Andrea Leticia Rosales Bizarro

Expediente 1244/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1244/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Andrea Leticia Rosales Bizarro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe la fecha en que tendrá verificativo la sesión del Comité en la que pasará a análisis el proyecto por el cual se le otorga la pensión a favor de la aquí quejosa. En la inteligencia que de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de once de octubre de dos mil veintitrés; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución, en la que determinó en el primer punto resolutivo sobreseer y en el segundo conceder el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y otras, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: "(.) Den respuesta en forma concreta, fundada y motivada a la petición presentada por la parte quejosa por escrito de catorce de mayo de dos mil veintiuno, referente a la concesión o no, de la pensión por jubilación solicitada; y se lo notifiquen en la forma legal procedente. (.)" En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 1244/2023-V, promovido por ********************; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el ocho de septiembre de dos mil veintitrés en este órgano jurisdiccional, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra actos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Por auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se solicitaron los informes justificados a las autoridades, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; donde residen las autoridades responsable y se señala como el lugar donde tienen ejecución los actos reclamados. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de dar respuesta a su escrito presentado el catorce de mayo de dos mil veintiuno, por el cual solicitó pensión por jubilación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Ayuntamiento Constitucional, Comisión Dictaminadora de Pensiones, Contralor Municipal, Presidente Municipal y Síndico Municipal todos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, pues así lo manifestaron al momento de rendir su informe justificado; lo anterior, sin que la quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa, como se advierte del siguiente cuadro. Autoridad señalada como responsable Sentido del informe Número de promoción Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos Niega 17378 Comisión de Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos Niega 17376 Contralor Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos Niega 17379 Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos Niega 17377 Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos Niega 17378 Incluso, de los informes justificados del Ayuntamiento Constitucional, Contralor Municipal, Presidente Municipal y Síndico Municipal todos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, refieren que no son sus atribuciones o facultades. En cuanto a la Comisión de Pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos se desprende que el escrito en cuestión, fue dirigido y presentado ante diversa autoridad y no a la autoridad antes señalada; si bien la comisión responsable tiene facultades dentro del procedimiento administrativo, ella no es la que lo inicia, pues conforme al artículo 9 del acuerdo de cabildo ********************, le corresponde al Comité Técnico para los Trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Elementos de Seguridad Pública. De ahí que, al no encontrarse obligadas legalmente a actuar como lo pretende el peticionario de amparo no puede tenerse por cierto el acto reclamado al Ayuntamiento Constitucional, Comisión de Pensiones, Contralor Municipal, Presidente Municipal y Síndico Municipal, todos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Por consiguiente, al no quedar demostrada la existencia del acto reclamado a las citadas autoridades, consistente en la omisión de dar respuesta a su escrito por el cual solicitó pensión por jubilación, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En tales circunstancias, al no demostrarse la existencia del acto reclamado al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Secretario de Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Directora General de Recursos Humanos y Secretaría Técnica del Comité Técnico para los Trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Elementos de Seguridad Pública (denominación correcta), pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, al señalar incluso que se aperturó el expediente administrativo ********************. Documentales a las que conjuntamente se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 130 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese contexto, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, se advierte que no han dado una respuesta concreta a la solicitud de pensión; es decir, no existe pronunciamiento alguno sobre la concesión o no del derecho de seguridad social peticionado; de ahí que sean ciertos los actos atribuidos. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. Las autoridades responsables Secretario de Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y Directora General de Recursos Humanos y Secretaria Técnica del Comité Técnico para los Trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca y Elementos de Seguridad Pública argumentan que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los artículos 1, fracción I y 5, fracción ll, todos de la Ley de Amparo, éstos últimos interpretados en contrario sentido, en virtud de que -dicen- la pensión es una prestación de seguridad social por lo que al constituir una controversia que se suscita en el plano laboral, no puede considerarse el acto reclamado como acto de autoridad para efectos del amparo. Tales preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". Precisado lo anterior, se estima necesario establecer que la finalidad del juicio de amparo es resolver las controversias que se deriven de normas, actos u omisiones de autoridad que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución, así como en los tratados internacionales; y, que para los efectos del juicio constitucional, la autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En el caso, la parte quejosa atribuye a las responsables la violación al artículo 8 constitucional, por tanto, no se actualiza la referida causal de improcedencia toda vez que en el caso, se trata de una controversia sobre la vulneración al derecho de petición consagrado en el artículo constitucional antes invocado. Por otro lado, las citadas autoridades sostienen la improcedencia del juicio de amparo, argumentando que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, pues no agotó previamente el recurso ordinario actualizándose la causal de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Tal precepto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". La porción normativa reproducida encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias donde pueda producir la insubsistencia del acto de autoridad el cual le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley. Sobre esa base, se tiene que una de las excepciones al principio de definitividad se actualiza cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; en el caso, la quejosa sostiene violación a su derecho de petición consagrado por el artículo 8 Constitucional, consecuentemente, en el presente asunto, se actualiza una excepción a la obligación de agotar los recursos legales ordinarios; por tanto, el motivo de improcedencia es infundado. Al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer por las partes o que se advierta de oficio por la suscrita juzgadora, se procede al estudio de fondo del asunto. