Andrea Gil Romo

Expediente 464/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
464/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
08/06/2023

Partes del expediente

  • Andrea Gil Romo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es conservable. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo General. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno único del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues en el primer punto resolutivo de dicha interlocutoria, se negó la suspensión definitiva solicitada; lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en dicho numeral, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Finalmente, no existiendo motivo alguno para que continúe en la secretaría de este Juzgado el legajo de copias certificadas, que remitiera en su oportunidad la autoridad responsable; por tanto, devuélvanse a la misma, para los efectos legales del caso. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 464/2023-II-B, promovido por ********************, por propio derecho y en representación de las menores de identidad reservada con iniciales ********************, en contra del acto que reclama al Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, a través del buzón judicial, la cual por razón de turno correspondió conocer a este Órgano de Control Constitucional, compareció ********************, por propio derecho y en representación de las menores de identidad reservada con iniciales ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama al Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó a la responsable su informe justificado, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 60 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados se precisan de la siguiente manera: La parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: La resolución de quince de febrero de dos mil veintitrés, notificada el seis de marzo siguiente, en autos del juicio oral familiar ********************, mediante la cual la autoridad responsable resolvió como infundado el recurso de revocación que interpuso en contra del proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en el que se pronunció respecto a las medidas provisionales solicitadas. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que además se corrobora con las constancias que acompañó al mismo. En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia. Por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, además de que ello no le causa perjuicio a la peticionaria de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la Litis Constitucional. Previo al análisis de la litis constitucional, cabe destacar que en el presente juicio de amparo el acto reclamado que se estudia deriva de una controversia familiar; por tanto, involucra intereses de menores, por lo que resulta evidente que se debe atender al interés superior de éstos, pese a que tal circunstancia pudiere resultar, incluso, contraria a los intereses de la promovente del amparo. Ello es así, pues el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reproducido a su vez, en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido interpretado en el sentido que es deber de los tribunales federales que conozcan del juicio constitucional, suplir la deficiencia de los conceptos de violación en las materias y respecto de las categorías de personas que ahí se especifican, uno de cuyos supuestos, contemplado en la fracción II del artículo 79, prevé la suplencia de la deficiencia de la queja en favor de los menores o incapaces, sin que para determinar lo contrario sea relevante el carácter de quienes promuevan la demanda de amparo, ni la naturaleza de los derechos que se estén cuestionando, puesto que la institución de que se trata fue estructurada por el legislador no sólo para proteger los derechos familiares, sino también el bienestar de los menores de edad y de los incapaces. Bajo esa tesitura, los órganos federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo, porque el interés jurídico en las cuestiones que puedan afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior de los menores de edad o de los incapaces. En ese tenor, la suplencia de la queja que deben respetar los órganos de control constitucional no se limita a una sola instancia, pues el alcance comprende desde el escrito inicial de demanda, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo, además tiene la facultad de recabar oficiosamente pruebas, esto es, aquéllos deben suplir la queja deficiente en todos los actos que integren el desarrollo del juicio para con ello lograr el bienestar del menor de edad o incapaz. