Andrea Guadalupe Torres Reynoso

Expediente 366/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
366/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Andrea Guadalupe Torres Reynoso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los presentes autos y la certificación que antecede, se aprecia que mediante proveído de nueve de agosto del año que transcurre, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, habiendo transcurrido el término de quince días que tiene la parte legitimada para inconformarse con esa resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, se entiende que existe conformidad con dicha determinación. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la citada ley, archívese el mismo. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, específicamente en su artículo 17, fracción III, inciso a), del capítulo quinto, relativo a los expedientes conservables, se determina que este expediente es susceptible de conservación, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Director de lo Contencioso y Encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación del Director en Jefe de la citada institución, residente en la Ciudad de México, glósese a los autos sin emitir pronunciamiento alguno, toda vez que mediante acuerdo de dieciséis de agosto de la presente anualidad, se acordó un oficio de idéntico contenido. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el telegrama enviado por el Director de lo Contencioso y Encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, residente en la Ciudad de México, sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento en razón de que por auto de nueve de agosto del año en curso, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    nueve de agosto de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta a la Jueza con el estado procesal que guardan los autos, y certifica: que el término de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo, por parte de la autoridad responsable, transcurrió del uno al tres de agosto de dos mil veintitrés, lo que de hace constar para los efectos legales que haya lugar. Doy fe.Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a nueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que la autoridad responsable pretende dar a la concesión de amparo; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra o no cumplido cabalmente. Con ese propósito, conviene indicar que por resolución de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, este juzgado federal, concedió la protección constitucional al quejoso Andrea Guadalupe Torres Reynoso, para efecto de que el Encargado del Despacho de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, residente en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1) En forma inmediata y congruente, las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia, emitan respuesta a la solicitud 12220013063, de nueve de diciembre de dos mil veintidós, y, 2) Le notifiquen a la peticionaria la respuesta de mérito." En cumplimiento a la ejecutoria, la responsable por oficio número RAN/GRO/RE/JUR/3752/2023, recibido el veinte de julio de dos mil veintitrés, en oficialía de partes de este juzgado de Distrito, remitió las documentales con firmas autógrafas de la respuesta dada a la solicitud 12220013063, realizada por la parte quejosa. Documental que adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º. Luego, mediante proveído de veintiuno de julio del presente año, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a la peticionaria del amparo con la documental que envió la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera; apercibida que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento del fallo protector, se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó por estrados el veintiocho de julio de la presente anualidad, sin que realizará manifestación alguna, por lo que este juzgado Federal procede a pronunciarse sobre tal aspecto y para tal efecto se realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. En ese tenor, es evidente que la autoridad responsable emitió la respuesta relativa a la solicitud número 12220013063, que mediante escrito presentó la quejosa el nueve de diciembre de dos mil veintidós, sin que obste a lo anterior que la responsable no le haya notificado de manera personal, atendiendo a que el veintiuno de julio del año que cursa se ordenó correr traslado con la respuesta dada, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera, por lo que no es necesario requerir nuevamente a la responsable para ello, y con lo anterior, se ha dado cumplimiento al punto 2) de la sentencia de amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 122 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Marzo de 1999, número de registro 194481, del rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede al amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envíe la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En esas circunstancias, es evidente que se restituyó totalmente a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales que se estimaron vulnerados en la sentencia de amparo; en esas condiciones, es de concluirse que se acataron los términos en que se dictó y se tiene por cumplida la misma, sin exceso o defecto. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

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