediente electrónico a los usuarios "GOPAJA" y "Natqchfq", de igual manera solicita sean revocadas las personas que describe en tal ocurso, así como el acceso al expediente electrónico a los usuarios "********************" y "********************".

  4. Principal

    El Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, comunica el auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, en el que remite el juicio de amparo 52/2023 de su índice, a conflicto competencial, por los motivos ahí expuestos. De conformidad con los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tómese conocimiento de lo informado para los efectos legales conducentes.

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