Andrea Guadalpue Baeza Avilés
Expediente 1047/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1047/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Andrea Guadalpue Baeza Avilés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de junio de dos mil veintidós. Atento a lo informado por el Secretario en razón de la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como totalmente concluido. Toda vez que el auto que desechó de plano la demanda de amparo, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que al carecer de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Por otro lado, por cuanto que aún obra en autos un documento que fue exhibido por la parte quejosa con su demanda de amparo y toda vez que este asunto se encuentra totalmente concluido y de conformidad con el artículo veinte del Acuerdo General citado con anterioridad, se hace del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con un término de noventa días hábiles para que comparezca a este juzgado a recoger el referido documento que exhibió, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente. Por lo que, se hace del conocimiento de la parte quejosa que se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO . Mérida, Yucatán, uno de junio de dos mil veintidós. Atento a lo informado por el Secretario en razón de la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como totalmente concluido. Toda vez que el auto que desechó de plano la demanda de amparo, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que al carecer de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Por otro lado, por cuanto que aún obra en autos un documento que fue exhibido por la parte quejosa con su demanda de amparo y toda vez que este asunto se encuentra totalmente concluido y de conformidad con el artículo veinte del Acuerdo General citado con anterioridad, se hace del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con un término de noventa días hábiles para que comparezca a este juzgado a recoger el referido documento que exhibió, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente. Por lo que, se hace del conocimiento de la parte quejosa que se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
MESA II. Mérida, Yucatán, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. En ese orden de ideas, del estudio íntegro del escrito inicial de demanda, y de los anexos exhibidos, se advierte que con relación a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. En efecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Por su parte, el numeral 5° fracción I, de dicho ordenamiento legal dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El numeral 107 fracción I, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance destaca la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos". Pues bien, respecto de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de lo dispuesto por los numerales 107 fracción I, constitucional, 5º de la Ley de Amparo, en relación con el reproducido 61 fracción XII, de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Lo anterior es así, pues generalmente, la emisión de éste conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así pues, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del mismo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio fundamental (instancia de parte agraviada) se encuentra la prevista en la fracción XII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, el acto de autoridad cuya constitucionalidad se cuestiona no afecta el interés jurídico de la quejosa, es decir, no lesiona la esfera de derechos de quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, se afirma que en la especie respecto del acto precisado, se actualiza la apuntada causa de improcedencia, ya que la parte quejosa no aportó medio de convicción idóneo para acreditar fehacientemente algún derecho que tengan los quejosos en relación a las cuentas bancarias *************************, aunado a que en la demanda de amparo, en el capítulo de acto reclamado y bajo protesta de decir verdad, el promovente manifiesta que el titular de dichas cuentas bancarias es la persona moral denominada ********************. Ello es así, toda vez que los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, consistentes en: 1) formato para pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones, con fecha límite de pago de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social a nombre de Emot Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable; 2) Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas IMSS, con fecha límite de pago de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social a nombre de Emot Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable; y 3) Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones, con fecha límite de pago de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social a nombre de Emot Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable, no demuestran algún derecho sobre las referidas cuentas bancarias por parte de los quejosos en el presente juicio de amparo, si no únicamente aspectos relativos a la seguridad social y la relación laboral respecto de la persona moral antes mencionada con determinadas personas. En ese contexto, tomando en consideración que el interés jurídico debe constar fehacientemente probado y no inferirse con base en presunciones, se llega a la conclusión de que en la especie no se acredita el referido extremo. En las condiciones apuntadas, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que legalmente procede es desechar la demanda de amparo promovida por **********************, contra actos del Juez adscrito al Juzgado Trigésimo Noveno de lo Civil en la Ciudad de México y otras autoridades, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA II. Se notifica por lista de estrados a la parte promovente ******************, la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo 1047/2021-II, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, que dice: Mérida, Yucatán, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. En ese orden de ideas, del estudio íntegro del escrito inicial de demanda, y de los anexos exhibidos, se advierte que con relación a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. En efecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Por su parte, el numeral 5° fracción I, de dicho ordenamiento legal dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El numeral 107 fracción I, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance destaca la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos". Pues bien, respecto de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de lo dispuesto por los numerales 107 fracción I, constitucional, 5º de la Ley de Amparo, en relación con el reproducido 61 fracción XII, de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Lo anterior es así, pues generalmente, la emisión de éste conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así pues, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del mismo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio fundamental (instancia de parte agraviada) se encuentra la prevista en la fracción XII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, el acto de autoridad cuya constitucionalidad se cuestiona no afecta el interés jurídico de la quejosa, es decir, no lesiona la esfera de derechos de quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, se afirma que en la especie respecto del acto precisado, se actualiza la apuntada causa de improcedencia, ya que la parte quejosa no aportó medio de convicción idóneo para acreditar fehacientemente algún derecho que tengan los quejosos en relación a las cuentas bancarias *************************, aunado a que en la demanda de amparo, en el capítulo de acto reclamado y bajo protesta de decir verdad, el promovente manifiesta que el titular de dichas cuentas bancarias es la persona moral denominada ********************. Ello es así, toda vez que los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, consistentes en: 1) formato para pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones, con fecha límite de pago de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social a nombre de Emot Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable; 2) Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas IMSS, con fecha límite de pago de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social a nombre de Emot Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable; y 3) Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones, con fecha límite de pago de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social a nombre de Emot Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable, no demuestran algún derecho sobre las referidas cuentas bancarias por parte de los quejosos en el presente juicio de amparo, si no únicamente aspectos relativos a la seguridad social y la relación laboral respecto de la persona moral antes mencionada con determinadas personas. En ese contexto, tomando en consideración que el interés jurídico debe constar fehacientemente probado y no inferirse con base en presunciones, se llega a la conclusión de que en la especie no se acredita el referido extremo. En las condiciones apuntadas, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que legalmente procede es desechar la demanda de amparo promovida por **********************, contra actos del Juez adscrito al Juzgado Trigésimo Noveno de lo Civil en la Ciudad de México y otras autoridades, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.
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