Andrea Guadalupe Hernández González
Expediente 526/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Andrea Guadalupe Hernández González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En tres de noviembre de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICO: que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, transcurrió del diecisiete al veintiocho de octubre de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada por lista el trece del mismo mes y año, sin que lo hubiera hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede. Conste. .Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: CAUSA EJECUTORIA. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. A
- Principal
En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las once horas con seis minutos del once de octubre de dos mil veintidós, el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 526/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. El Secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia tampoco acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Posteriormente, da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: Se encuentra debidamente integrado; Que guarda estado para dictar sentencia; Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y Que las constancias del expediente físico y el electrónico coinciden íntegramente. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y el Secretario da cuenta que ninguna de las partes ofreció pruebas. A lo que el Juez determina: Se toma conocimiento y se cierra esta fase. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y el secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, formuló alegatos; a lo que el Juez acuerda: ténganse por realizada la anterior constancia, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 526/2022, promovido por Andrea Guadalupe Hernández González, contra actos del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con residencia en la Ciudad de México (denominación correcta); y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintidós, la quejosa Andrea Guadalupe Hernández González compareció a demandar, los actos de la autoridad que enseguida se transcriben: "III. La autoridad o autoridades responsables. 1.- La Agencia Nacional de Seguridad Industrial, y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. 1.- La omisión de proveer y dar trámite al escrito de fecha 02 de junio de dos 2022, mediante el cual la suscrita realice manifestaciones respecto del proyecto con clave 16MI2021G0061 en virtud de su publicación en la gaceta número ASEA/18/2022 de fecha 4 de mayo de 2022." La parte quejosa expuso que los actos reclamados violaron los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. En uno de septiembre de dos mil veintidós, la quejosa Andrea Guadalupe Hernández González compareció dentro de los autos del diverso juicio de amparo 128/2022, del índice de este Juzgados de Distrito, a ampliar su demanda inicial de amparo, que dio origen a dicho juicio, contra actos de la autoridad antes precisada. Por proveído de uno de septiembre de dos mil veintidós, dentro de los autos del juicio de amparo 128/2022, del índice de este órgano de control constitucional, se determinó actualizada la hipótesis jurídica de separación de juicios, por tal motivo se ordenó remitir el escrito de la quejosa a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, a fin de que la turne al Juzgado de Distrito que corresponda. En razón de turno, tocó a este órgano jurisdiccional conocer de dicha demanda, la cual se ordenó su registro bajo el número 526/2022, tuvo por admitida la demanda de amparo; se requirió de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado surte sus efectos dentro del territorio en el que este Órgano de Control Constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LA OMISIÓN RECLAMADA. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este juicio de garantías, se advierte que la parte quejosa reclama la autoridad responsable: La omisión de proveer y dar trámite a su escrito de dos de junio de dos mil veintidós, mediante el cual realizó manifestaciones respecto del proyecto con clave 16MI2021G0061, en virtud de su publicación en la gaceta número ASEA/18/2022 de cuatro de mayo de dos mil veintidós. TERCERO. INEXISTENCIA DE LA OMISIÓN RECLAMADA. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, consultable en la foja 68, tomo 76, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 212775, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. En esa tesitura, en relación con la omisión materia de presente considerando, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en razón de que es inexistente. En efecto, dicho artículo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El numeral recién trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se pruebe su existencia. Así, la prueba de la inexistencia de los actos reclamados, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. Es ilustrativa, la jurisprudencia 20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la foja 627, del tomo IV, segunda parte, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 227634, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 755, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 395045, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". En ese sentido, la autoridad responsable Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con residencia en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, negó categóricamente la existencia del acto que la parte quejosa le reclama en esta vía, pues al efecto expuso que no conoció del escrito de dos de junio de dos mil veintidós, a que hace referencia la quejosa, pues en términos del artículos 3 y 4 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, de treinta y uno de octubre de dos mil catorce, el Director Ejecutivo no cuenta con facultades especificas respecto de la omisión reclamada, derivado del esquema de delegación de facultades previsto para el despacho de los asuntos; sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario para desvirtuar esa negativa. No se soslaya, que dentro del juicio de amparo 128/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se ordenó vincular el expediente electrónico del diverso juicio de amparo 53/2022, del ordinario de este Juzgado de Distrito, al advertir que en ese asunto obra la totalidad de las constancias relativas al proyecto con clave 16MI2021G0061, donde la quejosa refiere haber presentado su escrito de dos de junio de dos mil veintidós, y no existir respuesta a la petición contenida en el mismo. Por lo que, resulta necesario traer a contexto las constancias relativas a los tomos de prueba, que la autoridad responsable dentro del juicio de amparo 53/2022, en cita, remitió como complemento a su informe justificado, la cual constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE", de las cuales, posterior a una revisión minuciosa, no se advirtió la existencia de algún escrito de dos de junio de dos mil veintidós, signado por la aquí impetrante del amparo Andrea Guadalupe Hernández González. En efecto, por regla general una negativa no es susceptible de probarse, entonces, la carga procesal de acreditar su existencia correspondía a la parte quejosa, por ser quien afirmó, en su demanda de amparo, qué autoridades responsables realizaron los correspondientes actos que les reclamó. En razón de lo anterior, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de garantías, ya que de las constancias de autos se advierte claramente que no existen los actos reclamados, lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la Jurisprudencia que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la tesis que a continuación se transcribe: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.- La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Con motivo del sobreseimiento decretado, se hace innecesario el estudio de los conceptos de violación expresados por el impetrante del amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Finalmente, no es el caso de atender el pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, atendiendo al sentido de la presente sentencia; máxime, que no invoca causales de improcedencia. Tiene aplicación, el criterio de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Andrea Guadalupe Hernández González, contra la omisión que reclamó de la autoridad responsable, por las razones expuestas en el considerando tercero. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
En veintidós de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio registrado bajo el folio 12441. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: INFORME JUSTIFICADO. Téngase a la Directora General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con sede en la Ciudad de México, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, rindiendo INFORME JUSTIFICADO, con el que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. DELEGADOS. Asimismo, se le tiene a la referida autoridad en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, le tiene designando como delegados a los profesionistas que refiere. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Igualmente, en virtud de que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el juicio, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente incidente de suspensión, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al incidente de suspensión, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar Notifíquese. A
- Principal
En veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: Que derivado del sismo ocurrido el de diecinueve de septiembre del año en curso, mediante circular de esa propia fecha dirigida al público en general, el Juez Coordinador de los Jueces de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, acordó suspender oficialmente las labores el día veinte de septiembre de dos mil veintidós. Lo anterior se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: Estado de autos. Del estado de autos se advierte que se encontraban señaladas las once horas con seis minutos del veinte de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, como se advierte de la certificación de cuenta, derivado del sismo ocurrido el día diecinueve de septiembre del año en curso, mediante circular de esa propia fecha dirigida al público en general, el Juez Coordinador de los Jueces de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, acordó suspender oficialmente las labores del día veinte de septiembre de dos mil veintidós. En esas condiciones, toda vez que no se celebró la citada audiencia constitucional, ni se dictó un auto relativo a su diferimiento; se hace del conocimiento a las partes que se fijan las ONCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VIENTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. A
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