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 167, Tomo XXIII, mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." De ahí que los juzgadores de amparo se encuentren en la aptitud legal de analizar con toda amplitud la litis sometida a su consideración, con independencia de que ese estudio cause un perjuicio a los padres en lo individual, en virtud que los derechos fundamentales de los niños guardan independencia con los derechos que les pudieran asistir a sus padres; de tal manera que los primeros no pueden entenderse subordinados a los segundos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio I.3o.C.846 C, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 3120, Tomo XXXII, Octubre de 2010, Novena Época, que expresa: "MENORES DE EDAD. LA TUTELA DE SU INTERÉS SUPERIOR NO PUEDE ESTAR SUBORDINADA A LOS INTERESES DE SUS PROGENITORES O TUTORES. El legislador federal ha reconocido la protección especial que le asiste a las personas menores de edad en los artículos 76 Bis, fracción V, y 91, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, al momento de establecer en el juicio de garantías la figura de la suplencia de la queja deficiente a favor de los menores de edad a efecto de que este grupo vulnerable de personas puedan tener un acceso efectivo a la tutela de sus derechos fundamentales. En efecto, el juicio de amparo se constituye como medida protectora de los gobernados a la vez que del orden constitucional, que involucra la restitución plena de derechos, en beneficio de quien los vio postergados. Así, si bien el principio de agravio a instancia de parte involucra que el ejercicio de la acción sólo compete al agraviado, de manera que no podría operar en su perjuicio, debe distinguirse el caso en que los padres o tutores invocan la protección en beneficio de los menores de edad, con la consecuencia que de existir intereses opuestos entre ellos, el acto deba analizarse bajo las diferentes ópticas de los afectados para concluir que la regla objetiva de aceptar consecuencias de los propios actos en lo que beneficie o perjudique a los involucrados, cuando se trate de actos que involucren a menores, debe atemperarse bajo la excepción de que el estudio se exprese en lo que beneficie a los niños, supuesto de petición, aunque perjudique a la parte que promueve en su nombre, bajo la óptica del interés superior de los menores. De ahí que los juzgadores de amparo se encuentren en la aptitud legal de analizar en toda su amplitud la litis que es sometida a su consideración con independencia de que de ese estudio cause un perjuicio a los padres o tutores recurrentes en lo individual si es que en el caso se privilegia el derecho fundamental de los menores de edad a un desarrollo integral y normal, en virtud de que, los derechos fundamentales de los niños guardan independencia con los derechos que les pudieran asistir a sus padres o tutores, de tal manera que los primeros no pueden entenderse subordinados a los segundos." Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto, es menester precisar que los antecedentes destacados que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable son las siguientes: 1. El veinti******************** de noviembre de dos mil veintidós, ********************por propio derecho y en representación de las menores ********************, promovió juicio ordinario familiar y solicitud de órdenes de protección en contra de ********************, la cual fue registrada y admitida con el número ******************** del índice del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el que solicitó una pensión en concepto de alimentos en su favor y de sus hijas, la suspensión del régimen de convivencia del demandado, así como que se decretara a su favor la guarda y custodia definitiva de sus hijas y se condenara al demandado al pago de una pensión compensatoria y una indemnización con motivo de los actos de violencia ejercidos. 2. Por auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, el Juez responsable admitió a trámite la demanda, ordenó el emplazamiento del demandado y dictó diversas medidas cautelares en favor de la promovente ********************siendo éstas las siguientes: prohibición al señor ******************** de generar cualquier acto de violencia, acercarse al lugar de trabajo, estudios, domicilio y cualquier otro en el que se encontrare la citada ********************; prohibición de molestar, intimidar, ya sea presencial, por teléfono o por escrito, a la indicada promovente; asimismo autorizó el auxilio policiaco de reacción inmediata a favor de ********************. 3. Luego, en auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, el juez responsable, en cumplimiento a la suspensión provisional concedida en el juicio de amparo ********************, del índice de este Juzgado de Distrito, decretó medidas provisionales en términos del artículo 487 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, para lo cual determinó que la guarda y custodia provisional de las menores de edad correspondería a su madre, conservando ambos padres el ejercicio de la patria potestad; asimismo determinó un régimen de convivencia entre las menores y su progenitor, para lo cual estableció visitas supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, los domingos de cada semana desde las diez a las catorce horas, únicamente dentro del mencionado Centro; de igual manera fijó de manera provisional una pensión alimenticia a favor de la promovente y de sus menores hijas por la cantidad mensual de ******************** pesos; obligación que debía cumplir dentro de los ******************** días siguientes a que quedara notificado de dicho proveído. 