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan esencialmente fundados los argumentos contenidos en el concepto de violación, el cual es suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. En ese sentido, la peticionaria aduce que las autoridades responsables violan en su perjuicio el derecho humano consagrado en el artículo 8 Constitucional, pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo han sido omisas dar una respuesta congruente en relación a su solicitud de pensión, no obstante de haber transcurrido en exceso tiempo para ello. Al respecto, es preciso señalar que el derecho de petición es uno de los derechos públicos subjetivos que nuestra constitución consagra a favor de los gobernados, siendo el juicio de amparo el medio de defensa instituido para la salvaguarda de tales derechos. Ahora bien, el artículo 8 Constitucional a la letra menciona: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Así, el derecho de petición tutelado en el artículo 8 del Pacto Federal, cuyo titular es el gobernado en general, significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe darse a conocer en breve término. Bajo ese contexto, el derecho de pedir surgió, por tanto, como la potestad de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstos intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de las autoridades de emitir una respuesta por escrito a la solicitud o petición que el gobernado les eleve, aunado a que debe darse a conocer en breve término al solicitante. Deriva de lo anterior, que el derecho de petición, tanto en virtud de su origen como en atención a su naturaleza de derecho público subjetivo consagrado, supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado. Resulta indispensable elevar la petición al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad que supone este derecho. Por ello la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el servidor público es preponderante para la existencia del derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional, pues resulta necesaria una relación jurídica de supra a subordinación para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición formulada por el gobernado y proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa, como medio de salvaguarda de los derechos fundamentales. Así, el derecho de petición contenido en el artículo 8 constitucional se conforma a su vez de diversos subderechos, los cuales derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa, a saber: 1. Dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión de la parte quejosa consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada; 2. Que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo promovido en este caso, parte del supuesto de que la parte quejosa conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de amparo; y, 3. Dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de amparo en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer la parte quejosa, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo la parte peticionaria pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido. Por su puntual aplicación, se invoca la jurisprudencia VI.1o.A. J/54 (9a.), de rubro: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO". Precisado lo anterior, en el caso se desprende que por escrito de catorce de mayo de dos mil veintiuno, la parte quejosa solicitó el otorgamiento de una pensión por jubilación, sin que las autoridades responsables aportaran medio de convicción idóneo para demostrar haber atendido lo peticionado, esto es, que no incurrieron en la omisión atribuida. En ese sentido, se aprecia que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (ocho de septiembre de dos mil veintitrés) no existía respuesta concreta sobre la concesión o no de la pensión solicitada. Por lo tanto, resultan fundados los conceptos de violación analizados porque se contraviene en perjuicio de la parte quejosa el derecho tutelado en el artículo 8 del Pacto Federal, al no haberse dado respuesta en breve término a la petición que elevó como exige el precepto constitucional, ya que desde su presentación y a la fecha de promoción del juicio de amparo, ha transcurrido en exceso el tiempo para ello. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 42/2001, de rubro: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD". Máxime que el artículo 38, fracción LXVI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por lo cual están facultados entre otras cosas, para otorgar los beneficios de seguridad social a sus trabajadores, a los trabajadores adscritos a los organismos públicos descentralizados municipales, a los elementos de seguridad pública, así como a sus beneficiarios, para que en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que se tenga por recibida y convalidada la documentación requerida para su tramitación, resuelvan y emitan los correspondientes acuerdos de pensión. Por su parte, el Acuerdo por medio del cual se emiten las Bases Generales para la Expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos en sus artículos 38, 41, 42, 43 y 44, establece el procedimiento a seguir para la obtención del beneficio de seguridad social, pues una vez integrado el expediente y realizada la investigación sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de pensión, se elaborará el Proyecto de Acuerdo de pensión o la negativa de la misma; previo aval de la Comisión Dictaminadora se procederá a recabar las firmas de los miembros del cabildo; se incluirá en el orden del día de la sesión de cabildo y una vez aprobado, se publicará en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". En las relatadas circunstancias, ante la evidente violación al derecho de petición del quejoso por parte de las autoridades responsables, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. SÉPTIMO. Efectos de la sentencia protectora. Ante lo fundado de los conceptos de violación, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, con plenitud de atribuciones: Den respuesta en forma concreta, fundada y motivada a la petición presentada por la parte quejosa por escrito de catorce de mayo de dos mil veintiuno, referente a la concesión o no, de la pensión por jubilación solicitada; y se lo notifiquen en la forma legal procedente. En el entendido y atento a la naturaleza del juicio de amparo, los efectos de esta sentencia no pueden alcanzar actos omisivos que en el futuro se puedan reprochar a las responsables; de ahí que atendiendo al derecho violado, la ejecutoria protectora se tendrá por cumplida, hasta en tanto se dé contestación concreta sobre la concesión o negativa de la pensión solicitada y lo haga del conocimiento a la quejosa, sin que haya imperativo de responder favorablemente a los intereses del solicitante. No se soslaya haber celebrado la audiencia constitucional sin que se haya otorgado el plazo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe rendido por las autoridades responsables; pues se desvirtuó su negativa y la presente determinación resulta de mayor beneficio a la quejosa; siendo obligación de todas las autoridades judiciales y aquellas con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país privilegiar la resolución de fondo de los conflictos sometidos a su potestad sobre los formalismos procedimentales, sin que lo anterior afecte la igualdad entre las partes. Es aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 16/2021 (11a.), de la voz: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017)". Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos y razones expuestos en el tercer considerando de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en las consideraciones sexta y séptima de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Jadilson Alonso Navarro, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan los oficios de cuenta; atento a su contenido, téngase a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado con los mismos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convengan; asimismo, téngase por hechas las designaciones que refieren. En relación con las pruebas que ofrecen las responsables, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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