Andrea Herrera Ayala
Expediente 105/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 29 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 105/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 02/01/2018
Partes del expediente
- Andrea Herrera Ayala
- Congreso del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Visto el estado de autos, de los que se desprende que en proveído de trece de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por consentido el diverso auto de diez de octubre de dos mil diecisiete, en el cual se declaró cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio, y se ordenó su archivo definitivo, omitiéndose hacer pronunciamiento alguno respecto de los cuadernos incidentales formados con motivo del asunto en que se actúa; por tanto, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 2. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.
- Principal
Ensenada, Baja California, trece de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra el proveído de diez de octubre de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector, sin que ello ocurriera; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ya que en proveído de diez de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y se acordó lo conducente respecto de la autoridad oficiante. Cúmplase.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se procede a analizar si el Encargado de la Superintendencia Comercial de la Comisión Federal de Electricidad y el Director de Asuntos Jurídicos del XXII Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, ambos con residencia en esta ciudad, cumplieron con la ejecutoria emitida en el juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por las responsables, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete (fojas 92 a 117), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Andrea Herrera Ayala, la cual causó ejecutoria mediante proveído de dieciséis de junio de dos mil diecisiete (fojas 144 a 146); en esa misma fecha se requirió a las autoridades responsables Congreso del Estado de Baja California, Gobernador del Estado de Baja California, ambas con residencia en Mexicali, Superintendente de Zona Ensenada de la Comisión Federal de Electricidad y Director de Recaudación de Rentas del XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, para que dieran cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "Efectos del amparo.- Bajo los lineamientos vertidos en la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, y párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se impone necesario conceder el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para los efectos siguientes. I. Para que la autoridad que sea vinculada por razón de sus funciones a dar cumplimiento a esta sentencia, lleve a cabo las acciones administrativas necesarias a fin de desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, la aplicación del precepto declarado inconstitucional, a saber: El artículo 15 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal de 2017. II. Restituir a la parte agraviada en el pleno goce de sus derechos fundamentales vulnerados, es decir, para que le sean devueltas las cantidades que a la fecha se le cobraron por concepto de la contribución de alumbrado público (DAP), y para que en lo subsecuente no se le apliquen los numerales analizados, dado que dicha obligación tributaria deberá ser desincorporada de la esfera jurídica de la hoy parte quejosa. III. Que las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias den respectivo cumplimiento a los efectos del amparo concedido a la quejosa en la presente determinación, informando cada una de ellas los actos realizados para lograr el mismo." En autos de veinticuatro de agosto, cuatro, siete y diecinueve de septiembre de diecisiete respectivamente, (fojas 174, 175, 186, 191 y 197), se tuvieron por recibidos los oficios signados por el Encargado de la Superintendencia Comercial de la Comisión Federal Electricidad, de esta ciudad, y el Director de Asuntos Jurídicos del XXII Ayuntamiento de Ensenada, por medio de los cuales dieron cumplimento a la ejecutoria de amparo; esto es: a) Por oficio sin número, recibido en este órgano jurisdiccional el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, el Encargado de la Superintendencia Comercial de la Comisión Federal de Electricidad, de esta ciudad, informó el monto que por concepto de derecho sobre alumbrado público que le fuera cobrado a la parte quejosa, respecto del servicio 010 050 708 263, a partir del periodo comprendido del veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis al uno de agosto de dos mil diecisiete, asimismo anexó documentos con los cuales acreditó dicha información. b) Por oficios sin número, de uno, seis y dieciocho de septiembre, todos de dos mil diecisiete, el Director de Asuntos Jurídicos del XXII Ayuntamiento de Ensenada, informó que realizó la devolución a la parte quejosa, de la póliza de cheque de caja 0005813, por la cantidad de $10,982.78 (diez mil novecientos ochenta y dos pesos 78/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de la contribución del impuesto sobre alumbrado público, que le fuera cobrado a la parte quejosa, respecto del servicio 010 050 708 263, a partir del periodo del veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis al uno de agosto de dos mil diecisiete, la cual fue recibida de conformidad por la quejosa el seis de septiembre del año en curso, según constancia que obra a foja 190 de autos, anexando copia certificado de los documentos para acreditar todo lo anterior; de igual forma, remitió el oficio recibido por el Superintendente del Suministro Básico de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad, en el cual hizo de su conocimiento que desincorporó de la esfera jurídica de la aquí quejosa, el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa, la norma general declarada inconstitucional, que ordenó el cobro de la contribución del impuesto sobre alumbrado público y que le fuera devuelta la cantidad que le fue cobrada por ese concepto; lo cual, como se vio, realizó el Director de Recaudación de Rentas del XXII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California y el Encargado de la Superintendencia Comercial de la Comisión Federal de Electricidad; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. Sin que sea obstáculo para lo proveído en párrafos precedentes, el hecho de que a las autoridades responsables Gobernador y Congreso, ambas del Estado de Baja California, se les haya requerido el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente asunto, y éstas no hayan realizado ningún acto tendente al mismo, pues acorde a sus atribuciones legales no tienen intervención directa en la ejecución del fallo protector, y solo participan en el proceso legislativo de las normas, cuya aplicación se impugnó en el juicio en que se actúa. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
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