4. En contra de la determinación de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, la parte actora interpuso recurso de revocación, mismo que fue resuelto por el juez responsable mediante resolución de quince de febrero siguiente, en la cual declaró infundado el medio de impugnación, pero en suplencia de la queja en favor de las menores, modificó la parte conducente del proveído reclamado y fijó de manera provisional la cantidad de ******************** pesos en concepto de pensión alimenticia, y a fin de garantizar los alimentos a favor de sus acreedores, la suma de cuarenta y ******************** pesos dentro de los treinta días siguientes a la notificación de esa resolución, apercibido que de no hacerlo se le impondría una multa. Lo anterior, como ya se indicó, constituye el acto reclamado por la quejosa. En efecto, en la resolución reclamada la responsable en relación a la convivencia de la menores con su progenitor, consideró que de las constancias advertía que el juicio se encontraba en etapa postulatoria, y que incluso, el demandado no había sido emplazado, y que por tal motivo no se podían admitir los medios de prueba de las partes contendientes, ya que dicha admisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 490 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, debía realizarse en la fase correspondiente a la audiencia preliminar, por lo que las cuestiones relativas al ejercicio de la acción intentada así como a las excepciones que en su caso se opusieran, debían ser comprobadas con los medios de convicción correspondientes, ello por cuanto a que no se había demostrado que la custodia y régimen de convivencias que señaló la actora fuesen jurídicamente reales al no obrar escrito de contestación en el que el demandado ejerciera su derecho de defensa, de ahí que las pretensiones de las partes debían ser acreditadas en la fase del juicio correspondiente. Que por otro lado, estaba de por medio el derecho a la custodia, convivencia y alimentos de dos menores de edad, la autoridad, para poder realizar algún pronunciamiento respecto a la fijación de las medidas provisionales, debía analizar con los que se contare, es decir con los indicios aportados por las partes sin que los mismos pudiesen ser plenamente valorados por no ser el momento procesal oportuno, y que no pasaba inadvertido que el dictado de las medidas provisionales emitidas en el auto impugnado, fue en razón de la suspensión provisional concedida en el juicio de amparo que la propia recurrente había promovido, y que esas medidas dictadas habían sido suficientes para dejar sin materia la suspensión dando por cumplida la misma. Que atendiendo al interés superior de los menores y de conformidad con el artículo 323 del Código de Familia en el Estado, el cual disponía que las determinaciones relativas a la custodia y a la convivencia con los hijos e hijas, debía aplicarse el principio de igualdad entre ambos progenitores para establecer cuestiones relativas a vacaciones, días festivos, onomásticos, asistencia a eventos y demás relaciones de aquellos con sus progenitores. Y considerando que en el caso se encontraba de por medio el derecho de convivencias de dos menores de edad, la autoridad para poder realizar algún pronunciamiento respecto del establecimiento de medidas provisionales, debía analizar los elementos con los que se contare hasta el momento procesal actual. En consecuencia, debía valorarse que las menores tenían ******************** y ******************** años de edad, respectivamente, y que por consiguiente no se trataban de menores de edad en etapa de lactancia; que la promovente había referido que los actos de violencia los cometía el demandado en contra de ella, por lo que esa circunstancia no justificaba un obstáculo para la convivencia pudieran convivir con su padre, por lo que considerando lo dispuesto por el artículo 8 de Código de Procedimientos Familiares del Estado, que disponía que en los procedimientos debía imperar el principio de igual de las partes, por lo que no debía prejuzgarse la capacidad de alguna de las partes, aunado a que los hechos de violencia narrados habían ocurrido cuando las menores se encontraban dormidas. Aunado a que ya se habían levantado las restricciones originalmente impuestas con motivo de la pandemia, además de que el Centro de Convivencia Familiar del Estado, ya se encontraba funcionando, era factible establecer un régimen de convivencia en la modalidad de visitas supervisadas, el cual se consideraba el más benéfico para las menores. Y que si bien era cierto que la parte actora había solicitado se realizaran valoraciones psicológicas al demandado ********************, si se aguardaba hasta el resultado de esas valoraciones y terapias, se causaría un mayor daño a las menores, pues los resultados de las valoraciones y terapias podrían durar años, por lo que si en el Centro de Convivencia Familiar, mediante técnicas aplicadas en la modalidad de visitas supervisadas, los psicólogos se enfocaban en el acercamiento de los menores de edad con sus progenitores y demás familiares, es por ello que se había decretado ese régimen, ya que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación había determinado que ese régimen constituía una medida acorde para salvaguardar a los niños en caso de violencia y respetar su derecho humano a convivir con su progenitor. Que por ello determinaba que los agravios hechos valer por la recurrente resultaban infundados. Ahora bien, se establece que en sus conceptos de violación, la quejosa señala que en el caso se vulneran sus derechos fundamentales, al no haber considerado su derecho a una vida libre de violencia, así como al principio de