Andrea Jissela Osorio Escobar

Expediente 160/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
160/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
21/05/2021

Partes del expediente

  • Andrea Jissela Osorio Escobar
  • Andrea Jissela Osorio Escobar y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA 4-A.- Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la determinación en la cual se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo ha causado estado, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena, conforme a lo dispuesto por los artículos 91 , y 21 inciso a)2 , del referido documento normativo: 1. Depurar el expediente principal, ya que si bien es cierto se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, también lo es que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, por lo que se actualiza la hipótesis prevista en el Capítulo 7, apartado 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, circunstancia que hace conservable la demanda, los acuerdos en el que se decretó la citada suspensión y donde se ordena su archivo, así como los demás documentos que este órgano de control constitucional considere necesarios. 2. Transferir el cuaderno principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, lo cual deberá ser anualmente previa coordinación con la Dirección General de Archivo y Documentación, y anotación correspondiente en los libros de gobierno al Centro de Documentación y Análisis, tal y como lo disponen los numerales 18, último párrafo y 27 del acuerdo normativo.

  2. Principal

    MESA 9-A.- Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por el Titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado, sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en proveído de veintiocho de abril del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    MESA 9-A.- Se tienen por recibidos los oficios signados por la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, por medio de los cuales rinde informe respecto del cumplimiento de la suspensión de plano, e informa que la quejosa menor de edad de iniciales A.J.O.E., fue retornada a su país de origen, lo que acredita con copia certificada de la lista de retorno asistido, sellada por la autoridad de la República del Salvador. En atención a lo anterior, se provee: De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama los siguientes actos: Falta de atención médica oportuna acorde a su padecimiento (rinitis alérgica) y la dilación en ser repatriada a su país de origen. Puntualizado lo anterior, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento por dichos actos, por los siguientes motivos: Como se advierte de las constancias, el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, informó haber recibido de la Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF, Pijijiapan, Chiapas, el plan de restitución donde determinó que procedía el retorno asistido inmediato de la menor agraviada, a su país de origen. Luego, en auto de veinte de abril del año actual se tuvo al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad haciendo del conocimiento que había recibido la acreditación consular de la menor quejosa, por lo que, de acuerdo con la logística que estableciera la Estación Migratoria Siglo XXI, se tenía como fecha programada para su retorno a su país de origen, el veintidós de abril de este año. Lo cual, según oficio y constancias de cuenta, aconteció en la data señalada, puesto que la quejosa menor de edad de iniciales A.J.O.E., fue retornada a su país de origen, según copia certificada de la lista de retorno asistido, sellada por la autoridad de la República del Salvador. Documental a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, por tratarse de un documento público expedido por funcionarios legalmente autorizados para ello...El precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual se actualiza cuando el acto ha quedado insubsistente y todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si nunca hubiere existido, o bien, se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del derecho fundamental que le fue afectado. Dicho de otra manera, al cesar los efectos del acto reclamado, las cosas se ubican en una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, como si se hubiera concedido la protección federal y se hubiera restituido al quejoso en el goce del derecho fundamental violado por la autoridad. En esa medida, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, como se dijo, la parte quejosa señaló como actos reclamados en la presente instancia constitucional, los siguientes: Falta de atención médica oportuna acorde a su padecimiento (rinitis alérgica) y la dilación en ser repatriada a su país de origen. Sin embargo, según se vio, de las constancias remitidas por la responsable oficiante, se observa que se ha llevado a cabo el retorno asistido a su país de origen (El Salvador) de la quejosa menor de edad; por tanto, es evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, puesto que su situación migratoria quedó resuelta. De ahí que, aun cuando al presentarse la demanda de amparo (diez de abril de dos mil veintiuno), el acto reclamado en análisis existía, lo cierto es que en la secuela del juicio de amparo desapareció, esto es, desde el veintidós de abril del año en curso, toda vez que en esa data la accionante del amparo fue retornada a su país de origen, de modo tal, que los efectos desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la promovente, o bien, como si se le hubiera otorgado la protección Federal solicitada...En consecuencia, al advertirse la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley.En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las diez horas con diez minutos del doce de mayo de dos mil veintiuno. Asimismo, se dejan sin efectos las medidas decretadas en proveído de diez de abril del año en curso, en el que se concedió la suspensión de plano del acto reclamado. Hágase del conocimiento de las partes la presente determinación, para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    MESA 9-A.- Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe rendido por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, respecto del cumplimiento a la suspensión de plano, en atención a los oficios 7742/2021 y 7751/2021 del índice de este juzgado, por el que informa que recibió de la Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF, Pijijiapan, Chiapas, el plan de restitución donde determina que procede el retorno asistido inmediato de la menor agraviada. Asimismo, señala, una vez que cuente con la acreditación consular que solicitó, estará en posibilidad de resolver acerca de la ejecución del retorno asistido de la menor a su país de origen, ello, dentro del Procedimiento Administrativo Migratorio E.A/1s9/ORCHIS/SFZS/OATAP/112 iniciado a la referida menor. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que uno de los efectos por los que se concedió la suspensión de plano en favor de la menor de iniciales A.J.O.E (directa quejosa), y por lo que fue requerida la autoridad en acuerdo de once de los actuales, fue: ? Proceder, de manera inmediata, a la repatriación de la directa quejosa a su país de origen, debiendo las autoridades migratorias cerciorarse debidamente de la procedencia de ella, esto, con el objeto de que se reúna con su progenitor, el cual, según manifiesta, se encuentra en El Salvador, de donde señala es proveniente. Por tanto, se tiene a la autoridad oficiante informando las gestiones realizadas para tal efecto. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 126 de la ley de la materia, se requiere nuevamente a la autoridad responsable para que dentro de las veinticuatro horas siguientes informe por oficio a este Juzgado de Distrito las gestiones que se encuentran realizando para dar total cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo. Se hace hincapié que la suspensión de plano concedida a la menor de iniciales A.J.O.E deberá ser acatada bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables; apercibidas que de no cumplir con la medida cautelar, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, en virtud de que el desacato a un mandato judicial implica el delito de violación a la suspensión previsto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Finalmente, no es el caso proveer respecto al domicilio y delegados que precisa la autoridad oficiante en el informe de cuenta, toda vez que en proveído de once del mes y año en curso se acordó lo conducente a ese aspecto.

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