Andrea Jiménez Hernández

Expediente 594/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
594/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
19/08/2019

Partes del expediente

  • Andrea Jiménez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo que la ley concede a la parte interesada, para que se inconformara, si a su derecho convenía, contra la determinación pronunciada el diecisiete de julio pasado, a través de la cual, se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en autos; por tanto, envíense materialmente las actuaciones al archivo. Con apego al citado numeral 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos XX y XXI, en el que se establecen los lineamientos para depuración y destrucción de los juicios de amparo se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, bajo los lineamientos precisados en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en cita, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal. Se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno en original, que devolver a las partes.

  2. Principal

    De la certificación de cuenta se desprende que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa por auto de dos de julio de dos mil diecinueve, para desahogar la vista ordenada respecto del cumplimiento que la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, adujó dar a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, con fundamento en el párrafo cuarto de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. A efecto de estar en posibilidad de pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, deben tomarse en consideración los siguientes antecedentes: Acto reclamado. Se tuvieron como actos reclamados los siguientes: Al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Jalisco, en el ámbito de su respectiva competencia, lo constituyen la expedición y promulgación de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, específicamente el artículo 16, fracción I, inciso h). Al Secretario de Hacienda Pública del Estado de Jalisco (antes de Planeación, Administración y Finanzas). La orden de que se aplicara a la quejosa, el precepto en mención, mediante el cobro de derechos por registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República, según el formulario de pago de veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Al Encargado de la Oficina de Recaudación Fiscal de la Ciudad de Ocotlán, Jalisco, la aplicación de la norma tildada de inconstitucional mediante el cobro de derechos por registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República, según recibo A 0377379209. Sentencia de amparo. Mediante sentencia dictada el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Andrea Jiménez Hernández, contra el acto que reclama del Congreso y del Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Jalisco. Solicitud de cumplimiento. Sentencia que causó ejecutoria el pasado veinte de mayo de dos mil diecinueve; por lo que, se requirió por su cumplimiento a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, antes Secretaría de Planeación y Finanzas, dada la naturaleza de los efectos de la resolución protectora, los cuales fueron los siguientes: "Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación que impone la fracción I, inciso h), del anotado numeral 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y, por ende, que no se le aplique en el presente y lo futuro, mientras tanto subsista el vicio de inconstitucionalidad advertido en esta resolución." Enla inteligencia que la concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado por la parte quejosa, documentado en el recibo oficial número A 037379209 de veintidós de febrero de dos mil diecinueve; que obran en autos en copia certificada -merecedora de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo- y por ende, le sea devuelto el monto del entero por el concepto previsto en el inciso h), de la fracción I del precepto legal 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio dos mil diecinueve; es decir, por el registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República, que asciende a $5,225.00 (cinco mil doscientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional). d) Información de cumplimiento. En proveído de dos de julio de dos mil diecinueve, se tuvo a la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, remitiendo las constancias con las que adujo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con lo que se dio vista a la parte quejosa para manifestar lo que a su derecho conviniera, a lo cual, no se manifestó respecto a dicho cumplimiento al fallo protector. Previo a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o existe exceso o defecto en el cumplimiento, debe atenderse a los argumentos con los que se concedió la protección constitucional, fueron los siguientes: Que el artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, contempla el pago de derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, por cada uno, no obstante se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil, si dichos actos se formalizaron ante la fe de los Notarios Públicos de otras Entidades Federativas, distintas a las del Estado de Jalisco, no así, si estos fueron formalizados ante la fe de los Notarios Públicos del Estado de Jalisco, a lo que adujo la inconforme, que no hay equidad en el cobro por los mismos servicios que presta el Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, rompiendo con ello, con el principio referido, porque en el mismo supuesto, los Notarios Públicos, que ejerzan en cualquier otro Estado de la República Mexicana, deben pagar una cuota adicional, sin estar justificado, lo que no ocurrió con los actos de los Notarios del Estado de Jalisco, propiciando un tratamiento inequitativo a quienes se encuentran en la misma situación. Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional a la parte quejosa, es para restituirlo en el goce de sus garantías individuales violadas, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el presente caso, la naturaleza del acto reclamado fue de carácter positivo, por implicar un hacer de las responsables; por lo que el objeto de la concesión fue restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental considerado vulnerado, contenido en el artículo 31 constitucional, fracción IV. En términos del artículo 196, párrafo segundo, se procede a analizar si hubo exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, en principio, se estima que existe "exceso" cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la suspensión que concedió la protección constitucional, en tanto que hay "defecto" cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad lo ordenado en la sentencia, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata. Luego, en el presente asunto, se desprende que se establecieron como lineamientos en la concesión del amparo, el desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación que impone la fracción I, inciso h), del anotado numeral 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y, por ende, que no se le aplique en el presente y lo futuro, mientras tanto subsista el vicio de inconstitucionalidad advertido en esta resolución. Hecho lo anterior, se devolviera al quejoso la cantidad, pagada conforme al recibo A 037379209, con la actualización correspondiente. De las constancias remitidas en cumplimiento al fallo protector, se desprende que Salvador Aguilar Águila, en su carácter de apoderado legal de la aquí quejosa Andrea Jiménez Hernández, recibió la orden de pago valiosa por $5,231.27 (cinco mil doscientos treinta y un pesos con veintinueve centavos, moneda nacional), y firmó de recibido de la caja general de la Secretaría de la Hacienda Pública, dicha cantidad el catorce de junio de dos mil diecinueve. Con lo anterior, se considera que se ha cumplido el núcleo esencial de la protección constitucional, ya que los efectos concesorios de la sentencia constreñían a la devolución de la cantidad pagada por la aquí quejosa y su respectiva actualización, lo cual, se aprecia que la misma le fue devuelta. De ahí que esta juzgadora considere que no existe exceso o defecto en la forma de cumplimiento al fallo protector. En ese orden, en atención al fallo protector dictado en actuaciones, y con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional declara que se ha cumplido la ejecutoria de mérito y se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento a los lineamientos sustentados en el fallo protector, restituyendo con ello a la parte quejosa en el goce de sus derechos constitucionales. Se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de la Materia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    AVISO. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DICINUEVE, EL CUAL DICE: De la certificación de cuenta se desprende que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa por auto de dos de julio de dos mil diecinueve, para desahogar la vista ordenada respecto del cumplimiento que la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, adujó dar a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, con fundamento en el párrafo cuarto de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. A efecto de estar en posibilidad de pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, deben tomarse en consideración los siguientes antecedentes: a) Acto reclamado. Se tuvieron como actos reclamados los siguientes: Al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Jalisco, en el ámbito de su respectiva competencia, lo constituyen la expedición y promulgación de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, específicamente el artículo 16, fracción I, inciso h). Al Secretario de Hacienda Pública del Estado de Jalisco (antes de Planeación, Administración y Finanzas). La orden de que se aplicara a la quejosa, el precepto en mención, mediante el cobro de derechos por registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República, según el formulario de pago de veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Al Encargado de la Oficina de Recaudación Fiscal de la Ciudad de Ocotlán, Jalisco, la aplicación de la norma tildada de inconstitucional mediante el cobro de derechos por registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República, según recibo A 0377379209. b) Sentencia de amparo. Mediante sentencia dictada el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Andrea Jiménez Hernández, contra el acto que reclama del Congreso y del Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Jalisco. c) Solicitud de cumplimiento. Sentencia que causó ejecutoria el pasado veinte de mayo de dos mil diecinueve; por lo que, se requirió por su cumplimiento a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, antes Secretaría de Planeación y Finanzas, dada la naturaleza de los efectos de la resolución protectora, los cuales fueron los siguientes: "Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación que impone la fracción I, inciso h), del anotado numeral 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y, por ende, que no se le aplique en el presente y lo futuro, mientras tanto subsista el vicio de inconstitucionalidad advertido en esta resolución." En la inteligencia