precaución, puesto que no se debió decretar un régimen de convivencia entre la menores quejosas y su progenitor, ya que éstas observaron los actos de violencia familiar cometidos por aquél en contra de la promovente. Que resultaba inadecuado que la responsable señalara por una parte que atendiendo al estado procesal del asunto, no fuese posible analizar los elementos expuestos en la demanda, ya que además era contradictorio en relación al punto en donde indicaba que para la fijación de las medidas provisionales, debía analizar los elementos probatorios con los que se contare. Continúa señalando que resulta incorrecto que el juez no pueda analizar los elementos de prueba que se aportaron para establecer los hechos de violencia, puesto que resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 49 y 51 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, los cuales obligan al juzgador a analizar los elementos de prueba cuando se solicitan órdenes o medidas de protección, pues deben analizar el riesgo, seguridad, antecedentes de violencia, tipo y modalidad de ésta, así como la relación entre el agresor y la víctima, pues atendiendo a la emergencia de la situación, es necesario analizar esos puntos sin necesidad de que exista una contestación por parte del demandado. De igual manera señala que atendiendo al principio de precaución y bajo un análisis de los hechos y pruebas con una perspectiva de género, debe privilegiarse la protección de la mujer a fin de evitar actos de violencia en su contra, lo cual se logra con un análisis menor que la etapa de juicio, pues deberán analizarse las pruebas aportadas por la mujer que permitan establecer la existencia de hechos de violencia en su contra y con base a dicho principio, dictar las medidas de protección que correspondan. Alega que la exposición de los hijos a la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, se considera por sí misma un factor de riesgo para su bienestar y desarrollo que influye en su vida normal. Por lo que existe la posibilidad jurídica de decretar la suspensión del régimen de convivencia, al ser necesario asegurar mediante un dictamen psicológico, que el demandado no cometerá hechos de violencia Y si bien es cierto que los derechos de las niñas, niños y adolescentes implican una garantía para su desarrollo integral, siempre deberá prevalecer su interés superior; siendo así que el derecho de convivencia no es absoluto, sobre todo si existen casos en que se les ponga en riesgo por las conductas de uno de sus progenitores. Siendo que en el caso la responsable no valoró todo el caudal probatorio que existía en autos, pues del mismo se ponía de manifiesto que sí existió violencia en contra de ellas, y que por ello existe el riesgo de que las menores sigan siendo víctimas de la misma. Los anteriores motivos de queja, aun suplidos en su deficiencia por esta autoridad constitucional, al encontrarse relacionados con los derechos de la menores ********************, en términos de lo establecido por el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, son infundados. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J. 191/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 167, del Tomo XXIII, Mayo de 2006, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Lo anterior es así, por lo siguiente. En efecto, de la lectura y análisis de la resolución reclamada, se advierte que el Juez responsable, en atención al interés superior de las menores, así como en salvaguarda a su derecho de convivencia con su progenitor, determinó que en el caso particular resultaba necesario establecer de manera provisional, un régimen de convivencia. El cual, atendiendo a las particularidades del caso, estableció que debía de ser mediante visitas supervisadas en el Centro Estatal de Convivencias del Estado, los días domingo de cada semana, de las diez hasta las catorce horas, para lo cual la promovente debía presentar a las menores en el horario establecido. Pues en dicho lugar, el personal adscrito al mismo, se enfocaría en el acercamiento de las menores con su padre, lo que resultaba más benéfico para ellas. Todo lo cual es acertado, pues permitirá al padre no custodio reestablecer la convivencia de las menores con su progenitor, lo cual constituye un derecho del infante. En efecto, al ser un derecho primordial de las personas menores de edad convivir con ambos progenitores, especialmente con el que no tenga la guarda y custodia, las autoridades jurisdiccionales deben procurar fortalecer o reconstruir la relación que se encuentra fracturada en perjuicio de la o del infante, que evidentemente ayudaría a su desarrollo y bienestar integral. Además, las personas menores de edad no deben estar inmiscuidas en los conflictos de sus padres, quienes deben asumir responsabilidad en su crianza con la mejor disposición para seguir conviviendo con éstas educándolas consciente e integralmente e inculcándoles valores y principios conductuales, pues la maternidad o paternidad no termina con una separación o el divorcio, por lo que ambos deben permitir que se lleve a cabo una convivencia en beneficio del niño, niña o adolescente con el progenitor que no tiene la guarda y custodia Por ende, contrario a lo aseverado por la quejosa, el Juez ha cumplido cabalmente con su obligación de atender al derecho del menor a convivir con su