Andrea Fabiola de Hoyos Hernández
Expediente 664/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 664/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Andrea Fabiola de Hoyos Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que el quejoso no se inconformó con el proveído de veintidós de septiembre del año en curso (fojas 64 a 67), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. Sin que sea necesario computar el término para la interposición el recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido del proveído de referencia. (.) En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Finalmente, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
El día de hoy queda notificada la parte quejosa por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de veintidós de septiembre de dos mil quince, dictado dentro del juicio de amparo 664/2015 por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 762/2015-G, signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, Especializado en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, y anexo, mediante el cual cumple el requerimiento que se le formuló por auto de diez de septiembre de dos mil quince, remitiendo copia certificada de la resolución dictada el veintisiete de agosto del año en curso, dentro de la causa penal 484/2015, de su índice. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, se provee lo siguiente: Mediante escrito recibido por el Secretario de Guardia adscrito a este Juzgado de Distrito, el veinticuatro de agosto de dos mil quince, Sonia Patricia de Hoyos Hernández, en favor de Andrea Fabiola de Hoyos Hernández, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: Denominación de autoridades responsables: Encargado, Jefe y/o Comandante del Grupo de Armas y Tácticas Especiales "G.A.T.E". Ciudad. Delegada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Ciudad. Agente Investigador del Ministerio Público del Primer Turno de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Delegación Norte I. Ciudad. Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Investigadora, Mesa Uno. Ciudad. Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa Segunda Investigadora. Ciudad. Comisario de Seguridad Pública Municipal, ciudad. "IV.- ACTO RECLAMADO.- La DESAPARICIÓN FORZADA de ANDREA FABIOLA DE HOYOS HERNÁNDEZ, aunado a su ilegal detención, retención, incomunicación, y puesta en peligro de su vida, actos que en tracto sucesivo han realizado las diversas autoridades señaladas en la presente como responsables bajo las consideraciones y antecedentes de hecho que se narran en el apartado correspondiente". En la citada fecha, se ordenó por conducto de la Actuaria de la adscripción, la búsqueda de la quejosa directa y en su caso, la ratificación del escrito de demanda, ordenándose suspender de plano los actos reclamados a las responsables. Posteriormente, de la razón actuarial de veinticinco de agosto del año en curso (foja 16), efectuada por la funcionaria adscrita, se advierte que la quejosa directa Andrea Fabiola de Hoyos Hernández, ratificó la demanda de amparo instaurada en su nombre. De ese modo, mediante proveído de veinticinco de agosto del mismo año, se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, del informe y anexo enviado por el Agente Investigador del Ministerio Público de Villa de Fuente, Coahuila de Zaragoza (fojas 49 y 50), se desprende que a dicha representación le fue puesta a disposición la aquí quejosa, por parte de los elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de posesión de narcóticos con fines de comercio o suministro, decretándose su retención legal, por lo tanto se inició averiguación previa penal 447/2015, la cual fue consignada y la quejosa quedó a disposición del Juzgado Especializado en Narcomenudeo, en esta ciudad; motivo por el cual en auto de diez de los actuales, se solicitó al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal Especializado en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, las constancias referentes a dicha consignación. De esa manera, en esta fecha el Juez oficiante, dio cumplimiento a lo solicitado en líneas que anteceden mediante el oficio de cuenta 762/2015-G, al efecto adjunta copia certificada de diversas constancias que obran en la causa penal 484/2015, de las que se advierte que el veintisiete de agosto de dos mil quince, se resolvió la situación jurídica de la quejosa, dictándole auto de sujeción a proceso. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser expedidas por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, toda vez que de lo narrado anteriormente y conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo , se desprende la posibilidad que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, la cual de actualizarse, provoca el sobreseimiento en el juicio de amparo. En el caso, se patentiza de manera indudable y manifiesta la actualización de una de ellas, antes de la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo que dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)" Del análisis al numeral 61 que antecede, se advierte que la fracción XVII establece que el juicio de amparo es improcedente por cambio de situación jurídica, cuando por regla general, se producen los supuestos siguientes: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Orientan esta interpretación en lo conducente, los criterios jurisprudenciales sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visibles a fojas 219 y 199 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos IV, Diciembre de 1996 y VIII-Septiembre, de la Novena y Octava Épocas, respectivamente, que textualmente dicen: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último." En este caso particular, es evidente que se actualiza uno a uno los elementos esenciales que integran la causa de improcedencia de mérito, ello es así, porque los actos reclamados se resumen en la privación de la libertad de la quejosa, reclamado a las autoridades responsables, y en la actualidad la situación jurídica de la quejosa se rige por la incoación del proceso penal 484/2015, del índice del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, Especializado en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad; entonces, ante tales circunstancias ha operado un cambio de situación jurídica en relación con la impetrante de amparo, porque primigeniamente la afectación de su libertad, fue en razón de encontrarse en la fase de investigación por parte del Agente Investigador del Ministerio Público de Villa de Fuente, Coahuila de Zaragoza, y al haber sido consignada ante el Juzgado antes mencionado e internada en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad, para el seguimiento del proceso en su contra, es claro que con ello operó un cambio de situación jurídica y por lo mismo, resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad del acto aquí reclamado sin afectar la nueva situación. Lo anterior, pues se reitera que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, Especializado en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, le inició el proceso penal 484/2015, y dictó auto de sujeción a proceso, por el delito de posesión simple de narcóticos, previsto y sancionado por los artículo 477 y 479 de la Ley General de Salud. Dicha circunstancia hace que en el caso concreto se actualice la causal de improcedencia en estudio; por tanto, el acto reclamado que impugnó la parte quejosa, no puede válidamente analizarse en este juicio de amparo desde el momento en que se consignaron los hechos al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, Especializado en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, y ésta última, dictó auto de sujeción a proceso por el delito especificado en el párrafo que antecede, pues la nueva situación jurídica constituye un obstáculo legal para que se emita pronunciamiento alguno respecto de la privación ilegal de la libertad que se reclamó, sin que se afecte en su caso la nueva situación jurídica de la aquí quejosa. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del seis de octubre de dos mil quince.
- Principal
Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio 893/2015, signado por el Agente Investigador del Ministerio Público de Villa de Fuente, Coahuila de Zaragoza, y anexo que acompaña; en su atención, se provee: Téngase a la autoridad oficiante, desahogando el requerimiento que se le hizo en proveído de veinticinco de agosto del año en curso (fojas 18 y 19), y al respecto remite copia certificada del oficio de consignación de averiguación previa número 447/2015. Ahora bien, del anexo de cuenta, se advierte que el Agente Investigador del Ministerio Público de Villa de Fuente, Coahuila de Zaragoza, remitió las constancias relativas a la referida averiguación previa penal, iniciada en contra de la aquí quejosa Andrea Fabiola de Hoyos Hernández, por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio o suministro. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo vigente, requiérase al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, Especializado en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, informe el estado procesal de la causa penal, formada con motivo de la averiguación previa 447/2015, integrada contra Andrea Fabiola de Hoyos Hernández, por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio o suministro, para lo cual deberá anexar copia certificada de las constancias que soporten su información. Lo anterior, toda vez que dichas constancias pueden ser esenciales para resolver debidamente el presente asunto; apercibida que de no hacerlo, o de no informar oportunamente la causa legal que se lo impida, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo vigente.
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