que la concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado por la parte quejosa, documentado en el recibo oficial número A 037379209 de veintidós de febrero de dos mil diecinueve; que obran en autos en copia certificada -merecedora de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo- y por ende, le sea devuelto el monto del entero por el concepto previsto en el inciso h), de la fracción I del precepto legal 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio dos mil diecinueve; es decir, por el registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República, que asciende a $5,225.00 (cinco mil doscientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional). d) Información de cumplimiento. En proveído de dos de julio de dos mil diecinueve, se tuvo a la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, remitiendo las constancias con las que adujo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con lo que se dio vista a la parte quejosa para manifestar lo que a su derecho conviniera, a lo cual, no se manifestó respecto a dicho cumplimiento al fallo protector. Previo a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o existe exceso o defecto en el cumplimiento, debe atenderse a los argumentos con los que se concedió la protección constitucional, fueron los siguientes: Que el artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, contempla el pago de derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, por cada uno, no obstante se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil, si dichos actos se formalizaron ante la fe de los Notarios Públicos de otras Entidades Federativas, distintas a las del Estado de Jalisco, no así, si estos fueron formalizados ante la fe de los Notarios Públicos del Estado de Jalisco, a lo que adujo la inconforme, que no hay equidad en el cobro por los mismos servicios que presta el Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, rompiendo con ello, con el principio referido, porque en el mismo supuesto, los Notarios Públicos, que ejerzan en cualquier otro Estado de la República Mexicana, deben pagar una cuota adicional, sin estar justificado, lo que no ocurrió con los actos de los Notarios del Estado de Jalisco, propiciando un tratamiento inequitativo a quienes se encuentran en la misma situación. Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional a la parte quejosa, es para restituirlo en el goce de sus garantías individuales violadas, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: - Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y - Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el presente caso, la naturaleza del acto reclamado fue de carácter positivo, por implicar un hacer de las responsables; por lo que el objeto de la concesión fue restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental considerado vulnerado, contenido en el artículo 31 constitucional, fracción IV. En términos del artículo 196, párrafo segundo, se procede a analizar si hubo exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, en principio, se estima que existe "exceso" cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la suspensión que concedió la protección constitucional, en tanto que hay "defecto" cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad lo ordenado en la sentencia, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata. Luego, en el presente asunto, se desprende que se establecieron como lineamientos en la concesión del amparo, el desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación que impone la fracción I, inciso h), del anotado numeral 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y, por ende, que no se le aplique en el presente y lo futuro, mientras tanto subsista el vicio de inconstitucionalidad advertido en esta resolución. Hecho lo anterior, se devolviera al quejoso la cantidad, pagada conforme al recibo A 037379209, con la actualización correspondiente. De las constancias remitidas en cumplimiento al fallo protector, se desprende que Salvador Aguilar Águila, en su carácter de apoderado legal de la aquí quejosa Andrea Jiménez Hernández, recibió la orden de pago valiosa por $5,231.27 (cinco mil doscientos treinta y un pesos con veintinueve centavos, moneda nacional), y firmó de recibido de la caja general de la Secretaría de la Hacienda Pública, dicha cantidad el catorce de junio de dos mil diecinueve. Con lo anterior, se considera que se ha cumplido el núcleo esencial de la protección constitucional, ya que los efectos concesorios de la sentencia constreñían a la devolución de la cantidad pagada por la aquí quejosa y su respectiva actualización, lo cual, se aprecia que la misma le fue devuelta. De ahí que esta juzgadora considere que no existe exceso o defecto en la forma de cumplimiento al fallo protector. En ese orden, en atención al fallo protector dictado en actuaciones, y con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional declara que se ha cumplido la ejecutoria de mérito y se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento a los lineamientos sustentados en el fallo protector, restituyendo con ello a la parte quejosa en el goce de sus derechos constitucionales. Se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de la Materia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    TÉNGASE POR RECIBIDO EL OFICIO QUE SUSCRIBE LA DIRECTORA DE LO CONTENCIOSO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, Y EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO SE LE TIENEN POR HECHAS LAS MANIFESTACIONES QUE DEL MISMO SE DESPRENDEN.

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