padre, para lo cual determinó que atendiendo a las particularidades del caso, lo concerniente era establecer un régimen de visitas supervisado en el Centro de Convivencia Familiar del Estado, a fin de reestablecer el vínculo entre el progenitor y sus hijas menores de edad, pues tal y como lo consideró, de esperar la práctica de las valoraciones psicológicas solicitadas por la madre de las menores, resultaría en perjuicio de éstas, pues podrían tardar mucho tiempo las mismas. Siendo que en el caso, con las visitas supervisadas el personal adscrito al Centro de Convivencia del Estado, podría enfocarse en el acercamiento de las menores con su progenitor. Lo cual realizó atendiendo al interés superior de dichas menores, de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Familia para el Estado, además de que lo hizo tomando en cuenta los posibles actos de violencia de los que la madre de las menores había sido víctima. Determinando que lo mejor para éstas era que el régimen de visitas se llevara a cabo de manera supervisada en el Centro de Convivencia del Estado. De lo que se concluye que las manifestaciones de la quejosa en las que se cuestiona lo resuelto en fecha quince de febrero de dos mil veintitrés, son infundadas. Ya que contrario a lo que asevera en relación a que se está poniendo es riesgo a las menores al obligarlas a convivir con la persona que ejerció violencia en su contra, las visitas supervisadas en el Centro estatal, son precisamente para brindarle el apoyo necesario a las menores a fin de facilitar la convivencia entre ellos, es decir, padre e hijas, y evitar cualquier posible acto de violencia que pudiese ejercer el demandado, pues tendrán en todo momento el cuidado y apoyo de los psicólogos y del personal del lugar. Además de que no debe perderse de vista que se trata de un derecho a favor de las menores, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. Lo que significa que cualquier decisión judicial relacionada con que la convivencia del menor con sus progenitores, necesariamente debe tener como eje rector el principio de interés superior del menor, buscando en todo momento incentivar y preservar la convivencia con ambos padres, siempre que no exista algún factor grave que ponga en riesgo la seguridad o adecuado desarrollo del menor. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA CONVIVENCIA PATERNO-FILIAL SUPERVISADA EN UN CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, CONSTITUYE UNA MEDIDA ACORDE CON ESTE PRINCIPIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad; así, en atención al interés superior del menor, es inadmisible esperar a que un menor sufra un perjuicio o un maltrato para aplicar esas medidas, no obstante, cuando deba hacerse a la luz de una controversia, éstas han de establecerse en función de cada caso concreto, según lo que resulte acorde con dicho interés. Una de estas medidas consiste en ordenar que la convivencia del menor con el progenitor -que no tiene la guarda y custodia- se realice en un Centro de Convivencia Familiar Supervisada, pues de esta forma se preserva su derecho a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando las relaciones familiares; además, se satisface la obligación de protegerlo de manera preventiva contra toda forma de perjuicio o maltrato, pues de los artículos 1, 2, fracciones VI y XVII; 14, fracciones IV y VI; 22, 24, 25, 26, 27 y 29 del Reglamento que fija las bases de organización y funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Federal, deriva que entre las actividades sustantivas del Centro se encuentra la relativa a facilitar las convivencias paterno-filiales dentro de sus instalaciones, debiendo minimizar los riesgos de daños físicos o psicológicos de los miembros involucrados en las controversias familiares, coadyuvando al sano desarrollo emocional de los integrantes de la familia. Asimismo, se advierte que la convivencia familiar debe desarrollarse ante la presencia de una tercera persona independiente y neutra, así como realizar reportes de manera fidedigna e imparcial, además de que existe un sistema de circuito cerrado de televisión y se respeta la voluntad del menor." Así como el diverso criterio también de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De forma paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia, el derecho de familia ha previsto una figura conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Al implementar este régimen de convivencia, la autoridad judicial debe considerar el principio de interés superior del menor, al tratarse de un derecho a favor de los menores de edad, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. En este sentido, el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, para asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados." Y por lo que respecta a lo señalado por la actora en el sentido de que era obligación del Juez considerar todos los elementos probatorios que existen en autos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 51 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, los cuales lo obligan al juez a analizar los elementos de prueba cuando se solicitan órdenes o medidas de protección, considerando el riesgo, seguridad, antecedentes de violencia, tipo y modalidad de ésta, así como la relación entre el agresor y la víctima, pues atendiendo