Andrea Itzel Gutiérrez Valle

Expediente 593/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
593/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • Andrea Itzel Gutiérrez Valle

Actuaciones

  1. Principal

    Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta, de los que se advierte que a la fecha, se encuentran pendiente de firmarse electrónicamente el proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, no obstante de que dicha actuación forma parte del juicio de amparo en que se actúa. Acuerdo. En consecuencia, a fin de dar cumplimiento al artículo 3 de la Ley de Amparo, y el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, procédase a realizar la firma correspondiente, a fin de que el expediente electrónico, coincida en su totalidad con el cuaderno físico. Cúmplase.

  2. Principal

    Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaria, así como el estado que guardan los autos en el presente juicio, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de dieciséis de octubre del dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, en relación con el artículo 21, inciso b, del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  3. Principal

    Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo que promueve... contra actos del Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas y otra. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 593/2020, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora, a efecto de proveer respecto lo que en derecho proceda debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4 cuyo rubro y texto son los siguientes: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por lo tanto, de lo que se duele el peticionario de amparo es: El auto emitido por el Juez responsable en el juicio 735/2020, en el que se ordenó el descuento del dieciocho por ciento de todas y cada una de las percepciones que obtiene mensualmente el demandado Miguel Ángel Suriano López, por concepto de pensión alimenticia a favor de su menor hijo de iniciales E.M.S.G. Respecto del acto reclamado se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. La norma legal en cita refiere que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual las resoluciones judiciales, administrativas o del trabajo, puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, razón por la que obligatoriamente deben agotarse dichos recursos. En ese tenor, se destaca que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo; por lo que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que en su oportunidad sea interpuesto por la quejosa, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza propia del amparo, ya que esta es una vía extraordinaria, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las instancias procedentes para combatir el acto de autoridad que les causa algún agravio. En tal virtud, solo puede promoverse el juicio de amparo, cuando la legislación que norma el acto reclamado, no brinda al afectado ningún recurso o medio de defensa legal, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio. Por lo que, de la interpretación literal de la referida causal, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, cuando: i) El acto reclamado sea efectivamente una resolución proveniente de un tribunal judicial; ii) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; iii) Ese recurso o medio de defensa esté previsto dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, iv) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial o jurisdiccional pueda ser modificada, revocada o nulificada. De lo que se sigue, que al combatir la quejosa el auto emitido por el Juez responsable en el juicio 735/2020, por el que se ordenó el descuento del dieciocho por ciento de todas y cada una de las percepciones que obtiene mensualmente el demandado ... por concepto de pensión alimenticia a favor de su menor hijo de iniciales ... era necesario que agotara el recurso que la ley prevé; en el caso, el de apelación previsto en los artículos 666, 671 y 991 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas. Al respecto, dichos numerales señalan: Artículo. 666.- La apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronuncio la resolución en la forma y términos previstos en los artículos siguientes, salvo cuando se trate de apelaciones extraordinarias. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva." Artículo. 671.- De los autos y sentencias interlocutorias que deriven una ejecución que pueda causar daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirá en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, en el que deberá señalar los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. En este caso, el juez deberá resolver si admite la apelación en ambos efectos, debiendo fijar el monto de la garantía que exhibirá el apelante, en un término de seis días a fin de que surta efectos la suspensión. dicha garantía atenderá a la cuantía del asunto y no podrá ser inferior al equivalente de sesenta días del salario mínimo general vigente en el estado. de no exhibirse la garantía en el plazo señalado, la apelación solo se admitirá en efecto devolutivo. (.). Artículo 991.- la apelación deberá interponerse en la forma y términos previstos por el artículo 666. (.). De ahí que, es claro que contra el auto reclamado en esta vía, procede un medio de impugnación que debe ser agotado para cumplir con el principio de definitividad, como lo es el recurso de apelación, contemplado en los precitados artículos de la legislación civil, antes citadas, los cuales establecen, en esencia, que todos los autos dictados en un juicio, en donde la sentencia definitiva fuere apelable, son impugnables mediante el recurso de apelación, previsto en el artículo 666, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas. Por lo tanto, como es el caso, el auto emitido por el Juez responsable en el juicio 735/2020, por el que se ordenó el descuento del dieciocho por ciento de todas y cada una de las percepciones que obtiene mensualmente el demandado ... por concepto de pensión alimenticia a favor de su menor hijo de iniciales ... antes de acudir al juicio de amparo la quejosa debió de agotar el recurso de apelación, pues mediante él pudo haberse revocado, modificado o confirmado el proveído combatido; motivo por el cual, su demanda resulta improcedente. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 17/2003, cuyo rubro y texto es el siguiente: DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad. Emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época. También robustece lo anterior la tesis: P./J. 11/2018 (10a.) que dicta: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, registro 2017117. Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) dde rubro y texto siguientes: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible la página 729 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época. Máxime que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima al impetrante de la interposición de los medios de impugnación, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, quetenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo, aun cuando se traten de actos de imposible reparación. En tales circunstancias, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo. No se soslaya las manifestaciones expresadas por la quejosa en el sentido de que al acuerdo reclamado pueda afectar el interés superior al menor, sin embargo, a pesar de que pueda darse un acto de imposible reparación, el mismo no fue recurrido y en consecuencia no agotó el principio de definitividad; de ahí que se actualiza la causal antes invocada. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.) que reza lo siguiente: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 350 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, con registro 2005039...

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 5,103 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano