Andrea Landa Elizalde

Expediente 483/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
483/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Andrea Landa Elizalde

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito firmado electrónicamente por Emmanuel Enrique Hernández Arenas, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita que se emita el acuerdo por medio del cual se declare que la sentencia de trece de septiembre de dos mil veintitrés, ha causado ejecutoria, por el motivo que expone. Asimismo, se notifique el acuerdo respectivo a la autoridad responsable para que dé cumplimiento al fallo proyector ordenado en la propia sentencia. Al respecto, se hace del conocimiento a la parte promovente que deberá estarse a lo acordado en auto de once de octubre del año en curso. Así también, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Juez Décimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de la constancia de notificación realizada personalmente a la parte quejosa del acuerdo de doce de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de controversia familiar ********************. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: Décima época Registro: 2007912 Instancia: Pleno Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, noviembre de 2014, tomo I Materia: Común Tesis: P./J. 60/2014 Página: 7 "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Erik Calderón Ocampo, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 483/2023, promovido por Andrea Landa Elizalde, por propio derecho y en representación de los menores S.N.L.L., O.D.L.L., y N.L.L., contra actos del Juez Décimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de abril de dos mil veintitrés, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Andrea Landa Elizalde, por propio derecho y en representación de los menores S.N.L.L., O.D.L.L., y N.L.L., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Juez Décimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos La omisión de dar respuesta concreta a la solicitud de medidas cautelares urgentes, presentada el diez de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente 473/2022, consistentes en la suspensión o restricción temporal de las visitas y cualquier tipo de contacto o acercamiento de Gabriel Lugo Linares, con los menores iniciales S.N.L.L., O.D.L.L., y N.L.L. SEGUNDO. El doce de abril de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 483/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: La omisión de resolver la solicitud de medidas cautelares urgentes, presentada el diez de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente 473/2022. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con base en las documentales que remitió como complemento a su informe justificado, consistente en copia certificada de la controversia del orden familiar 473/2022, de su índice, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. A respecto, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se hace constar que este juzgador no advierte, de oficio, que se actualice alguno de los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo; aunado a que ninguna de las partes hizo valer alguna causal de improcedencia. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Con el propósito de entrar al estudio de los conceptos de violación, debe precisarse en primer lugar que, resulta innecesario realizar su transcripción, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, aunado a que no existe algún precepto en la Ley de Amparo que establezca esa obligación, por lo que queda al prudente arbitrio de la persona juzgadora el realizarlo, atendiendo a las particularidades de cada asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Pues bien, como se dijo, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la denegación de justicia al omitir pronunciarse respecto del escrito presentado el diez de febrero de dos mil veintitrés, a través del cual solicitó el dictado de medidas cautelares urgentes relativas a las visitas y/o convivencia de los menores con su padre Gabriel Lugo Linares, en el juicio de controversia familiar 473/2022, y señala que dicho actuar es contrario a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asiste razón a la parte quejosa, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." De lo transcrito se colige, que se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permitan obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. En este contexto, es preciso transcribir el contenido de los artículos 60, fracción II, 164 y 168 y 183 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, relativos a los principios que rigen en los juicios del orden familiar, los cuales disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 60.- ATRIBUCIONES DE LOS JUZGADORES. Sin perjuicio de las potestades especiales que les concede la Ley, los Magistrados y los Jueces tienen los siguientes deberes y facultades:[.] II. Impulsar el procedimiento, una vez iniciado, sin perjuicio de la actividad que la ley concede a las partes;." "ARTÍCULO 164.- FUNCIÓN SOCIAL JUDICIAL DE SOLUCIONAR LOS LITIGIOS. Los tribunales del Estado de Morelos ventilarán en forma legal, pacífica y justa los litigios de trascendencia jurídica, en los que una parte pretenda someter el interés ajeno y la contraparte ofrezca defensa o resistencia a dicha pretensión, planteados ante órgano judicial competente, y donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento judicial." "ARTÍCULO 168.- FACULTADES DEL JUEZ PARA INTERVENIR OFICIOSAMENTE EN LOS ASUNTOS DEL ORDEN FAMILIAR. El Juez estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores e incapacitados y decretar las medidas que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros." "ARTÍCULO 183.- PRINCIPIO DE IMPULSO PROCESAL. Promovido el proceso, el juzgador tomará de oficio las medidas tendientes a evitar su paralización y adelantar su trámite con la mayor celeridad posible, excepto cuando esta ley ordene la actividad de las partes para la continuación del mismo." Por otro lado, si bien es cierto la responsable al rendir su informe justificado remitió copia certificada de diversas constancias, entre las que obra la relativa a la determinación de doce de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se pronunció respecto del escrito presentado el diez de febrero de dos mil veintitrés, y decretó las convivencias supervisadas de los menores S.N.L.L., O.D.L.L., y N.L.L., con su padre Gabriel Lugo Linares, en el juicio de controversia familiar 473/2022. Sin embargo, no se advierte de autos que la Juez responsable a la fecha haya realizado la notificación personal de la determinación emitida el doce de mayo de dos mil veintitrés a la parte quejosa, lo que genera que se vulnere en perjuicio de la misma lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Se afirma lo anterior, porque la dilación u omisión en la controversia del orden familiar causa un retraso, afectando el desarrollo normal y oportuno de dicho juicio; de ahí que se haga patente la violación al referido numeral, desde el momento en que la autoridad jurisdiccional incumplió con los términos y plazos previstos en el numeral 231 de la codificación procesal para resolver y notificar este tipo de cuestiones. En efecto, se advierte por parte de la autoridad señalada como responsable un retardo injustificado en la impartición de justicia, pues no se desprende de autos a la fecha haya realizado la notificación personal de la determinación de doce de mayo de dos mil veintitrés a la parte quejosa; lo que, no es razonable en la medida que de autos no se advierte exista dificultad en la realización de dicho proveído, lo que constituye una abierta dilación del procedimiento. En ese contexto, en el caso concreto existe una dilación abierta del procedimiento familiar, pues la autoridad señalada como responsable no ha realizado la notificación a la parte quejosa de la determinación aludida en el juicio de controversia familiar 473/2022, lo cual genera un retraso en la impartición de justicia. Sin que pase desapercibido que la parte quejosa, por medio de su autorizado, realice manifestaciones en torno a que la autoridad responsable no acordó favorable lo solicitado; no obstante, para efectos de poder combatir tal situación a través de los medios legales conducentes, es menester que le haga del conocimiento de manera formal la determinación de doce de mayo de dos mil veintitrés. SEXTO. Efectos del juicio de amparo. En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa Andrea Landa Elizalde, por propio derecho y en representación de los menores S.N.L.L., O.D.L.L., y N.L.L., para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: Notifique personalmente a la parte quejosa el acuerdo de doce de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se pronunció respecto del escrito de diez de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio de controversia familiar 473/2022. En el entendido de que se considerará cumplida la sentencia concesoria una vez que la Juez responsable dé cumplimiento al punto antes precisado, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento del que se duele la quejosa en el juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la sentencia amparadora. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Andrea Landa Elizalde, por propio derecho y en representación de los menores S.N.L.L., O.D.L.L., y N.L.L., contra actos de la Juez Décimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para los efectos señalados en el último considerando de la presente resolución Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy trece de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado electrónicamente por Emmanuel Enrique Hernández Arenas, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista ordenada en auto de dieciséis de mayo del año en curso, esto en relación al informe que rindió el Juez Décimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Atento a lo anterior, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por el ocursante en vía de alegatos, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. En relación a la prueba documental que exhibe, se tiene por ofrecida sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia constitucional, lo anterior, de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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