a la emergencia de la situación, es necesario analizar esos puntos sin necesidad de que exista una contestación por parte del demandado. No es el caso hacer pronunciamiento alguno al respecto, ya que al margen de que le pudiese asistir la razón a la promovente, lo cierto es que el juez responsable en fecha veintitrés de enero del año en curso, dictó diversas medidas de seguridad que consideró pertinentes a fin de salvaguardar la integridad de la demandada y de sus menores hijos con motivo de las conductas de violencia que se pudieron ejercer en su contra por parte del actor. Por ello, se concluye de manera indudable que el Juez responsable actuó correctamente al procurar que se mantenga o se reestablezca la convivencia de las menores y su progenitor. De ahí que la resolución reclamada se encuentre ajustada a derecho por lo que se refiere al punto relativo al régimen de convivencia supervisado entre las menores y su progenitor. Ahora bien, en relación a la pensión provisional en concepto de alimentos decretada por el juez responsable en favor de la promovente y sus menores hijas, debe establecerse lo siguiente: En la resolución reclamada, el Juez responsable, en suplencia a favor de la menores de edad, procedió a realizar una revisión más exhaustiva de los medios de prueba que integraban el expediente, los cuales si bien no habían sido admitidos por encontrarse el procedimiento en etapa postulatoria, no por ello debían dejarse de observar los indicios que arrojaban, pues de los mismo se desprendía la existencia de una carpeta de investigación, en donde ********************, reconoció desempeñarse como empresario y tener un ingreso mensual de ******************** pesos. Que la parte promovente había manifestado bajo protesta de decir verdad, que había vivido en concubinato con el demandado y que se había dedicado exclusivamente a las labores del hogar y al cuidado de sus dos hijas menores de edad (de ******************** y ******************** años), las cuales había procreado con el citado demandado, y a fin de acreditar su estado de necesidad y de las menores con las certificaciones de nacimiento, por lo que tenían la presunción de necesitar alimentos. Que tenían derecho a una nutrición adecuada a fin de tener un sano y normal desarrollo, así como a disfrutar del más alto nivel de salud y a recibir la prestación de un servicio médico. Que tenían derecho a la educación y en el caso a estudios, pues una de las menores estaba inscrita a un colegio particular, además de que acudía a sesiones psicológicas una vez a la semana, y que desde la separación, la madre de las menores se hace cargo de ellas, además de que fue a ésta a quien se le otorgó la custodia provisional. Que la promovente contaba con veinticuatro años de edad y se le había reconocido el carácter de concubina, además de que gozaba de la presunción de recibir alimentos pues había manifestado que siempre se dedicó a las labores del hogar. Señaló la responsable que en relación a la capacidad económica del deudor, se tenía que éste había manifestado dentro de una carpeta de investigación, que tenía un ingreso mensual de ******************** pesos. En esas condiciones, considerando que sus acreedoras alimentarias eran menores de edad, y por consiguiente tenían evidentes gastos de alimentación, salud, recreación y vivienda, y que el derecho a los alimentos es un derecho humano protegido por diversas convenciones internacionales, además de que para su fijación debían considerarse los gastos que habitualmente realizaban ambas partes, así como el nivel de vida y la capacidad económica de los últimos dos años, ponderando el binomio previsto en el artículo 35 del Código de Familia del Estado, esto es, la posibilidad - necesidad, pero siempre salvaguardando los derechos primarios de las menores, establecía como pensión alimenticia provisional la cantidad de ******************** pesos mensuales, equivalente al cuarenta y ******************** por ciento de los ingresos mensuales reconocidos por el deudor. Correspondiendo a cada una de las acreedoras, la suma de ******************** pesos. Y a fin de garantizar los alimentos a favor de las acreedoras, se señalaba que dicho deudor alimentario debía depositar la cantidad de cuarenta y ******************** pesos equivalente a ******************** meses de pensión, dentro de los treinta días siguientes a que fuese notificado de dicha determinación. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría una multa equivalente a veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Ahora bien, en sus conceptos de violación la quejosa arguye en esencia, que fue incorrecto que el juez responsable condicionara los pagos de alimentos hasta en tanto fuese notificado el demandado sobre el juicio iniciado en su contra. Siendo que dicha condición afecta de forma sustancial los derechos alimentarios de las acreedoras, ya que no permite asegurar los alimentos a que tienen derecho, por lo que lo correcto era que el demandado fuese embargado, y que para ello se giraran los oficios correspondientes a fin de trabar embargo sobres cuentas y demás derechos del demandado a efecto de que los alimentos fuesen pagados. Lo anterior también es infundado, ya que contrario a lo aseverado por la promovente, en la resolución reclamada no se condicionó el pago de alimentos a su favor y de sus menores hijas, al hecho de que el demandado fuese notificado. En efecto, de la lectura de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable, de conformidad con el artículo 41 del Código de Familia del Estado, estableció que el deudor, a fin de garantizar el pago de los alimentos, debía exhibir y/o depositar la cantidad de cuarenta y ******************** pesos en efectivo, dentro de los treinta días siguientes a que fuese notificado. Esto es, contrario a lo aseverado por la quejosa, no condicionó el pago de alimentos al hecho de que fuese notificado el deudor, pues solamente estableció un plazo para que éste, una vez notificado, cumpliera con la garantía a que alude el numeral citado, el cual dispone que cuando el deudor no obtenga ingresos en carácter de asalariado, como sucede en el caso, ya que se acreditó que el obligado es empresario y que tiene ingresos aproximados de ******************** pesos, el Juez ordenará de oficio el aseguramiento para el pago de la pensión alimenticia, que podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante o cualquier otra forma de garantía suficiente a juicio del Juez. Aunado a que si bien es cierto que en el auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en donde fijó de manera provisional una pensión alimenticia a favor de la promovente y sus menores hijas, se estableció un plazo que iniciaba a partir de la notificación en relación con la obligación del deudor. Lo que es acorde con la condición laboral y/o económica de éste (se acreditó que es empresario), pues en el caso al no existir un patrón obligado a descontar a su empleado cantidad alguna por concepto de pensión alimenticia con motivo de un mandamiento decretado por autoridad judicial, resulta claro que la obligación del deudor para cubrir ese pago de pensión, iniciará una vez notificado del procedimiento instaurado por sus acreedoras. Además que no debe perderse de vista que el Juez a quo, al haber resuelto el recurso de revocación que en contra de dicha determinación interpuso la promovente, en suplencia de la queja en favor de las menores modificó el auto impugnado, estableció una cantidad mayor en concepto de alimentos en favor de las menores y su progenitora, sin establecer que la primera mensualidad del pago de la pensión, debía realizarla dentro de los ******************** días siguientes a que fuese debidamente notificado del procedimiento. En esas circunstancias, al resultar infundados los argumentos expuestos por la quejosa en su escrito de demanda, aun suplidos en su deficiencia, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de quince de febrero de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente ********************, relativo al juicio ordinario de guarda y custodia promovido por Endrea ******************** en contra de ALAN ********************, del índice del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial en el Estado, y no advertirse queja deficiente que suplir, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es NEGAR LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitada. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, por propio derecho y en representación de las menores de identidad reservada con iniciales ********************, en contra del acto que reclamó al Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Visto: agréguense a los autos el informe justificado rendido por el Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida y su anexo que acompaña. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Ahora bien, por lo que hace al anexo que adjunta la responsable a su informe de ley, consistente en un legajo de copias certificadas de las constancias relativas al expediente 813/2022; déjese al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado como anexo uno, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido, en caso de que así lo deseen. Lo anterior, sin que se realice la digitalización de las constancias referidas para que obren en el expediente electrónico del presente asunto, de conformidad con lo establecido en el punto cuarto, artículos 22 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, pues dada su voluminosidad, existe imposibilidad material para su digitalización; no obstante ello, se reitera, quedan a disposición de las partes para su consulta directa. Notifíquese y cúmplase.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio sin número signado por la Magistrada Segunda de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en funciones de Presidenta de dicha Sala, con sede en esta ciudad, que remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoria del cual se advierte que la misma se encuentra en vías de ejecución. Asimismo, toda vez que del oficio de cuenta de la responsable, se desprende que solicita una prórroga para dar cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en el presente asunto, por tanto, con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se concede a la referida autoridad responsable una prórroga de DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación del presente proveído. En la inteligencia que subsiste el apercibimiento de multa decretado por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés en caso de incumplir. Notifíquese y cúmplase.

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